Las municipalidades se mantienen como las entidades estatales con mayor número de investigaciones por presuntos actos de corrupción en el país. Así lo advirtió Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a RPP. Señaló que este patrón se repite constantemente en regiones como Arequipa, con distritos pequeños que manejan recursos públicos significativos.
De acuerdo con los registros del Ministerio Público, entre enero y diciembre de 2025, un total de 76 alcaldes provinciales y distritales recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública.
La región Arequipa registró ocho alcaldes provinciales y distritales sentenciados durante el último año, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional. Le siguen Madre de Dios con cinco casos, mientras que Áncash, Ayacucho, Cusco y Lambayeque presentan tres condenas cada una.
Los distritos arequipeños involucrados en estas sentencias son Andaray, Uchumayo, Punta de Bombón, Chilcaymarca, Coporaque y Yarabamba. Este último distrito figura entre las diez localidades que más canon minero recibieron durante 2025. 73 millones de soles fueron transferidos según información del Ministerio de Energía y Minas.
Patrón recurrente en municipalidades pequeñas
El fiscal superior Omar Tello explicó que en los cinco distritos fiscales con mayor cantidad de alcaldes condenados existe una característica común: distritos pequeños que reciben grandes transferencias económicas, muchas provenientes del canon minero, frente a poblaciones con necesidades limitadas.
«Se suelen hacer obras sobredimensionadas que, en algunos casos, no guardan relación con un problema público real», detalló el coordinador nacional. Agregó que los delitos de colusión y negociación incompatible concentran la mayor cantidad de perjuicio económico para el Estado, especialmente vinculados a la ejecución de obras.
Caso emblemático en Yarabamba
Manuel Aco Linares, alcalde electo para el periodo 2023-2026 en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, fue intervenido en enero de 2024 por la Policía Nacional. Se le halló 80 mil soles en efectivo en su poder tras un presunto cobro de coimas en procesos de licitación. El burgomaestre fue detenido, recibió nueve meses de prisión preventiva y posteriormente fue suspendido por el Concejo municipal. Tras acogerse a la confesión sincera, recuperó su libertad e intentó retornar al cargo. Actualmente enfrenta una condena en primera instancia por el delito de colusión.
En el ámbito de las municipalidades provinciales, se reportaron condenas contra Jorge Velásquez, alcalde de La Unión, y Alfredo Zegarra, exburgomaestre de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En mayo de 2025, Zegarra recibió una sentencia de seis años de prisión por colusión agravada en la elaboración de los estudios del Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Sala de Apelaciones Transitoria de Extinción de Dominio dejó sin efecto el fallo. Consideró que la resolución de primera instancia no valoró adecuadamente los hechos presentados durante el proceso.
Previamente, en 2021, Zegarra había recibido una condena de tres años y seis meses de prisión suspendida por los delitos de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica, ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa.
Investigaciones apuntan a niveles superiores
El fiscal Omar Tello advirtió que los actos de corrupción no solo se desarrollan en las municipalidades. Las investigaciones fiscales revelan que muchas decisiones ejecutadas en municipios pequeños han sido orquestadas desde niveles más elevados del Estado. Es decir, gobiernos regionales o incluso el gobierno central.
«Eso significa que la investigación tiende a dilatarse más por la complejidad, porque hay que probar los vínculos que existen», explicó el coordinador nacional, quien añadió que los lugares alejados son buscados por los infractores debido a la dificultad para constatar la ejecución real de las obras.
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