El reciente Decreto Supremo promulgado por el Gobierno de José María Balcázar, que modifica el reglamento del uso de la fuerza por parte del personal militar en zonas declaradas en estado de emergencia, exime de responsabilidad penal al personal militar por daños o muertes ocasionados durante sus intervenciones durante estas declaratorias de excepción constitucional.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, consultado por Exitosa, el gobierno ha otorgado una «licencia para asesinar peruanos». Cuestionó el reciente decreto advirtiendo sobre su eventual peligrosidad en contra de los derechos humanos, al afirmar que podrán realizar acciones militares en «casos extremos» en los que se ponga en «peligro la vida, integridad, salud, o seguridad de las personas, de toda o parte de una población».
Esto, si es que se llegara a sobrepasar la capacidad del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP). Luego las Fuerzas Armadas intervendrían prestando su apoyo a los policías para el mantenimiento y control del orden interno en casos de tráfico ilícito de drogas (TID), terrorismo, minería ilegal, protección de SSPPEE, protección de Activos Críticos Nacionales (ACN) y de instalaciones estratégicas públicas o privadas.
“Los futuros operativos podrían tener un grave precedente, puesto que, al quedar exentos de la aplicación del artículo 20 del Código Penal, el personal castrense podría ocasionar pérdidas humanas y sin responsabilidad penal durante el empleo y uso de su fuerza”, refirió el jurista.
Preocupa esta situación en las protestas sociales
La preocupación va al tema de las protestas sociales por lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones, “no es una coincidencia», dijo. Porque lo que dice este decreto supremo es que, si sobrepasa la capacidad operativa para controlar el orden interno a la Policía Nacional; de manera preventiva, las Fuerzas Armadas pueden utilizar sus fusiles de guerra, asesinar peruanos, lesionar peruanos sin ninguna responsabilidad penal.
Juan José Quispe también resaltó que existe una «involución» y “desproporcionalidad” con respecto a las funciones de la PNP y de las Fuerzas Armadas en la declaratoria de los estados de emergencia. Ya que, al tener a la Policía Nacional bajo el control del orden interno y las FF. AA. brindando su apoyo, las «probabilidades» de que puedan generarse daños a la vida están más que latentes.
«Esto es muy grave, porque se está dando esa posibilidad donde sin haber ocurrido un hecho grave, es decir, una muerte o unas lesiones, de manera preventiva, el Ejército que ahora sale junto con la Policía, puede asesinar con la mayor impunidad del mundo», advirtió.
En el Perú existe como antecedente las muertes de ciudadanos en las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya responsabilizado a ningún militar.
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