Dina Boluarte: 2023, año récord en conflictos sociales y muertes en protestas

Conversamos con Percy Castillo Torres, quien ejerció por 27 años como adjunto por los Derechos Humanos hasta este noviembre en la Defensoría del Pueblo. El abogado especialista explicó cuál debería ser el rol del Gobierno ante el pico histórico en conflictos sociales alcanzado en tres meses de 2023.

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Desde que Dina Boluarte asumió funciones en la Presidencia de Perú, el Gobierno no se da abasto para resolver la conflictividad. Este 2023, los conflictos sociales alcanzaron el récord histórico de 225 casos tres veces durante el año: abril, julio y septiembre.

Además de las protestas en rechazo a la mandataria, a lo largo de los doce últimos meses han continuado disputas en el territorio nacional.

Este 2023, Dina Boluarte cierra su primer año de gestión con 218 conflictos sociales en noviembre. Gran parte de estos casos, el 62%, son socioambientales (135). La mayoría de estos últimos involucran a la actividad minera (91) y de hidrocarburos (28).

Consultamos a Percy Castillo Torres, quien ejerció hasta este noviembre como adjunto de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. El abogado comentó para ElBuho.pe cuál es el rol del Estado ante la conflictividad y sobre las cifras récord alcanzadas en 2023 bajo el Gobierno de Dina Boluarte.

“Es un problema neurálgico. Un conflicto dispara un llamado de atención público sobre algo que ya venía ocurriendo. No es que el conflicto social aparece de la nada […] Lo primero es que ha habido alguna inacción estatal para resolver las causas estructurales que provocan una molestia social, y luego cuando el conflicto es visible con protestas pacíficas o violentas  recién se ponen las manos a la obra […] Hay aspectos en los que al Estado le toca exigir a otros actores que cumplan, y otras situaciones en las que el Ejecutivo tiene que hacer cosas. Lo importante es que lo que le toque hacer sea asumido a carta cabal”.

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Conflictos sociales por departamento

Loreto (30) sigue siendo el departamento con más casos. Siguen en la lista Cusco (18), Apurímac (17), Áncash, Puno, y Piura (14 cada uno). Lima provincias cuenta con 6 casos y Lima Metropolitana con 3, lo que suman 9 casos para este departamento.

En cuanto a conflictos multirregionales se presentaron 7 casos, y en conflictos a nivel nacional fueron 3 casos.

La Crisis política desde diciembre de 2022 y el Caso de la Federación de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos figuran entre los conflictos sociales a nivel nacional.

Asimismo, entre los siete conflictos sociales multirregionales destaca el Caso REPSOL en el centro del país: Lima y Callao. Dentro de poco se cumplirán dos años de aquel desastre ecológico.

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Conflictos socioambientales: Minería e Hidrocarburos entre los principales protagonistas

Hasta noviembre de 2023 se han reportado 218 conflictos sociales, de los cuales 135 son conflictos SOCIOAMBIENTALES, es decir, cerca del 62 %. Entre los otros tipos están los Comunales (23), Asuntos de gobierno nacional (17), Asuntos de gobierno regional (16), Asuntos de gobierno local (11), Laborales (4), Demarcación territorial (4), Cultivo ilegal de coca (1), y otros asuntos (7).

Además, de los 138 conflictos SOCIOAMBIENTALES, 91 casos de éstos involucran a la minería entre sus principales actores (el 67,4 % de conflictos socioambientales). Y 28 casos corresponden a actividades de hidrocarburos (20,7 % de los casos socioambientales).

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Caso Repsol: cerca de cumplirse dos años sin solución

El 15 de enero de 2022 más de 10 mil barriles de crudo de petróleo fueron vertidos al mar peruano, contaminando 48 playas. Un año después la OEFA reportó 71 áreas afectadas.

Las evidencias apuntaban a Repsol como responsable del desastre ambiental, empresa sobre la cual pesaban más de 10 procesos administrativos sancionadores hasta antes del derrame masivo en el terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla, en Callao.

Asimismo, entre los casos multirregionales persiste el conflicto social ocasionado por este derrame de petróleo de Repsol. Dos años después sin encontrar justicia, los pescadores artesanales, comerciantes y ciudadanos afectados de Ventanilla, Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Chancay continúan demandando la indemnización por la afectación a la pesca artesanal. También siguen pidiendo atención inmediata para el restablecimiento de la actividad pesquera y comercial de las playas afectadas y determinar a los responsables del derrame de crudo.

La Defensoría del Pueblo reporta que hasta la fecha, la última intervención del Ejecutivo por buscar un diálogo entre los afectados y la empresa involucrada fue en diciembre de 2022, cuando aún Pedro Castillo era Presidente de la República:

“El 2 de diciembre la Presidencia de Consejo de Ministros, MINSA, PRODUCE y MINAM emitieron un comunicado en relación al Grupo de Trabajo de la Mesa de diálogo para abordar la problemática relacionada al derrame de petróleo del 15 de enero de 2022. En el comunicado 001 señala que “en base a los resultados de En la evaluación, no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo. Por consiguiente, no se cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades de recursos hidrobiológicos relacionados a la pesca artesanal”.

Conflicto social muntirregional. Hasta la fecha, los pescadores y familais del litoral de más de playas afectadas por el derrame de Repsol piden justicia.

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Dialogamos sobre el caso Repsol con el abogado Percy Castillo, especialista en Derechos Humanos que trabajó por 27 años en la Defensoría del Pueblo:

“Usualmente [para la resolución de conflictos] se realiza un primer nivel de acuerdos. Sin embargo, luego no hay un seguimiento a que los compromisos asumidos se cumplan. Eso deja el problema abierto y genera que el conflicto se vuelva a presentar en un ciclo repetitivo […] Los pescadores y ciudadanos no se sienten justamente resarcidos, tampoco hay un cuidado del daño a las playas. Al ejecutivo lo que le toca es supervisar que la empresa [Repsol] cumpla con sus deberes, exigirle el cumplimiento de su responsabilidad”.

Principales conflictos sociales en Arequipa: Tía María y el Valle de Tambo

Ingresó como caso nuevo en octubre de 2013. Afecta al Valle de Tambo que se extiende por los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, en la provincia arequipeña de Islay.

Involucra como actores primarios a la empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, a los alcaldes de Islay, Cocachacra, Punta Bombón y Deán Valdivia, a agricultores y pobladores de estos distritos, al Frente de Defensa del Valle de Tambo, a las Juntas de Usuarios Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo y del Valle de Tambo.

El 3 de septiembre, Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas, declaró sobre un supuesto diálogo entre la Southern y autoridades, respecto al conflicto social por Tía María. Esto fue desmentido con comunicados oficiales de los alcaldes de Punta de Bombón y Deán Valdivia, y motivó la convocatoria a una asamblea popular para el 10 de septiembre en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra. Esto ocurrió a días de realizarse la edición PERUMIN 36.

Asimismo, el 10 y 16 de septiembre se realizaron asambleas populares. La segunda asamblea popular congregó a alrededor de 70 personas. En ella acordaron realizar una marcha pacífica hacia la ciudad de Arequipa para el 25 de septiembre, contra el proyecto Tía María. Esta sería la primera fecha de la convención minera PERUMIN 2023. Uno de los principales motivos de la marcha sería manifestarse contra Dina Boluarte y su posible llegada a Arequipa

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La molesta insistencia de Tía María

El 25 de septiembre, aproximadamente 40 personas iniciaron su recorrido hacia Cerro Juli, donde se realizaba el PERUMIN 36. No se presentaron enfrentamientos. 

En la Convención Minera, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, a su llegada a PERUMIN 36, señaló que el “Minem desea que el proyecto se realice”.

A solo unas horas de estas palabras de Vera, el premier lo dejó sin piso:

“Sobre Tía María, no está en la agenda del gobierno en este momento. Tiene que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión”.

Pese a las negativas reiteradas, Southern Cooper Corporation se empeña en porfiar la decisión de los ciudadanos afectados por el proyecto. El presidente ejecutivo y director de la empresa, Óscar González Rocha, para enardecer más la discusión, aseguró que apenas unas 30 personas son las que aún se oponen al proyecto.

Además, involucró al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, comentando que le habría expresado su deseo del desarrollo del proyecto. Y sobre lo dicho por Alberto Otárola, el mexicano consideró que solo es una distracción para apaciguar las manifestaciones.

Conflicto social entre mineros informales y concesionarias en Arequipa: Calpa Renace, Atico Calpa e Intigold Mining

Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2020. Ubicado en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa.

Involucra como actores primarios a los mineros informales de Calpa Renace, mineros informales de Atico Calpa, empresa Intigold Mining.

Pese a que el conflicto se registró en la Defensoría del Pueblo en 2020, este caso data desde 2017.

Cerca de 14 personas han muerto en enfrentamientos que han incluído armamento de guerra entre miembros de las asociaciones de mineros informales Atico Calpa y Calpa Renace.

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Familiares de las víctimas del conflicto social en Aticos, Caravelí.

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Las grescas sangrientas entre estos grupos se han dado en terrenos del distrito de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, que fueron concesionados a la empresa Intigold Mining S.A, la cual tiene un historial de 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales.

El año pasado, la Policía detuvo a 32 involucrados en las disputas e incautó armas de fuego y municiones. Hasta la fecha no se ha dado algún evento violento nuevamente y las investigaciones para ubicar a los responsables de los asesinatos siguen inconclusas.

Sobre estos conflictos sociales álgidos en Arequipa, el especialista Percy Castillo explicó que la intervención del Gobierno no debe reducirse a acciones mínimas cuando los casos están activados:

“El conflicto en Atico se trata de bandas criminales, eso se debe a la desatención estatal y justamente muestra la necesidad de articularse para combatir este grave tema que también es de inseguridad ciudadana. Tia Maria es una cuestión latente, no ha tenido manifestaciones nuevas pero lo tendrá si no tiene un cierre definitivo sobre si la minería ahí es viable o no. Se ha dejado las cosas ahí y se ha decidido no tomar ninguna acción de momento. Lo que se requiere es no dejar las cosas como están, sino tomar las acciones, no esperar que las cosas mueran por inanición porque cuando este tipo de conflictos se reactivan suelen costar vidas”

Protestas

Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas  fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38), Lambayeque (29), Piura (26), Puno (24), La Libertad (22), Áncash (20).

Además, en noviembre también sucedió la huelga nacional del Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL. También se reportaron en este mismo mes protestas a nivel nacional de trabajadores de Salud.

2023, año récord en muertes por represión en protestas

El primer año de gestión de Dina Boluarte como titular del Ejecutivo estuvo marcado de fatalidad desde sus primeros días. Aparte de los conflictos sociales, las movilizaciones ciudadansa en rechazo de la mandataria han sido ferozmente reprimida pro fuerzas del orden como deja constancia diversos informes de observatorios internacionales por los Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo, aún bajo la administración de Eliana Revollar estuvo  publicando diariamente el ‘Reporte Crisis política y protesta social’ con las cifras actualizadas de fallecidos en medio o a causa de la represión de las protestas.

Asimismo, entre el 11 de diciembre y el 09 de febrero murieron en estas circunstancias aun sin esclarecer 41 civiles adultos y 7 menores de edad. En total 48 personas. El 21 de marzo se actualizó esa lista con el nombre de Rosalino Flores Valverde, joven cusqueño de 22 años que luchó por su vida con más de 30 heridas por perdigones en su cuerpo, durante tres meses.

Hasta el 18 de julio se han publicado estos reportes con las listas completas de víctimas de conflictos sociales. desde el 19 de julio, ya bajo la administración de Josué Gutierrez (qué fue designado en mayo) estas publicaciones omiten esa información importante.

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Aquí replicamos la lista de los fallecidos en medio de la represión a las protestas contra Dina Boluarte:

11/12/2022

1. BECKHAN ROMARIO QUISPE GARFIAS, 18, Andahuaylas (Apurímac)

2. D.E.A.Q., 15, Andahuaylas (Apurímac)

12/12/2022

3. R.P.M.L., 16, Chincheros (Apurímac)

4. JOHN ERIK ENCISO ARIAS, 18, Andahuaylas (Apurímac)

5. WILFREDO LIZARME BARBOZA, 18, Andahuaylas (Apurímac)

6. MIGUEL ARCANA, 38, Cerro Colorado (Arequipa)

14/12/2022

7. CRISTHIAN ALEX ROJAS VÁSQUEZ, 19, Andahuaylas (Apurímac) – Hospitalizado desde el 10/12/22

8. CARLOS HUAMÁN CABRERA, 26, Chao (Virú, La Libertad)

15/12/2022

9. JOSUE SAÑUDO QUISPE, 31, Huamanga (Ayacucho)

10. CLEMER FABRICIO ROJAS GARCÍA, 22, Huamanga (Ayacucho)

11. JHON JENNRY MENDOZA HUARANCCA, 34, Huamanga (Ayacucho)

12. LUIS MIGUEL URBANO SACSARA, 22, Huamanga (Ayacucho)

13. JOSE LUIS AGUILAR YUCRA, 20, Huamanga (Ayacucho)

14. EDGAR WILFREDO PRADO ARANGO, 52, Huamanga (Ayacucho)

15. RAÚL GARCÍA GALLO, 35, Huamanga (Ayacucho)

16. C.M.R.A., 15, Huamanga (Ayacucho)

16/12/2022

17. J.W.T.C., 17, Pichanaqui (Junín)

18. DIEGO ARMANDO GALINDO VIZCARRA, 45, Pichanaqui (Junín)

19. RONALDO FRANLY BARRA LEYVA, 22, Pichanaqui (Junín)

17/12/2022

20. LEONARDO DAVID HANCCO CHAKA, 27, Huamanga (Ayacucho)

19/12/2022

21. XAVIER CANDAMO DASILVA, 30, Chala (Arequipa)

21/12/2022

22. JHONATHAN ALARCÓN GALINDO, 19, Huamanga (Ayacucho) – Hospitalizado desde el

15/12/22

09/01/2023

23. NELSON HUBER PILCO CONDORI, 22, Juliaca (San Román, Puno)

24. RUBEN FERNANDO MAMANI MUCHICA, 53, Juliaca (San Román, Puno)

25. GHIOVANNYI GUSTAVO ILLANES RAMOS, 21, Juliaca (San Román, Puno)

26. GABRIEL OMAR LÓPEZ AMANQUI, 35, Juliaca (San Román, Puno)

27. ROGER ROLANDO CAYÓ SACACA, 24, Juliaca (San Román, Puno)

28. EDGAR JORGE HUARANCA CHOQUEHUANCA, 22, Juliaca (San Román, Puno)

29. REYNALDO ILAQUITA CRUZ, 19, Juliaca (San Román, Puno)

30. MARCO ANTONIO SAMILLAN SANGA, 29, Juliaca (San Román, Puno)

31. CRISTIAN ARMANDO MAMANI HANCCO, 22, Juliaca (San Román, Puno)

32. EDER JESÚS MAMANI LUQUE, 37, Juliaca (San Román, Puno)

33. PAUL FRANKLIN MAMANI APAZA, 20, Juliaca (San Román, Puno)

34. J.N.A.H., 17, Juliaca (San Román, Puno)

35. EBERTH MAMANI ARQUI, 40, Juliaca (San Román, Puno)

36. HÉCTOR QUILLA MAMANI, 38, Juliaca (San Román, Puno)

37. E.Z.L.H., 16, Juliaca (San Román, Puno)

38. MARCOS QUISPE QUISPE, 54, Juliaca (San Román, Puno)

39. HELIOT CRISTHIAN ARIZACA LUQUE, 18, Juliaca (San Román, Puno)

11/01/2023

40. JLINNER REMO CANDIA GUEVARA, 41, Cusco (Cusco)

12/01/2023

41. B.A.J., 16, Juliaca (San Román, Puno)

18/01/2023

42. SONIA AGUILAR QUISPE, 35, Macusani (Carabaya, Puno)

19/01/2023

43. SALOMÓN VALENZUELA CHUA, 30, Macusani (Carabaya, Puno)

44. JHAN CARLOS CONDORI ARCANA, 30, Cerro Colorado (Arequipa)

20/01/2023

45. ISIDRO ARCATA MAMANI, 62, Ilave (El Collao, Puno)

46. SEGUNDO NIXON SÁNCHEZ HUAYNACARI, 23, Chao (Virú, La Libertad)

28/01/2023

47. VICTOR RAÚL SANTISTEBAN YACSAVILCA, 55, Cercado de Lima (Lima Metropolitana)

09/02/2023

48. DENILSON HUARACA VILCHEZ, 22, Aymaraes (Apurímac)

21/03/2023

49. ROSALINO FLOREZ VALVERDE, 22, Cusco (Cusco)

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Autor

  • Milagros Gonzáles Sánchez

    Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.

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