La discusión sobre en quién recae la responsabilidad del desastre vivido el 12 de abril está lejos de resolverse. Mientras los votos se siguen contando y el panorama aún es incierto, la tensión crece entre instituciones como la ONPE y la Contraloría, que se enfrentaron en plena Comisión de Fiscalización del Congreso.
Y es que la Contraloría había señalado que la ONPE habría ignorado las alertas emitidas antes de los comicios, además de detectar decenas de irregularidades, como el hecho de que los camiones encargados de trasladar el material electoral partieron horas después del plazo límite establecido en el contrato, lo que evidenciaría serias fallas en la organización.
Corvetto no se quedó callado y, visiblemente molesto, mostró documentos en los que —según afirmó— se evidencia que dichas observaciones sí fueron levantadas por la Contraloría, incluso con firmas que lo respaldarían. Además, cuestionó que se insista en una narrativa de irregularidades, incluyendo críticas al contrato con la empresa Gálaga.
Pese a las reiteradas disculpas de Corvetto durante la sesión, todo indica que la polémica no terminará ahí y que se le viene una lluvia de demandas en los próximos días.
El voto rural recorta la diferencia entre Roberto Sánchez y López Aliaga en la lucha por pasar a segunda vuelta
Con casi todas las actas del Perú urbano contabilizadas, cada nueva actualización en el conteo de votos reduce la ventaja de Rafael López Aliaga y Jorge Nieto sobre Roberto Sánchez. Conforme van llegando los votos rurales a las oficinas de la ONPE, el heredero de Pedro Castillo ha ido escalando posiciones y sobrepasando a Alfonso López Chau, Carlos Álvarez y Ricardo Belmont.
De acuerdo con proyecciones de científicos de datos, Sánchez podría superar a Nieto al 87% de conteo de votos, mientras que haría lo mismo con López Aliaga al llegar los resultados de ONPE al 93%. Todo esto coincidiría con el conteo rápido que publicaron Ipsos y Transparencia este lunes al mediodía.
Mientras tanto, Roberto Sánchez se fue a la Diroes a reunirse con Pedro Castillo la tarde del 13 de abril y este martes dio una conferencia para denunciar un supuesto intento de fraude de la derecha. Hay drama para rato.
Empresa Gálaga, que provocó retraso en instalación de mesas de votación, tenía demasiados antecedentes
Parece que para la ONPE, darle seis millones de soles a una empresa que ya arrastraba penalidades y había sido advertida por la Contraloría, era una idea tan brillante como predeciblemente desastrosa. La elegida fue Servicios Generales Gálaga S.A.C., una firma con solo trece trabajadores en planilla, encargada de mover el material electoral de todo el país, que logró que 52 mil ciudadanos del sur de Lima no pudieran votar el domingo 12 de abril gracias a su retraso logístico.
El gerente general, Juan Charles Alvarado Pfuyo, ahora denunciado penalmente por el JNE, debe sentirse orgulloso: su empresa, constituida en 2010 y con sede en San Juan de Lurigancho, ya había contratado antes con el Estado (Vivienda, CENARES, Ejército, Municipalidad de Lima), pero nada como superarse con un contrato de más de 6,3 millones de soles firmado el 9 de marzo de 2026.
Las exigencias eran hermosas sobre el papel: cuarenta camiones furgón de su propiedad, facturación acumulada de 4 millones en servicios similares y dos pólizas que sumaban casi 50 millones para cubrir asaltos, accidentes y hasta terrorismo. Lástima que, al parecer, no había penalidades por incumplir con los plazos. Ahora todos en la ONPE se tiran la pelota y hasta se habla de boicot planificado.
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