Pese a los constantes reveses legales, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insiste en desconocer los resultados electorales y ha convocado a una nueva movilización ciudadana. La marcha, dirigida principalmente a los sectores residenciales de la capital, busca presionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que convoquen a elecciones complementarias, una figura que los organismos técnicos ya han descartado.
La propuesta del exalcalde de Lima no solo apunta a la anulación de la jornada electoral, sino que plantea un escenario de transición donde el actual Congreso de la República extendería su mandato hasta el año 2027. Esta iniciativa ha sido calificada por diversos analistas como un intento de forzar una crisis institucional para prolongar la permanencia del Legislativo actual, bajo el argumento de presuntas irregularidades en la instalación de las mesas de sufragio.
En el plano jurídico, la estrategia de Renovación Popular parece haber llegado a un punto muerto. El pleno del JNE continúa desestimando, una a una, las pretensiones de nulidad presentadas sobre aquellas mesas que abrieron después del mediodía. En las últimas 48 horas, el tribunal electoral declaró infundadas cuatro apelaciones clave del partido celeste, ratificando que el retraso en la apertura de mesas no constituye causal de nulidad según la normativa vigente.
Con las instancias legales agotándose y los organismos internacionales avalando la transparencia del proceso, el discurso del «fraude» pierde tracción en el ámbito institucional. Mientras López Aliaga apuesta por la presión en las calles para sostener su relato, la justicia electoral agiliza la resolución de expedientes pendientes para dar por cerrado un proceso que el líder de Renovación Popular se resiste a aceptar.
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