La Federación Médica Peruana y los cuerpos médicos de Arequipa han manifestado su frontal indignación ante las recientes declaraciones del gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez. En una entrevista televisiva, la autoridad acusó al personal de salud de un presunto «sabotaje intencional» contra equipos médicos para favorecer intereses privados, señalamiento que el gremio califica como difamatorio y carente de pruebas.
Para los representantes médicos, estas acusaciones pretenden criminalizar su labor con el fin de distraer a la opinión pública de lo que consideran una incapacidad de gestión regional. Sostienen que el precario estado de los servicios de salud se debe a la pobre inversión del presupuesto regional y a la falta de mantenimiento preventivo de una infraestructura que ha superado su vida útil.
El gremio recordó que más del 60% del equipamiento biomédico en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche tiene más de 15 años de antigüedad. Denuncian que muchos equipos operan en ambientes que no cumplen con normas técnicas de climatización o protección eléctrica, responsabilidad que recae exclusivamente en la Gerencia Regional de Salud (Gersa) y el Gobierno Regional.
Ante la gravedad de las afirmaciones, los médicos exigieron al gobernador que, de tener pruebas reales de sabotaje, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público con nombres y apellidos. Señalaron que lanzar acusaciones generalizadas solo daña la honra del personal que sostiene un sistema colapsado utilizando, muchas veces, sus propios recursos para atender pacientes.
La federación advirtió que no tolerará que se utilice la honra de los profesionales como escudo para tapar cuestionamientos administrativos y la falta de resultados eficientes. En ese sentido, denunciaron una alarmante incapacidad para ejecutar el presupuesto destinado a la reposición de equipos, prefiriendo culpar al trabajador antes que agilizar licitaciones transparentes.
Finalmente, exigieron una rectificación inmediata por parte de la máxima autoridad regional bajo la amenaza de interponer denuncias por los presuntos delitos de difamación y calumnia. Asimismo, solicitaron la presencia del Fiscal de Prevención del Delito y de la Contraloría General de la República en los establecimientos de salud para que procedan conforme a sus atribuciones legales.
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