La Corte Suprema exhortó a todas las instituciones del Estado a proteger y respetar la independencia judicial. La Sala Plena del Poder Judicial como máximo órgano de deliberación judicial afirmó que la autonomía de jueces y juezas es indispensable para garantizar la democracia y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
En el pronunciamiento oficial emitido este viernes 8 de mayo y firmado por la Sala Plena del Poder Judicial este 8 de mayo, recuerdan que se solicitó una opinión consultiva a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, para evaluar la situación de la justicia peruana.
Dicho organismo internacional elaboró y emitió un informe en marzo de este año y analizó reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el Poder Judicial, tras un pedido formulado por el propio Poder Judicial durante su Décima Sesión Extraordinaria de 2025.
“La Comisión de Venecia identificó una ‘señal de alarma preocupante’ debido a los casos de críticas públicas, campañas de desinformación y discursos dirigidos contra magistrados y tribunales”. Estas acciones pueden deteriorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones independientes, refieren en el comunicado.
La Corte Suprema en su pronunciamiento también defendió el principio de que los jueces no deben enfrentar responsabilidad disciplinaria o penal por el contenido de sus resoluciones, salvo casos de dolo o negligencia grave establecidos por ley y conforme a estándares internacionales.
“Para el Poder Judicial, cualquier presión externa sobre las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio democrático”, advierten.
«Las sanciones a los jueces deben definirse en la ley y no pueden aplicarse por el contenido de sus resoluciones»
También destacaron que la Comisión de Venecia analizó las reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el sistema de justicia peruano. El organismo europeo emitió su opinión en marzo de este año,
Destacan la posición de la Comisión respecto a las responsabilidades disciplinarias y penales de magistrados. De acuerdo con el informe, “las sanciones contra jueces deben estar definidas de manera precisa en la ley y no pueden aplicarse únicamente por el contenido de sus resoluciones, salvo casos de dolo o negligencia grave”.
Sostienen que la independencia de jueces y juezas constituye un elemento esencial dentro de cualquier sistema democrático. En esa línea, afirman que la protección de los derechos ciudadanos depende de que los magistrados actúen sin presiones políticas ni interferencias externas.
La Sala Plena afirmó que seguirá defendiendo la autonomía del Poder Judicial frente a cualquier medida que afecte su funcionamiento. El pronunciamiento hace un llamado a las instituciones públicas para asumir un compromiso firme con el respeto al sistema de justicia y el equilibrio de poderes en el país.
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