Una vez más, el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, deberá comparecer ante la Fiscalía por presuntos actos delictivos. En concreto, se le investiga por tener vínculos con la organización criminal Los Malditos de Chumbivilcas, dedicada al tráfico de terrenos.
Hasta ahora salieron a la luz videos y documentos que demostrarían su vínculo con este grupo de traficantes que sembró zozobra en Cerro Colorado. Sin embargo, esto sería solo una parte de lo que la Fiscalía ha venido recabando en los dos últimos años.
El Búho tuvo acceso a parte de la imputación que ha hecho la fiscal Alejandra Cárdenas en contra del ahora candidato al Gobierno Regional de Arequipa. Por estas pruebas será llamado a declarar en los siguientes días.
¿De qué se le acusa a Alfredo Zegarra?
En el 2013, cuando era alcalde de Arequipa y se preparaba para repetir un segundo periodo, sostuvo encuentros con los dirigentes de la Asociación Jardínes de Chachani. Esta asociación estaba asentada sobre terrenos privados, cuya propietaria era Yenny Vargas Ortega. A pesar de ello, Zegarra Tejada se comprometió formalizarlos y entregarles los títulos de propiedad.
Video vincula a exalcalde Zegarra con traficantes de lotes
Al año siguiente, Alfredo Zegarra se sienta nuevamente en el sillón de la alcaldía de Arequipa y autoriza la expropiación de los terrenos. Asimismo, ordenó a la Subgerencia de Asentamientos Humanos realizar el empadronamiento de los socios.
Según la Fiscalía, el exburgomaestre cometió abuso de autoridad por contravenir la Ley N° 29320, Ley de Formalización de Predios Invadidos. Estrictamente, el Ministerio Público hace hincapié en el artículo 21.3 de la norma que prohíbe expropiaciones de terrenos ocupados por posesiones informales constituidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2004.
Esto se sustenta en el informe legal emitido por la abogada Silvia Choquenayra, de Diálogo y Sostenibilidad, del 11 de julio de 2014. Allí se hace ver que la Asociación Jardines de Chachani acreditaba posesión desde el 16 de marzo de 2010. Asimismo, el entonces gerente de Desarrollo Urbano, Carlos Moya, declaró improcedente el pedido de expropiación presentado por William Merma Valencia. Él se encuentra detenido por ser el dirigente de la asociación y presunto cabecilla de los Malditos de Chumbivilcas.
No obstante, el burgomaestre en más de una ocasión ha negado tener complicidad con la presunta banda criminal. Sobre la expropiación ha dicho que es facultad de los municipios emprender procesos de formalización de terrenos. Además, se respaldó en los acuerdos de consejo que avalaron tal decisión y que permitieron elevar este petitorio hasta el Congreso.
Finalmente, ha indicado que se allanará a las investigaciones que emprenda la Fiscalía en adelante. Así también, para demostrar transparencia, anunció la investigación a las oficinas de Asentamientos Humanos y Procuraduría Municipal.
¿Cobro de sobornos?
Si bien el exalcalde Alfredo Zegarra no está directamente comprometido en el cobro de dádivas, sí parece estarlo Cavero. Su hombre de confianza por muchos años, es un lastre para la actual candidatura del hombre fuerte de Arequipa Renace. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía para solicitar los 36 meses de prisión preventiva están las conversaciones que le fueron interceptadas. Allí habla con un interlocutor de nombre Martín. El diálogo telefónico data de diciembre de 2017 y demostrarían los pedidos de soborno a favor del alcalde.
Para la fiscalía, el entonces jefe de la Oficina de Solución de Conflictos de la comuna, instigaba a los dirigentes. Solicitaba a las asociaciones le otorguen sumas de dinero.
Asimismo, en el allanamiento hecho a la vivienda del exfuncionario, el 20 de marzo pasado, se encontraron transcripciones de audio. En ellas se habla sobre resoluciones emitidas a favor de la Asociación Bustamante y Rivero, con previa entrega de dinero.
Según estos audios, el funcionario cobraba hasta 500 soles a los dirigentes por acudir a las asambleas de socios, como es el caso de Jardines de Chachani. También recibía hasta mil soles por los informes que realizaba para la comuna provincial.
Estas acciones de José Luis Cavero se enmarcaban en el presunto delito de cohecho activo impropio y tráfico de influencias. En tanto se investiga, el exfuncionario permanecerá recluido en el penal por 3 años.
Lo que viene ahora
La Fiscalía está a la espera de la audiencia de apelación. Insistirá con el encarcelamiento de 18 de los 27 investigados que quedaron con comparecencia, tras la última audiencia.
Asimismo, en las próximas semanas deberá programar diligencias para analizar los documentos, audios y videos recabados toda la investigación.
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