Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores de Arequipa están siendo investigados por un supuesto cobro de cupos a constructoras. José Luis Chapa Díaz, de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, son los principales protagonistas.
La detención de los dirigentes ha provocado la rápida respuesta del gremio de obreros que ha salido a las calles en protesta. Ellos consideran que las motivaciones son otras: frenar definitivamente las protestas contra el proyecto Tía María.
¿Qué investiga la Fiscalía en concreto?
Ante la serie de especulaciones que salieron sobre el caso, la propia fiscal Rosmery Mendoza tuvo que pronunciarse al respecto.
La magistrada señaló que las cuotas sindicales estaban siendo utilizadas como instrumento por los dirigentes para pedir dinero a las constructoras. Ello se desprende de la denuncia de 11 empresas del rubro que habían denunciado tales actos. Otro presunto método para la extorsión sería la bolsa de trabajo. Rosmery Mendoza refiere que los dirigentes colocan a la fuerza a sus agremiados en las obras, valiéndose de esta bolsa de trabajo.
“Logran el ingreso de sus agremiados a la obra entre un 40 y 50 %, y obligan a la empresa a pagar la Cuota Sindical, a través de descuentos semanales de S/ 6.00 a todos los trabajadores (sindicalizados o no)”.
En ese sentido, los dirigentes se habrían valido de la ordenanza regional N° 258-2014, que dispone que las empresas constructoras contraten el 60% de obreros sindicalizados.
¿Quiénes son los denunciantes?
La investigación preliminar inició en el mes de febrero del 2019, tras la denuncia de empresarios del Consorcio hospitalario del Sur, consorcio penitenciario Misti, consorcio integración vial II, además de otras constructoras.
Para recabar y corroborar los hechos, la Fiscalía trabajó con el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de Arequipa – DEPINCCO y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior –DIGIMIN. Se desarrollaron diligencias especiales como video vigilancias, interceptación telefónica, entre otros, así como la recepción de denuncias y declaraciones de los propios agraviados, verificaciones, y visualización de videos aportados por los denunciantes.
¿Cómo operaba la presunta organización?
Según la fiscal, si en una obra existen 100 trabajadores y se les descuenta 6 soles semanales, la organización estaría recibiendo al mes 2 mil 400 soles y al año 28 mil 800 soles. Para el Ministerio Público, existe evidencia que la finalidad de este presunto grupo era económico.
¿Quiénes están investigados?
La investigación se centra en José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Alarcón como presuntos líderes. También están incluidos José Rubén Díaz Díaz, Gelber Quispe León, Genaro Jorge Tapia Quispe, José Manuel Quispe Flores, Alfredo Mojica Valdez, Teófilo Maldonado Yanapa, Juan Alberto López Mamani, Pedro Álvarez Tinuco y Juan Alberto Calle López.
Asimismo, el Ministerio Público cree que para ejecutar estos actos se valían de colaboradores, entre ellos funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, de la Gerencia Regional de Trabajo y también de la Sunafil. Además, contaban con un brazo legal para sus actos.
¿Qué dicen los abogados sobre la detención de los dirigentes de construcción civil?
El abogado laboralista Hugo Rozas señaló que la investigación de la fiscalía es bastante confusa. En su opinión, tanto la cuota sindical como la bolsa de trabajo son mecanismos válidos al estar el rubro de Construcción Civil en un régimen especial.
“La bolsa de trabajo es un derecho que tienen los sindicatos de construcción civil, de proveer mano de obra a sus sindicalizados. La actividad laboral de construcción civil constituye un régimen especial y la principal característica de este régimen es la temporalidad…es muy difícil ejercer la libertad sindical y la negociación colectiva en condiciones donde el trabajo es precario; por eso se han ido generando diferentes mecanismos para procurar la libertad sindical”, indicó.