Mineros vs. antimineros; regionalistas vs, centralistas, derechistas vs. izquierdistas, productores vs. ambientalistas: los discursos son antagónicos y no se acepta matices. Y este antagonismo reproduce otros, dictados por el fanatismo (y, generalmente, la estupidez): modernos vs. subdesarrollados, pacifistas vs, violentistas, explotadores vs. terrucos, buenos vs. malos. Y así.

Mi izquierdismo más bien sentimental me persuadiría a tomar partido por quienes defienden la tierra -y todo aquello que suponga una convivencia menos saqueadora con ella- frente a un probable ecocidio. Y me impulsaría aún más los antecedentes contaminantes de Southern, que son groseramente delictivos. La desconfianza con esta empresa, a la luz de sus prácticas depredadoras, me parece plenamente justificada.

Por lo demás, jamás suscribiría las convicciones elementales (y muchas veces rapaces) de la Confiep, y sus portavoces políticos, y sus difusores amenazantes en la prensa y demás medios; más si esos discursos justifican la represión violenta, cueste lo que cueste, de la protesta. Existen, ciertamente, principios como los de legalidad y de autoridad inmiscuidos, y la legítima expectativa económica por la explotación de un recurso mineral al parecer abundante, pero ninguno de ellos puede imponerse con la muerte. Si existe el temor de los pobladores a que la actividad minera contamine el agua o envenene los cultivos (repito, plenamente justificado), pues mal, muy mal se ha hecho en estigmatizar y ridiculizar ese temor con expresiones de odiosa superioridad, de ciega incomprensión, de discriminación violenta. Como siempre, se prescindió del diálogo con los habitantes directa o indirectamente afectados, cuya opinión es siempre determinante.

Ese pensamiento de «qué importa un cholo más o uno menos frente al Capital que proporciona riqueza para todos» es más que nefasto: es históricamente criminal. 

Pero no quiero enrolarme tampoco en las filas de quienes están actualmente representados por toda una corte de pillos, oportunistas de todo pelaje, pendejerefes, politicastros de la peor ralea y delincuentes impunes. Esta nómina del asco se ha adueñado de la protesta -legítima-, la ha convertido en la ocasión propicia para promover sus figuras indeseables. (Muchos de estos sujetos, no debe olvidarse, tiene serias acusaciones de delitos que van desde los patrimoniales hasta los de ultraje sexual). Su presencia enturbia insoportablemente el clamor de los ciudadanos, lo degrada a pretexto perfecto para olvidar sus vilezas. Y que hablen de vacancia moral del ahora errático presidente Vizcarra es una indignante manera de burlarse de sus víctimas.
No se puede compartir ruta con estos indeseables.

Si la incredulidad con la empresa minera no se disipa (y la verdad existen motivos robustos para la desconfianza), y si a ese recelo se suman informes técnicos de varias entidades, incluso de la ONU, con cuestionamientos macizos al plan de explotación del recurso mineral, pues simplemente Tía María no va.

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Poco feliz es el panorama. Solo queda esperar que se le deniegue el asilo a este inmenso miserable.

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– Mientras que en Perú el porcentaje de católicos es de 76%, en Uruguay 37% declara no profesar ninguna religión, según datos de Pew Center. Notorio contraste. Ser católico, evangélico, agnóstico o ateo no hace, per se, buena o mala persona a nadie, pero algo de la ejemplar sociedad uruguaya, con una democracia plena, ejercicio vigoroso de las libertades ciudadanas y niveles envidiables de educación, deberá ser producto de esos porcentajes.

– El último video difundido en los medios del ex policía Óscar Pérez, que se rebeló contra Maduro, prueba de manera indudable que fue ejecutado extrajudicialmente, junto con sus compañeros. Es un crimen monstruoso y solo el fanatismo de una izquierda cavernaria y obcecada podría negarlo. Y avalarlo.

Yo no creo en esa izquierda.

– Y hablando de la izquierda en la que creo, me parece significativa la carta pública que Verónika Mendoza dirigió al Papa, en la que subraya la convocatoria multitudinaria del líder religioso en nuestro país, y le pide ser la voz de aquellos que no la tienen, pero sin omitir que el nuestro es un Estado laico, en el que pueden coexistir libremente diversos credos, sin que ninguno tenga un auspicio especial. Incluso si es religión mayoritaria. En el Perú no es así, pero el estatuto laico del Estado es algo que siempre debe recordarse.

– Así como me parece condenable la intrusión religiosa en los asuntos públicos, a través de dogmas y consignas odiosas, me parece reprobable que algunos, en estas fechas de visita papal, se mofen o ridiculicen la fe católica y sus manifestaciones. Soy ateo, pero varios de mis seres queridos son católicos, y muchos de mis amigos. Son católicos convencidos del laicismo del Estado. Y esto exige, como actitud de vida, ser tolerante. Ellos con mi convicción, y yo con su creencia. Porque, parafraseando al gran Toño Cisneros, es difícil ser tolerante, pero se aprende.

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Y, creo yo, incide en el hecho de que las violaciones sexuales en el Perú, con cifras de crecimiento terrorífico, son la estación final de un proceso que, sino las promueve, las justifica o exculpa.

Parte de este proceso son los dispositivos culturales (educación, religión, prensa, política) que normalizan la agresión contra la mujer (a quien se le exige decoro vestimentario, se le delimita su ámbito libertario y se le impone pautas de conducta -no beber más de la cuenta, ni hacerlo con varones, entre varias otras- bajo la admonición de que, si las incumple, será culpable de lo que le pase).

Parte esencial de este proceso es, desde luego, el machismo, que bajo diversas formas y discursos continúa vigente; y también el escarnio al que se somete a las víctimas, quienes casi siempre tienen la presunción de sospecha («están provocando», «varón es varón», «son hechos aislados», «son jugadoras», «porqué está con un hombre así», y etcétera.).

Hay mucha gente que se indigna con la pretensión generalizadora del «Perú, país de violadores», y brinca, patalea y echa espumarajos por la boca (como si la frase les inflingiera cuchilladas y muerte lenta), pero sonríe y saca pecho con el «Perú, país de la comida», cuando no han probado más allá de su ceviche y su lomo saltado atosigantes.

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El asunto con Nadine Heredia es bien simple: es una ciudadana que está sometida a una investigación fiscal en la que se pretende fundamentar la siguiente tesis: que es autora del delito de lavado de activos (entre otros). Como bien sabe cualquier estudiante de derecho, la calidad de investigada es distinta a la de procesada. La investigación fiscal podría concluir en que no hay delito (como ha ocurrido decenas de veces con Alan García, por ejemplo, a quien, dicho sea de paso, jamás se le privó de la libertad) y se acabó el asunto. O podría concluir en una acusación formal contra la investigada, pero será el juez, previo traslado del expediente formado en fiscalía, quien dispondrá si existe mérito para procesar a la investigada, o no. Ello dependerá de la adecuada calificación del presunto delito, de la consistencia de la investigación, de sus hallazgos y demostraciones objetivas, y no de declaraciones espectaculares y poco decisivas. Desde luego que a ambas condiciones, investigada y procesada, las protege un principio: el de presunción de inocencia. El fin del proceso penal es, sustancialmente, desvirtuar esta presunción, a través de una sentencia condenatoria. Por ello, en un proceso, a los operadores judiciales les cabe la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona; al procesado no le incumbe la exigencia de probar su inocencia (como mucha gente erróneamente entiende). Esto es de manual.

Las medidas coercitivas sobre la libertad de la persona investigada deben estar escrupulosamente fundamentadas. Se basan, sobre todo, en el peligro real (y no en presunciones) de que la conducta del investigado obstruye la investigación, o en la certeza de que existe peligro de fuga (cuando el investigado no tiene domicilio ni trabajo conocido, por ejemplo). La exigencia de fundamentación es severa, pues se trata de la privación de la libertad, que es un derecho fundamental, a quien aún no tiene la calidad de condenado. ¿Estas condiciones se cumplen en el caso de Nadine? Objetivamente, ha asistido a las citaciones, ha brindado sus declaraciones y ahora ha viajado a tomar posesión de un trabajo en una entidad mundial. Decretar lo conveniente será decisión del juez. Hasta acá lo jurídico.

Lo que ocurre en nuestro país es que la prensa (que, salvo excepciones, es un lodazal de presunciones torvas y ligerezas temerarias, casi siempre al servicio de quien ostenta el poder) muchas veces se arroga prerrogativas de fiscal o, peor aún, de juez, pues acusa y condena según venga el viento de la conveniencia política, la chilladera o la timbrada encriptada. Mucha de esa prensa, hoy aupada al fujimorismo cutre y prepotente y a su pequeño pero eficiente contingente de sicarios políticos apristas, tan cómicos denunciando lo que algunos de ellos hicieron tan bien, pretende convertir a la Heredia en la más perversa delincuente que jamás haya existido en el Perú. Tanto, que hasta Montesinos y sus siamés parecerán bebés de pecho. Y esto sin que concluya ni siquiera la investigación a nivel fiscal. Propósito este que estaría motivado por dos cosas: para el fujimorismo, redibujar una memoria histórica a su gusto, en la que sus crímenes y delitos se difuminen y olviden por la preeminencia de otros o porque todos los que lo acusaron son corruptos (lo que ha venido haciendo con eficacia, por lo demás); y para el aprismo ajustar cuentas con la pareja Humala-Heredia, que (acaso lo mejor que hicieron), contribuyó decisivamente a su virtual desaparición. Y claro, envilecer, encanallar, mellar a la izquierda en todo lo que resulte de este ataque de jauría.

La burda presión a la Fiscalía y al Poder Judicial, la exhibición de correos intervenidos como si fuese una práctica legal, la aprobación de mociones bravuconas contra un organismo internacional en el Congreso de mayoría fujimorista (justo cuando se discute el presupuesto del siguiente año y se puede presionar a ciertos organismos para que sean «flexibles»); todo eso calificaría como persecución política. Y serviría perfectamente para lo que, acaso, está buscando finalmente la viajera: el asilo en una condición política conveniente. Curiosa paradoja: toda esta grita de matarifes y politicastros podría acabar convirtiendo en heroína, para su extrema rabia, a quien, en el ejercicio del poder que virtualmente usurpó, fue ambiciosa, arrogante, taimada, desleal y traicionera.

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No se puede vivir en rehén de un sueño que jamás se hizo, ni se hará realidad. Y peor aún si ese sueño ha devenido pesadilla -esta sí muy real-. La romántica gesta de Los Barbudos en Cuba (que insufló de auroral ímpetu gran parte del mundo) se ha convertido en la trágica caricatura que es. Y hay que decirlo sin ambages: Cuba es una dictadura. Un predio privado de los ancianos hermanos comandantes, en el que se ejerce obscenamente el derecho sucesorio. Los logros en educación y medicina no pueden obviar la ominosa férula a las libertades más elementales. Ni tampoco la pobreza y el inmenso panóptico que es su sociedad.

Y si Cuba puede exhibir sus éxitos educativos y médicos, que no justifican, desde luego, su totalitarismo incuestionable; la Venezuela de Maduro es una ofensa al sentido más elemental de dignidad y justicia. La convulsión social, la persecución política, los presos de conciencia, la clamorosa inepcia gubernamental, la cooptación de instituciones, la supresión de libertades, la corrupción y la pobreza rampante son hechos irrevocables que demuestran la catadura moral y la indignidad de ese régimen. ¿Venezuela no termina de ser una dictadura porque, supuestamente, existen instituciones, libertades formales y elecciones? Otra vez hay que decirlo, y sin ambages: Venezuela es una dictadura en los hechos, una parodia grotesca e infame que se hace llamar socialista.

Y no puede omitirse, desde luego, el burdo y condenable acto de liquidación de la oposición en el parlamento, al servicio de un inocultable propósito de perpetuación en el poder, que acaba de perpetrar Daniel Ortega en Nicaragua. Este otrora legendario líder sandinista, ahora personaje próximo a la vileza, pretende calcar en su país la horma del poder dinástico propia de los Castro: su esposa figura como su vicepresidenta en su plancha presidencial, en pos de su tercera reelección y sin rivales a la vista, gracias a sus artimañas. Y sus hijos participan del gobierno, cómo no.

Todos estos regímenes (el de Evo Morales está próximo a serlo) tienen en común denominarse socialistas, o progresistas, y esta sola enunciación produce una suerte de extorsión sentimental en muchas personas que se proclaman de izquierda, que les inhibe o refrena una postura crítica. Y muchas veces se traduce en un estándar de evaluación flexible, que condena vehementemente dictaduras de derecha, y justifica, vanamente, las de izquierda. Hay que liberarse de este gravamen moral. Mujica gobernó en democracia, realizó políticas elogiadas mundialmente, dio un ejemplo de austeridad elocuente en el poder y respetó escrupulosamente las instituciones y libertades. Un real paradigma de una izquierda moderna y dialogante, que debe siempre reivindicarse.

Considero que es deber de todo izquierdista (cuya lealtad a esta convicción debe estar depurada de anacronismos y supercherías, colindantes con el autoritarismo, la necedad y la intolerancia) condenar regímenes como el cubano o el venezolano, dictaduras que no pueden, de ninguna manera, encarnar la ética izquierdista; aquella que se sustenta en la creencia de que la dignidad humana es el bien supremo que debe cautelarse en la sociedad, y que se manifiesta en el irrestricto respeto de todas y cada una de las libertades que posee el hombre.
Solo así será posible la consecución de la justicia y la equidad.

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Estos días se ha hecho parte de una contrariada rutina leer a muchos fujitrolls acusar de corruptos a todos quienes se oponen a la corporación fujimorista; enarbolan un discurso de moralidad (formulado rudimentariamente, el seso no les da para mucho), que les va groseramente mal, porque exacerba su falsedad e hipocresía, Y es que, muchas veces, la ignorancia no es desconocimiento, sino imbecilidad. En las agendas de Nadine figuran anotaciones de índole variada (¿para qué sirve una agenda si no?), cosas como rutinas domésticas, recuerdos de citas, cifras de dinero de gastos (menores y mayores), garabatos, naderías, y así. Se ha planteado, como tesis de investigación fiscal, que algunas cifras que consignan estas agendas (que, no debe olvidarse, fueron robadas), por su envergadura, podrían provenir de una fuente ajena a la propietaria de la agenda. Y que esa fuente sería ilegal. Presunciones que requieren de rigurosa probanza, por lo demás. La mayoría de partidos políticos que infestan la política peruana no consignan su financiamiento o lo hacen mañosamente (hay uno naranja que lo hace con cócteles de miles de dolares, de anónimos bebedores). El asunto con las agendas de Nadine es que podrían consignar un probable apoyo del gobierno de Chávez (en ellas se indicaría, por ejemplo, el apoyo de ese régimen a las víctimas del terremoto de Ica, cosa que, curiosamente, fue muy elogiada en su momento). Y allí empieza la leyenda negra. Que se sepa, la voluntad de apoyo a un partido no se criminaliza (sino los señores del cóctel naranja tendrían que estar en cana). Si una empresa o el gobierno de Chávez donó dinero a la campaña de Humala, es problema del donante (pero basta con que sea de Chávez para que algunos babuinos oigan nombrar al diablo). Lo que sería materia de investigación es que ese dinero provenga de una actividad ilícita (como el narcotráfico, del que mucho tendrá que explicar un tal Joaquín Ramírez, secretario general de un partido cuya vocación es la de ser perdedor compulsivo de elecciones, y que contribuyó a la causa naranja con bienes y millones de verdes). Eso es lo que se conoce como lavado de activos. Resta decir que las presunciones fiscales sobre las agendas de Nadine están en proceso de investigación, y corresponderá a un juez decidir, finalmente, si hay mérito para que su propietaria responda ante los tribunales. O no. A Verónika se le atribuye haber hecho alguna anotación en esas agendas (que para muchos monoreuronales parece ser una chistera de la que salen, infinitamente, no conejos, sino verduguillos y ganzúas); y que esa anotación denota su conducta criminal. Imputación risible, sino fuera porque la repite, y repite, hasta el hastío, un coro siempre servicial de idiotas. (Nadine me parece una aventurera deslumbrada por el poder y la frivolidad. Un fraude, acaso traición, a la expectativa de la gente que votó por lo que encarnaba, falsamente y en su momento, ella y su opaco e irresoluto marido).

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