La Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad insisten en dar una perspectiva principalmente de prevención a SUNAFIL. No señalan medidas para reducir los casos de accidentes de trabajo, y menos aún, temas de protección o beneficios a favor de los trabajadores. Incluso, en la última pre-publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección, atienden la regulación del convenio de formalización laboral con las micro-empresas otorgándoles hasta un año para subsanar las infracciones laborales, en vez de sancionarlas. Es decir, al parecer el gobierno y SUNAFIL avalan la posición de los empresarios, en vez de atender las denuncias de los trabajadores.

Esto no es reciente. Recordemos algunos casos en que el Ejecutivo y el Legislativo beneficiaron a los empresarios:

Reducción de pena privativa de libertad a empleadores infractores

La Ley Nº 30222 del año 2014 redujo las penas privativas de libertad que estableció la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, promulgada en el 2011. De esta manera, mientras la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señalaba que quien infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo no adopte medidas preventivas y ponga en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores, tendrá una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco, la Ley Nº 30222 cambia los plazos: no menor de uno ni mayor de cuatro años. Y, agregó que debía ser previamente notificado por la autoridad competente, para adoptar las medidas. Al reducir la pena, ésta no sería efectiva, situación que generaba gran preocupación al sector empresarial.

Además, en el caso de producirse lesiones graves o muerte, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establecía que la pena privativa de la libertad sería no menor de cinco ni mayor de diez años. La Ley Nº 30222, lo modificó a no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte, y no menor de tres ni mayor de seis en caso de lesión grave. Para proteger más al empresario, se incluye que no habrá responsabilidad penal si la muerte o lesión grave es producto de la inobservancia del trabajador.

Como se puede colegir, esta Ley Nº 30222 que modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tres años después de su promulgación, reduce la pena privativa de libertad al empresario, atiende sus demandas de no ir a prisión efectiva si pone en riesgo la vida de los trabajadores, y le otorga mayor protección.

Reducción de multas por infracciones laborales

Por otra parte, en el año 2017 se publicó el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR que modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, señalando que se ajustaba la escala de sanciones por “principios de razonabilidad” y las redujo en poco más del 50%. También, redujo el plazo de prescripción de la facultad de la autoridad inspectiva para determinar las infracciones en materia socio laboral de cinco a cuatro años. Y, finalmente, señaló que la tabla de multas sería revisada cada dos años. Es decir, puede seguir reduciendo las sanciones para los empresarios. Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR, se incorporó el concurso de infracciones, que en vez de sumarse las sanciones, se aplicará la sanción de la infracción de mayor gravedad.

Ahora, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante la muerte de los dos jóvenes en Mc Donalds, publicó el Decreto Supremo Nº 020-2019-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, sin establecer ninguna medida de sanción mayor contra los empresarios. Incluso, sobre la cuestionada prohibición de duplicidad de inspecciones que se estableció en el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR que debilitó la función inspectiva, en vez de derogarla, la hicieron inaplicable para los casos de seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y registro de trabajadores en planillas. Para las demás materias, continuará la prohibición.

Está claro que en el país, el poder de los empresarios puede hacer retroceder normas que los sancionaban gravemente en materia penal y económica, y que protegían más a los trabajadores. Sin penas ejemplificadoras, los empleadores seguirán actuando con impunidad. Si no sienten el temor de ir a la cárcel por poner en riesgo la vida de los trabajadores, todo seguirá igual y la cifra de víctimas mortales continuará. En este país se muere por culpa de los empresarios que por “reducir costos”, no implementan adecuadamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esto es mucho más grave en el caso de empresas transnacionales, que se supone cumplen estándares internacionales. No sólo es por Carlos, Alexandra, Jovi y Jorge, es por todos los jóvenes y trabajadores en general que día a día exponen sus vidas por trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es muy clara, la responsabilidad es del empleador. No debe haber impunidad, las multas no bastan. El gobierno y los funcionarios responsables, deberían elaborar normas para proteger a los trabajadores, no a los empresarios.

Escriben: Alan Fairlie y Rosa Varillas

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Se trata en su mayoría de acciones de regulación de instituciones de educación universitaria. La regulación consiste en verificar si determinada institución cumple con las condiciones que la ley y su estatuto señalan para el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y proyección social. Estas acciones se dan entonces en un sector donde reinaba el caos y en muchos extremos la estafa a cientos de miles de estudiantes y padres de familia, que han buscado en los últimos veinticinco años ser profesionales para tener un futuro en la vida. Las acciones de regulación han dispuesto hasta hoy el cierre de 32 universidades y dos escuelas de posgrado; de estas, 31 universidades son privadas, en su abrumadora mayoría con fines de lucro, y una es pública.

Es importante recordar que la labor de regulación actual busca enfrentar los desatinos de la primera intervención estatal que se produjo en 1996, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando se aprueba el Decreto Legislativo 882, sobre la promoción de la inversión privada en la educación. Así se motiva la creación de más de 92 universidades privadas, la mayoría con fines de lucro, hasta que se prohibió temporalmente la creación de nuevas, el año 2012.

La regulación es una función indispensable en cualquier sistema universitario moderno, para que éste tenga, no solo “las condiciones básicas de calidad” como dicen los tecnócratas de turno, sino “la más alta calidad académica” como postulamos los universitarios. No estamos, entonces, en contra de la regulación, sobre todo cuando se trata de enfrentar el caos al que nos llevó la estafa promovida por el fujimorato. Pero sí de la confusión de regulación con intervención, cuando la Sunedu transita de cerrar antros que pasan por universidades a meter mano en instituciones, principalmente públicas, que lideran la producción de conocimientos.

Es clave entonces señalar que esta es la segunda gran intervención del Estado en la educación universitaria en los últimos años, desarrollada a partir del año 2014 en que se aprueba la ley 30220. Esta ley, cuyo proyecto inicial hacía síntesis de muchas propuestas reformistas de años y décadas anteriores, es asaltada a último momento por un grupo de tecnócratas neoliberales que impone la Sunedu como órgano regulador. Se trata de una segunda gran intervención hecha para reparar el fracaso de la primera, pero que privilegia el control político del sistema universitario y afirma el carácter externo de las instituciones reguladoras frente a la universidad.

Así, se ha querido decir que los que criticamos la Sunedu estamos a favor de la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nada más falso, el que la ANR haya sido un organismo universitario no es ningún mérito en si mismo. Además, la ANR no fue creada como ente de regulación sino de coordinación y cuando se le quisieron agregar más funciones, como fue el caso de la Comisión Nacional de Autorización de Funcionamiento Universitario (CONAFU) fracasó estrepitosamente. El problema estaba en su composición, como reunión de todos los rectores del país, que desarrollaban de inmediato intereses personales y a lo sumo corporativos, perdiendo de vista al sistema y al país.

Por ello, el proyecto inicial de lo que luego fue la 30220, planteaba un Consejo Nacional de Universidades, como un consejo de expertos surgido del propio mundo universitario. En suma, hacer la regulación por una instancia universitaria y por lo tanto legítima para los regulados.

La característica central de la Sunedu, en cambio, es ser un órgano extra universitario, ajeno a la universidad como tal, a sus tradiciones y a su historia y, lo que es peor, con un proyecto contrario a las mismas. Así, el concepto de fondo que respalda esta exterioridad es la llamada “rectoría del Estado en la educación universitaria” que se le asigna al Ministerio de Educación. Esta rectoría se ha tornado en un concepto peligroso porque los tecnócratas han pasado de concebirlo no solo como la supervisión del cumplimiento de un conjunto de políticas de Estado en el sector, sino como una intromisión en los detalles del quehacer universitario que es donde encuentran su poder.

Para ello, la Sunedu tiene una composición decidida por el Ministerio de Educación. Por supuesto que hay de por medio una burla de concurso, en el que el propio ministerio califica a los postulantes y luego estos son evaluados por el Consejo Nacional de Educación, también elegido por el Ministerio de Educación. Es decir, todo queda en casa.

Estas dos intervenciones del Estado están marcadas por la privatización. En el primer caso el impulso a la privatización abierta con la autorización para crear instituciones privadas con fines de lucro. Esta intervención ha tenido como resultado que en la actualidad el 75% de la matrícula universitaria esté en manos privadas, mientras que la pública se ha reducido al 25%. En el segundo, con la privatización encubierta con programas como beca 18, que da más de mil millones de soles al año a un grupo de universidades privadas, aproximadamente el 40% del presupuesto del total que el Estado brinda a las 51 universidades públicas.

Esta situación de intromisión se agrava con la abierta intervención de la Sunedu en las universidades públicas ya licenciadas, en las que pretende aprobar cada modificación de los planes de estudio, potestad que ninguna ley le otorga pero que sus funcionarios, en su abrumadora mayoría tecnócratas de universidades privadas y con singular ignorancia en temas de educación universitaria, se toman como propia.

En esta situación la tríada: autonomía, democracia y gratuidad; que son las tres columnas que le dan sentido a la universidad moderna, como universidad pública, están ausentes en el Perú. La autonomía es la víctima fundamental. La universidad ya no puede tomar sus propias decisiones, ahora depende de una última instancia extra universitaria que es la Sunedu. Esta condición central para la producción de conocimientos es seriamente mellada. El gobierno democrático sin autonomía pierde su razón de ser, ¿sobre qué va a decidir si hay una instancia que puede corregirlo? Por último, el peligro de que desaparezca la gratuidad, al reducirse drásticamente el dinero que da el Tesoro Público y crecer programas como Beca 18, crece también la tentación del autofinanciamiento y finalmente del cobro de pensiones.

La Sunedu, entonces, en su concepto extra universitario, pone en riesgo a la universidad y podría presagiar su desaparición como productora de conocimientos.

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Ilustra la carátula un dibujo de Lenin de perfil en negro sobre un fondo rojo intenso. La mirada de Lenin es segura y la acompaña un discreto aire sonriente, como aparecía en los carteles impresos en la Unión Soviética, cuando lo evocaban como el numen y líder de la gran Revolución de octubre de 1917.

Este Lenin es, sin embargo, vapuleado y apostrofado por el autor y sus comentaristas, como un deficiente alumno de Filosofía, ignorante del marxismo y otras expresiones desdeñosas; por ejemplo: “su pretendido marxismo era simplemente una leyenda. En efecto Lenin ha ignorado siempre lo que es el marxismo real.” (Pannekoek, pág. 205); “Lenin es un personaje que, con el telón abajo, se reconoce y autopercibe muy poco conocedor de la filosofía […] aparenta ser un filósofo desasnado” (Ernesto Makanakuy, pág. 62, quien añade: “Lenin, en sus periplos berneses fechados precisamente en septiembre de 1914, aledaño al frío de los Alpes suecos”; se podría suponer que se refiere a la permanencia de Lenin en Berna, Suiza, muy lejos de Suecia adonde no llegaron los Alpes; por algo se dice que la ignorancia es atrevida).

Los franceses dirían de esto: Quel culot ¡, cuya traducción menos ofensiva sería qué descaro.

El indicado libro de Pannekoek fue publicado en alemán, en 1938, por el Grupo de los Comunistas Internacionales de Holanda. Luego hubo otras ediciones en varios idiomas.

Tuvo como propósito combatir el libro de Lenin Materialismo y emperiocriticismo publicado en ruso en 1908 y reproducido en otros idiomas luego de la Revolución Rusa de 1917.

Tras ese propósito, el interés central de Pannekoek fue atacar “el sistema de capitalismo de Estado (que) tomó cuerpo definitivamente en Rusia, no desviándose en relación con los principios establecidos por Lenin en El Estado y la revolución, por ejemplo, sino ajustándose a ellos. Había surgido entonces una nueva clase, la burocracia, que domina y explota al proletariado.” (pág. 89).

Complementó esa afirmación con esta: “Lenin debía apoyarse en la clase obrera, y como necesitaba proseguir un combate implacable y radical, adoptó la ideología más extremista, la del proletariado occidental que combatía el capitalismo mundial: el marxismo” (pág. 203). En otros términos, para Pannekoek, Lenin fue un simple político oportunista.

“Para poner en claro estas contradicciones que abarcan todos los dominios de la vida y de las luchas sociales —continuó Pannekoek—, hay que ir a la raíz de los principios fundamentales, es decir, filosóficos, de lo que estas corrientes de pensamiento divergentes llaman el marxismo” (pág. 90). Ubicó esa raíz en el libro Materialismo y empiriocriticismo, en el que Lenin expuso “sus concepciones filosóficas” (pág. 90).

Si Pannekoek se preciaba de ser un filósofo, debería haber explicado en alguna parte de su obra cuál habría sido la evolución dialéctica de la sociedad rusa antes y después de la Revolución de octubre de 1917; qué términos dialécticos habrían creado la “nueva clase burocrática” que, como dijo, “explotaba al proletariado”.

Así, es en vano buscar respuestas a estas preguntas. No existen en ese libro. Tampoco hay en este una conexión de sus afirmaciones antedichas con el contenido de las páginas siguientes.

¿Podría haber dado Pannekoek esas respuestas y explicaciones?

Si se tiene en cuenta su afirmación de que “el marxismo no puede ser una doctrina o un dogma estéril que impone sus verdades. La sociedad se desarrolla, el proletariado se desarrolla, la ciencia se desarrolla […] el método de investigación que (Marx y Engels) forjaron continúa siendo una guía y una herramienta excelentes para explicar los nuevos fenómenos” (pág. 105), cabría suponer que él hubiera podido, por lo menos, intentar emitir las razones por las cuales hacía aquellas afirmaciones. No lo hizo, lo que lleva a colegir que, como otros pretendidos marxistas, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico no pasaban de ser, para él, conjuntos de frases que estaba bien declamar o citar, acompañando sus acusaciones o imprecaciones, mas nunca aplicar a sus realidades concretas para determinar su evolución.

Luego, en el examen de Materialismo y empiriocriticismo, al que le destinó el capítulo VII, Pannekoek utilizó el mismo método: hacer afirmaciones sin constatarlas. Si bien citó textualmente varios párrafos de este libro, de ellos no resulta que Lenin se haya equivocado. En todos Lenin se empeñó en señalar la primacía de la realidad material sobre el pensamiento, reflejo de aquella, como habían dicho Marx y Engels.

La causa por la cual Lenin escribió Materialismo y empiriocriticismo fue combatir las ideas de Ernst Mach (austriaco 1838 – 1916) y Richard Avenarius (francés, 1843 – 1896), quienes, en resumen, sostenían la incognoscibilidad del mundo exterior al ser humano, porque la comunicación de este con aquel tiene lugar a través de las sensaciones que podrían, según ellos, no corresponder a los objetos percibidos. Por consecuencia de esta afirmación, el mundo exterior podía ser una creación del pensamiento. Se volvía así al idealismo. Como estas ideas repercutieran en varios intelectuales del Partido Bolchevique, Lenin consideró negativo ese impacto para la unidad ideológica de este.

Lenin dijo: “La cuestión verdaderamente importante de la teoría del conocimiento que divide las corrientes filosóficas no es saber qué grado de precisión han alcanzado nuestras descripciones de las relaciones de causalidad, ni si estas descripciones pueden ser expresadas en una fórmula matemática precisa, sino si la fuente de nuestro conocimiento de estas relaciones está en las leyes objetivas de la naturaleza o en las propiedades de nuestro espíritu, en su facultad de conocer ciertas verdades a priori, etc. Entonces, eso es lo que separa para siempre a los materialistas Feuerbach, Marx y Engels de los agnósticos Avenarius y Mach (discípulos de Hume).” (citado por Pannekoek, pág. 176.)

“El materialismo y el idealismo son sin duda partidos enfrentados —proseguía Lenin—. El idealismo no es más que una forma sutil y refinada del fideísmo, el cual, habiendo permanecido con toda su omnipotencia, dispone de muy vastas organizaciones y, sacando provecho de las menores vacilaciones del pensamiento filosófico, continúa incesantemente su acción sobre las masas. Entonces, el papel objetivo, el papel de clase del empiriocriticismo se reduce enteramente a servir a los fideistas en su lucha contra el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular.” (citado por Pannekoek, pág. 209).

En estas citas se ve claramente la preocupación de Lenin. Marx había puesto al idealismo fuera de combate, y ya no servía como la ideología de las clases propietarias. Kant y Hegel, los mayores exponentes de la filosofía idealista, habían recalado finalmente en la existencia de Dios como el origen de todo cuanto existe, una idea que no tiene su fuente última en la Filosofía, sino en la fe, en la cual se basan las religiones.

El cristianismo había reinado en la mente de casi toda la población occidental desde su imposición como la religión oficial y única del Imperio Romano por el edicto de Tesalónica de 380 hasta que fue apartada del Estado por la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Revolución Francesa de 1789. Después, al frente ideológico del capitalismo le quedaron como sus bastiones más firmes la religión católica impartida desde el Vaticano y la religión protestante difundida desde varios centros oficiales. Erosionar al marxismo con una intrusión fideista también entraba en la estrategia de la superestructura ideológica capitalista.

Luego de las aserciones filosóficas de Marx, la mayor parte de la intelectualidad universitaria se había hecho inmune al idealismo, pero no del todo al espiritualismo que seguía rondando en la mente de las mayorías populares, no sólo en los países de la civilización occidental, sino en los musulmanes y otros. Su fuerza ha sido tal que Rusia, por ejemplo, luego de siete décadas de gobierno del Partido Comunista y con una educación que se suponía era materialista, está ahora tan sometida a los popes ortodoxos como antes de la revolución de 1917 o más, y es capitalista.

A Pannekoek se le ha configurado como un marxista consejista, es decir partidario de la conformación de consejos obreros  (soviets en ruso), por oposición a un gobierno centralizado socialista. Por lo que se supo de su vida posterior, esa fue nada más que una invocación a los obreros a formarlos ¿dónde? ¿cuándo? Nunca los promovió en Dinamarca, su patria, en la que, finalmente, radicó ejerciendo su profesión de astrónomo.

Por último, como colofón, permítame el grupo de estudiantes universitarios editores del libro de Pannekoek una recomendación: deberían volver la mirada hacia nuestra realidad, a esta realidad peruana de todos los días, y tratar de identificar en ella los términos dialécticos que determinan su evolución, tanto en la estructura como en las superestructuras. También sería una tarea consecuente con el marxismo y necesaria para explicar lo que nuestra sociedad es, por qué es así, y hacia donde va.

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Según el MEF, la menor tasa de crecimiento de la economía para este año se ha debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a los choques de oferta que afectaron los sectores primarios, y al ruido político.

Inversión pública

La baja ejecución de la inversión pública es un problema constante y este año también ha generado un menor crecimiento económico. De acuerdo con la ministra: “la inversión no se ha ejecutado según las metas previstas en los gobiernos regionales y locales, por lo que este año no va a haber un crecimiento en la ejecución para estos gobiernos respecto a la ejecución del año pasado”[1].  Según la ministra, esto se ha debido a dos paradigmas que debemos de romper: el retraso en la ejecución de la inversión pública cuando hay cambio de autoridades; y que en los primeros meses del año usualmente no se ejecuta la inversión pública. Lamentablemente, esas declaraciones y buenas intenciones, aún no se traducen en realidad.

Base tributaria

Por el lado de los ingresos fiscales, la presión tributaria para este año será menor respecto al 2018. Como podemos observar en el Gráfico 2, en el 2018, la presión tributaria fue de 14.5%. Según la ministra de economía, este año tendremos una presión tributaria de 14.2%[2].  

El gobierno ha realizado algunos intentos administrativos de mejora, pero nada de combatir el tema de fondo, la evasión y la elusión tributaria, o cobrar las deudas millonarias de las transnacionales.

Déficit fiscal

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 032-2019[3], el MEF ha modulado la trayectoria de la reducción de la meta del déficit fiscal.

Conforme con el último informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022[4], se estableció que en el 2019, el déficit fiscal sería 2.2% del PBI; que en el 2020 este déficit se reducirá a 1.8% del PBI y llegaría a 1% del PBI a partir de 2021 en adelante.

Según el DU, el déficit fiscal anual para los años 2021, 2022 y 2023, no debe ser mayor a 1.8; 1.6 y 1.3 % del PBI, respectivamente. En el Gráfico 3 se puede observar, que con este DU se ampliará el déficit fiscal durante el 2021-2023 en 1.7% del PBI.

De acuerdo con el DU, esta modulación de la trayectoria del déficit fiscal se destinará principalmente al financiamiento de proyectos de infraestructura, en el marco de los 52 proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y las medidas planteadas en el eje de infraestructura del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Nos parece positiva la flexibilización de la meta fiscal. No así que se insista en las APPs (66% de los 52 proyectos priorizados son a través de esta modalidad) sin revisar el mecanismo y mejorar la regulación, de tal manera que no se repitan los problemas de corrupción que son de conocimiento público.

¿Y el desarrollo?

Estamos de acuerdo con el objetivo de estimular la economía utilizando la política fiscal, así como que el gobierno haya dejado de tener como prioridad absoluta la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las instrumentos planteados para lograrlo, los cuales  están sentados en el PNIC y el PNCP. Como hemos señalado en análisis previos (http://alanfairliereinoso.pe/?p=4228; http://alanfairliereinoso.pe/?p=5549), las medidas planteadas pretenden continuar impulsando proyectos basándose en APPs, la cual según la experiencia internacional y peruana encuentran serias limitaciones debido a los elevados costos y riesgos para el Estado, así como actos de corrupción en la adjudicación de estos proyectos, y los impactos sociales y ambientales graves.

No solo se necesita una política contracíclica, sino mejorar nuestra inserción en la economía internacional, diversificar nuestra economía, invertir en ciencia, tecnología e innovación, y en políticas sociales (principalmente educación y salud).

Esto no se logrará con los instrumentos contemplados en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura, que insisten en más de lo mismo. Hemos sentado críticas y propuestas en otros documentos (http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789; http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517).

Se requiere además, un nuevo pacto fiscal, que combatiendo la evasión y la elusión tributaria, permitan el financiamiento de una estrategia de desarrollo sostenible.

[1] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=TKbvascl0Q0

[2]  Véase: https://peru21.pe/economia/maria-antonieta-alva-tenemos-que-mejorar-la-calidad-del-gasto-noticia/

[3] Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-regula-un-retorno-gradual-a-la-regla-decreto-de-urgencia-n-032-2019-1840242-1/

[4] Véase: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2019_2022.pdf

Artículo escrito por:
Alan Fairlie 
Erika Collantes

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¿Quién es un colaborador? Alguien que ayuda a otro para una causa que no es necesariamente la suya. ¿Se le paga a un colaborador? No. Ese término no está asociado con salarios y menos con derechos. Al llamar McDonald’s “colaboradores” a sus dos trabajadores fallecidos reconoce su propia mezquindad, lo poco que les pagaban, su expectativa de que estén a su disposición para “servir” o “colaborar”. Este infeliz eufemismo — que al leer algunas notas descubro anonadada es de uso más corriente del que suponía— pareciera recrear una fantasía gamonal, no importa lo mucho que los empresarios que lo adoptan se esfuercen en proclamarse modernos. 

Entonces los gamonales hablaban de “sus indios” y esperaban que estén a su servicio, a cambio de poco o nada; que trabajen gratis. Los empresarios de McDonald´s, aplaudidos por el diario Gestión, hablan de “sus colaboradores” y esperan que estén a su servicio a cambio de un sueldo misérrimo y condiciones laborales tan precarias que pueden conducir a la muerte. Otra analogía de nuestra historia puede ser la mita minera, que existió durante toda la colonia. Hoy se difundió que el sueldo que recibía Alexandra Porras, una de las dos jóvenes que murió electrocutada, era de S/ 4.50 (poco más de un dólar) por hora, y que trabajaba una jornada de 12 horas, de 7 pm a 7 am, según comentó su madre.

Con su portada, Gestión ha cruzado una línea y no sé hasta que punto son conscientes de la forma en que este acto desnuda su mezquindad, ya que una cosa es pensar de esa manera y la otra es exhibirla en primera plana. ¿Cómo queda un empresario que piensa que las vidas de los trabajadores son detalles incómodos sobre los que es mejor no hablar para no espantar a las cadenas de comida rápida que se espera vengan al Peru el próximo año para “mover millones”, en el mismo momento en que acaban de morir electrocutados dos jóvenes trabajadores en uno de dichos establecimientos? — pues eso, nada menos, es lo que dice la aludida portada del diario Gestión —. Millones de dólares que nunca verán la abrumadora mayoría de peruanos, de quienes se espera vivan agradecidos por sus sueldos miserables y “colaboren” con el patrón.

Vidas perdidas, sueños truncados, familias en duelo, no son sino “daños colaterales” para quienes solo piensan en engordar sus billeteras.

Empresas con las manos manchadas de sangre, un Estado indolente que se lava las manos (cuando no busca él mismo promover la precariedad laboral). Un Perú que crece económicamente a ese costo no es el Perú que yo quiero y nunca lo voy a celebrar.

Hay otro sentido común pernicioso de la mentalidad neoliberal/neogamonal que nos rige, y es el de equiparar los intereses de los empresarios con los “intereses nacionales”. Y va de la mano con el intento de amordazar toda crítica al modelo neoliberal bajo el pretexto de no “espantar las inversiones”. Por último, que sepan pues los neogamonales que no nos pueden seguir vendiendo la idea de que sus intereses son los de todos los peruanos. Lo prueba, entre otras cosas, el repudio que ha generado esa desafortunada portada que comentamos, así como las protestas contra McDonald’s. Así, los trabajadores deben recuperar su derecho a organizarse y merecen todo el apoyo de la sociedad.

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Mucho defienden la quema de bombardas y estridentes cohetones en las noches de Navidad, Año Nuevo y otras festividades, principalmente religiosas, por considerarlo una tradición y un entretenimiento; pasan por alto, por completo, el hecho de que el escándalo que se arma a media noche afecta no solo la tranquilidad, sino también la salud de ancianos, niños y personas con autismo, tanto como de las mascotas. Si bien el festejo es tradicional y muchas familias se reúnen en torno a él, es necesario reacomodar su práctica para que deje de ser tan insensible y agresiva para con los demás; para que genere armonía y no discordia, entre todos, y no solo con el entorno más cercano. Eso es lo que se llama una convivencia civilizada.

Existen alternativas: moderar la cantidad, por ejemplo; usar juegos pirotécnicos luminosos que no producen mayor ruido o artefactos ecológicos que no dañan el medioambiente. O, simplemente, en lugar de quemar miles de soles en pirotecnia, se puede utilizar ese dinero de manera solidaria para contribuir en hacer más feliz la Navidad de alguien, en lugar de hacer triste la fiesta para otros.

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Otros jugando al centro, con candidatos de múltiples matices. Los nuevos, como el morado, y los tradicionales como AP. Buscan canalizar el repudio a quienes controlaron el Congreso en el período anterior. Se supone impulsarán la reforma política y judicial pendiente, sin tocar el capítulo económico. Allí también está APP, que tiene representación regional importante, aunque se verá si ha sido castigado por sus votantes por el desempeño último en el parlamento.

La izquierda fragmentada, como siempre. Cada cual buscando capitalizar el descontento popular, aunque no todos han presentado a sus mejores cuadros, guardándose para el 2021. En sus diferentes vertientes, hay un cuestionamiento a la corrupción, se plantea la necesidad de cambios en la institucionalidad política y judicial, pero también en lo económico.

Mientras tanto, el gobierno avanza con sus decretos de urgencia, con algunas medidas positivas, pero centralmente implementando las políticas y el plan de competitividad y productividad, con lo que representa en vulneración de derechos laborales y estándares ambientales. Con muchos problemas de gestión, en la reconstrucción y del presupuesto en general. Pero, haciendo el trabajo sucio para el continuismo

Ojalá que en lo que reste de campaña, se debatan temas centrales del país. Esperemos que la población vote con sabiduría y no repitamos la experiencia anterior. Aunque muchas veces se pensó que no podía haber peor Congreso y lo hubo. Hagamos lo posible por no reeditar esa experiencia.

Debemos impulsar cambios inmediatos, para no repetir escenarios de países vecinos. Eso supone no solo cambios en los partidos, sino en todos los actores de la sociedad, principalmente en el empresariado. Son alarmantes las señales de la falta de conciencia del problema, hay que actuar antes que sea demasiado tarde.

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En la actividad privada

De los estamentos o categorías laborales en la actividad privada, las constituidas por altos funcionarios y funcionarios de encuadramiento presentan como rasgo común la calidad de profesionales de sus integrantes, vale decir que para desempeñarse como tales deben haberse formado y titulado en universidades y otros centros de nivel equivalente, exigencia reconocida por la ley como un requisito para el ejercicio de casi todas las profesiones.

La categoría de altos funcionarios se ha generalizado desde comienzos del siglo XX con el desarrollo de las sociedades, en particular anónimas. A los dueños del capital, que podían ser muchos, les resultó cada vez más conveniente utilizar funcionarios contratados para integrar los directorios, cuya función es adoptar las decisiones más importantes inherentes a la empresa. Bajo la autoridad inmediata de estos, el gerente general la dirige. Siendo su función lograr la mayor cantidad posible de ganancias, de las que por lo general perciben un porcentaje, estas elites de ejecutivos han ido ampliando su poder e independencia. En consecuencia, pueden disponer: innovar o no; producir nuevos bienes y servicios y dejar de producir otros; crear, modificar, trasladar y cerrar empresas; ordenar el despido de trabajadores y la reducción de sus remuneraciones; etc. La permanencia en sus cargos depende de la magnitud de las ganancias, que es lo que en definitiva interesa a las juntas de accionistas.

Más aún, influyen decisivamente en el rumbo de la economía y la política en sus países, y son los impulsores más fanáticos del neoliberalismo.

De este grupo sale también una parte de los dirigentes de los partidos o movimientos políticos de derecha, centro y hasta de cierta izquierda y los altos funcionarios del Estado elegidos y nombrados. En el Perú, casi todos son de raza blanca; son el rostro de la oligarquía blanca que sigue gobernando.

La dirección personal de las actividades productivas por los capitalistas, incluso con la ayuda de sus familias, queda como un remanente de los primeros momentos de la evolución capitalista en ciertas empresas de familia, empresas pequeñas y microempresas.

Los funcionarios de encuadramiento, o cuadros en la terminología francesa, son profesionales y técnicos a cargo de la dirección inmediata de la actividad productiva. A pesar de su número reducido, su labor se ha hecho imprescindible, a tal punto que sin ellos la existencia misma de la empresa sería imposible. Aportan, además, la investigación, las invenciones y los descubrimientos que día a día cambian y potencian los medios de producción, y crean nuevos bienes, servicios y necesidades con los cuales el capitalismo continúa su marcha ascendente.

Social, económica y legalmente son trabajadores en relación contractual de dependencia; suministran su capacidad laboral a quienes los emplean a cambio de una remuneración, y contribuyen a la creación de la plusvalía en porcentajes determinados por la clase e importancia de su trabajo. Gozan de derechos sociales —laborales y de seguridad social— y, al llegar a cierta edad o incapacitarse, pasan a ser pensionistas. Sin embargo, están en una posición que es ya cualitativamente distinta de la de los obreros y simples empleados a cargo de las tareas de ejecución.

Por su dependencia económica de los titulares del capital, la mayoría de este grupo no goza todavía de independencia ideológica respecto de aquellos, incluso si en su vida universitaria profesaron ideas contestatarias del sistema. La manera de pensar y la conducta de muchos expresan los intereses y criterios de la clase capitalista que los recluta tras sopesar su calidad e ideología y, en las empresas de propietarios de raza blanca de nuestro país, que tengan los rasgos de esta o procedan de familias que poseyeron fortuna o lleven apellidos considerados distinguidos por ellos.

Sin embargo, aunque se hallan sujetos a las decisiones del gerente general o de los propietarios de la empresa, su responsabilidad por sus actos les confiere cierta independencia respecto de aquellos en cuanto deben ajustarlos a las normas legales.^[2]

Este efecto de la evolución de la estructura capitalista revela ostensiblemente que los grupos propietarios del capital se vuelven cada vez más innecesarios. Por ellos actúan los altos ejecutivos y los cuadros contratados. Más aún, estos tienen a su cargo la gestión del capital procedente de los diferentes estamentos de trabajadores por la vía del ahorro y de los fondos de pensiones, cuya magnitud crece en relación al capital de los propietarios de las empresas. Si se considera que el capital empresarial procede en altos porcentajes de préstamos bancarios, cuya fuente son los depósitos del público, de los fondos de pensiones y otros y de préstamos en bienes, resulta que la titularidad de las empresas por los capitalistas, que aportan un reducido porcentaje del capital, se asienta sobre una pequeña pero omnipotente base legal, en contradicción con el hecho real de que la mayor parte del capital y su administración les son ajenos.

En el Estado

En el aparato estatal, la categoría profesional de trabajadores se divide en dos grupos: el personal administrativo y el cuerpo de dirección política, conjunto al que se podría denominar estrato profesional burocrático.

El primero lo integran los funcionarios y empleados a cargo de las tareas concernientes al servicio público que el Estado ha asumido desde su concepción como una gran entidad constituida por delegación de los ciudadanos. Su labor se plasma en el ejercicio del poder de dirección con diverso alcance. Son en su mayor parte profesionales, bajo contratación laboral como sus homólogos de las empresas privadas.^[3]

El otro grupo de esta categoría se halla formado por el personal elegido por la ciudadanía cada cierto tiempo —presidente y vicepresidentes de la República, representantes en el Congreso de la República o parlamentarios, y miembros de los gobiernos regionales y municipales— y por el nombrado por estos para la ejecución de las tareas de dirección y de confianza en su entorno inmediato: ministros y altos funcionarios.^[4]

No hay, sin embargo, normas que obliguen al personal elegido a tener un título profesional universitario. Pero, de hecho, esa titulación es un requisito impuesto por la costumbre para calificar ante los electores.

El estrato profesional burocrático, cuya aparición y desarrollo responden a la evolución de las superestructuras política y jurídica, se ha convertido en una fuerza subordinante de la sociedad: por su poder normativo, sus facultades para hacer cumplir las normas, su obligación de prestar los servicios públicos entre los cuales se halla la misma dirección del Estado, y por el uso exclusivo de la coerción. Pero, a diferencia de la categoría profesional de las empresas privadas, en las que el máximo poder es retenido por los propietarios del capital, la categoría profesional burocrática tiende a independizarse del poder económico privado en grados diversos, puesto que su calidad de agentes del Estado no procede formalmente del nombramiento por los empresarios.

La independencia en la adopción de sus decisiones se acentúa o reduce según sus motivaciones personales, la fuerza y la aceptación general de la superestructura legal, su origen personal y social, la influencia directa e indirecta de los empresarios sobre ellos, su formación general y universitaria, su ideología, su sindéresis si la tienen, y su vinculación con determinados sectores de la población a los que deben su presencia en el Estado.

Hay funcionarios administrativos y jueces que cumplen sus funciones según la ley y la ética admitida por la sociedad. Pero los hay también que no lo hacen para favorecer a algún grupo o persona y desfavorecer o dañar a otros, o por ignorancia, arbitrariedad malévola o la percepción de cohechos. El mayor nivel de degeneración en este aspecto es la vocación de ciertos partidos políticos para preparar a sus militantes en las técnicas de la corrupción y filtrarlos a las instituciones estatales, utilizando los canales creados por la necesidad de una concurrencia democrática.

^[1] El texto que sigue es un extracto del capítulo V de mi libro El capitalismo: una historia en marcha… hacia otra etapa, Lima, 2018.

^[2] Su dependencia del capital llevó a los cuadros europeos a organizarse en sindicatos y centrales propios. En Francia, se reunieron en la Confederación General de Cuadros desde octubre de 1944. Les siguieron los cuadros de Alemania (ULA) y de Italia (CIDA) y luego de otros países. Constituyeron luego la Confederación Europea de Cuadros.

^[3] Su origen se remonta a la creación del Civil Service Británico a mediados del siglo XIX como un cuerpo profesional estable de funcionarios de la administración pública luego de que el capitalismo advirtiera que el Estado debía procurarle funciones públicas eficientes para contribuir a su desarrollo.

^[4] Gaetano Mosca (1858-1941) se refirió a la existencia de una “clase política” a la que definió como una elite que gobierna en todos los tiempos y tiende a perennizarse, por cuanto en toda sociedad deben haber dirigentes y dirigidos. Nada nuevo, salvo la denominación. Ya Aristóteles en La Política había dicho: “Ha sido la naturaleza la que ha creado ciertos seres para dirigir y otros para obedecer”. (Libro I, cap. I). El grupo dirigente, que para Mosca podría ser un conglomerado improvisado, no es, sin embargo, una clase social imbricada en las estructuras económicas como parte constitutiva de estas, ni ofrece características intrínsecas que la definan, salvo el hecho de que está en el gobierno.

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Una defensa de ese tipo para la megaminería de oro en Cajamarca fue presentada por el político Fernando Cilloniz, bajo la imagen de “agua sí” y “oro también”.  Algunos de sus argumentos ya fueron respondidos por Mirtha Vásquez. En este caso deseo ofrecer otra mirada que permite concluir que aquella imagen ya no tiene sustento en tanto no tiene sentido continuar extrayendo oro. La metáfora correcta sería “agua sí porque el oro es innecesario”.

Me explico: la demanda actual de oro está concentrada en dos usos claramente superfluos e innecesarios. Aproximadamente el 50% está destinado a la joyería, y se lo consume sobre todo en China, India y otros países del Medio Oriente y Asia. Un poco menos del 40% se lo utiliza en el sector financiero, para acuñar lingotes o monedas por ejemplo. Este sirve para la acumulación de muchos países, sea en sus propios bancos centrales como en otros sitios, o por particulares que lo acopian como resguardo financiero. Solamente alrededor del 10% tiene usos industriales.

Insisto en estos indicadores porque sirven para desmontar el repetido señalamiento de la necesidad de ese mineral para sostener la industria, la vida moderna o metáforas similares. Los que se oponen a esos extractivismos nos llevarían a la Edad de Piedra es lo que agregan los defensores del oro.

Pero la realidad es muy distinta. Puede afirmarse que en números redondos, casi el 90% del mercado internacional del oro radica en usos superfluos, suntuarios y banales. No tienen nada que ver con las demandas más necesarias en la industria o la medicina. En lugar de eso, se extrae el oro desde países como Perú para que algunos puedan comprar enormes aretes en China, o que otros acopien monedas en sus cofres. Dicho de otro modo, se está poniendo por delante los deseos de consumismo de señoras chinas que están dispuestas a gastar mucho dinero en esas joyas por sobre las necesidades de calidad en salud y ambiente de las comunidades andinas. Esto es sistemáticamente ignorado, ya que sería muy embarazoso que un político local defienda unos enclaves mineros para satisfacer la exhibición de la opulencia del otro lado del planeta.

Por si fuera poco, no tiene sentido seguir sacando oro del suelo, ya que con todo el mineral extraído se pueden atender todas las necesidades legítimas como son las industriales. Se estima que ya están “arriba del suelo” casi cuatro veces el volumen de oro que aún permanece “bajo suelo”. En efecto, se calcula que se han removido casi 200 mil toneladas de oro (dos tercios de ese total se deben a operaciones realizadas desde 1950); mientras que siguen enterradas en el subsuelo unas 54 mil toneladas.

Todo ese enorme volumen de oro que está allí afuera permite que pueda ser recuperado, reciclado o reutilizado para todas las demandas de usos industriales, médicos, etc. Entonces, incluso enarbolando la bandera de la modernización industrial, queda claro que los estilos de vida contemporáneos pueden continuar sin sobresaltos con todo el oro que ya se ha removido. Es más inteligente dedicarse a su reutilización y reciclaje.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué no está ocurriendo eso en este momento. Y la respuesta es simple: la culpa la tienen políticas mineras al estilo peruano que se repiten en varios países. Ellas hacen que el precio de mercado del oro sea comparativamente más bajo al costo de los reciclajes y recuperaciones; y es tan barato porque ese valor económico no incorpora los daños sociales y ambientales.

Si se sumaran al precio de la onza de oro los costos que demandarían asegurar el agua potable, rellenar y reforestar los tajos abiertos; o limpiar los pasivos abandonados, estaríamos ante valores de mercado altísimos. En cambio, con ese “oro barato” siempre es más ventajoso seguir extrayendo en países del sur, como Perú o Sudáfrica; ya que la carga del deterioro en salud, calidad de suelos y aguas, o pérdida de biodiversidad, quedan en esas naciones, se “pagan” allí. Dicho de otro modo, los señores en China o India pueden comprar oro del sur, porque ellos no pagan por sus impactos sociales y ambientales.

Tener presente estas particularidades es urgente. Es que actualmente se minan de 2.5 a 3 mil toneladas por año. Y a ese ritmo el propio sector empresarial vaticina que hacia 2035-2050 se agotarán los depósitos accesibles o cuya extracción es económica o tecnológicamente posible. Esto no significa que se agotará el oro, sino que otros yacimientos resultan inaccesibles o su concentración es tan baja que no es viable extraerlo. Por lo tanto se insiste en un sector destinado a desaparecer en unos años, mientras que los pasivos ambientales que deja estarán allí por décadas.

Una política nacional más inteligente es comenzar a prepararse para esa etapa postminera. En lugar de invertir en un sector moribundo y que genera impactos y conflictos, los recursos del Estado deberían enfocarse en aquellos rubros que los pueden reemplazar; y en especial aquellos que demanden menos insumos en energía y agua, pero más empleo humano, y produzcan bienes realmente necesarios.

Publicado en Noticias Ser. Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. Sus áreas de trabajo son las alternativas al desarrollo, especialmente el análisis de las estrategias de desarrollo de gobiernos sudamericanos, sus impactos sociales y ambientales

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Aun el ciudadano mejor intencionado puede terminar votando por una opción que no deseaba, si no está bien informado. El voto preferencial es el ejemplo más claro. Digamos que Luis es un buen ciudadano que ha revisado las hojas de vida de los candidatos y ha encontrado a uno que es de su simpatía. Supongamos que este candidato tiene el número 3 del partido “X”. Supongamos, además, que ese partido lleva en el número 1 a un corrupto conocido. ¿Qué va a pasar con el voto de Luis? Es probable que ayude a elegir a su candidato, sí; pero, también ayudará a que ingrese el primero de la lista. No olvidemos que el voto, en primer lugar, es para el partido. Por esta razón, los números 1 y 2 suelen ser tan cotizados en ese mercado negro electorero que se arma en cada campaña.

Entonces, antes de votar por el candidato de nuestra preferencia, debemos revisar quiénes van a la cabeza de lista, para que no nos llevemos tristes sorpresas con los resultados.

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