Los magistrados llevan más de medio mes en sesiones permanentes y han dejado de tramitar los procesos ordinarios, aunque todavía veían los casos de violencia familiar, omisión de alimentos, menores infractores, personas detenidas o casos complejos. Pero desde este jueves, no atienden los casos de violencia familiar o causas con detenidos.

“Si los jueces y fiscales están en las calles no es porque quieran estar en las calles, es por el incumplimiento del Gobierno, por culpa del Gobierno estamos en las calles, estamos afectados nosotros mismos”, declaró el juez Carlos Polanco.

Carlos Polanco, juez civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

Jueces piden nivelación salarial

El magistrado reiteró que los jueces no piden aumento sino la nivelación de sus remuneraciones. “Un solo ministro se lleva la gratificación de 20 jueces, un congresista que elijan en enero, en año y medio, se va llevar la CTS de 15 años de un fiscal adjunto, eso no se informa”, explicó.

Los técnicos del Poder Judicial mantienen reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde la semana pasada, exigiendo aumento de presupuesto. Hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se estableció una escala remunerativa. En ella se fijó que los jueces superiores deben percibir el 80% d la que percibe un juez supremo; los jueces especializados el 60% y los jueces de paz letrados el 40% del total del haber mensual de los jueces supremos. La remuneración de éstos últimos oscila entre 35 mil y 42 mil soles.

Ciudadanos rechazan huelga

Sin embargo, la medida está causando descontento entre abogados y litigantes. José Arce, decano del Colegio de Abogados, señaló que la medida no solo afecta a los litigantes, sino también a los 6 mil letrados habilitados por la orden profesional que preside.

El rechazo se hizo notar más aún cuando un grupo de ciudadanos les empezó a llamar “corruptos”, mientras realizaban su plantón. Los magistrados han señalado que recuperarán las audiencias con jornadas extra de trabajo. Hasta el momento se calcula que el 50% de las audiencias se han visto perjudicadas y el porcentaje podría elevarse con la radicalización de la protesta.

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Ante los procesos judiciales detenidos, ya se ha denunciado a dos magistrados ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).

Las denuncias de litigantes se deben a que los magistrados se declararon en sesión permanente, un mecanismo que utilizan para poder ingresar a una medida de protesta sin las consecuentes sanciones laborales.

La noche de ayer realizaron una vigilia frente al Poder Judicial de Arequipa, y hoy un plantón, acompañados por los fiscales que se aunaron a la “huelga blanca”.

Aproximadamente el 50% de audiencias se ha suspendido desde el inicio de la “huelga blanca”.

Los magistrados reclaman el aumento de sus sueldos en función a las remuneraciones que perciben los jueces supremos, las que ascienden a 35 mil hasta 42 mil soles. En la opinión de los magistrados, el incremento fue aprobado hace dos años atrás, pero no sé cumple.

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Las atenciones continúan desde el último martes, de manera parcial. Solo las audiencias más urgentes se vienen realizando, mientras que el restode procesos han quedado paralizados.

Al ser los casos con procesados en cárcel los únicos en trámite, las áreas laboral, civil y contencioso administrativo paralizaron las audiencias por completo.

El magistrado reiteró que los procesos se retomarán una vez se resuelva su pliego de reclamos. A esta medida de protesta se han sumado los fiscales.

Reunión de PJ de Arequipa

Edgar Pineda sostuvo que, al no llegar a un acuerdo definitivo, se ha pedido que para la próxima reunión acudan los técnicos del Poder Judicial y del MEF.

«Se ha pedido que en la reunión se resuelva todo lo que está pendiente. No es un aumento lo que pedimos, solo pedimos que se cumpla la ley»

Presidente de la Junta de Magistrados, Edgar Pineda

Los magistrados reclaman el aumento de sus sueldos en función a las remuneraciones que perciben los jueces supremos, las que ascienden a 35 mil hasta 42 mil soles. En la opinión de los magistrados, el incremento fue aprobado hace dos años atrás, pero no sé cumple.

La pretensión salarial es que un juez superior gane el 80% del salario de un supremo, 60% un juez especializado y un 40% un juez de Paz Letrado.

Cabe señalar que a esta medida se podrían sumar los fiscales, quienes también reclaman por una remuneración acorde a ley.

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El magistrado, que ordenó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, disertó sobre la prisión preventiva en nuestro sistema judicial. Carhuancho hizo hincapié en la falta de razonamiento de los magistrados en muchas resoluciones judiciales, que solo listan las pruebas que propone el Ministerio Público.

“Valorar los elementos de convicción no consiste tan solo en reproducir lo que dice cada uno de los elementos de convicción que ha presentado el fiscal. Y eso es lo que observamos muchas veces en algunas resoluciones judiciales”.

Al término de su ponencia, los organizadores y autoridades arequipeñas lo condecoraron por su labor y trayectoria profesional.

En silencio

A diferencia de su anterior visita, el juez Richard Concepción Carhuancho prefirió no dar declaraciones a la prensa. Fuentes judiciales indicaron que ha optado por guardar silencio debido a que sus salidas en medios le han costado quejas y denuncias.

Como consecuencia de ello, fue apartado del caso de Keiko Fujimori para quien dictó prisión preventiva.

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El decano de la Junta de Jueces, Edgar Pineda, ha señalado que más de 60 jueces, que representan el 80% de la asociación; y la mayoría de los vocales integrantes de la Sala Plena, se han declarado en sesión permanente. Eso significa que dejarán de atender las audiencias y se mantendrán en reuniones diarias hasta que haya una solución.

“Conforme al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces podemos reunirnos en junta de jueces, cuando sea necesario y la ocasión lo amerita”, justificó la decisión.

Las razones de la «huelga blanca» de los jueces

Pineda manifestó que existen varios problemas dentro de la administración de justicia como la sobrecarga procesal, la producción laboral, entre otros. Sin embargo, el centro de esta manifestación no es otro que el aumento de sus sueldos.

El magistrado Yuri Zegarra señaló que desde hace dos años no se cumple la ley respecto a las remuneraciones de los jueces superiores, especializados y de paz letrados.

“En la ley dice los porcentajes que debe ganar los jueces en comparación con los jueces supremos (…) la ley ha establecido como referencia que el juez supremo debe ganar el 100%, el juez superior 80%, el juez especializado 60% y 40% el juez de paz letrado”, indicó.

Cabe mencionar que en los últimos cuatro años el Poder Judicial el sueldo de los jueces supremos se ha incrementado. En la actualidad un juez supremo percibe mensualmente entre 35 mil y 42 mil soles.

Mientras que la remuneración de los jueces superiores oscilan alrededor de 19 mil soles, un juez especializado 14 mil soles y un juez paz letrado 12 mil soles. Según los magistrados, estos sueldos no están acorde a lo que establece la norma.

Audiencias afectadas

Edgar Pineda señaló que las atenciones en procesos urgentes y críticos no se verán afectados con la suspensión laboral. Estos son procesos con personas detenidas, violencia familiar, menores infractores y aquellos que tengan que ver con población vulnerable.

“Los temas neurálgicos y críticos que afectan a la población no se están desatendiendo”, señaló.

El magistrado calcula que estos casos representan al menos el 50% de las atenciones que tiene a diario la Corte de Justicia.

Asimismo, desde presidencia de la Corte informaron que los casos complejos tampoco se verán interrumpidos. Esto en relación al juicio por colusión que afronta el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar.

A pesar de la medida, los trabajadores administrativos y de atención al usuario están laborando con normalidad.

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Los vocales Juan Luis Rodríguez, Armando Coaguila y Paola Venegas programaron la lectura del fallo para las 16:30 horas. Ellos resolverán si desestiman o no la apelación interpuesta por el exalcalde, exregidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa contra la sentencia de primera instancia.

Tal como lo expuso la fiscal de Medio Ambiente, Carolina Cáceres, se hallaron vicios en la concepción, aprobación e implementación del PDM. La aplicación de este instrumento normativo permitió la depredación de la campiña, favoreciendo cambios de uso y recategorizando zonas sensibles. Tal es el caso de sectores como puente San Isidro, Carmen Alto, y avenida Fernandini, donde hectáreas de campiña fueron reconvertidas en zonas de vivienda, iglesias protestantes y hasta discotecas.

Alfredo Zegarra y la sentencia de primera instancia

El juez Juan Pablo Heredia Ponce, del Primer Juzgado Penal Unipersonal, determinó que Alfredo Zegarra incumplió sus funciones. Puso en riesgo la campiña de Arequipa con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

En la sentencia se incluyó como pena adicional la inhabilitación para ejercer cargo público. No obstante, no ha fijado el monto de la reparación civil. La Fiscalía solicitó un millón de soles pero no sustentó la magnitud del perjuicio en cada uno de los casos.

La condena también alcanzó a ocho exregidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla). Los acusados fueron encontrados culpables por el delito contra el medio ambiente. La modalidad es la de otorgamiento ilegal de derechos.

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La fiscal contra el crimen organizado Rosmery Mendoza, quien ha sido quejada ante Control Interno por un supuesto abuso de autoridad contra los dirigentes, se mantuvo firme en su solicitud de 9 meses de prisión preventiva. La petición incluye al exgerente de Trabajo, José Luis Carpio Quintana, a la intendenta de Sunafil, Milagros Copa, además de los abogados Héctor Herrera, Edwin Quispe y Wilfredo Quispe.

La magistrada considera que los investigados formaron parte de la supuesta red criminal. Según su hipótesis, ellos habrían colaborado con los dirigentes para que pudieran colocar obreros en las obras y que además paguen la denominada cuota sindical.

«Ladrillo Sindical del Sur» desgastado

En la primera audiencia de prisión, el juez José Luis Vilca Conde reconoció que el Ministerio Público no presentó pruebas graves que demostraran la existencia de una organización criminal. Tampoco se comprobó en esta etapa que los dirigentes lideraron un supuesto grupo delictivo. El resultado fue que todos los detenidos quedaran en libertad.

El Ministerio Público ha dicho que apelará la decisión del magistrado y además ha respaldado la labor de la magistrada. Aunque, para los investigados, el caso no reunió ningún elemento que denote una participación delictiva de su parte. Por el contrario, consideran que se estaría vulnerando el derecho de los sindicalistas y criminalizando las protestas.

Para el abogado e imputado Héctor Herrera, el proceso debe ser declarado nulo por las irregularidades de la intervención. No está de acuerdo en que el Ministerio Público haya impedido que ejerza la defensa de los dirigentes, pese a ser su derecho. También cuestionó el allanamientos de las viviendas de los investigados.

«Ha existido una violación del debido proceso. Se me ha impedido ejercer mi profesión al no permitirme patrocinar a los dirigentes de construcción civil. Se impidió mi presencia en cada una de las diligencias. Eso va a costarle la nulidad del proceso», adcirtió.

Héctor Herrera, abogado e investigado en caso Ladrillo Sindical del Sur

El letrado considera que la prisión preventiva solicitada en su contra será desestimada debido a que «no se ha encontrado nada» en la investigación. Héctor Herrera pidió la separación de la fiscal en esta investigación por estas presuntas irregularidades.

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La audiencia de prisión preventiva para once dirigentes sindicales de Construcción Civil avanza a paso lento. Por segundo día consecutivo, la Fiscalía sustentó el pedido con el que busca que los presuntos integrantes de la organización criminal “Ladrillo Sindical del Sur”, permanezcan 36 meses en prisión mientras investigan el caso.

Sin embargo, el ritmo con el que el Ministerio Público expone sus medios probatorios está prolongando la diligencia. A tal punto, que aún no se logra terminar la lectura del requerimiento fiscal, ni oralizar las pruebas presentadas contra los detenidos. En la audiencia de este lunes se dio lectura a las pruebas vinculadas a José Luis Chapa y Andrés Saya, secretarios general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y del gremio de Construcción Civil, respectivamente.

Esto fue advertido por el juez encargado, José Luis Vilca Ponce. El magistrado recomendó que revise la contundencia de sus elementos de convicción y priorice los más importantes y contundentes. Un pedido que también compartieron las defensas legales de los dirigentes. Al terminar la audiencia de hoy, recién se terminaron de exponer los medios probatorios relacionados a seis de los once procesados.

La situación motivó un ultimátum de parte del juez Vilca Ponce. En la sesión de mañana, el Ministerio Público solo dispondrá de tres horas para completar su exposición. Cumplido ese lapso, completada o no la ponencia, se continuará con el desarrollo de la audiencia.

Acusación cuestionada

Los problemas de concisión no son los únicos de la representante del Ministerio Público. A lo largo de la diligencia se pidió aclaraciones respecto a la tipificación del delito de extorsión y las personas señaladas como víctimas. También se apuntó a la relevancia y consistencia de algunas pruebas para el delito de extorsión y organización criminal. 

Finalmente, el juez dispuso que la audiencia continúe este martes desde las 09 horas.

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La audiencia de prisión preventiva aún no concluye. Pero el juez consideró necesario, la noche del lunes, que se les otorgue la inmediata libertad a Carlos Alberto Huacani Bendita y Danny Oscar Humpire Sánchez. También, a Domingo Mario Ilaquita Belizario, Gustavo Adolfo Ala Huancollo, José Ramos Apaza, Máxima Ticona Ccalli, Rafael Gil Chávez, Renato Alexis Perea Tejada, René Arocutipa Lupaca, Sharon Wendy Ayerbe Salguero y Antonio Choqueña Machaca.

No obstante, deben cumplir medidas provisionales de comparecencia, entre ellas, seguir asistiendo a las audiencias hasta que se emita resolución.

Faltaron pruebas contra «Los Correcaminos del Sur»

La decisión «poco usual» responde a que el magistrado no ha encontrado elementos que demuestren que los 11 transportistas cometieron delito de cohecho, pese a que reconocieron el pago de sobornos. La razón es que el imputado Gabriel Almonte, quien recaudaba el dinero, no era funcionario público, lo que es requisito para que exista este delito.

Además, el juez ha señalado que existen «actos» que develan la presión a la que eran sometidos los transportistas para pagar los sobornos. Para ello, el magistrado tomó en consideración la declaración de testigos protegidos que señalan a Gabriel Almonte como la persona que los coaccionaba y amedrentaba.

La fiscal Marita Cueva considera que los 11 transportistas formaban parte de la organización criminal «Los Correcaminos del Sur II». Ellos conformarían el segundo brazo operativo de la organización criminal. Su rol sería pedir el dinero a sus colegas para entregárselo a Gabriel Almonte, alías «chascoso».

“Al Ministerio Público se le ha concedido 8 días sobre la base de las razones plausibles, sin embargo, el Ministerio Público solo ha acompañado la propia declaración del investigado (…) Se entiende que la propia declaración del investigado no es prueba si no se tiene corroborado con otros elementos”

Juez Juan Carlos Churata

De esta manera, de los 16 investigados solo tres permanecerán en prisión (Miriam Luz Choquetaype y Pedro Tite Mamani, de la Gerencia de Transportes; y Genaro Talavera, jefe de Inspectoría de la PNP), uno con arresto domiciliario (Manuel Salazar) y 12 afrontarán el proceso en libertad, incluida la asesora de la gerencia, Carmen Dávila Zevallos.

Investigación a fiscal

El juez pidió que Control Interno del Ministerio Público investigue a la fiscal Marita Cueva por no cumplir con fundamentar el peligro de fuga y la proporcionalidad de la medida coercitiva, en el caso de Carmen Dávila. Esto conllevó a que la asesora legal sea puesta en libertad.

Cabe señalar que, desde el jueves, el magistrado analiza el pedido de prisión preventiva requerido por la Fiscalía y podría concluir este viernes.

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The post «Los Correcaminos del Sur II»: ¿Por qué concedieron libertad a 12 de 16 investigados? appeared first on El Buho.

El Poder Judicial rápidamente fijó la audiencia para este jueves, a partir de las 8 horas.

La fiscalía investiga la participación de los detenidos en el cobro de cupos y extorsiones a empresarios de transporte interprovincial y carga pesada, entre el 2015 y 2018. La presunta red Los Correcaminos del Sur era comandada por funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes. José Gamarra (exgerente de Transportes) y Juan Bermejo (exasesor de Yamila Osorio).

El requerimiento se presentó contra el coronel PNP, Richard Talavera Fuentes, jefe de Inspectoría de la Policía Nacional en Arequipa. Se incluyó a los funcionarios de la Gerencia de Transportes: Carmen Lelis Dávila Zevallos, Mirian Luz Chuquitape Saravia y Pedro Lucas Tite Mamani. Asimismo, a los transportistas: Carlos Huacani Bendita, Danny Oscar Humpire Sánchez, Domingo Mario Ilaquita Belizario, Gustavo Adolfo Ala Huancollo, José Ramos Apaza, Máxima Ticona Ccalli, Rafael Gil Chávez, René Arocutipa Lupaca, Sharon Wendy Ayerbe Salguero, Renato Alexis Perea Tejada y Antonio Choqueña Machaca. Estos dos últimos reconocieron públicamente haber sobornado a funcionarios de Transportes.

En cambio la fiscalía pidió la detención domiciliaria para el detenido, Manuel Hernán Salazar Valdivia, debido a que tiene 65 años de edad.

Los 16 intervenidos fueron trasladados en horas de la tarde a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Cuestionan actitud de uno de Los Correcaminos del Sur

La abogada del coronel PNP Richard Talavera manifestó que la prisión preventiva era un pedido desproporcionado. Según indicó, no hay pruebas que demuestren que su patrocinado esté relacionado con la red organizacional. La abogada afirmó que la hipótesis de la Fiscalía se basó en la declaración del imputado Gabriel Almonte.

Asimismo, acusó a la defensa de Almonte de pedirle a su patrocinado que se inculpara reconociendo un delito que, asegura, no cometió. Este acto irregular fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

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