En plena campaña de las Elecciones Generales 2026, el partido Alianza para el Progreso (APP) registra al menos seis procedimientos por propaganda electoral indebida en Ayacucho. Sin embargo, ninguno terminó en sanción. Los casos, tramitados ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huamanga, siguen un mismo patrón: detección de pintas en espacios prohibidos, apertura de […]
En plena campaña de las Elecciones Generales 2026, el partido Alianza para el Progreso (APP) registra al menos seis procedimientos por propaganda electoral indebida en Ayacucho. Sin embargo, ninguno terminó en sanción. Los casos, tramitados ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huamanga, siguen un mismo patrón: detección de pintas en espacios prohibidos, apertura de proceso, descargo del partido, retiro de la propaganda y archivo del expediente.
Las pintas fueron halladas en carreteras, muros públicos y predios privados en distritos de Huamanga, La Mar y Huanta, sin contar con autorización. Pese a ello, la organización negó su autoría y procedió a retirar el material tras ser notificada. El JEE aplicó el criterio de “subsanación voluntaria”, lo que permitió archivar los casos incluso cuando se trataba de hechos reiterados.
Especialistas advierten que esta práctica debilita el carácter disuasivo de la norma, ya que permite infringir la ley sin consecuencias. Aunque existen expedientes aún en trámite, el balance evidencia que, pese a las infracciones confirmadas, no se impusieron sanciones a APP en la región.
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El cooperativismo cafetalero peruano se encuentra en estado de alerta. Dirigentes y técnicos de las cooperativas agrarias, liderados por el sector cafetalero, exigieron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la instalación urgente de una mesa de trabajo de alto nivel. El objetivo es frenar y dejar sin efecto un paquete de disposiciones que […]
El cooperativismo cafetalero peruano se encuentra en estado de alerta. Dirigentes y técnicos de las cooperativas agrarias, liderados por el sector cafetalero, exigieron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la instalación urgente de una mesa de trabajo de alto nivel. El objetivo es frenar y dejar sin efecto un paquete de disposiciones que consideran «represivas y excluyentes», las cuales anulan el rol de representación que estas organizaciones ejercen en favor de sus miles de socios.
El malestar es profundo. Según Delky Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional del Café (JNC) y líder de la cooperativa CENFROCAFE, que agrupa a más de 2,500 familias productoras, llevan meses intentando dialogar con los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de Economía y Finanzas (MEF) sin obtener respuesta.
«Este inexplicable silencio genera zozobra entre los miles de agricultores», advirtió el dirigente cafetalero.
El golpe a la comercialización y exportación del café
El centro de la controversia es el Decreto Supremo 015-2026-EF, que reglamenta la Ley 32434, bautizada como de «promoción de la agricultura moderna». Esta norma, que entrará en vigencia en agosto de este año, elimina en la práctica el «acto de representación».
Para las cooperativas cafetaleras, cuyo modelo de éxito se basa en acopiar el grano de miles de pequeños productores para exportarlo a mercados internacionales, el impacto es devastador. Gutiérrez explicó que la nueva norma exige que el reintegro tributario (como el IGV, Impuesto a la Renta o el drawback por exportaciones) se tramite de manera individual por cada socio, ignorando que es la cooperativa la que realiza la compra de insumos y la venta del café al exterior.
Trabas burocráticas y discriminación
A la asfixia tributaria se suma una barrera administrativa. Para acceder a beneficios, los cafetaleros y demás agricultores deberán presentar un informe técnico-legal del Midagri que acredite su producción y registre sus bienes de capital.
El líder de la JNC calificó esta exigencia de irreal y discriminatoria. «El Midagri no tiene actualizados los registros de propiedad de la tierra (…) menos puede acreditar la producción y el comercio que realizan dos millones de pequeños agricultores», señaló Gutiérrez. Además, denunció que estas condiciones no se aplican a las grandes empresas agroindustriales, constituyendo una «discriminación económica y política» prohibida por la Constitución.
El peso del café y el cooperativismo
La advertencia del gremio cafetalero no es menor si se toma en cuenta el peso del sector. Hasta abril de este año, más de 130 mil pequeños agricultores operan formalizados en 1,406 cooperativas agrarias a nivel nacional.
Esta fuerza productiva, donde el café es uno de los principales motores, cultiva más de 450 mil hectáreas (un promedio de 3.5 hectáreas por socio familiar) y abastece tanto al mercado interno como a las exigentes plazas internacionales, exportando a más de 80 países. «Trabajamos nuestras tierras en condiciones adversas y excluidos de los fuertes incentivos que percibe la gran agricultura de la costa», lamentó el presidente de la JNC.
Frente a este escenario, las cooperativas cafetaleras y de otros cultivos de agroexportación han iniciado reuniones estratégicas para defender el modelo cooperativo. Su esperanza está puesta en que la PCM atienda su llamado e instale la mesa de diálogo para derogar estas medidas «anti-campesinas» antes de que se concrete el próximo cambio de gobierno, evitando así un inminente colapso en la cadena de comercialización del café peruano.
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La congresista María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez, junto a Alejandro Muñante y la bancada de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley 10342 que elimina el feminicidio del Código Penal y lo reemplaza por «asesinato de pareja»; la abogada especialista en género Beatriz May Ling Ramírez Huaroto calificó la iniciativa de retroceso grave para las mujeres en el Perú.
La propuesta excluiría casos emblemáticos como el de Eyvi Ágreda, quemada viva en un bus por un conocido del trabajo, y el de Sheila Condor, asesinada por alguien que la conocía apenas, porque ninguno de los agresores era pareja formal de las víctimas.
Jáuregui Martínez argumenta que la tipificación «viola el principio de igualdad ante la ley por sancionar con mayor ferocidad delitos contra mujeres»; sin embargo, la Asociación de Jueces del Perú respondió que «la igualdad no implica neutralidad frente a realidades desiguales».
Una década de avances legales en riesgo
El delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal hace más de quince años para reconocer que las mujeres son asesinadas en contextos de control y posesión; hace ocho años la pena se elevó tras el caso de Eyvi Ágreda, que evidenció la ferocidad de esta violencia diferenciada.
De aprobarse la norma, mujeres asesinadas por familiares, docentes, compañeros de trabajo o desconocidos quedarían fuera de toda protección específica; además, quienes hoy cumplen condena por feminicidio podrían beneficiarse de la reforma y salir en libertad.
Ramírez Huaroto advirtió que la iniciativa favorecería a los ya condenados, pues en derecho penal «la reforma más beneficiosa se aplica a quienes están cumpliendo prisión», revirtiendo años de procesos judiciales que las familias sostuvieron con enorme esfuerzo.
Tratados internacionales y casos que la ley ignoraría
El 34 % de los feminicidios está relacionado a celos, el 24,6 % tiene antecedentes de violencia familiar y el 8,6 % responde a la negativa de retomar la relación; todos estos móviles discriminatorios dejarían de considerarse feminicidio bajo la propuesta de Jáuregui Martínez.
«Lo que sancionamos hoy es el móvil discriminatorio, te mato como castigo final por no ser la mujer que debías ser», explicó Ramírez Huaroto, señalando que la reforma protegería un modelo rígido de familia en lugar de sancionar la discriminación que subyace al crimen.
Organizaciones civiles y la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio exigen que el proyecto no avance; de aprobarse, el Perú violaría además la Convención de Belém do Pará y los compromisos internacionales asumidos para prevenir y sancionar la violencia de género.
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Con el 100% de actas presidenciales procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó su reporte y determinó que Roberto Sánchez, lleva una ventaja sobre Rafael López Aliaga y estaría en la segunda vuelta con Keiko Fujimori.
De acuerdo a la información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el conteo de actas ha llegado al 97.704%, de un total de 92,766 actas. Esto significa que las actas que faltan contabilizar, que fueron enviadas a los jurados especiales electorales por impugnaciones o pedidos de nulidad, son solo 1,619.
Este es el cuadro al momento.
KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI: Cantidad de votos 2’809,499 con % votos válidos 17.131%
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO: Cantidad de votos 1’974,963 con % votos válidos 12.042%
RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA: Cantidad de votos 1’948,072 con % votos válidos 11.878%
JORGE NIETO MONTESINOS: Cantidad de votos 1’801,839 con % votos válidos 10.987%
RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI: Cantidad de votos 1’665,805 con % votos válidos: 10.157%
CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA: Cantidad de votos 1’297,485 con % votos válidos 7.911%
PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA Cantidad de votos: 1’198,825 Votos válidos: 7.310%
Las acctas faltantes ya han sido resueltas por los JEE y las peladas por el Jurado Naciional de Elecciones (JNE) y están en proceso de ser enviadas a la ONPE para llegar al 100% de conteo en los próximos días, según se informó.
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La norma fue aprobada gracias a una maniobra mañosamente encausada por el grupo político Perú Libre, que incorporó un párrafo extra dos minutos antes de la votación sin advertirlo
El pleno del Congreso aprobó este jueves una ley de contrabando para sacar a la abogada Delia Espinoza del cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima. La norma fue aprobada gracias a una maniobra mañosamente encausada por el grupo político Perú Libre.
El dictamen que había sido puesto en conocimiento de los legisladores para la votación tenía como único objetivo regular la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Sin embargo, dos minutos antes del registro de asistencia para emitir los votos, el cerronista Segundo Montalvo, en su condición de presidente de la Comisión de Educación, agregó un texto adicional de contrabando.
Cerronista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, expuso únicamente ante los congresistas la propuesta de crear el colegio profesional de artistas. Nunca dijo públicamente que iba a incorporar un texto adicional. Foto: Congreso
La secuencia de los hechos
Este dictamen ingresó para debate mientras Fernando Rospigliosi presidía la sesión. El parlamentario fujimorista anunció que se iba a debatir y votar la propuesta para la creación del colegio profesional de artistas. Sobre la marcha, quien lo reemplazó en la conducción fue Waldemar Cerrón.
Hubo pocas y débiles intervenciones. El legislador Segundo Montalvo, como presidente del grupo de Educación, expuso el dictamen y en ningún momento detalló que el texto incluía una disposición complementaria para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima. Eso ingresó después y de contrabando.
A las 5:27 p.m., Waldemar Cerrón anunció el registro de asistencia para proceder con la votación. Dos minutos antes; es decir, a las 5:25 p.m., su colega de bancada Segundo Montalvo había ingresado por mesa de partes el texto adicional de contrabando y esto no fue informado de manera pública a los congresistas.
A las 5:31 p.m. se cerró la asistencia para proceder a votar y el dictamen fue aprobado con 83 votos a favor.
A las 5:35 p.m. se cerró la votación y el dictamen fue aprobado por una amplia mayoría.
El párrafo de contrabando
La disposición adicional que incorporó Segundo Montalvo es de contrabando por la forma y el fondo. Por la forma, debido a que el texto ingresó por mesa de partes dos minutos antes del registro de asistencia para la votación y no fue informado públicamente.
En el expediente digital del Congreso, el archivo que incorpora el texto «modificaciones a la segunda disposición» aparece con posterioridad a la primera y segunda votación; situación de reafirma su incorporación de contrabando.
Y en el fondo, el párrafo incluido va más allá del contenido esencial del dictamen. Es decir, la ley aprobada era concretamente para crear un nuevo colegio profesional de artistas. Pero al final agregaron un texto para impedir que Delia Espinoza siga ejerciendo el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima.
El párrafo agregado señala lo siguiente: «No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública».
Nótese la hora de ingreso: 17:25 horas. Dos minutos antes del registro de asistencia para la votación.
Este Congreso inhabilitó a Delia Espinoza, pero esa sanción política es solo para ejercer cargos en el Estado. Por lo tanto, la abogada no tuvo impedimento para ser elegida decana, con más de 29 mil votos de los abogados de Lima.
Por esta razón, el grupo Perú Libre apuró el dictamen de contrabando y la propuesta tuvo el respaldo en votos de casi todas las bancadas.
La votación
La norma fue aprobada con 83 votos a favor. Casi todas las bancadas respaldaron la propuesta, incluyendo Fuerza Popular y los partidos en vías de extinción Alianza Para el Progreso y Podemos Perú. También lo hizo Juntos Por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez. Solamente el Bloque Democrático votó en contra.
Luego de esta primera etapa, el cerronista Segundo Montalvo pidió la exoneración de la segunda votación. En ningún momento alertó públicamente a sus colegas sobre el párrafo que había agregado de contrabando.
Tras consumarse los hechos, Edgard Reymundo y Jaime Quito presentaron reconsideraciones para volver a votar la exoneración. Sin embargo, Fernando Rospigliosi cerró la sesión del plen, sin someter a votación estos pedidos. En el fondo, estaba avalando la maniobra y nueva persecución contra Delia Espinoza.
Publicado originalmente en la plataforma congrezoo.pe, afiliada a la Red de Medios Regionales del Perú
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Periodista político. Exbecario del International Visitor Leadership Program (IVLP) del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU., 2025). Exbecario del VI Diplomado Internacional de Medios para Comunicar el Patrimonio del Instituto Internacional de Periodismo José Martí - UNESCO (Cuba, 2016). Exbecario del Campamento Internacional de Cine Documental AcampaDOC de la Fundación INDICRI (Panamá, 2015). Exbecario de la Fundación Para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez para el taller Periodismo y Literatura (Colombia, 2008).
Desde la madrugada de este 1° de mayo, cuando el cielo aún permanecía oscuro, comenzaron a partir los primeros vehículos con destino a Chapi. Desde las 4 a.m, numerosas minivans trasladaron a quienes buscaban acortar el trayecto. Sin embargo, otros miles optaron por lo tradicional: caminar. Bajo un sol intenso y a través de un terreno árido, avanzaron durante dos y hasta tres horas, impulsados por una fe que no se detuvo ante el cansancio.
El recorrido es exigente. Subidas empinadas, descensos polvorientos y afilados, además de un calor intenso. Algunos peregrinos cargan piedras en la espalda como acto de penitencia y esperanza, las cuales dejan en el sector de las Tres Cruces, confiando en que la Virgen de Chapi escuche sus plegarias.
Esta tradición religiosa, considerada una de las más tradicionales del Perú, tiene siglos de historia y continúa convocando a multitudes. Este año, el santuario fue reconstruido tras los daños ocasionados en meses pasados, y este pasado 1 de mayo la Virgen volvió a congregar a miles de fieles, una vez más.
En la siguiente galería, algunas de las estampas que se produjeron en la peregrinación 2026.
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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió que su procurador presente una denuncia penal en contra de los jueces de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial que se negó a acatar un fallo del Tribunal Constitucional porque consideran que el TC no puede ver ni resolver causas en trámite ni interferir en las funciones del Poder Judicial.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso «fortalecer la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026», según comunicado que lo explica como «una acción concreta y decidida para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales».
El comunicado añade que la medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables.
Auditoría con expertos independientes
La auditoría contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral. La instancia, integrada por profesionales externos e independientes, tendrá como labor emitir opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas. Así, se espera fortalecer la solidez del proceso, informó el JNE.
Asimismo, el ente electoral anuncia que impulsará la participación de especialistas nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación institucional, con el propósito de garantizar una revisión técnica imparcial, calificada y alineada a estándares internacionales.
«En esta nueva etapa, se ha dispuesto ampliar y fortalecer la conformación del Comité, incorporando expertos nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas, consolidando un enfoque multidisciplinario que permita una evaluación técnica de alto nivel. La independencia del Comité está plenamente garantizada, ya que sus integrantes no mantienen vínculo institucional con el JNE, asegurando así la emisión de criterios objetivos, autónomos y sustentados en evidencia técnica».
El Comité continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para asegurar «procesos íntegros, auditables y confiables», señalan.
El grupo al que aluden se creó mediante Resolución N.° 00206-2025-P/JNE, con el propósito de aportar análisis técnico y jurídico en la formulación de acciones, estrategias y propuestas en materia electoral.
Acoso y amenazas contra el presidente del JNE
Esto ocurre luego que el domicilio del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, fuera objeto de acoso y hostigamiento por parte de grupos radicales que protestan contra el ente. Seguidores del excandidato Rafael López Aliaga, quienes no reconocen los resultados oficiales y abogan por elecciones comlementarias, comandan estas acciones. Ni la policía, ni las municipalidad de San Borja, donde está ubicado el domicilio de la autoridad electoral se han pronunciado sobre los discursos violentos que acompañan estas manifestaciones.
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Comienzan los acomodos para la Segunda Vuelta: Pese a la resistencia de Rafael López Aliaga, el candidato Roberto Sánchez ya inició su campaña para la segunda vuelta incluyendo en su equipo a José Domingo Pérez. Mientras, Jorge Nieto, deshoja margaritas y dice que esperará a los resultados oficiales para definir su posición de cara al balotaje.
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El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde del distrito de Miguel Iglesias, Santos Alejandro Delgado Díaz, y el gerente municipal, Edson Ronaldo Mendoza Domínguez, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio de la municipalidad distrital. La medida fue dictada por el Séptimo Juzgado de […]
El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el alcalde del distrito de Miguel Iglesias, Santos Alejandro Delgado Díaz, y el gerente municipal, Edson Ronaldo Mendoza Domínguez, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio de la municipalidad distrital.
La medida fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca.
De acuerdo con la investigación fiscal, ambos funcionarios habrían solicitado la suma de 200 mil soles a un empresario a cambio de gestionar el pago de una liquidación pendiente de S/ 875,712.91, correspondiente a un contrato de obra suscrito el 14 de noviembre de 2023 para la instalación de unidades básicas de saneamiento en diversas localidades del distrito.
Según la tesis del Ministerio Público, el gerente municipal habría pedido al empresario firmar un acta de acuerdo que permitiera justificar la retención de los 200 mil soles, argumentando una supuesta deuda por mano de obra no calificada y otros gastos. Sin embargo, dicha deuda no existiría.
Las investigaciones revelan que el documento habría sido simulado y modificado hasta en tres ocasiones. Incluso, una de estas actas fue respaldada mediante resolución de alcaldía y remitida a la oficina de tesorería para proceder con el giro del dinero.
Tras la denuncia presentada, la fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional a través de la Dircocor, ejecutó diversas diligencias, incluyendo la recopilación de documentos y registros de comunicaciones.
El operativo culminó el pasado 25 de marzo de 2026 con la detención en flagrancia del alcalde en la provincia de Celendín y del gerente municipal en el propio distrito de Miguel Iglesias. Ambos investigados permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.
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El Consejo Regional de Puno aprobó declarar emergencia sanitaria regional por brote de sarampión, con 16 votos a favor, por un plazo de 60 días hábiles prorrogables según la evolución epidemiológica, con énfasis en las zonas más afectadas de la región. La moción, presentada en sesión ordinaria, dispone que la DIRESA Puno active el plan […]
El Consejo Regional de Puno aprobó declarar emergencia sanitaria regional por brote de sarampión, con 16 votos a favor, por un plazo de 60 días hábiles prorrogables según la evolución epidemiológica, con énfasis en las zonas más afectadas de la región.
La moción, presentada en sesión ordinaria, dispone que la DIRESA Puno active el plan de contingencia regional en un máximo de 48 horas, intensificando brigadas de vacunación, búsqueda activa de casos, barridos epidemiológicos, bloqueos y campañas de sensibilización a la población.
«La provincia más atacada es la provincia de San Román, también tenemos la provincia de Sandia, y en Yunguyo ya hay dos casos sospechosos; esto es preocupante, colegas», advirtió el consejero regional de Chucuito, quien además reportó un caso confirmado en su propia provincia por su condición de zona fronteriza con Bolivia.
Escenario epidemiológico y respuesta institucional
El brote inició con dos casos registrados y escaló a 82 casos confirmados al momento de la sesión, con mayor concentración en la provincia de San Román, Juliaca, específicamente en el municipio de San Miguel, según informó el Director Regional de Salud ante el pleno.
El impacto afecta principalmente a niños en edad escolar, ante la resistencia de padres de familia a la vacunación y la falta de facilidades de las instituciones educativas para el ingreso de brigadas, situación denunciada por funcionarios de la DIRESA Puno durante la sesión.
El consejero regional de Carabaya, Víctor Raúl Tacuri Isme, como presidente de la comisión ordinaria de salud, presentó además un dictamen complementario que recomienda declarar de prioridad sanitaria la lucha contra la enfermedad en la región, orientando la actuación articulada de todas las entidades públicas.
Mandatos técnicos y gestión ante el Ejecutivo Nacional
El acuerdo regional aprobado instruye al Ejecutivo del Gobierno Regional a remitir solicitud formal de declaratoria de emergencia nacional ante el INDECI y el MINSA, adjuntando el informe técnico de riesgos epidemiológicos elaborado por la DIRESA Puno, conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley 29664.
Entre las acciones técnicas prioritarias figuran el aseguramiento de vacunas, la cadena de frío e insumos críticos, la movilización de recursos humanos en zonas críticas y las acciones de comunicación de riesgo dirigidas a la población, debatidas extensamente durante la sesión matutina del consejo.
Al concluir el plazo de 60 días, la DIRESA deberá presentar un informe detallado al Consejo Regional sobre los resultados de la declaratoria, mecanismo de rendición de cuentas que fue incorporado a pedido de los consejeros durante el debate previo a la votación.
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Escribe: Yvette Sierra Praeli – Mongabay Latam A Guido Noblecilla lo encontramos navegando en el estero Matapalo, en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Estaba en plena faena de pesca, buscando atrapar un robalo o cualquiera de las especies que se encuentran en las aguas del área protegida, un ecosistema único que protege más de 2000 […]
A Guido Noblecilla lo encontramos navegando en el estero Matapalo, en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Estaba en plena faena de pesca, buscando atrapar un robalo o cualquiera de las especies que se encuentran en las aguas del área protegida, un ecosistema único que protege más de 2000 hectáreas de bosque de manglar en Perú, donde el pescador tiene autorización especial para su actividad.
Protegido con una gorra para el sol y provisto de sus herramientas para pesca de pinta -la que solo utiliza el cordel-, Noblecilla se sumerge casi todos los días en las aguas de los esteros siguiendo una tradición familiar. Aprendió a pescar a los 10 años, con su padre, quien también lo aprendió de su abuelo.
Guido Noblecilla pesca con sus herramientas de pinta, el método que solo usa el cordel. Foto: Leandro Amaya
Son varias generaciones de pescadores que realizaban estas faenas desde antes de que los manglares de Tumbes sean declarados por el Estado peruano como santuario nacional. Por eso, Noblecilla conserva su título de pescador ancestral, junto con otros 20 pescadores, que están autorizados para realizar la pesca dentro de un área protegida con el máximo nivel de conservación.
“Nuestros padres y nuestros abuelos estuvieron aquí, por eso nosotros también podemos estar en esta zona”, afirma mientras desde su bote muestra cómo utiliza las diferentes carnadas para atrapar a cada una de las especies de peces que ingresan desde el mar Pacífico a los canales naturales del área protegida.
“Cuando estamos aquí, nos sentimos parte de esta naturaleza y muy agradecidos por haber nacido en Tumbes, alrededor de estos ecosistemas. Es extraordinario, los manglares son maravillosos”, asegura el pescador que ahora lidera la Asociación San Pedro, una de las seis agrupaciones que forman parte del Consorcio Manglares, organización que junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) están a cargo de mantener intacto uno de los lugares más espectaculares en Perú.
—¿Desde cuándo se dedica a la pesca en el santuario?
—Mi padre era pescador y extractor de conchas y, desde niño, más o menos a los 10 años, comencé a entrar con él, cuando los manglares todavía no habían sido reconocidos como santuario. En esa época prácticamente toda la cobertura de bosque de manglar estaba completa. Había harto recurso y mi papá prácticamente nos mantenía de esas actividades. Yo entraba con él, pero no para trabajar, sino porque me gustaba, me apasionaba estar dentro de ese ecosistema. Lo acompañaba a pescar.
Luego, cuando a los 20 años me comprometí, empecé a trabajar para mantener a mi familia. Era extraordinario porque el ecosistema era tan productivo que uno no se preocupaba por seguir estudiando, por tener otras actividades, sino, simplemente, se dedicaba a la pesca, a la extracción de conchas.
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes abarca más de 2000 hectáreas de bosques de manglar. Foto: Yvette Sierra Praeli
—¿Usted pertenece a una familia de extractores y pescadores?
—Exacto. Hace varias décadas, mis tatarabuelos fueron dueños de la Hacienda Zarumilla, hasta antes de la reforma agraria, cuando repartieron las tierras. Desde entonces, mis abuelos se dedicaron a la captura de un pez que se llama lisa. Mi papá también se dedicaba a la extracción de conchas y a la captura de peces.
Según me comentan, mi familia proviene de Portugal. Eran dos hermanos, uno se quedó en Ecuador y otro pasó a Zarumilla, en Perú. Los dos, bastante ambiciosos, comenzaron a producir estas tierras, a comprar ganado, convirtiéndose prácticamente en dueños de un 90 % de estas tierras. Antes, las personas para salir a pescar, para construir una casa, para cortar leña, tenían que primero pedirle permiso a ellos.
Varias generaciones tuvieron por herencia diferentes cantidades de ganado y tierras hasta que llegó la reforma agraria. Mi papá se dedicaba a la agricultura y a la pesca porque eran actividades en las que se sentía libre.
—¿Cómo era su experiencia de ir a pescar cuando era niño?
—En esa época no habían bicicletas, no había motos, no había pistas hacia la zona de pesca. Los caminos eran trochas y nos íbamos a las 4 o 5 de la mañana a pie. Dos horas y media de camino desde Zarumilla hasta la playa El Bendito. Todos los días íbamos a pie a la actividad de las conchas o a pescar.
Luego, cuando tenía más o menos 15 años, nos dedicamos a la extracción o la recolección de larvas de langostino. Entonces, los días que no iba al colegio, sábados y domingos, me iba a pescar y a extraer larvas. Esto duró varios años hasta que terminé secundaria y luego, a los 20 años, me dediqué a la extracción de conchas negras y de cangrejo rojo de manglar, unos 12 años, hasta que el ecosistema fue decayendo. Entonces opté por dejar de extraer conchas y me dediqué a la pesca.
—Afirma que el ecosistema empezó a decaer. ¿Qué pasó?
—Antes de la llegada de las empresas langostineras, todo el ecosistema manglar de toda la región de Tumbes estaba completo, pero debido a que estas empresas ocupaparon áreas para la crianza de estos langostinos, empezaron a talar grandes extensiones de bosque de manglar, estaban destruyendo toda la biodiversidad.
Eran zonas bastante productivas en conchas y en cangrejo rojo de manglar y de diferentes especies menores que servían para el ciclo biológico de las aves y otras especies que se alimentan de esos pequeños crustáceos. Pero todo comenzó a mermar. Ese fue el mayor problema que tuvimos en las décadas de 1980 y 1990. Por eso, si no se daba la ley para el santuario nacional, no estaríamos hablando ahorita de un santuario de 2972 hectáreas.
Guido Noblecilla, en plena faena de pesca en el estero Matapalo. Foto: Yvette Sierra Praeli
—¿Qué cantidad de bosques se perdió por las langostineras?
—Teníamos más de 20 000 hectáreas de bosque de manglar en todo Tumbes. Ahora contamos con alrededor de 8000 hectáreas. Estamos hablando de más del 50 % de bosque de manglar que se perdió.
—¿Esta reducción del ecosistema afectó también a la pesca?
—Antes uno escogía los peces para poder capturarlos. Uno decía: en tal sitio abunda el robalo, en esta zona hay pargo, en la zona de Capones hay corvinas o robalo grande. Entonces, uno escogía los sitios porque sabía que ahí era mejor para la pesca. Cuando las empresas langostineras comienzan a lavar sus pozos, el agua con sedimentos los botaban a los canales artificiales que llegaban a los esteros naturales. Entonces, ocasionaron un grandísimo daño porque al lavar sus pozas para desinfectarlas empiezan a echar cal y otros productos químicos hacia los esteros.
Como consecuencia, los peces disminuyeron porque los que entraban a desovar a los canales se encontraban con esas aguas fuertes y optaban por regresar al mar y algunos morían.
—¿Ahora qué peces están disponibles en los manglares?
—Las especies que más se pescan en el santuario, que uno busca en las aguas más puras, donde prácticamente no hay contaminación, es la cachema, que es un tipo de corvina pequeña. Encontramos frecuente por esas zonas al robalo rayado, que es más grande; el roncador; el periche; la chaparra; y la lisa. Ya no en la misma dimensión que había antes, pero sirven para subsistir.
—¿Usted realiza solo pesca con cordel?
—La pesca con cordel es una actividad que no perjudica a nadie porque es selectiva. Donde hay 100 peces, con suerte captura 5, 6, 10 o 20. Pero si la persona tira una malla [red], quizá captura 20, 30 y al resto los asusta. Es un poco fuerte esa actividad para el ecosistema que tienen los canales no tan profundos.
El pescador Guido Noblecilla muestra cómo se utiliza los diferentes tipos de carnadas. Foto: cortesía Maritza Madrid Guerrero
Para las faenas de pesca primero capturamos los langostinos con la atarraya y eso nos sirve como carnada. La atarraya es una malla de nylon tejida, con plomo en la parte inferior. Se tira al agua para que caiga en forma de plato redondo y el peso del plomo hace se hunda en el canal, atrapando los langostinos que están dentro de esos canales. Por eso, no vamos de frente a la actividad de pesca a cordel, sino que primero tenemos que buscar la carnada.
Después de una hora y media o dos horas, nos dirigimos a la embarcación para ir a los esteros. Llegamos como a las 7 de la mañana. Pero no todos los días es a la misma hora. A veces un día sacamos la carnada, la guardamos en un balde dentro del canal para que permanezca viva y al día siguiente salimos a las 3:30 o 4 de la mañana de frente a la actividad de la pesca.
Todo depende de la marea. Por eso siempre miramos la tabla de mareas, si el volumen de agua será elevado y luego será bajo. De acuerdo a eso también se escogen los sitios para pescar. No es solo coger los cordeles, coger la atarraya e irse a cualquier hora. Hay que saber a qué hora uno puede ingresar y qué horas son mejores las mareas para poder pescar. La pesca es una aventura, un día puedo capturar bastante y al día siguiente nada.
—¿Por qué, como pescadores ancestrales, pueden trabajar dentro del santuario?
—A nivel nacional solamente existen siete santuarios nacionales, que tienen carácter de intangibilidad, pero si hay actividades que se vienen haciendo ancestralmente dentro del santuario, se puede continuar, respetando las normas establecidas, ya sea por ordenanzas o por cualquier acuerdo. Nosotros como extractores debemos respetar esas ordenanzas, como, por ejemplo, no extraer cangrejo rojo y conchas negras que tengan menos de la talla mínima.
Para los peces, antes se aplicaba una pesca de rodeo con redes con cocadas pequeñas que era perjudicial para el área, entonces se decidió que esa red debería desaparecer y, poco a poco, desapareció, ya no había matanza de especies menores. Todo eso tiene que respetarse para seguir realizando las actividades ancestrales dentro del área.
—¿Cuántos pescadores hay dentro del área?
—Unos 20 pescadores. Son 2972 hectáreas de santuario, que incluye las islas de manglar y los canales naturales, pero si vemos la extensión de los esteros creo que sería el 10% de todo el manglar.
Solo los pescadores y extractores ancestrales están autorizados para realizar actividades dentro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Foto: Leandro Amaya
—¿Lo que pesca en el Santuario es para consumo personal?
—Acá en el santuario, debido a que somos pocos pescadores, a diferencia de otros puertos, la pesca que obtenemos en un día la llevamos al pueblo, a veces la vendemos entre la familia o los vecinos y cuando traemos regular pesca que, por ejemplo, supera los 15 kilos, lo podemos vender a un intermediario. En mi casa, cuando traigo 5 o 6 kilos, lo vendemos entre la familia o los vecinos.
—¿Por qué se creó la Asociación San Pedro?
—Nace en 1988 debido a que las autoridades comenzaron a hostigar al pescador y las empresas langostineras comenzaron a posesionarse de una forma tan agresiva de los espacios que, si uno cruzaba por un muro que ellos habían construido, comenzaban a intimidar disparando balas, nos asustaban. Entonces, optamos por agruparnos y formar esta asociación con la finalidad de tener un respaldo y enfrentar la situación de una forma legal para que todos los compañeros tengan un poco más de tranquilidad y un respaldo.
La Asociación San Pedro nació con 132 personas entre pescadores, concheros, extractores de cangrejo, recolectores de larva de langostino. Posteriormente, se dividió y se formaron otras asociaciones que hasta el día de hoy permanecen.
Ahora tenemos 43 socios que se dedican a la extracción de concha de cangrejo rojo de manglar, a la pesca con cordel y una mínima proporción son extractores de conchas negras. Además, nos acompaña un grupo de mujeres, esposas e hijas de los extractores, que conforman un comité de damas, quienes se dedican, por ejemplo, a sacar la pulpa de cangrejo para comercializar. Y cuando hay paquetes de turismo que quieren alimentación, nos avisan primero a nosotros y coordinamos con el comité de damas para brindar ese servicio a los turistas. En total somos alrededor de 60 personas.
Noblecilla lidera actualmente la Asociación San Pedro. Foto: Yvette Sierra Praeli
—¿La asociación forma parte del Consorcio Manglares?
—Todas las organizaciones acordamos formar parte de este consorcio, con la finalidad de que los proyectos puedan ser canalizados hacia el consorcio para poder ejecutarlos nosotros mismos dentro del área y hacer las rendiciones de cuenta como es debido, pero que todo quede dentro del área, que sea en beneficio de las diferentes organizaciones para mejorar la calidad de vida. Nosotros como asociaciones, como consorcio tenemos un equipo técnico que puede administrar y ejecutar los proyectos.
—¿En el santuario existen amenazas?
—Lamentablemente sí, por ser zona de frontera, tenemos el ingreso de señores que entran con embarcaciones o botes grandes y redes desde Ecuador. Como consorcio hemos hablado con la jefatura del Sernanp [Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas] para tener reuniones con la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional para que ofrezcan mejor control y vigilancia. Parece que ya se está consiguiendo porque hemos visto lanchas de la marina dentro de los esteros y eso hace que los señores ya no ingresen al área. Todo se hace con el consorcio, para mejorar la situación dentro del ecosistema.
Estoy convencido de que si seguimos trabajando así como consorcio, de la mano con las autoridades, este ecosistema va a mantenerse y mejorarse. Nosotros siempre esperamos que alguien apueste por el santuario. Supongamos que hoy día van a entrar diez extractores de conchas negras, pero que llegan 15 a 20 turistas, entonces, esos extractores ya no van a ir a sus faenas de todos los días, sino que se van a dedicar al turismo. Si eso ocurre a menudo, quiere decir que los extractores tendrían otra actividad, una alternativa para dejar de extraer y lograr que los recursos aumenten.
Antes de la creación del santuario, antes de la creación de las vedas al cangrejo rojo, por ejemplo, en los meses de diciembre y enero, en la temporada que se ponían las cangrejas en celo y los cangrejos machos salían detrás de ellas, las personas que no eran asociadas, que no conocían de conservación ni del manglar, simplemente cogían un saco cualquiera y comenzaban a recolectar hembras, machos pequeños, hacían una barrida dentro del área. Entonces, eso comenzó a disminuir el recurso, pero con las vedas eso cambió.
El ingreso de pescadores no autorizados es una de las amenazas en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Foto: Yvette Sierra Praeli
Antes, un extractor de cangrejo sacaba 150 unidades en un promedio de tres horas. Un extractor de conchas negras sacaba en promedio 300 a 400 conchas y todas escogidas, en un promedio de tres horas. Hoy, un extractor de cangrejo rojo de manglar, en cinco horas, extrae 48 unidades. Y los extractores de conchas que sacaban 300 a 400 en tres horas, hoy, en cinco horas sacan entre 70 a 100 conchas. Sin la creación del santuario, sin las vedas, sin el consorcio, hoy las conchas negras y el cangrejo rojo del manglar serían un recuerdo.
Por eso estamos luchando como asociados, como personas que pertenecemos a este ecosistema, que prácticamente hemos nacido en este sitio, para que se hagan las cosas bien y para conseguir más proyectos, con la finalidad de que todos tomen conciencia y digan: este territorio, estas conchas son nuestras y tenemos que cuidarlas.
—¿Qué significa para usted el santuario?
—El santuario es mi tranquilidad. No digo que me sienta mal en mi casa porque mi familia es hermosísima. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, mis nietos, que son hermosísimos. Pero estar en el ecosistema de manglar, en el santuario, es relajante, uno se siente parte de la naturaleza. Yo siempre digo: el día que no esté aquí, si hay otra vida, quisiera llegar a un lugar igual.
* La versión original de esta entrevista fue publicada por Mongabay Latam.
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Mientras Perú y Ecuador ya registran calentamiento costero y riesgo de lluvias intensas, Colombia enfrenta la amenaza de sequías severas y México una combinación de déficit de lluvias y mayor actividad ciclónica en el Pacífico.
*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina
Escrito por Astrid Arellano, fuente: Mongabay Latam. Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.
Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.
“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.
Las barras muestran la probabilidad de El Niño (barras rojas), ENSO-Neutral (barras grises) y La Niña (barras azules) para nueve temporadas superpuestas de tres meses (cada letra representa un mes; por ejemplo, M = mayo; J = Junio). El sombreado de color dentro de las barras indica las probabilidades de diferentes categorías de intensidad de El Niño o La Niña (débil, moderada, fuerte y muy fuerte). Tabla: cortesía NOAA
Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.
En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.
Mongabay Latamconversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.
Perú: un Niño que ya está en marcha
En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.
Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.
A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.
La gente inspecciona la carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026, producto de El Niño costero. (Foto AP/José Sotomayor)
Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.
“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.
La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.
Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.
Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.
Las lluvias y posibles inundaciones causadas por El Niño pueden propiciar enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Foto: Minsa
Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.
“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.
En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.
Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).
En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.
Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.
En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.
Fuertes lluvias de 2024 en el cantón Alausi, en la provincia de Chimborazo en Ecuador. Foto: cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos
La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.
“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.
El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.
Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.
Las lluvias e inundaciones en Ecuador dejaron más de 130 mil damnificados en 2025. Foto: cortesía Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.
“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.
A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.
En 2024, la Alcaldía de Bogotá hizo llamado a la ciudadanía hacer uso razonable del agua para superar los efectos del fenómeno de El Niño. Esto, luego de largas semanas sin lluvias y sequía en las zonas de influencia de los embalses. Foto: cortesía Alcaldía de Bogotá
Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca. Y problemas en el suministro de agua potable como un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.
El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas.Esto, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992. En aquel momento, un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.
En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.
Impactos de la sequía de 2015 en los Montes de María, en el Caribe colombiano. Foto: cortesía Corporación Desarrollo Solidario – CDS.
Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.
Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.
En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja. Se dan menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.
Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.
El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México. Allí, la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.
En las comunidades indígenas comcaac del noroeste de México, habitantes de regiones desérticas, la sequía y la falta de acceso al agua potable son el común denominador. Foto. Astrid Arellano
A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño,la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.
El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.
“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas. Sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.
Ante la ausencia institucional y la falta de apoyos tras el azote del huracán Otis en Acapulco, al sureste de México, la población damnificada participó en saqueos para conseguir alimentos en 2023. Foto: Óscar Guerrero / Amapola Periodismo
Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.
También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.
Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.
En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.
Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.
“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.
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Juristas señalan que la cláusula habría sido expresamente incorporada en la norma con el objetivo de retirar a Delia Espinoza también del cargo de Decana del Colegio de Abogados de Lima que ejerce actualmente
La aprobación del dictamen que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú ha generado debate no solo por la conformación de este nuevo gremio, sino por una disposición incorporada en el texto final que parece destinada a afectar a Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima.
La norma, aprobada por el pleno del Congreso con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, establece que las personas inhabilitadas para ejercer función pública no podrán integrar la comisión organizadora «ni ocupar cargos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales». Este punto genera cuestionamientos por su posible aplicación a situaciones vigentes. Y porque se introdujo, aparentemente a última hora, sin tener relación directa con la creación del Colegio Profesional de Artistas.
En ese contexto, el caso de Espinoza sería el único al momento en que se podría aplicar debido a que fue inhabilitada por el Congreso para ejercer función pública, sanción que ella ha rechazado y calificado como parte de una persecución en su contra. Actualmente, se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo al que accedió mediante elección interna.
Desde el ámbito político, algunas parlamentarias han señalado que la inclusión de esta cláusula no fue debidamente deliberada durante el proceso legislativo. Asimismo, advirtieron que su alcance podría afectar directamente a autoridades en funciones dentro de colegios profesionales.
Por su parte, especialistas en derecho han indicado que los colegios profesionales tienen naturaleza autónoma. Así, la aplicación de esta disposición podría generar controversias legales, especialmente en relación con autoridades elegidas antes de la vigencia de la norma.
Además, se han planteado dudas sobre si esta medida podría aplicarse de manera retroactiva. O si solo regiría para futuras designaciones dentro de los gremios profesionales, lo que abre un escenario de interpretación jurídica.
El dictamen, cuyo objetivo principal es la creación de un colegio profesional para artistas, quedó expedito para su eventual promulgación. Esto luego de pasar sospechosamente exonerada de segunda votación. No obstante, el debate se mantiene centrado en los alcances de la cláusula incorporada por su posible impacto en el caso de Delia Espinoza.
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El economista Roger Grandez sostuvo que los conflictos sociales en el sector hidrocarburos responden, en gran medida, a la falta de resultados en la gestión de recursos destinados a las comunidades de Loreto. Indicó que, pese a los millonarios montos asignados por canon y otros mecanismos, estos no se traducen en mejoras en servicios básicos […]
El economista Roger Grandez sostuvo que los conflictos sociales en el sector hidrocarburos responden, en gran medida, a la falta de resultados en la gestión de recursos destinados a las comunidades de Loreto.
Indicó que, pese a los millonarios montos asignados por canon y otros mecanismos, estos no se traducen en mejoras en servicios básicos como agua, salud o educación. Según explicó, gran parte del presupuesto se concentra en obras urbanas que no atienden las necesidades de las zonas directamente afectadas por la actividad petrolera.
Grandez cuestionó además la débil supervisión del Estado y la falta de planificación en los gobiernos locales y regionales. Señaló que existen recursos importantes, pero sin seguimiento ni indicadores claros de impacto, lo que ha generado descontento en las comunidades indígenas.
También advirtió sobre prácticas inadecuadas en la gestión pública y la necesidad de cambios en la dirigencia y en la forma de ejecutar proyectos, a fin de evitar que continúen los conflictos en la región.
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En el marco de esta tradicional festividad, miles de fieles no solo acuden al santuario ubicado en Polobaya, sino que también llevan su devoción al santuario de Chapi en Charcani. En ambos espacios, la fe acompaña cada paso de los peregrinos.
La festividad de la Virgen de Chapi, considerada una de las celebraciones religiosas más antiguas y arraigadas del Perú, congrega cada 30 de abril a miles de fieles que emprenden una peregrinación hacia el santuario ubicado en el distrito de Polobaya, en Arequipa.
Esta tradición, que se mantiene vigente desde hace cientos de años, moviliza a devotos provenientes de distintos puntos de la región y el país, quienes recorren a pie más de 60 kilómetros como muestra de fe y devoción.
No obstante, un sector de los fieles opta por alternativas más accesibles y acude al santuario de Charcani, donde también se realizan actos religiosos en honor a la Virgen de Chapi. Y, para otro tanto, está el templo de Chapi Chico, en la misma ciudad (miraflores). De esta manera, la celebración se desarrolla en distintos puntos, manteniendo su carácter masivo y su relevancia en el calendario religioso regional.
Santuario de Chapi
El santuario principal de la Virgen de Chapi se ubica en el distrito de Polobaya, aproximadamente 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Arequipa, y constituye uno de los principales centros de peregrinación del sur del país.
La historia de la Virgen de Chapi se remonta a 1743, cuando la imagen aún era conocida como la Virgen de la Candelaria. En ese entonces, contaba con una pequeña capilla de barro y piedra, con techo de paja y de dimensiones reducidas. Esta construcción, conocida como la “capilla vieja”, estaba ubicada a unos cinco kilómetros del santuario actual.
El origen del nombre de la Virgen de Chapi
En ciert ocasión, se intentó trasladar la imagen hacia la zona de Sogay. Sin embargo, según la tradición, el traslado no pudo concretarse, ya que la imagen se volvió inamovible al llegar a una cuesta.
Testimonios refieren que mujeres quechua hablantes escucharon una voz atribuida a la Virgen que decía “Chaypi, chaypi” “Aquí, aquí”, lo que fue interpretado como una señal para que permaneciera en ese lugar.
A partir de entonces, la imagen fue renombrada como Nuestra Señora de Chapi y en ese mismo lugar se levantó un nuevo templo. Con el paso del tiempo, este espacio se consolidó como un importante centro de peregrinación, al que acuden miles de devotos no solo de Arequipa, sino también de distintas regiones del país.
Santuario de la Virgen de Chapi en Charcani
Situado en la parte alta de Cayma, se encuentra el santuario de la Virgen de Chapi, en el sector de Charcani. Los fieles provenientes de distintos distritos de Arequipa acuden a este lugar para participar en las misas y actividades religiosas en honor a la imagen.
Según la tradición, la Virgen María se habría manifestado en una formación rocosa denominada “La Tomera”. Este nombre estaría asociado a su relación con el manejo del agua, lo que llevó a los pobladores a rendirle ofrendas y expresar su fe mediante diversas prácticas devocionales.
En 1924, tras la apertura del túnel que conduce el agua hacia la irrigación de Zamácola, se originó la devoción a la Virgen de la Asunta, que con el tiempo pasaría a ser conocida como la Virgen de Chapi.
Posteriormente, en 1967, comenzó la edificación del santuario actual gracias a la organización de distintos comités. Con los años, la cantidad de fieles se incrementó y, desde 1990, la administración del lugar quedó en manos de la parroquia de la Santísima Cruz de Acequia Alta.
Al igual que en el santuario de Chapi en Polobaya, cada primero de mayo los peregrinos llegan para orar y pedir por sus familias. Además, buscan participar en la misa central por esta importante fecha. Las actividades se inician desde muy temprano en la mañana, cuando muchos fieles aprovechan para llegar con anticipación y ubicarse más cerca de la imagen.
La venerada imagen de nuestra “Mamita” es colocada en la parte alta. Allí puede ser observada por los fieles, adornada con arreglos florales para que todos puedan apreciarla y rendirle homenaje.
Más allá del lugar, sea en el santuario de Polobaya o en el de Charcani, la devoción a la Virgen de Chapi es la misma. Aunque los caminos, distancias y formas de peregrinar puedan variar, miles de fieles coinciden en el propósito: expresar su fe, agradecer y renovar sus promesas
Así, la festividad no se limita a un solo espacio, sino que se extiende a distintos puntos donde la imagen es venerada con igual fervor.
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En Puno, la alerta sanitaria por el avance del sarampión ya empieza a impactar en decisiones clave. La Dirección Regional de Educación (DRE) confirmó que se evalúa el posible retorno a clases virtuales como medida preventiva frente al riesgo de contagio en instituciones educativas. No es una decisión tomada, pero tampoco es lejana. Lo que […]
En Puno, la alerta sanitaria por el avance del sarampión ya empieza a impactar en decisiones clave. La Dirección Regional de Educación (DRE) confirmó que se evalúa el posible retorno a clases virtuales como medida preventiva frente al riesgo de contagio en instituciones educativas.
No es una decisión tomada, pero tampoco es lejana. Lo que se está viendo ahora mismo es cómo evoluciona el brote.
Vigilancia en tiempo real
El director regional de Educación, Félix Rodríguez Quispe, explicó que vienen trabajando en coordinación directa con el Consejo Regional de Salud. Están en sesión permanente, monitoreando los reportes epidemiológicos casi en tiempo real.
A lo que apuntan es claro, anticiparse. No esperar a que el problema se desborde.
“Estamos en alerta y no descartamos medidas drásticas”, señaló el funcionario, dejando abierta la posibilidad de suspender clases presenciales si el escenario empeora.
Virtualidad como respuesta inmediata
Si los indicadores sanitarios se complican, el plan ya está definido. Se activaría el sistema de educación virtual para evitar la exposición de estudiantes y docentes.
Esto no es improvisado. Es una estrategia que ya se aplicó antes y que permite mantener el calendario académico sin detener completamente el proceso educativo.
Pero también hay un reto ahí, no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para conectarse. Y eso vuelve a poner sobre la mesa las brechas que todavía existen.
Provincias en mayor riesgo
La evaluación no es uniforme en toda la región. Hay zonas donde la preocupación es mayor.
Las provincias de Sandia y San Román están bajo especial vigilancia, debido a su nivel de vulnerabilidad frente al brote. En estos lugares, cualquier cambio en la situación podría acelerar la decisión.
Todo depende de la vacunación
Al final, hay un factor que va a inclinar la balanza, la respuesta de la campaña de vacunación.
Si la inmunización logra contener la propagación del virus, las clases podrían mantenerse presenciales. Pero si no alcanza, el regreso a la virtualidad sería prácticamente inevitable.
Y ahí el mensaje es directo, esto ya no depende solo de las autoridades. También pasa por la respuesta de la población.
Lo que viene en los próximos días será clave. Porque más allá de la modalidad de clases, lo que está en juego es la salud de miles de estudiantes en toda la región.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
A nivel regional se tiene un total de 1247 docentes excedentes, informó el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Puno, Félix Rodríguez, quien alertó sobre la posible pérdida de plazas si no se toman acciones urgentes. El funcionario explicó que del total de docentes excedentes, 712 son nombrados y 539 son contratados; […]
A nivel regional se tiene un total de 1247 docentes excedentes, informó el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Puno, Félix Rodríguez, quien alertó sobre la posible pérdida de plazas si no se toman acciones urgentes.
El funcionario explicó que del total de docentes excedentes, 712 son nombrados y 539 son contratados; sin embargo, pese a ello hay jurisdicciones en donde persiste la demanda de profesores.
“En algunas UGELs faltan docentes, por ejemplo, en Sandia, Carabaya y San Román, por lo que requerimos plazas en esas provincias”, sostuvo. Ello en contraste con la mayoría de UGELs de la región.
Rodríguez, alertó que si no se toman acciones urgentes, esas plazas podrían perderse, por lo que desde la DRE Puno se ha adecuado una nueva fórmula de reforzamiento escolar.
“Si hay docentes excedentes, el Ministerio de Educación se lleva esas plazas, pero nosotros también requerimos docentes en otras provincias, por eso tenemos que buscar salidas técnicas”, sostuvo.
El titular de la DRE Puno se presentó ante el Pleno del Consejo Regional de Puno donde explicó además sobre los logros que ha tenido el sector Educación en la región y las falencias presupeustales.
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El abogado de las víctimas del caso Colcabamba, Antony Crespo, afirmó que la intervención militar que dejó cinco muertos y tres sobrevivientes no fue un enfrentamiento armado, sino un uso letal de la fuerza contra civiles desarmados. “Acá ha habido un ataque unilateral por parte del Ejército hacia ocho civiles”, declaró a Huanca York Times, […]
El abogado de las víctimas del caso Colcabamba, Antony Crespo, afirmó que la intervención militar que dejó cinco muertos y tres sobrevivientes no fue un enfrentamiento armado, sino un uso letal de la fuerza contra civiles desarmados. “Acá ha habido un ataque unilateral por parte del Ejército hacia ocho civiles”, declaró a Huanca York Times, con lo cual descarta, al menos para la defensa, la versión oficial de un supuesto fuego cruzado.
El letrado sostuvo que no existe evidencia que respalde la hipótesis de un enfrentamiento. “No se ha encontrado ni una sola arma. ¿Cómo puedes disparar si no tienes armas?”, cuestionó y remarcó que, tras varios días de diligencias, no se ha hallado armamento que haya estado en poder de los ocupantes de la camioneta.
Aunque en un último peritaje los investigadores hallaron casquillos de armas de fuego menores, el abogado Crespo considera que podrían tratarse también de restos de las propias balas disparadas por los fusiles de los milotaers. Pero lo importante es que no se han encontrado armas por parte de los civiles. Eso es lo que tiene que quedar claro en esta investigación desde el primer día», argumentó.
Vehículo sin lacrar y sin custodia policial
En esa línea, puso en duda el hallazgo de rastros de cocaína en el timón del vehículo y adherencias de marihuana en la guantera del vehículo. «Solo se ha encontrado adherencia en el timón del vehículo; se vio la presencia de unas partículas blanquecinas, al parecer alcaloide», confirmó el abogado.
Pero, según explicó, la pericia carece de fiabilidad debido a graves fallas en la cadena de custodia, pues detalló que la camioneta permaneció aproximadamente dos días sin resguardo policial, y «cualquier persona pudo haberse acercado”, afirmó. Añadió que la unidad recién fue lacrada al llegar a la comisaría, la tarde del segundo día después de ocurridos los luctuosos hechos. A su criterio, ello abre la posibilidad de contaminación o manipulación de la evidencia. “Considero que ha habido una contaminación, una manipulación por terceras personas”, sostuvo.
Crespo también cuestionó la coherencia de los resultados periciales, al indicar que los ocupantes del vehículo dieron negativo en las pruebas de contacto con drogas. “¿Cómo es que la persona que ha tenido contacto con el timón ha salido negativo y luego de cinco días encuentran rastros?”, preguntó.
Presionados a incriminarse
El punto más grave de la denuncia apunta a lo ocurrido tras la intervención militar. Según el abogado, los sobrevivientes habrían sido presionados para incriminarse. “Me taparon con un papel de metal y me rociaron con cartuchos de bala, querían obligarme a decir que habíamos transportado droga”, relató, citando el testimonio de uno de los jóvenes heridos.
Asimismo, indicó que el sobreviviente de 19 años, Ricardo Jampier Acuña Quispe, habría sido coaccionado para grabar un primer video en el cual admite que se dedicaba a trasladar droga. “Disparaban al costado de su oído para que él declare”, señaló, precisando que dicha grabación se realizó sin presencia de fiscal ni abogado.
Para la defensa, estos elementos refuerzan la tesis de que no existió enfrentamiento, sino una intervención injustificada seguida de intentos por sostener una versión distinta de los hechos. “De ninguna manera acá ha habido fuego cruzado”, insistió.
En el plano legal, el caso fue trasladado a una fiscalía de Derechos Humanos que investiga como homicidio calificado. La defensa no descarta solicitar prisión preventiva contra los militares involucrados una vez que se cuente con resultados de pericias clave como la absorción atómica.
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TODO BAJO EL AGUA | Calles cubiertas de agua y viviendas inundadas: ese es el panorama en el centro poblado de Yacucatina, distrito de Juan Guerra, provincia y región San Martín. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el colapso del sistema de drenaje pluvial, afectando a varias familias que ven cómo el agua ingresa a sus hogares, generando alarma en la población.
En las imágenes se observa a personas transitando con dificultad, con el agua a la altura de las rodillas.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.