Militantes de Acción Popular se acusaron mutuamente de haber fracturado internamente al partido, lo que llevó al JNE a declarar nulas las elecciones internas, impidiéndoles participar en los comicios de 2026. A pesar de que las disputas internas están al rojo vivo, han decidido enfocar su ira en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber emitido la resolución de manera exprés, sin darles la oportunidad de apelar a ninguna instancia.
El partido ya ha presentado la contranulidad de la resolución ante el mismo JNE, esperando que se revierta esta difícil situación antes de que el cronograma electoral continúe su curso y aquellos que deseen postular a algún puesto en el Congreso bicameral o a la presidencia no puedan hacerlo.
Según la resolución del JNE, la nulidad de las elecciones internas responde a una serie de irregularidades detectadas en el proceso, entre ellas el incumplimiento de los plazos establecidos, la falta de garantías de imparcialidad de los órganos electorales partidarios y la existencia de padrones cuestionados. Además, se advirtió que no se respetaron los procedimientos internos exigidos por la normativa electoral vigente.
Las pugnas se concentran principalmente entre las distintas facciones que se disputan el control del partido, identificadas con dirigentes históricos y grupos regionales que no reconocen la legitimidad de las decisiones tomadas por la dirigencia nacional. Mientras un sector responsabiliza a la cúpula partidaria por imponer candidaturas y manipular el proceso, otro acusa a sus rivales de sabotear las elecciones para evitar resultados adversos.
De no revertirse la decisión del JNE en los próximos días, el partido quedaría fuera de la contienda electoral de 2026, marcando uno de los golpes más duros en su historia reciente y dejando en suspenso el futuro político de decenas de militantes y aspirantes al nuevo Congreso bicameral.
Las imágenes muestran escenas lamentables en las que la Mesa Directiva no logró imponer el control, exhibiendo a nivel nacional y en vivo cómo las legisladoras terminaron tomándose del pelo
El Congreso de México protagonizó un escándalo luego de que sus legisladores terminaran jaloneándose del cabello y agrediéndose verbalmente durante un intenso debate por el dictamen que eliminaría el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital (InfoCDMX).
Las imágenes muestran escenas lamentables en las que la Mesa Directiva no logró imponer el control, exhibiendo a nivel nacional y en vivo cómo las legisladoras terminaron tomándose del pelo entre empujones y gritos. Ante el caos, la sesión fue suspendida.
La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México se salió de control cuando legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) se enfrentaron físicamente durante la discusión de la reforma que propone desaparecer el InfoCDMX. El choque se dio luego de que la oposición denunciara cambios de última hora en el dictamen, los cuales, según el PAN, rompían acuerdos previos y reducían la autonomía del nuevo órgano de transparencia al dejarlo bajo control del gobierno capitalino.
Ante ello, diputados del PAN tomaron la tribuna para impedir la votación y exigir que se respetaran los consensos alcanzados. A la protesta se sumaron legisladores del PRI, lo que elevó aún más la tensión dentro del recinto. Morena, por su parte, defendió la legalidad del proceso legislativo y acusó a la oposición de intentar bloquear una reforma ya avalada en comisiones.
El enfrentamiento escaló rápidamente a empujones, jaloneos y agresiones directas entre legisladoras de ambas bancadas. El saldo fue una diputada lesionada, quien tuvo que ser atendida por personal médico. Finalmente, la Mesa Directiva suspendió la sesión ante la imposibilidad de restablecer el orden.
Los principales dirigentes de Acción Popular están tomando todas las medidas que les permitan participar en las Elecciones 2026, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como máximo órgano electoral ya resolvió eliminar a este partido por las graves irregularidades cometidas en sus primarias.
Distintas medidas adoptarán los dirigentes de Acción Popular para impedir su eliminación hacia las Elecciones 2026. El presidente del partido, Julio Chávez Chiong acudirá al Tribunal Constitucional (TC). El congresista Ilich López presentará una denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Asimismo, el personero legal titular de Acción Popular, Fernando Arias-Stella, y el secretario general nacional del partido, Juan José Abad Cabrera, ya presentaron un pedido de nulidad ante el pleno del JNE, “contra la decisión que anuló sus elecciones primarias y dejó a la agrupación fuera de las Elecciones Generales 2026”.
En general, en todas las medidas se argumenta que el máximo órgano electoral actuó de manera arbitraria, vulnerando derechos constitucionales y el principio de legalidad. Pese a que el JNE encontró la sustitución injustificada de 28 delegados debidamente elegidos y proclamados por otros afiliados que no ganaron, afectando a Lima Metropolitana, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias y Loreto.
En tanto, entre dirigentes del partido han seguido los ataques por las acciones que determinaron que las elecciones primarias del partido fueran anuladas, dado que el JNE encontró «vicios sustanciales» y prácticas antidemocráticas como la suplantación de delegados.
Acudirán al Tribunal Constitucional y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El presidente de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, acudiría al Tribunal Constitucional “para garantizar su participación política en las Elecciones Generales 2026, luego de que anularán las elecciones primarias del partido.
En ese sentido, responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque considera que pudieron evitar el fraude en Acción Popular. “El primero [ONPE] no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo [JNE] anuló arbitrariamente todo», con las consecuencias que sufren al haber sido retirados de los comicios del 2026.
Mientras que, el congresista acciopopulista Ilich López presentará una denuncia contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, “por anular las elecciones internas de Acción Popular”. Y otras denuncias «en las instancias pertinentes» contra otros miembros del JNE que han ordenado esta «nefasta decisión».
Según el legislador implicado en el caso Los Niños, «los delitos que han cometido son de abuso de autoridad y prevaricato, además de la infracción constitucional contra el debido proceso. Han atentado contra el derecho a la participación política de elegir y ser elegidos», explicó Ilich López.
Acción Popular pide al JNE anular resolución que los dejó fuera de las EG2026
Entre otras acciones, Acción Popular presentó un pedido de nulidad ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones contra la decisión que anuló sus elecciones primarias y dejó a la agrupación fuera de las Elecciones Generales 2026. Sostienen que se vulneró su derecho de defensa, que las impugnaciones no tenían sustento y que el JNE resolvió sin audiencia pública.
“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actuó de manera arbitraria, vulnerando derechos constitucionales y el principio de legalidad”, afirman en la solicitud que presentaron el personero legal titular de Acción Popular, Fernando Arias-Stella y el secretario general nacional del partido, Juan José Abad Cabrera.
Además, solicitan que el JNE declare improcedentes todas las impugnaciones presentadas contra sus elecciones primarias y que actúe con rapidez y cumpla el cronograma electoral vigente. Según el documento, la decisión del organismo electoral habría afectado los derechos de defensa, debido procedimiento, presunción de inocencia y los derechos políticos de elegir y ser elegido.
Lo que se busca es que el JNE proclame los resultados de sus elecciones primarias, tal como estaba previsto hasta antes de la anulación, y que se respete el hito del calendario que fijaba esa proclamación para este 15 de diciembre de 2025.
Siguen cuestionamientos entre correligionarios
Internamente en el partido de la lampa sigue la crisis porque el presidente Julio Chávez, asegura que hubo un fraude y que en realidad él fue el vencedor. Aunque quien ganó las elecciones primarias del partido fue Alfredo Barnechea.
Frente a esta situación, el Comité Nacional Electoral del AP expulsó a su presidenta, Cinthia Pajuelo Chávez. Por presuntas irregularidades en la inscripción de delegados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En tanto, el vicesecretario general nacional de Acción Popular, Rolando Velasco, dijo que en su partido necesitan “gente que sume, no que reste”. Y que la exclusión “es consecuencia de la ambición personal de algunos dirigentes”, lo que terminó afectando no solo al partido, sino también al país.
El congresista Ilich López evitó decir quién sería el responsable de la crisis suscitada en Acción Popular. Pero, dijo que “eso lo van a determinar las investigaciones. Sin embargo, justamente esa administración de justicia electoral tiene que darse respetando el debido proceso, que es un derecho constitucional”.
Para Víctor García Belaúnde, «la manipulación en las internas y la permisividad con sectores sancionados hundieron al partido». E instó a «una depuración inmediata de sus líderes”. Además de expresar su indignación, aseguró que la responsabilidad recae en quienes participaron en prácticas fraudulentas durante la elección de delegados. Además de cuestionar la falta de sanción oportuna a los responsables de anteriores rupturas internas.
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La pataleta de la lampa no termina. Luego de que los dinosaurios acciopopulistas se desgreñaran en entrevistas, lanzaran indirectas y se acusaran entre ellos, concluyeron que los trapitos sucios se lavan en casa y que, cómo no, el única culpable es el Jurado Nacional de Elecciones.
Para los militantes de la lampa, que les hayan anulado las elecciones internas y no tengan derecho a apelar ni a nada es obra de una mafia oscura empeñada en desaparecer al partido, según ellos mismos, el más honesto del Perú. Nada menos.
Mientras siguen en combustión interna, los legisladores actuales corren contra el reloj. Si quieren tentar la reelección en el nuevo Congreso bicameral, sea Senado o Cámara de Diputados, tendrán que ser invitados por otros partidos y pedir los permisos correspondientes. Algunos ya presumen cuántas invitaciones han recibido. Otros, como el excongresista Manuel Merino, califican de sinvergüenzas a quienes buscan despedirse de la lampa, decirle chau nomás y asegurarse un asiento en el próximo Parlamento.
En medio del caos aparece Ilich López, señalado como uno de “Los Niños” y acusado de haber metido presunta mano negra en las elecciones internas. Él ha anunciado que procederá contra el JNE, pero constitucionalmente, presentando una denuncia contra su representante por haberse atrevido a meterse con su partido.
A este punto, Belaunde Terry debe estar revolcándose en su tumba.
Testigo protegido entrega pruebas que Juan José Santiváñez continúo administrando su estudio mientras era ministro
Parece que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue un gran aficionado al trabajo nocturno y a la multitarea. Según un testigo protegido, mientras dirigía la cartera del Interior, Santiváñez nunca dejó de lado su bufete jurídico. Su estrategia de baja visibilidad era brillante: usaba las noches para atender clientes en oficinas prestadas en San Isidro, evitando así miradas indiscretas.
Todo un ejemplo de dedicación que, curiosamente, es totalmente incompatible con su cargo ministerial. Mientras él jugaba al abogado de medianoche, dejó a su socio Marco Palacios a cargo del estudio, aunque las decisiones, oh sorpresa, seguían siendo suyas. Para que no queden dudas, el testigo aportó fotos y chats, detallando esta peculiar doble vida que convierte el «servicio público» en un horario de oficina muy, pero que muy, flexible.
Partidos terminarán de recibir cerca de S/ 78 millones al completar actual periodo de 5 años
Con el año casi terminado, al actual Congreso le queda poco más de medio año en poder. Sin embargo, en tan corto periodo de tiempo, los partidos que conforman el Hemicirco terminarán de recibir 78 millones de soles. No se trata de sueldos, bonos o gratificaciones; sino de financiamiento público que otorga el Estado a todas las organizaciones políticas con representación en el parlamento. Este financiamiento se fija de acuerdo con la cantidad de congresistas electos al inicio del mandato y se entrega progresivamente.
De acuerdo con Perú21, son Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular las tiendas que se llevan la mayoría de la tajada, cada una superando los 8 millones de soles. No obstante, aunque casi todas las agrupaciones han ido perdiendo integrantes en sus bancadas, esta cifra nunca es recalculada y se mantiene intocable hasta el fin de los 5 años de mandato.
El otro punto cuestionable es el uso que los partidos dan a estos fondos. El Estado lo entrega para que se destine a capacitación, pero estos angelitos lo utilizan para pagar planillas, viajes, alquileres y hasta abogados para sus cabecillas con procesos penales. ¿Y así tienen la cara de andar mochándole el sueldo a los trabajadores legislativos?
Ni las sanguijuelas se atreven a tanto.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El Mercado San Camilo festeja su 145° aniversario con una gran chocolatada este 22 de diciembre, garantizando seguridad y salubridad para los visitantes.
Comerciantes de San Camilo entregarán juguetes a 2 mil niños vulnerables.
El corazón comercial de Arequipa late con fuerza en vísperas de sus celebraciones jubilares. En el marco del 145° aniversario del Mercado San Camilo, la comunidad de comerciantes y la administración han unido esfuerzos para proyectar una imagen renovada, segura y solidaria. Como actividad central de estas fechas festivas, se ha confirmado la realización de una tradicional chocolatada navideña y entrega de juguetes, evento que busca beneficiar a cerca de 2 mil niños en situación de vulnerabilidad.
La actividad social está programada para el día 22 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana. Según detallaron los organizadores, el evento tendrá lugar en el segundo piso del centro de abastos, específicamente en el área adyacente a la administración y la radio del mercado. La prioridad de los comerciantes este año ha sido la adquisición de juguetes, reconociendo que es la mayor ilusión de los pequeños asistentes, incluso por encima del chocolate caliente. Se recomienda a las madres de familia tener precaución con el manejo de las bebidas calientes y las aglomeraciones para evitar accidentes durante el reparto.
Paralelamente al espíritu festivo, la administración del mercado ha puesto un énfasis riguroso en el orden y la protección del visitante. Carlos López, administrador del recinto, aseguró que se mantiene un control constante de la salubridad en coordinación directa con el Ministerio de Salud, garantizando así la seguridad sanitaria en la preparación y venta de alimentos. De igual forma, ante la alta afluencia de turistas y clientes locales por fin de año, se ha redoblado la vigilancia física; todas las cámaras de seguridad se encuentran operativas al 100% para monitorear cualquier incidencia dentro del establecimiento.
Mejoras en infraestructura y planes futuros
Más allá de las festividades inmediatas, el mercado atraviesa un proceso de mejoras físicas impulsado por la iniciativa del alcalde provincial. Actualmente, se están ejecutando trabajos de mantenimiento en los servicios higiénicos, una demanda largamente esperada por trabajadores y usuarios. Asimismo, existe un proyecto presupuestal en camino que contempla la remodelación integral del techo, abordando también el sistema de canaletas para prevenir problemas durante la temporada de lluvias. Estas obras buscan modernizar el espacio sin que pierda su esencia histórica.
Respecto a los rumores sobre un posible cierre del mercado para facilitar estas remodelaciones, la administración aclaró el panorama para tranquilidad de los vendedores y el público. Si bien se evalúa una intervención mayor, esta se planifica tentativamente para el mes de enero y se encuentra todavía en etapa de coordinación y estudio. El objetivo es que cualquier medida se tome en consenso, asegurando que nadie resulte perjudicado y que la ciudadanía esté debidamente informada con antelación.
El sentimiento general entre los trabajadores es de pertenencia absoluta; consideran al Mercado San Camilo no solo su centro de labores, sino su hogar. Por ello, renuevan su compromiso de sacar adelante el centro de abastos, invitando a la población a participar de las actividades de aniversario y campaña navideña con total confianza en la seguridad y calidad que ofrecen.
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Conoce el programa de Justicia Juvenil Restaurativa en Arequipa, donde adolescentes usan el arteterapia para corregir conductas infractoras leves.
En una reciente exposición realizada en Arequipa, el rostro de la rehabilitación juvenil tomó forma a través de máscaras creadas por las propias manos de los adolescentes. Virginia Aquize, fiscal superior y responsable del programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, presentó los resultados de esta iniciativa que busca brindar una oportunidad de mejora a jóvenes que han infringido la ley penal con faltas leves.
Según explicó la magistrada, esta actividad de arteterapia permite a los menores expresar sus emociones, reconocer sus falencias y tomar conciencia de sus errores para corregirlos y reinsertarse positivamente en la sociedad.
El proceso creativo implicó el calco del propio rostro de cada adolescente, quienes decidieron libremente qué emociones o cambios plasmar en sus obras. Aquize detalló que muchos expresaron la necesidad de ayuda y el deseo de transformación en sus vidas, todo esto bajo la guía de un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales y educadores.
Durante el año 2025, el programa atendió a 93 adolescentes en Arequipa, de los cuales aproximadamente 80 lograron la remisión fiscal. Esta figura legal actúa como una especie de perdón otorgado por el fiscal de familia ante infracciones de menor gravedad, como hurtos o lesiones, evitando que el menor ingrese a un proceso judicial traumático siempre que demuestre voluntad de cambio.
Desafíos en la prevención del delito y el marco legal
A pesar de los esfuerzos de reinserción, Arequipa se mantiene históricamente en los primeros lugares de incidencia en conductas antisociales juveniles. Si bien las estadísticas de las Fiscalías de Familia muestran una disminución reciente, la fiscal Aquize aclaró que esto no significa necesariamente una reducción de la delincuencia, sino un cambio en la competencia legal.
Con la aplicación de la Ley 32330, los adolescentes mayores de 16 años que cometen delitos graves —como sicariato, violación sexual, feminicidio o robo agravado— ahora son procesados por las Fiscalías Penales y tratados bajo la figura de delitos y no infracciones, lo que ha desplazado la carga estadística hacia esos despachos.
La especialista enfatizó que endurecer las leyes no resolverá por sí solo el problema de la inseguridad ciudadana si no se trabaja en la prevención. Aquize hizo un llamado directo a las autoridades locales, señalando que existen muy pocas municipalidades que ofrecen espacios gratuitos para el deporte, el arte y la recreación.
La fiscal subrayó que es una responsabilidad compartida entre la familia, las instituciones educativas y el Estado asegurar que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades sanas para evitar que sean captados por la delincuencia. A la fecha, el programa ha atendido a más de 900 adolescentes en su historial, demostrando que la intervención oportuna es una estrategia efectiva.
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A pocos días de culminar el año, maestros activos, cesantes y jubilados volvieron a protestar frente a la sede del Gobierno Regional de Piura para exigir el pago de la deuda social que, aseguran, continúa pendiente pese a múltiples gestiones realizadas tanto a nivel regional como nacional. Miguel Puescas, representante del sindicato magisterial, explicó que […]
A pocos días de culminar el año, maestros activos, cesantes y jubilados volvieron a protestar frente a la sede del Gobierno Regional de Piura para exigir el pago de la deuda social que, aseguran, continúa pendiente pese a múltiples gestiones realizadas tanto a nivel regional como nacional.
Miguel Puescas, representante del sindicato magisterial, explicó que el pago de la deuda social está respaldado por el marco legal vigente y por informes que confirman la existencia de saldos presupuestales. Precisó que el Decreto Supremo N.° 05 establece que entre el 3 % y el 5 % de dichos saldos deben destinarse al pago de esta deuda, no solo a favor del magisterio, sino también de otros sectores como salud y agricultura.
“Se ha hecho gestiones tanto a nivel nacional como regional. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su viceministro, planteó que se nos pague con los saldos presupuestales del PIA y del PIN. Hemos verificado con las unidades ejecutoras que sí existen esos saldos”, afirmó.
El dirigente alertó que la deuda social impaga ha tenido consecuencias humanas irreparables, pues varios docentes fallecieron durante el 2025 sin haber recibido el dinero que les correspondía, pese a años de lucha y reclamos. Señaló que este incumplimiento no solo afecta la economía de los maestros jubilados, sino también su salud, dignidad y calidad de vida, en un contexto donde las pensiones resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, advirtió que el magisterio evalúa radicalizar sus medidas de protesta, incluyendo una huelga de hambre y la convocatoria a una huelga regional y nacional indefinida, al considerar que el pago de la deuda social es un derecho que el Estado continúa postergando.
“Tenemos diez maestros fallecidos este 2025 que venían constantemente a luchar y no recibieron ni un sol. El daño no es solo económico, es moral, afecta la salud y la vida. Mientras las autoridades gozan de buenos sueldos y beneficios, un maestro jubilado vive con 415 o 800 soles, que no alcanzan para vivir”, denunció.
Finalmente, Miguel Puescas cuestionó la postura del gobernador regional respecto a la deuda social, señalando que existe un marco legal vigente que obliga al Gobierno Regional a destinar parte de su presupuesto institucional al cumplimiento de estos pagos. Según indicó, durante toda la actual gestión no se habría realizado ningún desembolso a favor de maestros activos, cesantes ni jubilados, pese a la existencia de normas que así lo establecen.
Por último, advirtió que los recursos para saldar esta deuda ya se encontrarían en el ámbito regional y no dependerían del Gobierno Central, por lo que expresó su preocupación ante un posible desvío de fondos hacia otros fines. En ese contexto, informó que han solicitado la intervención de los órganos de control y presentado denuncias para que se investigue el uso del presupuesto, sin que hasta el momento se obtengan respuestas concretas.
“La plata ya está aquí, en el Gobierno Regional, Lima ya no tiene nada que ver. Supongo que quieren usarla para otros gastos. Eso es materia de investigación. Hemos planteado denuncias penales y pedido la intervención de la Contraloría, pero hasta ahora no hay respuestas”, finalizó.
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A tres años de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho, donde diez ciudadanos perdieron la vida durante las protestas sociales, los familiares de las víctimas reiteraron que el caso no puede darse por cerrado mientras no exista justicia ni responsabilidades determinadas por el Estado. […]
A tres años de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho, donde diez ciudadanos perdieron la vida durante las protestas sociales, los familiares de las víctimas reiteraron que el caso no puede darse por cerrado mientras no exista justicia ni responsabilidades determinadas por el Estado.
Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de los Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (Asfah), mencionó que el paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Indicó que, pese al dolor que implica recordar lo ocurrido, los familiares mantienen su presencia pública porque consideran que la memoria y la exigencia de justicia son parte de una misma lucha.
La representante de Asfah precisó que las investigaciones continúan a cargo de la misma fiscalía y que, hasta el momento, no han recibido información sobre decisiones de fondo en el proceso. Sostuvo que son los propios familiares quienes vienen solicitando ampliaciones para incorporar nuevas pruebas, con el objetivo de fortalecer el caso y avanzar hacia una etapa decisiva.
“La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder”, declaró Mendoza.
Mendoza afirmó que la falta de respuestas oficiales ha profundizado la desconfianza hacia las autoridades nacionales. En ese contexto, cuestionó el trato recibido a los familiares de las víctimas durante los meses posteriores a los hechos y sostuvo que las expresiones de estigmatización agravaron el distanciamiento entre el Estado y los deudos.
“Nos han cerrado las puertas, nos han terruqueado y nos han discriminado cuando fuimos a Lima a exigir respuestas”, sostuvo, al advertir que ese trato rompió cualquier posibilidad de confianza institucional.
La advertencia se produce en un escenario nacional marcado por la ausencia de sentencias vinculadas a las muertes ocurridas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 50 personas fallecieron en distintos puntos del país en ese periodo, la mayoría en contextos de intervención de las fuerzas del orden, sin que hasta ahora se hayan establecido responsabilidades penales firmes.
Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han reiterado que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar investigaciones independientes, diligentes y oportunas, y han advertido que el prolongamiento de los procesos sin resultados debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En Ayacucho, los familiares sostienen que el tiempo transcurrido no puede interpretarse como un cierre del caso. Insisten en que solo una respuesta judicial efectiva permitirá avanzar hacia una verdadera reparación y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
“A todas esas autoridades que nos han terruqueado, que nos han dicho cholos serranos y que nos han cerrado las puertas en Lima, les decimos que no se atrevan a venir a Ayacucho. Nosotros no permitiremos que lleguen aquí si no vienen con respuestas. Si logran entrar, los vamos a devolver como lo hicieron con nosotros. Que vengan solo cuando traigan justicia”, afirmó.
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La obra del Hospital Iquitos se encuentra con el plazo de ejecución suspendido debido a la falta de transferencia de recursos del Gobierno Central, informó Luis Montalván, gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto. El funcionario explicó que el proyecto depende del financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual no ha […]
La obra del Hospital Iquitos se encuentra con el plazo de ejecución suspendido debido a la falta de transferencia de recursos del Gobierno Central, informó Luis Montalván, gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto.
El funcionario explicó que el proyecto depende del financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual no ha sido atendido pese a reiterados pedidos, lo que generó una deuda acumulada de tres valorizaciones que superan los 18 millones de soles con el consorcio ejecutor.
Montalván señaló que el Gorel cubrió parcialmente los pagos con recursos del Foncor, pero precisó que la región también debe atender otras obras. Indicó que el MEF habría confirmado la publicación de un decreto supremo para transferir S/20 millones, lo que permitiría cancelar las valorizaciones y reanudar los trabajos en los próximos días.
Añadió que la infraestructura del hospital ya está concluida al 100% y que solo resta la instalación y prueba de los equipos biomédicos, cuya culminación está prevista para los primeros meses del próximo año.
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El colapso del techo del Coliseo de Salcedo, una obra a cargo del Gobierno Regional de Puno, sigue dejando consecuencias graves. Nueve trabajadores resultaron heridos tras el desplome de la estructura, pero uno de ellos lucha por su vida. Se trata de Walter Llanos Silva, de 32 años, técnico en soldadura, quien permanece en estado […]
El colapso del techo del Coliseo de Salcedo, una obra a cargo del Gobierno Regional de Puno, sigue dejando consecuencias graves. Nueve trabajadores resultaron heridos tras el desplome de la estructura, pero uno de ellos lucha por su vida. Se trata de Walter Llanos Silva, de 32 años, técnico en soldadura, quien permanece en estado crítico y en coma inducido en el hospital EsSalud Salcedo.
Según la información médica, Llanos Silva cayó desde una altura aproximada de 40 metros mientras realizaba trabajos en la parte superior de la estructura metálica. El impacto le provocó hemorragias internas, una fractura expuesta en una pierna y múltiples lesiones de consideración, lo que obligó a su internamiento inmediato en la unidad de cuidados intensivos.
Estado de salud crítico
De acuerdo con el reporte del personal de salud, el trabajador fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en menos de 48 horas debido a la gravedad de su condición. Pese a los esfuerzos médicos, su pronóstico sigue siendo reservado y permanece bajo estricta vigilancia, mientras su familia espera una evolución favorable.
El caso de Llanos Silva es el más delicado entre los nueve heridos que dejó el accidente, ocurrido en medio de una jornada laboral que terminó marcada por el caos y la desesperación de los compañeros de trabajo.
Pedido de apoyo y cuestionamientos
Soledad Villafuerte, esposa del trabajador, pidió apoyo urgente para que su esposo sea trasladado a un hospital de mayor complejidad, donde pueda recibir atención especializada acorde a la magnitud de sus lesiones. La mujer también cuestionó la falta de respuesta de SIMA Perú S.A., empresa encargada de la ejecución de la obra, señalando que hasta el momento no ha recibido la visita ni el respaldo de representantes de la compañía.
El accidente ha reavivado las críticas sobre las condiciones de seguridad en obras públicas de gran envergadura y la responsabilidad de las entidades ejecutoras frente a este tipo de emergencias. Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del colapso, la familia de Walter Llanos Silva enfrenta horas decisivas, aferrada a la esperanza de una pronta recuperación.
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Por la cuenca Ramis ya no discurre agua, sino lodo, a raíz de la contaminación minera. Esta situación afecta directamente a la población de siete distritos y genera perjuicio en la actividad agrícola y ganadera. El presidente del Frente de Defensa Ambiental de la cuenca Ramis, Pedro Callohuanca, lamentó que pese al pedido reiterativo, las […]
Por la cuenca Ramis ya no discurre agua, sino lodo, a raíz de la contaminación minera. Esta situación afecta directamente a la población de siete distritos y genera perjuicio en la actividad agrícola y ganadera.
El presidente del Frente de Defensa Ambiental de la cuenca Ramis, Pedro Callohuanca, lamentó que pese al pedido reiterativo, las autoridades no hayan tomado acciones para frenar dicha contaminación.
“Todo es lodo. Todo está contaminado y da tristeza porque de allí consumen los animales, incluso la población. Esa agua también se utiliza para la actividad agrícola”, sostuvo.
Cuestionó la labor de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y del Gobierno Regional de Puno, entidades a las que acusó de no tomar acciones. “Hemos conversado varias veces, pero solo hay compromisos”, dijo.
“Hemos querido salir a protestar varias veces, pero siempre nos decían que lo iban a solucionar y nada. La contaminación sigue, las autoridades solo hablan, pero no actúan”, agregó.
El dirigente lamentó también la inacción de las autoridades locales, “poco o nada les interesa. Más están preocupados por sus proyectos”, agregó, haciendo un llamado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Defensoría del Pueblo.
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La Municipalidad Provincial de La Convención ejecuta sostenidas acciones para la necesaria recuperación de zonas con diaria acumulación de residuos sólidos. Ello forma parte de la crucial estrategia de gestión ambiental implementada en la ciudad de Quillabamba por las autoridades locales. Consecuentemente, la Gerencia de Medio Ambiente desarrolla permanentes labores de intervención y activa vigilancia […]
La Municipalidad Provincial de La Convención ejecuta sostenidas acciones para la necesaria recuperación de zonas con diaria acumulación de residuos sólidos. Ello forma parte de la crucial estrategia de gestión ambiental implementada en la ciudad de Quillabamba por las autoridades locales. Consecuentemente, la Gerencia de Medio Ambiente desarrolla permanentes labores de intervención y activa vigilancia en puntos críticos identificados previamente. El objetivo principal es la total eliminación de la constante acumulación de desechos que impactan negativamente la vía pública. Estas acciones decisivas buscan establecer la meta de lograr la meta de basura cero para beneficio de la comunidad.
Según el balance oficial emitido por la entidad municipal, se han recuperado con éxito hasta la fecha cuatro zonas que presentaban acumulación diaria de residuos. Además, otras nueve importantes áreas de la ciudad se encuentran en un avanzado proceso de intervención y limpieza. Por lo tanto, dieciséis áreas más permanecen en estricta vigilancia preventiva al registrar algunos indicios de posible futura acumulación. El municipio intenta evitar efectivamente que esas áreas se transformen en nuevos focos altamente críticos para la salubridad. De este modo, la gestión municipal demuestra su compromiso con el orden y la salud pública de los ciudadanos.
La Gerencia de Medio Ambiente señaló enfáticamente que estas acciones forman parte esencial de un trabajo que es continuo. Además, este trabajo está orientado de forma directa a mejorar las condiciones de salubridad y también de orden urbano en Quillabamba. En ese estricto marco, la entidad municipal recordó a toda la población su importante rol en la solución del problema. La preservación efectiva de los espacios públicos requiere también la participación activa y comprometida de la ciudadanía. Por ello, es esencial respetar los horarios de recolección y disponer adecuadamente de los residuos. Esto es vital para prevenir la reaparición de los puntos de alta acumulación en diferentes sectores de la ciudad.
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La mitad de los grifos contra incendios inspeccionados en el distrito de Cerro Colorado se encuentran totalmente inoperativos. Esto compromete la respuesta ante emergencias en una zona de alta densidad industrial y estudiantil.
Durante una inspección realizada del 3 al 5 de diciembre de 2025, se verificaron 12 hidrantes en el Centro Poblado Semirural Pachacútec y áreas aledañas. El resultado fue alarmante: 6 de ellos estaban completamente no operativos. La causa principal fue el hallazgo de que los grifos fueron enterrados o quedaron por debajo del nivel de la vereda. Esto, debido a trabajos realizados por la Municipalidad de Cerro Colorado, imposibilitando su uso.
Entre los casos críticos se encontraron hidrantes de los que solo asomaba el cabezal, válvulas sepultadas a más de un metro de profundidad y boquillas selladas con cemento. Uno de estos grifos inutilizados está situado frente a la Institución Educativa Gran Pachacútec, poniendo en potencial riesgo a una comunidad escolar.
Datos inexactos en supervisiones
El control evidenció una grave inconsistencia: dos grifos reportados como operativos y con mantenimiento preventivo en julio de 2025 se encontraron, en la inspección de diciembre, uno enterrado y otro con sus boquillas selladas. Esto cuestiona la veracidad de los registros oficiales de Sedapar S.A., la empresa a cargo del mantenimiento en Arequipa.
Los seis grifos restantes, aunque operativos, presentaban deficiencias que obstaculizan su uso eficaz en una emergencia. Estas fallas incluyen válvulas sin tapa, basura en su interior, numeración ilegible por el óxido y boquillas rotas, lo que representa un riesgo latente.
El informe detectó un segundo problema grave: la falta de coordinación institucional. Sedapar S.A. no ha actualizado ni facilitado al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la información sobre la ubicación y estado de los grifos desde 2018. Los bomberos confirmaron que un sistema web de acceso prometido años atrás se encuentra bloqueado con contraseña, sin que se les haya entregado credenciales o datos oficiales.
Esta omisión incumple el reglamento de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Este obliga a la empresa prestadora a entregar dicha información para asegurar una respuesta coordinada ante incendios en Arequipa.
Las situaciones adversas encontradas en Cerro Colorado no son aisladas. El informe de la Contraloría destaca que persisten incumplimientos similares identificados en controles anteriores realizados en Cercado y José Luis Bustamante y Rivero.
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El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica por el posible ingreso de la influenza H3N2. Luego confirmó que hay dos casos en Lima. Hay que estar pendientes de los síntomas si se está resfriado y tomar medidas de precaución.
El ministerio de Salud (Minsa), confirmó la tarde de este lunes que se han registrado dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K tras revisar los resultados de unos análisis realizados a dos menores de edad que viven en Lima. Horas antes, emitió una alerta epidemiológica para reforzar las acciones de vigilancia, prevención, control y respuesta sanitaria ante esa enfermedad.
Frente a estos dos casos, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus. La medida busca además que, en todos los establecimientos de salud públicos y privados, se garantice una atención oportuna.
El nuevo subclado K se originó entre Estados Unidos y Australia, afectando a otros 32 países. «En la región, nuestro país es uno de los primeros afectados junto con Costa Rica. El resto de las naciones irá detectando este subclado. Sin embargo, el riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no estamos en invierno».
Así lo explicó César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú). Contó que los afectados con esta influenza son un menor de apenas un año a quien atienden en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y el otro es un niño de ocho años que fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue. Además, dijo que han iniciado una campaña de vacunación teniendo como prioridad los grupos de alto riesgo: menores de cinco años y adultos mayores.
Minsa dictó alerta epidemiológica
Ante eventuales brotes de la influenza A H3N2, el Minsa dictó esta alerta, este lunes 15 de diciembre, frente a las festividades de fin de año, que traen un aumento de viajes internacionales, intensa movilización interna y aglomeraciones características.
Conforme a lo que dice la alerta epidemiológica a nivel nacional, “el Ministerio de Salud (Minsa) busca prevenir la posible llegada y propagación de enfermedades importadas, como la influenza A (H3N2) subclado K y el sarampión”.
Refirieron que la medida contempla acciones específicas en los ámbitos de vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación y operaciones en salud, para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario a nivel nacional.
Piden adoptar medidas de prevención a la población
De otro lado, el Minsa pide a la población a que mantenga actualizada su vacunación y a adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias. Asimismo, recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano si se tiene “síntomas compatibles con las enfermedades mencionadas”.
Recomiendan adoptar medidas de protección como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarillas en espacios cerrados, cubrirse con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, y mantener el distanciamiento físico siempre que sea posible. También sugirió permanecer en casa ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, congestión nasal o malestar general, para evitar contagios masivos.
A la fecha, no se han identificado casos confirmados de influenza A H3N2 subtipo K en Perú, pero las autoridades sanitarias están vigilantes para tomar las medidas necesarias ante cualquier indicio de circulación viral, dijo el ministro de Salud, Luis Quiroz.
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El candidato al Senado por Podemos Perú califica de persecución los procesos contra Pepe Luna y Pedro Castillo, prometiendo un cambio de sistema judicial.
Raúl Noblecilla, candidato de Podemos Perú, anuncia en Arequipa que indultarán a Pedro Castillo y buscarán una nueva Constitución.
Raúl Noblecilla, actual candidato a la segunda vicepresidencia y al Senado por el partido Podemos Perú, arribó a la ciudad de Arequipa para presentar los ejes centrales de su campaña, donde destacó la intención de promover una reforma constitucional y otorgar el indulto a Pedro Castillo ante una eventual victoria electoral. Durante sus declaraciones a la prensa local, Noblecilla argumentó que en el país existen grupos de poder económico que controlan tanto los medios de comunicación como el sistema de justicia, convirtiendo en enemigo a cualquier persona que represente un peligro para sus intereses particulares.
Bajo esta lectura política, el candidato sostiene que figuras como José Luna Gálvez y el propio expresidente Castillo son víctimas de una persecución judicial que no ha logrado demostrar culpabilidad ni conseguir sentencias firmes a pesar del paso de los años.
El abogado y político enfatizó que el delito de lavado de activos se ha convertido en una herramienta recurrente para sacar de carrera a los adversarios políticos, denunciando que existe una enorme brecha entre la cantidad de denuncias y las sentencias condenatorias efectivas. Para Noblecilla, la derecha política utiliza narrativas como el «terruqueo» para estigmatizar a la oposición, buscando su extinción política en lugar de competir democráticamente en las urnas.
Además, defendió enérgicamente la propuesta populista del Capital Semilla, impulsada por su líder José Luna Gálvez, la cual promete entregar cinco mil soles a cada niño que nazca en territorio nacional. Explicó que esta iniciativa no es un regalo, sino una forma de redistribución de la riqueza que busca combatir las pensiones de miseria, asegurando que los ciudadanos lleguen a la tercera edad con dignidad y recursos propios.
Postura crítica frente al conflicto en el Valle de Tambo
Aprovechando su estadía en el sur del país, Noblecilla se refirió a la tensa situación social que se vive en torno al proyecto minero Tía María, asegurando que su presencia en el Valle de Tambo responde a una necesidad de escuchar a los agricultores y residentes, en lugar de llegar con soluciones impuestas desde Lima.
El candidato de Podemos Perú cuestionó abiertamente a la empresa Southern Copper, sugiriendo que la compañía minera podría estar operando con estudios de impacto ambiental caducos y sin cumplir los requisitos legales modernos. Criticó la actitud del gobierno central y del actual Ministro de Energía y Minas, acusándolos de actuar como relacionistas públicos de la transnacional en vez de defender los intereses del Estado y de la población local.
Finalmente, Noblecilla dejó clara su posición respecto a la viabilidad del proyecto cuprífero: la minería no puede proceder si contamina, corrompe o carece de licencia social. Recalcó que si se demuestra que la empresa no cumple con las condiciones ambientales o legales, el proyecto Tía María no debe ejecutarse, alineándose así con las demandas de los habitantes de Islay.
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Juan Carlos González denuncia improvisación en el PDM de Arequipa y convoca a una marcha este jueves para exigir diálogo con el alcalde provincial.
La elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) en Arequipa enfrenta una fuerte oposición por parte de un sector de la sociedad civil debido a presuntas inconsistencias técnicas y falta de transparencia. Juan Carlos González, presidente de la Coordinadora Político Social de la región, advirtió sobre la ausencia de una planificación real que asegure el crecimiento ordenado de la ciudad. Según el dirigente, los técnicos encargados no lograron coordinar aspectos básicos con el Gobierno Regional, entidad que administra los terrenos estatales, lo que ha derivado en proyectos sin ubicación definida.
Un ejemplo claro de esta desarticulación es la propuesta de construcción de un hospital moderno. González detalló que, al consultar a los responsables sobre la ubicación exacta de esta infraestructura en el Cono Norte, no obtuvieron una respuesta concreta sobre el terreno, evidenciando que no se reservaron espacios para obras esenciales como hospitales, terrapuertos o el traslado del aeropuerto. Esta situación preocupa a los gremios, quienes sostienen que el documento carece de una visión a largo plazo y no proyecta el crecimiento de Arequipa para los próximos 20 años.
El proceso de socialización del proyecto también recibió duras críticas. Los dirigentes aseguran que las convocatorias realizadas fueron meras formalidades donde se limitó la participación ciudadana a intervenciones de dos minutos, sin posibilidad de repreguntar ni obtener respuestas claras por parte del equipo técnico. Ante este escenario, González no descartó iniciar acciones legales por una posible malversación de fondos, argumentando que se habría pagado por un trabajo mal ejecutado que no cumple con los estándares necesarios para el desarrollo provincial.
Infraestructura vial y medidas de fuerza
Otro punto álgido en la denuncia es la planificación de la infraestructura vial. El dirigente cuestionó severamente que la autopista Arequipa – La Joya no sea considerada una vía principal en el nuevo plan y calificó de ilógico que una carretera de ocho carriles desemboque en la variante de Uchumayo, lo que generaría un cuello de botella. Asimismo, señaló un presunto favorecimiento a grandes empresas, indicando que no se planificó el crecimiento urbano en el distrito de Yura, zona de influencia de Cementos Yura, a pesar de la necesidad de expansión en ese sector.
La incertidumbre aumenta respecto al levantamiento de observaciones del PDM. Aunque el alcalde anunció que estas estarían resueltas para el 15 de enero, González cuestionó la viabilidad de este plazo, argumentando que si tomó 60 días realizar las observaciones, debería tomar un tiempo similar subsanarlas. Además, existe desconocimiento sobre qué profesionales están realizando estas correcciones, ya que, según los dirigentes, no sería el equipo original quien lidera esta etapa.
Ante la falta de respuestas y la negativa de las autoridades para establecer una mesa de trabajo conjunta, la Coordinadora Político Social ha convocado a una marcha de protesta para este jueves. El objetivo es exigir que el alcalde provincial los reciba y se comprometa a realizar un trabajo de coordinación técnica transparente, advirtiendo que la aprobación del plan en su estado actual sería perjudicial para el futuro de la provincia.
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La llegada de José Jerí se dio en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos públicos que ya lo acompañaban antes de pisar suelo cusqueño
Cusqueños se dividieron durante la visita que realizó el presidente José Jerí a la ciudad. Mientras algunos ciudadanos lo tildaban de abusador sexual, otros lo piropeaban e incluso le gritaban que estaba “guapo”. A quien sí insultaron fue al congresista por Cusco, Luis Aragón.
Durante su recorrido, el presidente recibió regalos de productores de cacao y un poncho por parte del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. La visita contó con un fuerte resguardo policial: los efectivos formaron una cadena humana para evitar que las personas se le acercaran.
La llegada de José Jerí se dio en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos públicos que ya lo acompañaban antes de pisar suelo cusqueño. Desde tempranas horas, grupos de ciudadanos se apostaron en distintos puntos del recorrido oficial, algunos para expresar su respaldo y otros para manifestar su rechazo con consignas directas y gritos de protesta.
El operativo de seguridad llamó la atención de transeúntes y comerciantes, quienes denunciaron restricciones al libre tránsito y un despliegue policial poco habitual para una visita protocolar. A pesar de ello, el mandatario continuó con su agenda oficial, que incluyó reuniones con autoridades locales y representantes de sectores productivos.
Las críticas también apuntaron a la presencia de figuras políticas locales que acompañaron la actividad, a quienes los manifestantes acusaron de guardar silencio frente a los cuestionamientos que pesan sobre el presidente. En contraste, simpatizantes defendieron su presencia y aseguraron que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile. Su principal preocupación es restablecer el orden y, con ello, se suma tanto la expulsión de migrantes masivos como la represión anunciada contra escolares, jóvenes o quien ose alzarse en protesta contra su gobierno. En entrevistas previas, Kast había dicho que daría amnistía e indultos a carabineros que provocaron lesiones y muertes de manifestantes durante las protestas de 2019 contra el presidente Sebastián Piñera. Incluso aprovechó para rendirle homenaje al expresidente, agradeciéndole por su trabajo en educación y asegurando que cada día que pasa su imagen crece más.
Precisamente mientras Kast daba estas declaraciones se reportaron las primeras manifestaciones en su contra.
El ahora mandatario, identificado con la ultraderecha chilena, ya había mostrado un rechazo frontal a las protestas sociales tanto durante el estallido de 2019 como a lo largo de su campaña electoral. Con su llegada al poder, distintos analistas advierten que Chile podría ingresar a una etapa marcada por fuertes conflictos sociales y políticos, en un contexto de alta polarización.
Contra los derechos humanos
Kast ha evitado referirse a los hechos de 2019 como “estallido social”. Prefiere llamarlo simplemente “estallido” y ha respaldado las posturas que lo califican de “delictual” o incluso “terrorista”. En reiteradas declaraciones públicas, puso el foco en la violencia y el caos, asegurando que gran parte de los centros urbanos fueron destruidos, que se perdió una enorme cantidad de recursos económicos y que se impuso “el miedo y el terror”, responsabilizando a grupos que vinculó con el narcotráfico, barras bravas y ocupaciones ilegales.
En materia de orden público, se ha definido como parte del “partido del orden” y ha sostenido que sin este no puede existir democracia, advirtiendo que el país no puede ser entregado, según sus palabras, a “violentistas, vándalos o anarquistas”.
Su postura frente a las violaciones de derechos humanos también ha generado fuerte controversia. Kast ha defendido de manera enfática a Carabineros, señalando que “lo han hecho increíblemente bien” y argumentando que no son “robots”, tras meses de agresiones e insultos. En noviembre de 2019 aseguró que en Chile no existía una violación sistemática de derechos humanos, negando la existencia de una política represiva del Estado y señalando que cualquier abuso debía resolverse en los tribunales. Incluso instó al gobierno de entonces a respaldar a las fuerzas policiales y rechazar las acusaciones de organismos de derechos humanos.
«A los Carabineros que fueron perseguidos en el estallido, yo los voy a indultar», dijo.
El discurso de Kast ha tendido a minimizar la gravedad de los hechos y a responsabilizar principalmente a los manifestantes, en abierta contradicción con los informes de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El Grupo Editorial Arteidea Perú presenta la segunda edición del poemario “Vendo mi cuerpo”, obra de la escritora arequipeña Elena De Yta. Este lanzamiento, más de quince años después de su publicación original, ofrece una propuesta literaria innovadora donde la autora establece un contrapunto entre su voz pasada y su mirada actual.
La nueva edición conserva íntegramente los poemas de la versión inicial, pero a cada uno le suma una segunda parte escrita desde el presente.
Este diseño crea un diálogo poético entre la perspectiva de la joven autora de veintitrés años, quien observaba la realidad de la prostitución en las calles de Arequipa. Esto, junto a la voz de la mujer madura que reflexiona desde la experiencia de la maternidad y la supervivencia.
En el texto introductorio titulado “Frente al espejo”, la autora explora la dualidad conceptual de su obra. El título “Vendo mi cuerpo” oscila entre la idea de la transacción comercial y el acto simbólico de “vendar” para sanar.
Si la primera parte mostraba la herida y la cosificación, esta reedición en Arequipa se presenta como un ejercicio literario de curación, entendido tanto como un proceso personal como político.
El libro cuenta con el aval de destacadas figuras del ámbito literario. La edición incluye el nuevo prólogo “Romper los círculos”, de Esther Villafuerte. Se subraya la capacidad del texto para nombrar la vulnerabilidad corporal femenina y las violencias estructurales.
Se mantiene también el prólogo original de Oswaldo Chanove, “Boquita pintada”, que sitúa la obra dentro de la tradición de poesía erótica y vitalista. Además, la presentación de José Antonio Mazzotti resalta el virtuosismo de la autora para vincular la experiencia carnal con una profunda búsqueda de redención interior.
Con esta publicación, el Grupo Editorial Arteidea Perú consolida su línea de trabajo con obras literarias que invitan a la reflexión y proponen miradas transformadoras sobre la experiencia humana, teniendo a Arequipa como un escenario central en esta narrativa poética.
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Esto sucede luego que se conociera el caso del intercambio de bebés en el mismo nosocomio, y el riesgo que corrió uno de los bebés con ser contagiado con VIH.
Una nueva investigación por incidente en el Hospital III de Yanahuara de EsSalud. Una recién nacida sufrió una fractura en la cabeza tras una caída al suelo durante su traslado. Esto sucede luego que se conociera el caso del intercambio de bebés en el mismo nosocomio, y el riesgo que corrió uno de los bebés con ser contagiado con VIH.
El hecho ocurrió la mañana del 16 de noviembre. Según documentos oficiales, una profesional de la salud transportaba a la bebé para acercarla a su madre cuando se produjo la caída. La menor recibió monitoreo inicial y, tras una evaluación especializada horas después, se diagnosticó la lesión craneal.
Fue intervenida quirúrgicamente al día siguiente en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo y posteriormente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Afortunadamente, la paciente fue dada de alta recientemente y se encuentra con su familia. No obstante, requerirá seguimiento médico para evaluar posibles secuelas a futuro.
El congresista Carlos Zeballos conoció el caso durante una visita de dos días a los establecimientos de la Red Arequipa, donde sostuvo reuniones con sindicatos y funcionarios para evaluar deficiencias. Zeballos exigió que las investigaciones no se queden solo en el papel y que se apliquen sanciones concretas para preservar el prestigio de la institución.
En un comunicado oficial, la Red Asistencial Arequipa de EsSalud informó que, tras el incidente, se brindó atención inmediata y especializada a la recién nacida. La institución detalló las medidas adoptadas:
Inicio de un Proceso Administrativo Disciplinario contra el personal involucrado.
Derivación del caso al Comité de Eventos Centinela y al Comité de Auditoría de Salud para determinar responsabilidades.
Reuniones con el servicio de Neonatología para reforzar los protocolos de seguridad del paciente.
Acompañamiento y apoyo a los padres de la menor.
La entidad aseguró que en este «lamentable caso se determinarán sanciones», en un intento por gestionar la crisis de confianza que afecta al nosocomio.
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