En las instalaciones del Terminal Terrestre de Arequipa, la situación de los viajes cambió drásticamente debido a las festividades de fin de año. Los precios de los pasajes se duplicaron en comparación con las semanas anteriores, una medida que afecta el presupuesto de quienes necesitan trasladarse en estas fechas. 

Este fenómeno ocurre principalmente por la alta demanda de personas que buscan recibir el año nuevo con sus parientes. Muchos de estos ciudadanos viven lejos de sus hogares por motivos de trabajo y aprovechan este feriado largo para retornar a sus provincias.

Al revisar los destinos específicos, el viaje hacia Cusco presenta variaciones importantes, pasando de 60 soles hasta los 100 soles. Para el destino de Puno, los montos también subieron desde los 35 soles hasta llegar a los 60 soles. Respecto a Moquegua y Tacna, si bien antes era posible conseguir boletos por menos dinero, actualmente algunos locales los ofrecen entre 40 y 55 soles en el terminal. 

Por otro lado, quienes planean ir a Lima deben disponer de más dinero, ya que los precios subieron a partir de los 120 soles. Esta cifra no es fija, pues el monto final depende de la empresa que el usuario elija y de la calidad del servicio que cada persona prefiera comprar para su viaje.

La presencia de público es constante en los pasillos del terminal, donde se nota el arribo de diversas unidades de transporte desde muy temprano. En este contexto, empresas como San Román, Solórzano y Yulza mantienen su operatividad habitual desde otras provincias del sur del país. Los testimonios de los pasajeros que llegan a la ciudad de Arequipa confirman que las tarifas altas se aplican en ambos sentidos de la ruta.

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La muerte de Lener Yeferson Choque Laura, estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) conocido en redes sociales como ‘Kevin Autista’, sigue generando repercusiones en Arequipa. La oficina de la Defensoría del Pueblo abrió una investigación para conocer qué ocurrió exactamente antes del deceso del joven. Según los datos que maneja la institución, el alumno enfrentó episodios de acoso académico y un trato poco empático por parte de sus profesores. Estos hechos habrían golpeado su salud emocional y su integridad mientras intentaba completar su formación profesional en la universidad, advierte Defensoría en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

La normativa peruana protege a los estudiantes con discapacidad y obliga a los centros de estudio a eliminar cualquier obstáculo que impida su aprendizaje. La Ley N° 29973, conocida como la Ley General de la Persona con Discapacidad, ordena que las universidades apliquen ajustes razonables para cada caso particular. No es una opción, sino un deber legal que los docentes modifiquen sus métodos y actitudes para incluir a todos los alumnos. El personal académico tiene la responsabilidad de cuidar el entorno emocional de quienes asisten a sus aulas. Si existe una situación de hostigamiento o maltrato, las autoridades universitarias deben intervenir por iniciativa propia. No necesitan que la víctima presente una denuncia formal para comenzar a investigar. La ley es clara: la institución tiene la obligación de vigilar y proteger a sus miembros en todo momento, sin excusas burocráticas. Ignorar estas señales de alerta convierte a la universidad en responsable por omisión ante los abusos que cometan sus trabajadores. Por ello, el respeto a la dignidad de cada persona constituye el límite principal que nadie debe cruzar en el sistema educativo superior.

Medidas disciplinarias y asistencia para los familiares

La Defensoría del Pueblo envió una recomendación firme al rector de la Universidad Nacional de San Agustín. El documento solicita que la institución abra un proceso administrativo y disciplinario contra los profesores que resulten responsables de este hostigamiento. La investigación debe avanzar con rapidez para determinar las sanciones que correspondan según la gravedad del caso. El objetivo es que los hechos no queden impunes y que la universidad demuestre un compromiso real con la justicia interna. Mientras este proceso avanza, otras instituciones públicas también deben participar para mitigar el impacto del suceso en el entorno del estudiante fallecido.

El organismo defensor pidió al Centro Emergencia Mujer que asigne personal especializado para dar apoyo psicológico y social a la familia de Lener. Los parientes necesitan acompañamiento profesional para afrontar las consecuencias de esta pérdida. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió el pedido de garantizar el patrocinio legal gratuito para los deudos. Este apoyo jurídico permitirá que la familia tenga una defensa sólida durante todas las etapas de la investigación judicial y administrativa. La Defensoría del Pueblo vigilará cada movimiento de la universidad y de las entidades involucradas. Buscan asegurar que el proceso sea transparente y que la búsqueda de la verdad no se detenga. Este seguimiento constante pretende evitar que se repitan actos de discriminación o maltrato dentro de las facultades de Arequipa.

La Defensoría del Pueblo expresa su profundo pesar y preocupación ante el sensible fallecimiento de Lener Yeferson Choque Laura, alumno de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Al respecto, informamos que nuestra oficina en Arequipa ha iniciado una intervención de oficio… pic.twitter.com/NpiZfztnge

— Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 31, 2025

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Las familias de Arequipa recorren los principales centros de abasto para adquirir los productos necesarios antes del cierre de este 2025. En el Mercado El Palomar, la actividad comercial se concentra en la sección de carnes desde las primeras horas del día. Los vendedores informan que el costillar de cerdo mantiene un precio de 21 a 22 soles por kilo. Quienes buscan opciones de menor costo eligen el brazuelo o la pierna, que se venden a 17 soles. Para grupos más grandes, un lechoncito entero de aproximadamente 10 kilos cuesta cerca de 200 soles , mientras que el kilo de lechón troceado llega a los 27 soles. Otros productos procesados como el chorizo tienen un precio de 22 soles y la carne molida se ofrece a 20 soles. El lomo y el cogote también registran demanda, con precios de 18 y 17.50 soles respectivamente.

Por otro lado, en la Plataforma Río Seco, la panceta destaca como el corte con mayor rotación. Los comerciantes ofrecen este producto en un rango que va desde los 18.50 hasta los 23 soles, dependiendo de la calidad de la carne. La chuleta es otra alternativa buscada por los compradores, situándose en 16.50 soles el kilo. Algunos puestos disponen de brazuelo desde los 14.80 o 15 soles para quienes prefieren cortes más magros. Ante la gran afluencia de personas, los vendedores señalan que la mercadería se agota con rapidez y no descartan ligeros incrementos en las próximas horas debido a la alta demanda para recibir el 2026. Como opción frente al cerdo, el pollo conserva su precio en 9.50 soles por kilo.

Costos de guarniciones y flores en la plataforma Avelino Cáceres

El menú de fin de año suele acompañarse con productos del campo que también muestran dinamismo en sus ventas. En el sector de Río Seco, el choclo se comercializa a 3.50 soles la unidad. Además de la alimentación, las tradiciones ocupan un lugar relevante en las compras ciudadanas. En la plataforma Andrés Avelino Cáceres, las flores amarillas dominan la oferta. El paquete de pompo amarillo se encuentra entre los 30 y 35 soles. Las rosas amarillas presentan variaciones según su procedencia: la nacional cuesta 30 soles, mientras que la importada alcanza los 50 soles por paquete.

Los girasoles se venden por paquete entre 25 y 30 soles, aunque es posible comprar unidades individuales por 3 soles. Variedades como el Lilium tienen precios más bajos, rondando los 6 o 7 soles. La ruda, elemento central para las cábalas de prosperidad, cuesta 10 soles el paquete. A pesar de que la cantidad de compradores dificulta el tránsito en los pasillos de la plataforma Avelino, los ciudadanos continúan acercándose para completar sus preparativos de último momento. Los comerciantes recomiendan acudir con anticipación para encontrar variedad antes de que los inventarios se reduzcan totalmente al final de la jornada.

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Por Rosario Cardeña

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Un grave choque frontal entre dos trenes en el kilómetro 98, sector Pampacahua, en el tramo Machu Picchu-Ollantaytambo dejó un fallecido y decenas de heridos. Pero detrás de las cifras oficiales emerge un relato de caos, negligencia y trato desigual hacia los viajeros. Una pasajera afectada narró a este medio la experiencia de desamparo y desorganización vivida durante horas.

La pasajera, quien viajaba en un tren de PeruRail desde Ollantaytambo, detalló que la colisión involucró a convoyes de PeruRail e IncaRail en un punto de cambio de vías. “Felipe Portocarrero, representante de Perú Rail, nos dijo que fue un ‘accidente’, pero la realidad es que ha sido una negligencia”. El sistema de comunicación dependería únicamente de radios entre las empresas, y que falló con consecuencias fatales, narra la afectada.

“Nos han tenido 5 horas con hambre, a punta de agua y una barrita de cereal”, relató, explicando que muchos pasajeros tenían planes y reservas de almuerzo en Aguas Calientes que perdieron. La evacuación también generó malestar: “Para poder llevar a los heridos hicieron bajar al vagón de los peruanos y a los turistas ni los tocaron”, indicando una presunta discriminación en la atención.

Choque de trenes en Cusco expone deficiente gestión turística: gobernador denuncia intereses privados | Al Vuelo

Contexto de una tragedia en Cusco

El accidente ocurrió cerca de la 1:20 p.m. en el kilómetro 98, sector Pampacahua. El maquinista fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas, de Inca Rail. Más de 30 personas, entre nacionales y extranjeros, resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos. La vía única, donde circulan trenes en ambos sentidos, queda bajo escrutinio.

Las empresas concesionarias movilizaron personal y vagones vacíos para evacuar a los afectados, mientras que el Gobierno Regional del Cusco activó protocolos de emergencia. Sin embargo, el testimonio de la pasajera pinta un panorama de descoordinación postaccidente. Ella también destacó la escasez de pasajes en la clase económica: “Es medio a la suerte si te toca pasaje en el de Peru… no hay chances de planificar nada”.

La distribución de comida fue irregular: solo a su vagón llegaron hamburguesas y snacks luego de quejas firmes, mientras otros quedaron desatendidos.

Al día siguiente, la desorganización continuó. “Vinimos a las 6 a.m. a la estación para que nos den la ‘prioridad’ de uso del tren», expresó, mencionando que su sobrino menor de edad sufrió un ataque de pánico ante la situación. Entre los afectados se encuentran turistas nacionales, y viajeros internacionales, cuyas itinerarios quedaron completamente estropeados.

El incidente no solo revela fallas técnicas en un corredor turístico vital, sino profundas grietas en la logística de respuesta, la comunicación interempresarial y la protección al usuario.

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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento emitió una medida correctiva contra la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa tras detectar fallas operativas en la región. El organismo regulador confirmó que la entidad prestadora omitió las labores de limpieza y desinfección en los sistemas de almacenamiento de agua. Esta falta de mantenimiento afecta directamente a seis localidades arequipeñas, donde los reservorios no recibieron el tratamiento sanitario que exige la normativa. Los inspectores basaron su decisión en la resolución 0023-2025-SUNASS-ODS-ARE, documento que detalla los incumplimientos hallados durante las supervisiones de campo.

El informe técnico señala que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa no programó ni realizó la higiene necesaria en los reservorios de Chivay, Cotahuasi y La Joya. Esta desinfección periódica es la que permite que el agua llegue a las casas sin contaminantes. Al ignorar este proceso, la empresa incumplió una de sus tareas más básicas para proteger la salud de los usuarios. La oficina desconcentrada del regulador en Arequipa verificó que esta situación se repitió en varios puntos, lo que motivó la orden de intervención inmediata para evitar que la calidad del agua empeore.

Además de la falta de limpieza, los fiscalizadores encontraron daños en la estructura física de los depósitos. Las zonas de Chuquibamba, El Pedregal y La Joya presentan reservorios con un mantenimiento deficiente que compromete la seguridad del almacenamiento. El regulador también identificó que la empresa descuidó los componentes del árbol hidráulico en las localidades de Aplao y Chuquibamba. Estas piezas controlan el paso y la presión del agua, por lo que su mal estado entorpece la distribución eficiente del recurso. La suma de estos hallazgos obligó a las autoridades a establecer plazos estrictos para que la entidad responsable solucione cada una de las observaciones técnicas encontradas.

Acciones de fiscalización y plazos para la mejora del servicio

Saul Alire Benavides, quien dirige la oficina de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en Arequipa, explicó que la medida correctiva tiene un carácter obligatorio. La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa debe ejecutar las tareas de limpieza pendientes y reparar la infraestructura dañada lo antes posible. La resolución exige que la entidad prestadora implemente sistemas de control que impidan que estos descuidos ocurran nuevamente. El funcionario subrayó que la supervisión busca que la población reciba un suministro que cumpla con todos los estándares técnicos y sanitarios vigentes.

Las inspecciones que originaron esta sanción ocurrieron durante el primer trimestre del año. Durante estas jornadas, los técnicos del regulador revisaron tanto la higiene de los tanques como el estado de las válvulas y tuberías principales. El objetivo principal de estas acciones es evitar que se acumulen sedimentos o microorganismos que dañan la pureza del agua antes de que esta entre a la red domiciliaria. Con esta disposición, el organismo regulador utiliza sus facultades legales para asegurar que los protocolos de desinfección se cumplan de manera rigurosa. La empresa ahora tiene la responsabilidad de informar sobre sus avances y demostrar que los reservorios de las seis localidades mencionadas operan bajo condiciones seguras para el consumo humano.

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¿Por qué el cemento es tan caro en el sur del Perú? Esta investigación destapa lo que muchos ya llaman “El cartel del cemento”.

Indecopi impuso una multa histórica de casi S/ 60 millones a Cementos Yura (Grupo Gloria) por prácticas anticompetitivas que habrían distorsionado el mercado durante años.

Más de 200 correos internos revelan órdenes alarmantes dirigidas a eliminar a marcas rivales como Wari y Mishky. El objetivo: conservar hasta el 96% del mercado del cemento en el sur del país.

Las estrategias incluyeron:
Espionaje industrial: drones, motos y taxis siguiendo camiones de la competencia
Listas negras: sanciones y bloqueos a transportistas que cargaban otras marcas
Coacción directa: amenazas a pequeñas ferreterías para imponer exclusividad

Sin competencia real, los precios subieron y miles de familias terminaron pagando más.

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Lee el reportaje completo y conoce las pruebas, correos y testimonios que revelan cómo operaba este presunto monopolio: https://elbuho.pe/2025/12/los-correos-de-yura-amenazas-a-ferreterias-sanciones-a-transportistas-y-bloqueo-a-la-competencia-en-el-mercado-del-cemento/

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El video Escándalo en el sur del Perú: correos muestran amenazas, espionaje y presión de cemento Yura se publicó en YouTube en este enlace

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El Concejo Municipal de Arequipa aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 de la Municipalidad Provincial, el cual asciende a S/ 194 810 354. La propuesta se presentó conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y contempla recursos ordinarios, directamente recaudados y determinados, destinados tanto a gasto corriente como a gasto de capital.

Durante la exposición técnica, se detalló que S/ 92 millones 995 mil se asignaron a personal y obligaciones sociales. El monto será destinado al pago de planillas bajo los regímenes laborales 276, 728 y CAS. Asimismo, el presupuesto incluye recursos para pensiones y programas sociales transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, incluyendo gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento institucional.

El proyecto también considera S/ 38 millones 99 mil para la adquisición de activos no financieros, orientados a inversiones y ejecución de proyectos municipales. Según se explicó ante el concejo, el PIA 2026 responde a un techo presupuestal ajustado a la realidad financiera, a diferencia de ejercicios anteriores que incluyeron saldos de balance y posteriores modificaciones.

Presupuesto aprobado sin observaciones

Durante la sesión, se precisó que el presupuesto propuesto no contempla reducciones posteriores, debido a quese coordinó previamente con el MEF. Tras la absolución de consultas de los regidores, el Concejo Municipal aprobó el PIA 2026 por unanimidad, dejando expedito su uso a partir del inicio del próximo año fiscal.

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La situación en Cusco se ha puesto color de hormiga a pocas horas de terminar el año. Cientos de turistas han quedado literalmente varados en la zona de Machu Picchu luego del grave accidente protagonizado por dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, que colisionaron frontalmente por causas que aún se encuentran bajo investigación. El hecho dejó una persona fallecida y más de 40 heridos, además de una nueva crisis alrededor de la principal joya turística del país.

El impacto no solo fue material y humano. El accidente ha vuelto a encender las críticas sobre la gestión del turismo en la región. El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, cuestionó duramente a las empresas privadas involucradas y denunció que, incluso en una situación de emergencia, la atención médica y logística habría sido priorizada “según la conveniencia de quienes tienen negocios alrededor de Machu Picchu”.

Salcedo señaló que este episodio confirma el desorden y la falta de control en un sector donde el interés económico parece ir siempre un paso adelante de la seguridad y el bienestar de las personas. Mientras tanto, pasajeros heridos, turistas varados y quienes esperaban ingresar o salir de Machu Picchu continúan sin información clara ni soluciones concretas.  ¿Aló, autoridades?

Denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final es archivada por la Fiscalía

Si por algo destacó Juan José Santiváñez en su paso por el Ejecutivo, además de sus nulos resultados en la lucha contra la criminalidad, es por la persecución que inició en contra del periodismo. Alias ‘Cachete’ no escatimó en denuncias y ataques contra los hombres de prensa que cuestionaron su accionar al frente del Ministerio del Interior y también fuera de la cartera. Precisamente, una de las denuncias que el engreído de Dina Boluarte interpuso ante el Ministerio Público ha sido desestimada.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este confirmó el archivo definitivo de la acusación formulada por Santiváñez en contra del dominical Punto Final.

El caso se remonta al informe periodístico sobre las reuniones que mantenía cuando ostentaba la jefatura de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, en Palacio de Gobierno. Allí era visitado por altos mandos policiales, ministros, exministros y otros altos funcionarios. El reportaje sacó ronchas en el flamante jale de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, para las Elecciones Generales 2026. Como diría Santiváñez, para subir, todo vale.

Gobierno oficializa frase ‘a toda máquina’ y ministros salen en su defensa

Con resolución en mano y ritmo de TikTok de fondo, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió que el Estado peruano avance, oficialmente, “¡a toda máquina!“, obligando a que el logo y el eslogan del gobierno de José Jerí aparezcan en toda publicidad institucional y comunicación. Ante las críticas y burlas en redes, la PCM explica que la frase simboliza movimiento constante y acción sin pausas contra la delincuencia, aunque para muchos recuerde más a una coreografía viral que a una política pública.

El diseño quedará a cargo de la Secretaría de Comunicación Social, bajo la firma del premier Ernesto Álvarez Miranda, mientras ministros defienden el lema como “motivacional”, “de unidad” y, sobre todo, gratis, porque ahora todo es digital.

El ministro de la Producción jura que no costará un sol y el de Salud asegura que la expresión ya la usaban sus abuelos, aunque más se parece al tema viral “La Máquina”, popularizada por influencers. Entonces la gente se pregunta si el gobierno se toma en serio su papel o es otro ‘meme’ más.

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Con el inicio formal del camino hacia las Elecciones Generales 2026, la región Ica tiene un escenario repetido: los mismos congresistas que hoy la representan buscan mantenerse en el poder, ahora amparados en el retorno del sistema bicameral que reabre la puerta a la reelección parlamentaria.

José Luis Elías Ávalos, Jorge Marticorena Mendoza y Raúl Huamán Coronado ya confirmaron su postulación para el nuevo Congreso, dos de ellos apuntando al Senado y uno a la Cámara de Diputados. El común denominador es claro: ninguno plantea un balance concreto de impacto regional que respalde su continuidad.

Elías y Marticorena postulan por Alianza para el Progreso, pese a haber llegado al Congreso con otras banderas políticas. Ambos migraron de bancada en medio del periodo parlamentario y hoy buscan refugio electoral en el partido de César Acuña, una estrategia que evidencia transfuguismo político antes que coherencia ideológica.

En tanto, Raúl Huamán Coronado, de Fuerza Popular, apuesta por una reelección como diputado con una campaña más partidaria porque es rechazado en las calles. Aunque mantiene discurso popular, su producción legislativa ha sido mayoritariamente declarativa, sin efectos frente a problemas estructurales como inseguridad, agua o empleo.

El único que queda fuera es Raúl Doroteo Carbajo, no por decisión propia, sino por la exclusión de Acción Popular del proceso electoral. Su salida ocurre además bajo el peso de denuncias por mochasueldos y su vinculación al caso “Los Niños”, lo que lo convierte en el rostro caído del bloque iqueño.

El panorama deja una foto incómoda: una oferta electoral reciclada por cambios de camiseta, ausencia de resultados tangibles y la intención de prolongar privilegios en el nuevo Congreso bicameral, mientras Ica sigue con sus eternos problemas.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

Ante la reciente declaratoria del estado de emergencia por 60 días en diferentes localidades de la región Piura, la Contraloría desplegó un operativo multisectorial para supervisar las acciones que permitan devolver la paz y tranquilidad de miles de familias piuranas. El objetivo de estas acciones es garantizar el correcto uso de los recursos públicos en seguridad ciudadana.

El Obrero

El primer lugar visitado fue la comisaría de El Obrero, en la provincia de Sullana, una de las localidades con mayor incidencia delictiva como robos, sicariatos y extorsiones. Pese a los riesgos que sobrelleva, esta dependencia solo cuenta con tres patrulleros y tres motocicletas operativas para cuidar a más de 80 mil ciudadanos.

Además, se constató que tienen chalecos antibalas desde el año 1994, mobiliario malogrado y camarotes en mal estado.

Contralor general de la República supervisó las comisarías de El Obrero (Sullana) y El Indio (Castilla).

El Indio

Similar situación se verificó en la comisaría de El Indio, en el distrito de Castilla. Allí, decenas de vehículos incautados ocupan un gran espacio de esta dependencia. Asimismo, se conoció que los propios policías deben asumir el costo de la limpieza de las instalaciones.

A ello se suma que el armamento utilizado tiene más de 10 años de antigüedad.

“Hay una disparidad cuando los agentes del orden enfrentan a la delincuencia. Es un poco preocupante cómo los policías exponen su vida por nosotros”, sostuvo el contralor.

Mira la supervisión que hizo el contralor general en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/share/v/17xyhmR8Mz

Operativo multisectorial

César Aguilar explicó también que Piura se suma a las regiones ya intervenidas por Contraloría de manera simultánea y multisectorial.

“Estamos por todo el país. Hemos viajado a Tacna, Puno, a la selva. Son equipos múltiples (…) Llegamos con 20 a 30 personas para realizar un operativo a profundidad. Si no conocemos la realidad al interior del país, entonces no sabremos qué requiere la población de nosotros. Hay que escucharla para saber cómo la Contraloría contribuye al desarrollo social”, remarcó Aguilar.

En otro momento, dijo que la Entidad Fiscalizadora Superior ha focalizado su norte en que la población reciba servicios básicos de calidad.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura

Este 29 de diciembre, el Perú conmemora 49 años del nacimiento de las Rondas Campesinas, una de las formas de organización comunal más significativas en las zonas rurales del país. Surgidas como respuesta a la ausencia de seguridad y justicia estatal para las poblaciones campesinas, esta organización ha marcado profundamente la vida social, política y territorial de regiones como Cajamarca y Amazonas, donde su experiencia cobra matices propios.

Orígenes y legado en Cajamarca

La historia de las rondas campesinas se remonta a Cuyumalca, un pequeño centro poblado de la provincia de Chota, en Cajamarca, donde el 29 de diciembre de 1976 un grupo de campesinos organizó la primera ronda con el objetivo de proteger sus bienes y su comunidad ante crecientes robos y el abandono estatal.

Con el paso de los años, lo que inicialmente fue una vigilancia nocturna contra los delitos de abigeato y hurtos, se consolidó como un instrumento de justicia comunal, de protección de derechos y de cohesión social en las zonas andinas. Con la promulgación de la Ley N.º 27908, las rondas campesinas obtuvieron reconocimiento jurídico como organizaciones autónomas y democráticas, con capacidad de participar en procesos sociales, de seguridad y de justicia en su ámbito territorial.

En Cajamarca, las rondas han ejercido un papel histórico más allá de la seguridad básica. Durante los años de violencia interna, muchas comunidades ronderas se organizaron para resistir los embates del terrorismo, actuando como un cerco de contención frente a grupos subversivos en áreas donde la presencia estatal era mínima.

Además, esta experiencia ha trascendido la función estrictamente vigilante para convertirse en actor social activo en la defensa de recursos naturales, proyectos de desarrollo rural y fiscalización de autoridades locales. En varias provincias de la región, las rondas han liderado demandas por mejor infraestructura, respeto a los derechos territoriales y mayor presencia institucional del Estado.

Presencia y aportes en Amazonas

Si bien el origen histórico de las rondas campesinas está estrechamente ligado a la sierra norte, en los últimos años su presencia y adaptaciones locales también han tenido lugar en regiones amazónicas, como Amazonas. Allí, la organización comunal ha servido como estrategia de seguridad rural y de protección comunitaria, respondiendo a un contexto de vacíos estatales similares: limitación de fuerzas del orden, dificultades de acceso a justicia formal y amenazas a los recursos y medios de vida de las comunidades rurales.

En la región de Amazonas, las rondas campesinas han sido objeto de programas de fortalecimiento de capacidades en materia de orden público y seguridad rural, con decenas de talleres dirigidos a ronderos en varias provincias, con la intención de que puedan articular mejor su trabajo con las instituciones estatales y enfrentar los retos específicos de su territorio.

Además, en algunas zonas amazónicas se han registrado experiencias organizativas indígenas de autodefensa y guardianía territorial que, aunque distintas en origen cultural de las rondas andinas, comparten la lógica de protección comunitaria frente a la inseguridad, la minería ilegal, la tala o el tráfico de bienes comunes, reflejando una convergencia de demandas por justicia, autonomía y defensa del territorio.

En la encrucijada del presente

Casi medio siglo después de su creación, la vigencia de las rondas campesinas sigue siendo motivo de debate y reflexión en el Perú. Para muchos pobladores rurales, representan una expresión de agencia comunitaria indispensable en contextos donde el Estado aún no garantiza plenamente seguridad, justicia y desarrollo. Para otros sectores, su presencia plantea desafíos en cuanto a límites jurisdiccionales y coordinación con las autoridades competentes, motivo por el cual se han presentado hasta hechos de denuncia por el delito de secuestro, que es uno de los temas más comunes por el que ronderos y ronderas son procesados.

No obstante, en lugares como Cajamarca y Amazonas, las rondas campesinas siguen siendo una pieza clave de la vida rural: custodian caminos, bienes y tradiciones; articulan reclamos sociales; y simbolizan la resiliencia de comunidades que han aprendido a organizarse para proteger su existencia y su futuro.

Hoy, al recordar el 49.º aniversario de su creación, es indispensable reconocer ese legado de lucha, de cohesión comunal y de búsqueda constante de justicia, mientras se reflexiona sobre su papel en los desafíos del Perú rural contemporáneo.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

El precio de los pasajes interprovinciales hacia Lima registra un incremento y alcanza hasta los 210 soles debido a la alta demanda generada por los viajes con motivo de las celebraciones de Año Nuevo. La situación se observa en el terminal terrestre Libertadores, donde desde tempranas horas se evidencia un constante flujo de pasajeros.

Usuarios llegan tanto para iniciar su viaje como para adquirir pasajes de último momento, principalmente con destino a la capital. Según información recogida en distintas agencias de transporte, las tarifas actuales oscilan entre los 100 y 210 soles, dependiendo de la empresa, el horario y el tipo de servicio, que incluye opciones como primer o segundo piso, bus cama y semicama.

La elevada demanda también ha impactado en la disponibilidad de asientos. Varias empresas informan que los cupos se encuentran limitados, especialmente en los horarios más solicitados, como los viajes del mediodía y la noche. En algunos casos, ya no quedan pasajes disponibles para determinadas salidas.

Para el día 31, varias agencias han señalado que no operarán con normalidad por el cierre de fin de año. De acuerdo con la plataforma RedBus, que agrupa a diversas empresas de transporte interprovincial, los pasajes disponibles para la ruta Ayacucho–Lima se ofrecen entre los 110 y 170 soles, aunque con menor oferta que en días previos.

El aumento de precios no se limita a la capital. En rutas hacia Cusco, los pasajes se comercializan entre 80 y 100 soles, mientras que hacia Junín alcanzan hasta los 70 soles, reflejando una moderada variación en comparación con semanas anteriores.

A pocos días de recibir el 2026, el terminal terrestre de Ayacucho continúa concentrando una alta afluencia de viajeros. La mayoría busca trasladarse a otras regiones para reunirse con familiares o participar de actividades propias de estas fechas, lo que mantiene la presión sobre la demanda de pasajes y la disponibilidad de servicios de transporte interprovincial.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

El gobernador regional de Loreto sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Cofide, el alcalde de Maynas y dirigentes de la Cooperativa de Motocarristas de Loreto, con el fin de analizar alternativas de financiamiento para fortalecer la actividad de los mototaxistas en la región. 

El encuentro se centró en identificar mecanismos que permitan mejorar las condiciones económicas del sector. Durante la cita se evaluó la posibilidad de impulsar líneas de crédito orientadas a la importación de repuestos y otros equipos, con el objetivo de optimizar el servicio de transporte urbano y garantizar su continuidad. 

Las autoridades señalaron que estas coordinaciones buscan dinamizar la economía local y respaldar a las familias que dependen de esta actividad en Loreto. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Pro & Contra

En Juliaca, la tragedia no terminó con la muerte del niño. Siguió después, cuando comenzaron a aparecer los datos. El conductor señalado como responsable de atropellar y arrastrar por varias cuadras a un niño de 8 años hasta causarle la muerte tendría antecedentes policiales por robo, según registros periodísticos del año 2018.

Testigos del accidente identificaron al presunto conductor como Luis David Fernández Lima, de 27 años, luego de mostrar el DNI y la licencia de conducir hallados en el lugar y dentro del vehículo implicado. Se trata del sujeto que habría estado al volante de la Camioneta Kia Sportage, con placa AAV-011, de propiedad de Edith Erika Fernández Lima. Que embistió a una familia que se desplazaba en una motocicleta lineal la mañana de este lunes.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., en las inmediaciones de la avenida Julio C. Tello, cerca del cementerio Miguel Arcángel, en la urbanización La Capilla. Un padre de familia viajaba con sus dos hijos cuando fue impactado por la parte posterior. El choque lanzó al padre y a una de las menores por el asfalto. El niño de 8 años quedó atrapado bajo el vehículo.

No hubo freno. No hubo auxilio.

El conductor siguió avanzando, arrastrando al menor por varias cuadras, mientras vecinos escuchaban los gritos y corrían detrás del vehículo pidiendo que se detuviera. La huida terminó recién en la avenida Andrés Avelino Cáceres, donde un reductor de velocidad separó el cuerpo del niño de la unidad.

Serenazgo trasladó de emergencia al menor al Hospital Carlos Monge Medrano, pero llegó sin signos vitales. El padre y la otra menor permanecen gravemente heridos, internados con pronóstico reservado, UCI.

La camioneta fue rodeada por vecinos indignados. Dentro del vehículo viajaban cuatro personas, todas con visibles síntomas de ebriedad, según la Policía. En el interior se hallaron botellas de cerveza y licor, evidencia que será confirmada con el dosaje etílico. La intervención policial evitó que el conductor fuera linchado.

Un nombre que ya figuraba en registros policiales

La indignación creció cuando comenzó a circular un antecedente. El 23 de enero de 2018, el diario Correo publicó una nota en la que se informaba que Luis David Fernández Lima, entonces de 19 años, fue retenido y amarrado a un poste por pobladores tras ser acusado de intentar robar una mototaxi en Juliaca. En aquel entonces, fue trasladado al Departamento de Protección Vehicular para ser investigado por presuntos robos similares.

Hoy, siete años después, ese mismo nombre aparece vinculado —de manera preliminar— a la muerte de un niño.

El Ministerio Público ya tomó el caso. La fiscal de turno ordenó las diligencias correspondientes y la incautación del vehículo. La responsabilidad penal, subrayaron las autoridades, dependerá de las pericias y del resultado del dosaje etílico.

Pero hay una verdad que no necesita informe técnico:

un niño murió arrastrado por la ciudad.

y alguien decidió no detenerse.

Juliaca vuelve a enfrentarse a lo mismo de siempre: alcohol, volante y una vida que no volverá.

Padre y niña siguen abandonados en pasillos del hospital a estás horas de la noche 

Indignante el padre y la niña, permanecen abandonados en camillas en los pasillos del hospital Carlos Monge Medrano, son las 9 de la noche, sin recibir atención médica oportuna.

La familia, natural de Saman y sin parientes en Juliaca, necesita apoyo urgente. Se exige la intervención inmediata de la dirección del hospital. La tragedia no terminó en la pista: continúa en el pasillo de un hospital.

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• Gobierno oficializa frase ‘a toda máquina’ y ministros salen en defensa de Jerí.

• Choque de trenes en Cusco expone graves fallas en la gestión turística: gobernador denuncia prioridad a intereses privados

• Denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final es archivada por la Fiscalía

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El video EMERGENCIA CUSCO | Choque de trenes deja un fallecido, heridos y turistas varados en Machu Picchu se publicó en YouTube en este enlace

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La población de Desaguadero ha ratificado el plazo de 72 horas que culmina este 31 de diciembre, para que se cambie a todos los efectivos policiales del distrito. Su alcalde, Héctor Sarmiento Huayta, rechazó el cambio progresivo de efectivos y pidió que los nuevos miembros del orden sean presentados en acto público.

La población en su conjunto determinó dar un plazo de 72 horas para que los efectivos sean removidos tras verse implicados en el robo de un auto, y en la víspera, la institución policial informó que se realizaría un cambio progresivo de policías.

“Lo que pasó en Desaguadero genera desconfianza hacia la policía. Nosotros como autoridades hemos consensuado un memorial pidiendo el cambio total de efectivos y lo hemos remitido al Ministerio del Interior”, precisó Sarmiento Huayta.

Agregó que según el consenso de la población, no darán más de 72 horas para que ello se efectivice; además, los nuevos efectivos que ingresen deberán ser presentados en acto público para que la ciudadanía conozca quiénes son, de dónde vienen y los antecedentes que tienen.

“Si eso no se cumple, no queremos que después las autoridades y la población tomen otras acciones”, agregó, la autoridad distrital, recordando que en la víspera se le comunicó el cambio del comisario del distrito.

Finalmente, condenó todo tipo de acto delictivo que involucre a policías, dado que, genera desconfianza en la ciudadanía y denigra la imagen de una institución que se supone, debe velar por la seguridad de una población.

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La tragedia ferroviaria en Machu Picchu ocurrida hoy a las 13:20 horas en el sector de qorihuayrachina – Pampacahua por el choque frontal de trenes, no solo dejó el lamentable saldo de un maquinista fallecido y más de 50 heridos (17 graves y 35 leves), sino que ha desatado una crisis institucional.

El gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, tras trasladarse de inmediato a la zona del desastre, lanzó una denuncia frontal contra las operadoras de trenes y clínicas privadas. La autoridad regional calificó de «inaceptable» que, mientras las víctimas sufrían, se priorizara el lucro.

«Pareciera que entre empresas privadas tienen comunicaciones directas entre ellas para seguir beneficiándose así, con la vida, frente a lo que significa este choque de trenes», sentenció Salcedo, evidenciando una presunta red de conveniencias económicas que operó durante la evacuación.

El gobernador responsabilizó directamente a las clínicas particulares por cualquier complicación en la salud de los pacientes. Según sus declaraciones, los heridos fueron trasladados «como si fueran animales, cinco o seis por ambulancia», priorizando el negocio de los centros de salud privados por encima de la capacidad logística y humana del sector público.

Ante este escenario de desorden y mercantilismo, Salcedo informó que ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y ha convocado de carácter urgente a la empresa FETRANSA para que rinda cuentas. Esta tragedia ha puesto al descubierto, según el gobernador, una gestión del turismo que privilegia a quienes tienen negocios alrededor del Santuario, mellando la imagen del Cusco y del Perú ante el mundo.

Respuesta ante la tragedia ferroviaria por choque de trenes en Machu Picchu

Por otro lado, la Gerencia Regional de Salud y la GERCETUR han activado un corredor turístico de emergencia para el traslado oportuno de los afectados. Por esta razón, se han dispuesto veinte ambulancias en puntos estratégicos como Piscacucho y el aeropuerto Velasco Astete para garantizar una atención que las empresas privadas habrían desviado por intereses económicos.

El choque de trenes en Machu Picchu ha obligado a la suspensión total de las operaciones de PeruRail e Inca Rail hasta que se garantice la seguridad en la vía. Igualmente, el gobierno regional evalúa traslados aéreos a la capital en coordinación con la Red Nacional de Protección al Turista para los casos de mayor gravedad.

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Jaime Quito, congresista por Arequipa, reitero su rechazo a la administración de Sedapar tras la firma del octavo convenio marco con la minera Cerro Verde. Según explica el legislador, la gerente general, el directorio y el presidente de la junta de accionistas aceptaron condiciones que perjudican de forma directa a los ciudadanos de Arequipa. El parlamentario sostiene que las autoridades actuales actúan más como representantes de la empresa minera que como servidores públicos encargados de proteger el recurso hídrico. Por ello, propone que, dado que ya existen ocho modificaciones previas, es necesario redactar un noveno convenio que realmente priorice el bienestar de la población local y corrija los errores de la gestión vigente.

La crítica principal se enfoca en la enorme diferencia de ingresos que este pacto genera para la región. Mientras que el convenio asegura un pago de 117 millones de dólares hasta el año 2060, Quito sostiene que el monto real debería rondar los 4,000 millones de dólares si se considera el incremento en el volumen de agua que la minera consume. Además, el congresista advierte que la empresa de saneamiento intenta confundir a la opinión pública al incluir las obras por impuestos, valoradas en 510 millones de dólares, como si fueran parte de la retribución directa por el agua. En su visión, estos proyectos son mecanismos de inversión distintos y no compensan el valor real del recurso que se entrega para las operaciones extractivas.

Otro punto de conflicto es la desaparición de cláusulas que antes protegían la rentabilidad del servicio. El acuerdo original del año 2011 establecía la necesidad de fijar un precio por el uso del agua, pero en esta última versión los funcionarios borraron ese artículo específico. Esto sucede a pesar de que desde el año 2016 existe un marco legal claro que permitiría cobrar por la comercialización del agua. Cálculos técnicos indican que, si se aplicara una tarifa de 3.36 dólares por metro cúbico, la minera Cerro Verde mantendría una deuda pendiente con la ciudad incluso después de cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. Sin embargo, la gerencia actual ha preferido omitir este cobro, dejando a la entidad sin ingresos vitales para su desarrollo.

Acciones legales y exigencia de responsabilidades administrativas

Ante lo que describe como irregularidades y vicios administrativos, Jaime Quito ha solicitado al Congreso de la República la creación de una comisión investigadora multipartidaria. Esta instancia tendría la tarea de revisar de forma minuciosa todos los acuerdos firmados desde el 2011 hasta hoy para determinar responsabilidades políticas y técnicas. Paralelamente, el legislador exige que la Contraloría General de la República intervenga con una auditoría profunda sobre los montos manejados en estos contratos y las decisiones de los funcionarios involucrados. Quito insiste en que el actual presidente del directorio debe anular el convenio, pero ante la falta de voluntad detectada, ha solicitado formalmente su renuncia inmediata y la de toda la plana gerencial.

La presión también recae sobre el presidente de la junta de accionistas, quien es la autoridad responsable de aceptar estas dimisiones. El congresista cuestiona que este funcionario haya respaldado el acuerdo motivado por la promesa de recibir pequeñas obras para su distrito, sin considerar el impacto económico negativo a largo plazo para toda la provincia de Arequipa. Al hacer público este pedido de renuncia y de anulación del convenio, Quito busca que el proceso de gestión del agua sea transparente y que se reconozca que la dirección actual no tiene la capacidad para administrar un activo tan crítico como la planta de tratamiento. 

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El terrapuerto de Arequipa funciona actualmente como el punto de partida principal para cientos de personas que viajan por las celebraciones de fin de año. Desde las primeras horas del último lunes, el terminal terrestre registra un flujo ininterrumpido de pasajeros y familias que llegan con equipaje para consultar tarifas. Estos usuarios buscan asegurar un asiento en los buses durante los últimos dos días de 2025, lo que genera una afluencia constante en las ventanillas de venta. Los destinos que concentran la mayor cantidad de solicitudes son Mollendo, Camaná, Cusco y Puno, debido principalmente a las reuniones programadas para estas fechas.

La empresa Cruz del Sur informó que los pasajes hacia Lima para este 29 de diciembre mantienen un costo que oscila entre los 200 y 265 soles, dependiendo de la categoría del servicio. Sin embargo, el personal de la misma compañía indicó que ya no ofrecen salidas hacia Lima ni Cusco para el 31 de diciembre. Los pasajeros ya compraron la totalidad de los asientos disponibles, agotando la capacidad de los buses para ese día específico. A pesar de esta limitación, otras agencias de transporte dentro del terminal todavía venden pasajes hacia la capital desde los 80 soles. Estas tarifas presentan variaciones constantes según el horario de salida y la empresa que elija el viajero.

Incrementos tarifarios en rutas costeras y del sur

Para las rutas cortas hacia la costa, como Mollendo y Camaná, la empresa Flores cobra hoy 20 soles por el traslado. No obstante, los transportistas confirmaron que el precio subirá a 30 soles el 31 de diciembre. Este aumento de 10 soles responde directamente a la alta demanda de boletos por las festividades de Año Nuevo. En cuanto a las regiones del sur, la empresa Sur Oriente vende pasajes a Cusco por 75 soles, mientras que los boletos para Puno y Juliaca cuestan 30 soles en su plataforma.

Otras empresas que cubren la ruta hacia Puno ofrecen precios en un rango que va desde los 25 hasta los 40 soles. Los transportistas prevén que las tarifas interprovinciales experimenten subidas de entre 20 y 25 soles a medida que se acerque el 30 de diciembre. Esta tendencia al alza es común cuando la disponibilidad de asientos disminuye por la presión de la demanda estacional. Por tal motivo, los encargados del terminal sugieren que los pasajeros tomen precauciones inmediatas. Recomiendan consultar los precios con anticipación y comprar los boletos con tiempo para evitar las dificultades típicas de las compras de último momento.

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