Una grave situación de inestabilidad administrativa sacude a la Municipalidad Distrital de Characato. La regidora Lisset Oré aseguró que actualmente existen hasta tres figuras ejerciendo funciones de alcalde y firmando documentos oficiales. Según la concejal, esta irregularidad surge porque el alcalde titular, Ángel Linares Portilla, se encuentra con licencia, dejando el cargo al primer regidor Zerafín Pinto Pinto. Sin embargo, cuando Pinto se ausentó por un viaje de tres días, encargó el despacho al regidor Jorge Vilca, quien habría firmado resoluciones utilizando el sello de alcaldía, una acción que Oré califica como ilegal dado que la encargatura debería recaer en el gerente municipal en situaciones de ausencia temporal de una autoridad que ya es interina.

La fiscalización de Oré no se detiene en el despacho de alcaldía. La regidora alertó sobre la presencia de un «trabajador fantasma» con antecedentes graves. Se trata de Rafael Rondón, exgerente de Servicios Públicos, a quien se le retiró la confianza el pasado 31 de octubre. A pesar de no tener vínculo laboral vigente, confirmado por las áreas de Logística y Recursos Humanos, Rondón sigue laborando, dando órdenes al personal y participando en inauguraciones de obras, como la de un parque en San Francisco. Lo más alarmante es que este funcionario acumularía dos denuncias por acoso sexual contra trabajadoras del municipio, según indicó la regidora. Oré lamentó que, pese a llevar el caso a sesión de consejo, el alcalde minimizó los hechos y la situación se manejó a puertas cerradas, dejando desprotegidas a las denunciantes.

Luces sobrevaloradas y denuncias penales

El aspecto económico de la gestión también presenta serios cuestionamientos. La regidora formalizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de noviembre tras detectar una presunta sobrevaloración masiva en la adquisición de luminarias. Las compras se realizaron para la Plaza de Characato y la Plaza de Mosopuquio, sumando un gasto total superior a los 145,000 soles. Según la investigación de mercado realizada por la propia regidora, el municipio pagó 1,846 soles por cada unidad en Characato y 1,640 soles en Mosopuquio, cuando el precio real en el mercado oscila entre los 200 y 460 soles.

La empresa beneficiada con esta adjudicación es DIS Bustamante E.I.R.L.. Oré detalló que se instalaron 36 unidades en una plaza y 48 en la otra, generando un perjuicio económico evidente para las arcas del distrito. La concejal cuestiona directamente a los responsables de estas áreas, incluyendo al gerente municipal Omar López Cusi y a la encargada de administración, Susana Torres Zegarra, por permitir estas transacciones. Oré exigió explicaciones sobre quién paga el sueldo del exgerente que sigue trabajando sin contrato y pide celeridad en las investigaciones fiscales sobre los precios inflados que afectan el presupuesto de todos los vecinos de Characato.

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José Jerí promulgó ley impulsada por el fujimorismo para carretera en zona de narcopistas y cultivos ilegales

Crecen críticas a José Jerí por defender al jefe del INPE mientras penales entran en crisis

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Las comunidades campesinas del Bajo Piura reafirmaron su rechazo al lote 208. Este proyecto fue concesionado por Perú Petro para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Los dirigentes señalan que no hubo consulta previa y que la medida afecta su territorio y sus derechos colectivos.

Luis Inga, presidente de la Comisión de Defensa de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, indicó que las comunidades no fueron informadas ni consideradas. Para ellos, esta decisión vulnera normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

Las bases de Catacaos, Cura Mori y El Tallán también mostraron su preocupación. Sostienen que el Estado está imponiendo el proyecto sin escuchar a las poblaciones directamente afectadas.

Los dirigentes anunciaron que no permitirán mesas técnicas ni charlas de Perú Petro. Señalan que estas actividades solo buscan facilitar el ingreso de una empresa privada para operar el lote 208.

La preocupación aumenta porque la empresa Olympic es la única que ha manifestado su interés en este proyecto. Según los comuneros, la compañía ha sido cuestionada en otras regiones por presuntos impactos ambientales.

El lote 208 abarca más de 441 mil hectáreas. Esta superficie incluye zonas de Piura, Castilla, Sechura y Morropón. Además, contempla la perforación de más de 300 pozos exploratorios.

Ante esta situación, las comunidades convocaron una asamblea de urgencia. La reunión será este domingo 14, a las 9:00 a. m., en el caserío Nuevo Paraíso, en Catacaos. El objetivo es unificar posiciones y elaborar un pronunciamiento oficial.

Los dirigentes también enviarán documentos formales a instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo. Además, alertarán a organismos nacionales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos indígenas.

Finalmente, las comunidades afirmaron que defenderán su territorio. Reiteraron que no permitirán acciones que vulneren su autonomía ni su propiedad comunal.

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La baja ejecución presupuestal vuelve a convertirse en un serio problema para Ayacucho. A pocas semanas de culminar el 2025, los municipios provinciales de la región no lograron ejecutar S/151 millones, superando los montos devueltos en 2023 (112 millones) y 2024 (134 millones). La tendencia de retraso en la inversión pública ya se arrastra por tres años consecutivos, afectando directamente la ejecución de obras básicas y servicios esenciales para la población. Las diferencias entre provincias mostraron una brecha significativa. En el norte, Huanta destacó con un 84.5 % de avance, seguido por Huamanga (80.8 %) y La Mar (80.6 %). En el sur, Lucanas alcanzó un 75.1 %. Sin embargo, otras zonas de la región evidenciaron un desempeño crítico: Vilcas Huamán y Víctor Fajardo no superaron el 50% de gasto, repitiendo los bajos resultados de años anteriores. En general, los municipios del centro y sur tampoco lograron superar el 70 % de ejecución. El análisis del comportamiento de los 124 municipios provinciales y distritales muestra un panorama aún más preocupante. Huamanga fue la jurisdicción que más recursos dejó sin ejecutar en los últimos tres años: S/99 millones en 2023, 101 millones en 2024 y 124 millones en 2025. Dentro de esta provincia, los distritos de Quinua, Jesús Nazareno y Santiago de Pischa no alcanzaron ni el 50 % de ejecución. En la provincia de La Mar, la situación tampoco fue alentadora: sus quince municipios acumularon 76 millones sin ejecutar, prácticamente el mismo monto de los últimos tres años. No obstante, algunos distritos lograron resultados excepcionales, como Luis Carranza, que superó el 90% de gasto, junto a Soras (Sucre) y Carmen Salcedo (Lucanas), que también alcanzaron altos niveles de ejecución. Las provincias con mayor retraso fueron Víctor Fajardo y Páucar del Sara Sara. En Víctor Fajardo, 9 de los 12 municipios no llegaron al 50 % de gasto, acumulando 65.3 millones sin uso. En Páucar del Sara Sara, ninguno de los 10 municipios logró un desempeño favorable, dejando 33.5 millones sin ejecutar, recursos que no se transformaron en obras ni servicios fundamentales para la población. La persistente incapacidad de ejecución presupuestal en Ayacucho plantea cuestionamientos sobre la eficiencia de la gestión pública local, la falta de supervisión técnica y la escasa capacidad operativa de varios municipios, especialmente en zonas rurales.

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Vendedoras del mercado de Belén expresaron su preocupación por el incremento sostenido del precio del pollo en las últimas semanas. Señalaron que un ave grande puede llegar a costar S/ 50 y que, pese a la alta demanda de diciembre, la venta ha disminuido. 

Indicaron además que reciben productos más pequeños y con menor rendimiento, lo que reduce sus ganancias. Atribuyen la situación a proveedores que operan sin competencia real y sin supervisión efectiva de las autoridades locales. 

Otra de las comerciantes afirmó que el alza se trasladó directamente al consumidor, lo que limita las compras de las familias. Explicó que los precios varían entre S/ 25 y S/ 35 según el peso, pero que la utilidad es mínima debido al encarecimiento del kilo. 

Las vendedoras coincidieron en que la cadena comercial se encuentra afectada y esperan que el precio se estabilice en las próximas semanas para sostener la venta durante las fiestas de fin de año. 

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La empresa minera informal, o en vías de formalización, Oro Negro, beneficiada con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), enfrenta dos investigaciones penales simultáneas en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), una de ellas por la presunta comisión del delito de contaminación a las aguas del río Yuracyacu, que sirve para la agricultura en el distrito de Pariahuanca, y la otra por la presunta alteración del paisaje, al construir un canal que transportaría agua para una planta hidroeléctrica.

Ambas investigaciones declaradas complejas se encuentran en una fase preliminar, informó el fiscal Walter Ramírez Simbala, en la reunión protagonizada este miércoles por pobladores de varias comunidades de Pariahuanca, representantes de Oro Negro, empresa asentada en la cabecera de cuenca del Yuracyacu, y funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas, y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Junín.

El fiscal Ramírez explicó que como parte de la investigación, el Ministerio Público tomó muestras de agua para evaluar la calidad ambiental y verificar si existe contaminación por elementos propios de la actividad minera, pericia cuyos resultados estarán listos en enero del 2026. ‘Estos resultados serán comunicados a las partes del proceso, es decir, a la minera Oro Negro, y al representante de las comunidades de Pariahuanca’, explicó el letrado.

Estos resultados serán clave para determinar la contaminación de las aguas del río Yuracyacu, una presunción que mantiene en alerta a los agricultores de Pariahuanca, quienes han comenzado a rechazar la presencia de la actividad minera en la zona. El 22 de noviembre, por ejemplo, se movilizaron hasta las instalaciones de la empresa para expresar sus reclamamos. En la reunión de este miércoles, en varios momentos se manifestaron en contra de la actividad minera en esta parte de la cordillera del Huaytapallana. Aunque, comuneros de Acopalca, donde se ubica territorialmente la minera, niegan que exista contaminación.

Alteración del ambiente

Por otra parte, los pariahuanquinos se sienten molestos con la minera por la construcción de una canal para trasladar agua hacia una central hidroeléctrica, cuyos desmontes, según denuncian, fueron arrojados al río Yuracyacu. Un comunero llegó a decir que las truchas de su piscicultura murieron.

Por la construcción de este canal, la Fiscalía Ambiental también investiga a Oro Negro, por el presunto delito de alteración del ambiente o del paisaje, sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años y con hasta noventa días multa, por alterar el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modificar la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles sin autorización.

En este caso, el fiscal Ramírez informó que el Poder Judicial emitió en primera instancia una medida cautelar para detener la construcción de este canal, en tanto avanza la investigación fiscal. Pero señaló que el juez debe determinar si el recurso de apelación de la demandada tendrá efecto suspensivo o no sobre la paralización.

Seis mineras con Reinfo cerca del Yuracyacu

 Por su parte, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín informó que en la zona de influencia del río Yuracyacu, existen 34 concesiones mineras, de las cuales 18 están tituladas y 16 en trámite.

Asimismo, existen 6 mineros inscritos en el Reinfo con inscripción vigente. Pero en las fiscalizaciones que realizaron, las autoridades solo comprobaron  a dos mineras con actividad, una de ellas Oro Negro. Los representantes de esta empresa indican que llevan 15 años en el lugar. Al estar catalogados como pequeño productor minero, la capacidad máxima de extracción que tiene es de 350 toneladas diarias.

Qué es el Reinfo

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es la base de datos donde se inscriben los mineros informales que buscan pasar al proceso de formalización. Estar en el Reinfo no significa estar formalizado, sino contar con una autorización temporal para operar mientras se cumplen los requisitos legales que exige el Estado.

Este registro identifica a los mineros en “vía de formalización”, les permite seguir trabajando de manera excepcional mientras presentan estudios ambientales, permisos de agua, uso de suelo y otras autorizaciones.

La reciente quinta ampliación aprobada por el Congreso causa controversia porque muchos inscritos no avanzan en la formalización, pero siguen operando y estas sucesivas ampliaciones prolongan la informalidad.

En zonas sensibles, como cabeceras de cuenca, su presencia puede provocar conflictos.

[Concesiones mineras en la cabecera de cuenca del río Yuracyacu]

Concesiones mineras en la cabecera de cuenca del río Yuracyacu by Huanca York Times

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La Contraloría General de la República acaba de soltar un documento revelador, que todos en el Gobierno Regional de Puno quisieran ocultar. Lo llaman “Informe de Auditoría N° 026-2025…”. Podríamos llamarlo, “El informe de cómo Richard Hancco pagó a la UNI de López Chau por trabajo retrasado, mientras el hospital Manuel Núñez Butrón sigue siendo sólo un sueño, a pesar que se puso la primera piedra a cargo del Consorcio Francés Egis-APHP, mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Primer acto: El truco del convenio

El hospital Manuel Núñez Butrón lleva paralizado desde diciembre de 2021 en Jayllihuaya. Ya se había botado 126 millones de soles. En lugar de buscar cómo reactivarlo de verdad, el Gobierno Regional de Puno, bajo el mando de Richard Hancco, tuvo una idea “brillante”.

Suscribió un “convenio de colaboración sin fines de lucro” con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con su Centro CISMID, que dirigía el ex rector Alfonso López Chau. Monto: 171,218 soles. ¿Para qué? Para unos estudios hidrológicos. Suena técnico, ¿verdad? El truco está en la palabra “colaboración”. Porque así evadieron la Ley de Contrataciones del Estado. No hubo licitación, no hubo competencia, no hubo transparencia. Fue un “hágase el contrato” a dedo, entre amigos.

Pero hay más. El Consejo Regional, ese que debería fiscalizar, nunca autorizó este convenio. Hancco lo firmó por su propia cuenta. Un acto de prepotencia que viola todas sus propias reglas.

Segundo acto: La farsa de los plazos y los pagos

La UNI entregó los estudios con retraso. Mucho retraso. Hasta 52 días. Según cualquier regla, eso es incumplimiento. El contrato debió anularse. Pero no. Los funcionarios de Hancco, como Wilhem Limachi y Juan Pablo Quispe, les dieron el “visto bueno” y pagaron hasta el último centavo.

¿Y a dónde fue ese dinero? La Contraloría descubrió que la plata no fue solo para el estudio de Puno. Parte se usó para pagar planillas de personal permanente del CISMID meses después de terminado el trabajo, e incluso para financiar un estudio de vulnerabilidad sísmica en… San Juan de Lurigancho, Lima. Así es. El dinero para la salud de Puno terminó financiando gastos corrientes de la UNI y un proyecto en la capital. Eso no es “colaboración sin fines de lucro”. Eso es lucrar descaradamente con la desgracia ajena. Alfonso López Chau debe explicar esta carambola contable.

Tercer acto: El terreno que desaparece

Mientras hacían este convenio irregular, el PRONIS (el programa que podría ejecutar la obra) les hizo observaciones a los dos terrenos para el hospital: el de Jayllihuaya y uno alternativo en la Av. El Sol. El compromiso era trabajar en ambos.

¿Qué hizo la gerencia de Infraestructura de Hancco? Contrató servicios solo para el terreno de Av. El Sol, abandonando a propósito el de Jayllihuaya. ¿Por qué? La auditoría huele a manipulación. Quieren que el terreno original, valorizado en más de 1.6 millones de soles, se pierda. ¿Otro posible desfalco, otra posible estafa?

El reparto de culpas

La Contraloría no se anda con vueltas. Señala nombres y apellidos y habla de responsabilidad administrativa y penal. De delitos.

• Richard Hancco: Por firmar a lo loco, sin autorización, evadiendo la ley. El Gobernador, el primer responsable.
• Alfonso López Chau (y la UNI): Por recibir un contrato irregular, incumplir plazos y usar los fondos para fines distintos a los pactados, lucrando con un hospital que el pueblo puneño espera se construya de una vez.
• Una corte de funcionarios cómplices: Del gerente general Juan Macedo, que impulsó el convenio; al asesor jurídico Keith Mamani, que dio el “aval” legal con tinta invisible; al ex jefe de abastecimiento Percy Huacantara; y a los que pagaron sin verificar, Wilhem Limachi y Juan Pablo Quispe. Una cadena de complicidad que hizo posible el pago.

La Burla

El proyecto sigue paralizado. Los estudios de la UNI no sirvieron para nada. 171 mil soles se evaporaron en un convenio amañado. Un terreno valorizado en millones podría perderse. Y todo esto ocurrió mientras, los ciudadanos de Puno, siguen esperando un hospital que salve vidas.

Esto no es error. Es dolo. No es mala gestión. Es una red que tejió el Gobierno Regional de Hancco con una universidad prestigiosa (la UNI) para succionar recursos públicos. Han convertido la salud, la urgencia más dramática de Puno, en un botín.

La Contraloría ha hecho su parte: ha levantado la alfombra y mostrado el negociado. Ahora le toca a la Fiscalía. A los ciudadanos. No permitan que este despropósito quede en un simple informe. Exijan que Richard Hancco y Alfonso López Chau rindan cuentas. Que los 171 mil soles robados a su esperanza les sean cobrados, hasta el último centavo, con la fuerza inflexible de la ley.

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El proyecto de agua potable para la provincia de San Román registra un avance de solo 16% cuando debía alcanzar 40% al 29 de septiembre, según informe de la Contraloría, mientras las obras priorizadas del primer tramo permanecen sin concluir ni contar con equipo de supervisión para recepcionar y entregar a SedaJuliaca, denunció el presidente de la Central de Barrios, Eusebio Cabrera Chunga, este jueves.

La Unidad de Coordinación del Proyecto firmó contrato para iniciar la segunda etapa sin haber concluido las obras priorizadas ni el PMR dos, incumpliendo procedimientos normativos que exigen entregas técnicas con supervisión aprobada antes de transferir infraestructura a Seda Juliaca, situación que también involucra a la ingeniera Rocío Gómez responsable de la licitación.

«Hay una clara muestra de que están incumpliendo los procedimientos que tienen que cumplir conforme a la normativa. Quieren presionar a los pobladores del sector salida Lampa para que se reciba esa obra en cualquier situación», declaró Cabrera, señalando que el Ministerio de Vivienda no accede a mesa de diálogo solicitada mediante memorial por beneficiarios y entidades comprometidas.

Entrega prevista se posterga

El proyecto debía concluir en 2024 pero la licitación permanece inconclusa, con nuevo plazo de tres años y cuatro meses que Cabrera considera incumplible. El retraso impide entregar la obra el 13 de diciembre como estaba programado, mientras el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano no plantea soluciones conjuntas con la UCP ni convoca reuniones técnicas.

La población juliaqueña ve alejarse el acceso a agua potable por incumplimientos técnicos y administrativos que obligan a Seda Juliaca a recibir obras mal concluidas. Cabrera advirtió que pobladores plantean medidas de protesta ante la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda sobre procedimientos pendientes de las dos obras involucradas en el PMR dos.

La Central de Barrios exigió que la PMO asuma la licitación de la cuarta etapa, función para la cual fue contratada, mientras una profesional pretende involucrar nuevamente a la UCP. El Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano deben responder sobre responsabilidades contractuales y plazos incumplidos que comprometen el derecho al agua potable en San Román.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

En la importante ciudad de Quillabamba, las valientes mujeres con carga familiar se preparan activamente para participar en la relevante festividad de Quillaraymi, con el fundamental motivo del aniversario de la querida ciudad. Las mujeres buscan generar ingresos indispensables a través del comercio ambulante en Quillabamba que se organiza por la alcaldía. Norma Rojas, una dedicada vecina de Serranuyoc y vendedora experta de yoguis, comentó que estos importantes eventos representan una excelente oportunidad para mejorar su precaria economía diaria. Ella señaló que hay un gran movimiento de personas pues la entrada al evento es completamente gratis, lo cual resulta muy atractivo. La señora Rojas espera lograr una venta que ascienda a unos S/ 250 por lo menos, buscando llevar un sustento a su hogar.

Conscientes de la situación, los distintos comerciantes solicitaron a las autoridades municipales promover muchas más actividades de tipo cultural y también garantizar mejores condiciones para poder desarrollar su arduo trabajo. Karina Mamani, una enérgica vecina de Quillabamba y vendedora de deliciosos anticuchos, expresó su deseo pidiendo que se realice mucha más publicidad de todos estos importantes eventos. Ella señaló que los comerciantes ambulantes también atraen con éxito a la gente ofreciendo novedosos productos, por lo que son parte de la atracción principal del evento. Por lo tanto, lo que falta es que las autoridades sean mucho más humanitarias con todas las personas de origen humilde que buscan trabajar decentemente.

Algunas de las vendedoras manifestaron directamente que el movimiento económico durante las celebraciones ha sido muy menor y que ellas aún enfrentan severas restricciones para ofrecer sus productos en todas las actividades públicas importantes. María Gonzales, una vecina del popular barrio Martín Adán y vendedora de refrescos, comentó que la situación no es equitativa en absoluto entre los diferentes comerciantes. Ella indicó que los funcionarios municipales no les permitieron entrar a la zona de ventas, mientras que a otros comerciantes sí les permitieron el acceso a esos mismos espacios. La señora Gonzales vende solamente matecitos y solo aprovecha estos grandes eventos para vender un poco más de lo acostumbrado.

Las comerciantes también denunciaron públicamente que, muy a diferencia de lo ocurrido durante el año pasado, en las actividades desarrolladas en la plaza de armas, como son las conocidas noches de café, fueron completamente aisladas. Así mismo, las vendedoras humildes indicaron que tristemente no se les permitió la instalación de sus respectivos puestos de venta en la zona central de la celebración. Luisa Teña, vecina de Quillabamba y vendedora de golosinas variadas, exclamó en tono de súplica: «Pido a las autoridades que nos dejen trabajar arduamente cuando se programen importantes actividades». Ella enfatizó que solamente en esos momentos tienen la crucial oportunidad para realizar buenas ventas de los productos que ofrecen a la comunidad. Estas mujeres con carga familiar pidieron mayor organización y también decidida promoción de todos los eventos que les permitan obtener recursos necesarios durante las celebraciones de cierre de año. El comercio ambulante en las festividades de Quillabamba se siente marginado.

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El último disparate del Congreso es la carretera que amenaza con impulsar el narcotráfico en la frontera entre Perú y Brasil. Gracias a una norma impulsada por siete parlamentarios fujimoristas, la vía UC-105 conectará a Pucallpa con Puerto Breu. El portal Epicentro advirtió que la zona está infestada de pistas clandestinas para aviones de narcotraficantes, además de cultivos ilegales vinculados a las drogas. Incluso, comunidades indígenas y especialistas se opusieron al proyecto, pero el Chongreso sacó la medida al caballazo.

Quien tampoco se ha parado a pensar los riesgos de la obra es el presidente José Jerí, quien ha promulgado la ley fujimorista más rápido de lo que demoramos en decir violín. Ya no solo son las leyes pro-crimen organizado, ahora el pacto y Jerí legislan favoreciendo a redes criminales transfronterizas. El narcoestado ya es canon.

Crecen críticas a José Jerí por defender al jefe del INPE mientras penales entran en crisis

El presidente José Jerí sigue demostrando que sabe entregarse al show, pero para gobernar la cosa cambia. A poco más de un mes y medio de asumir el cargo, el puesto parece quedarle gigantesco. Después de su desastroso show en la entrevista con Milagros Leiva, ahora vuelve a recibir una cascada de críticas por cómo defiende al jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, quien intenta tapar el escándalo por el presunto cobro de una fuerte coima para excarcelar a un reo asegurando que él y su familia están amenazados de muerte por su “sacrificado” trabajo.

Jerí salió al toque a blindarlo, diciendo que gracias a los cambios en seguridad la criminalidad está “asustada” y por ello las amenazas. Pero mientras el gobierno arma cuentos afuera, adentro de los penales reina el caos. Este jueves se reportó un presunto motín en el penal de Sarita Colonia, donde varios reclusos habrían intentado fugar en medio de disturbios.

Y claro, de eso Jerí, tan atento a las redes, no dice ni una sílaba. Eso sí, pregúntenle si quiere ir a cenar con Rosángela Espinoza y seguro responde rapidito.

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La tensión entre el gremio de transporte y la Municipalidad Provincial de Arequipa ha escalado nuevamente tras el anuncio de una posible paralización masiva. Víctor Mendoza, presidente del Frente de Defensa de Transportistas de la Región Arequipa, alzó la voz contra la propuesta impulsada por la subgerencia de Transporte Interurbano y Especial que busca endurecer drásticamente las penas contra el servicio no regulado. Según el dirigente, el proyecto de ordenanza plantea elevar la multa por la infracción R85 a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sumando un monto superior a los 10 mil soles, además de imponer una retención del vehículo por seis meses en el depósito municipal.

Mendoza calificó esta iniciativa como un abuso de autoridad y una medida inconstitucional que atenta contra el derecho al trabajo de miles de ciudadanos. Durante su declaración, el representante enfatizó que el Tribunal Constitucional ya ha fallado previamente a favor de transportistas en otras ciudades como Lima y Trujillo ante excesos similares, argumentando que las sanciones deben ser razonables y no confiscatorias. El dirigente rechazó tajantemente que se etiquete a los conductores informales como delincuentes, señalando que su labor surge de una necesidad real ante la ineficiencia del Sistema Integrado de Transportes (SIT), el cual no logra cubrir la demanda en zonas periféricas como Cono Norte, Cayma, Mariano Melgar y Paucarpata.

El gremio sostiene que las llamadas «loncheritas» son las únicas que garantizan la movilidad en sectores desatendidos por las rutas concesionadas. Mendoza criticó la gestión actual por priorizar la persecución mediante fiscalización en lugar de solucionar los problemas estructurales del sistema, como la falta de unidades en las rutas formales. Además, denunció que existen cerca de 79 empresas, que agrupan a unos 10 mil transportistas, esperando una oportunidad de formalización que la municipalidad les niega sistemáticamente bajo el argumento de la saturación de vías, un estudio técnico que, según Mendoza, brilla por su ausencia o está desactualizado.

La amenaza de una movilización radical

Ante este escenario, la postura del gremio es clara y contundente: si el Concejo Municipal aprueba el proyecto, los transportistas volcarán sus unidades a las calles en una jornada de lucha. Mendoza aseguró que convocarán a todas las bases para realizar una marcha multitudinaria y denunciar penalmente a los funcionarios involucrados por abuso de autoridad y omisión de funciones. El dirigente subrayó que no permitirán que la administración municipal busque «desaparecerlos» mediante multas impagables, cuando la realidad social demuestra que el servicio que prestan es indispensable para la población arequipeña.

Otro punto álgido en el reclamo es la supuesta optimización de rutas que promueve el municipio. Mendoza tildó de «burla» y «falsedad» el plan regulador actual, indicando que asignan cantidades ridículas de vehículos, como uno o dos carros por ruta, lo cual resulta insuficiente para la demanda existente. El representante de los transportistas exigió que se revisen los contratos de concesión del SIT y se transparente la situación real del transporte urbano, advirtiendo que la informalidad no es la causa del caos, sino una consecuencia directa de la falta de planificación y de un sistema de transporte colapsado que ha obligado a la ciudadanía a buscar alternativas para movilizarse.

Finalmente, el presidente del frente de defensa hizo un llamado a la reflexión a las autoridades ediles. Recordó que llevan más de dos años participando en mesas de trabajo que calificó de improductivas y llenas de mentiras, por lo que ahora exigirán, mediante la vía legal y la protesta social, la nulidad de los procesos sancionadores y una verdadera reforma que incluya a los miles de trabajadores del volante que hoy operan al margen de la ley por necesidad.

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Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa se ha congregado para alzar su voz en una protesta pacífica pero firme. El motivo de su movilización es la inminente posibilidad de que las autoridades universitarias cancelen los cursos de verano, correspondientes al semestre 2025-C. Según los manifestantes, esta decisión administrativa contradice acuerdos previos, ya que dichos cursos habían sido aprobados por la directiva durante este mismo año antes de que surgieran los conflictos recientes.

La justificación que manejan las autoridades para proponer esta cancelación radica en la reciente huelga docente, la cual se extendió por tres semanas durante el mes de noviembre. Sin embargo, los representantes estudiantiles consideran que esto es un error y una excusa insuficiente. Argumentan que, aunque la situación es complicada, no es imposible llevar a cabo el ciclo de verano. Sostienen que se puede gestionar el calendario y recortar cronogramas sin tocar las horas académicas necesarias, permitiendo así que el ciclo se desarrolle con normalidad.

Entre cánticos de «queremos estudiar, no esperar», los alumnos dejaron claro que la suspensión de este ciclo es una medida arbitraria que ignora las necesidades de la comunidad universitaria. La representante estudiantil enfatizó que existen formas de solucionar el desfase temporal provocado por el paro sin tener que sacrificar la oportunidad de estudio de los jóvenes durante los meses de enero a marzo.

Impacto masivo en alumnos de último año

La preocupación es palpable debido a la gran cantidad de personas que sufrirían las consecuencias de esta medida. Se estima que entre 3.000 y 4.000 alumnos se verían directamente perjudicados si se concreta la anulación del ciclo. El escenario es especialmente crítico para los estudiantes de quinto año, quienes necesitan estos créditos para egresar este año. De cancelarse el verano, estos jóvenes tendrían que esperar un año completo para poder culminar sus estudios, lo cual representa un retraso significativo en sus proyectos de vida y desarrollo profesional.

Mientras la protesta se desarrollaba en los exteriores, el destino de los cursos se debatía en una reunión entre miembros del Consejo Universitario. Según trascendió, la decisión final fue de no llevar a cabo un semestre en verano. Las autoridades agustinas señalaron que el retraso del calendario universitario por la huelga docente hace inviable el pedido de los jóvenes.

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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 11 diciembre 2025

CUSCO: El eco del descontento en la voz ciudadana de una provincia eternamente olvidada
AYACUCHO: Casonas colapsando en Huamanga

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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Diversos gremios y el Comité de Solidaridad y apoyo al Valle de Tambo se reunieron este jueves en los portales de la Plaza de Armas de Arequipa para ratificar su postura frente al conflicto socioambiental que atraviesa la región. En un pronunciamiento enérgico, los voceros confirmaron que el paro preventivo de 48 horas se llevará a cabo de manera impostergable los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre. La convocatoria no se limita a los residentes de la zona de influencia, sino que busca integrar a toda la ciudadanía arequipeña en una caravana que partirá desde la capital de la región hacia la provincia de Islay.

La logística para estas jornadas de protesta ya se encuentra definida. Según indicaron los dirigentes, la delegación partirá desde Arequipa a las 6:00 de la mañana del martes 16, con el objetivo de unirse a sus «hermanos del Valle de Tambo» y permanecer allí hasta la victoria final de esta medida de fuerza. El punto neurálgico de la manifestación será la Plaza Histórica de San Francisco, donde se ha programado una concentración general para las 9:00 de la mañana. Los organizadores enfatizaron que la lucha no busca convertir el valle en un escenario de violencia ni «un polvorín», por lo que hicieron un llamado explícito a evitar el derramamiento de sangre y mantener la protesta dentro de los cauces cívicos, aclarando que el pueblo no es cobarde, pero sí responsable.

Uno de los anuncios más relevantes durante la conferencia fue la gestión de una mesa de diálogo directa con el Ejecutivo. Los dirigentes informaron que se ha hecho un llamado al presidente de la República, José Jerí, para que acuda al lugar del conflicto. Aunque existen trámites en curso para concretar esta visita, los manifestantes consideran necesaria la presencia del mandatario para resolver las tensiones generadas por la actividad de la empresa Southern Perú y la contaminación del río Tambo. Asimismo, recalcaron que la batalla no es solo social, sino también legal; en ese sentido, destacaron que el próximo 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde se realizará la audiencia de la acción de amparo presentada, recurso que cuenta con el respaldo de congresistas y abogados que apoyan la causa de nulidad del proyecto minero.

Críticas a las autoridades regionales y exigencias ambientales

El discurso de los dirigentes también acusó a las autoridades locales, centrando sus críticas en el gobernador regional, Rohel Sánchez. Los manifestantes expresaron su profunda decepción ante lo que consideran una falta de respaldo por parte de la autoridad, a quien calificaron duramente por no cumplir con las expectativas de defensa del valle. Esperan que, aunque sea como una muestra de aprecio a la población que lo eligió, el gobernador pueda facilitar los puentes con el gobierno central, recordando que incluso su entorno familiar participó anteriormente en manifestaciones con la bandera verde de la agricultura.

La preocupación por el medio ambiente sigue siendo el motor principal de estas movilizaciones. Los voceros denunciaron la presencia de empresas «service» que operan en la zona y reiteraron que la agricultura se encuentra en grave peligro debido a la contaminación hídrica. Para los pobladores, la situación del río Tambo es crítica y no admite más dilaciones ni «paseos» burocráticos. La consigna es clara: defender la despensa alimentaria del sur del país frente a los intereses extractivos. Finalmente, reiteraron la invitación a todos los colectivos y ciudadanos que buscan candidaturas o representatividad a que demuestren su compromiso en el campo, uniéndose a esta jornada de lucha que promete ser contundente en la defensa del Valle de Tambo.

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La Red de Medios Regionales del Perú, sigue presentando a los candidatos a las Elecciones Generales 2026 y este jueves 11, conversará con Ronald Atencio, candidato a la presidencia de la República por la alianza Venceremos. Conozca su trayectoria y propuestas.

El video Elecciones 2026: Los candidatos hablan con las regiones: Ronald Atencio | AGENDA REGIONAL se publicó en YouTube en este enlace

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En una reciente entrevista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro tiene «los días contados» en el poder y no descartó una posible invasión militar por tierra. Además, el panorama volvió a agitarse tras la incautación de un buque petrolero en las costas de Venezuela, hecho que el gobierno de Maduro calificó como un «robo descarado» y un «acto de piratería». También generó fuerte atención en redes sociales una entrevista en la que la congresista María Elvira Salazar, representante por Miami, aseguró que una eventual invasión podría beneficiar a la economía estadounidense.

El video ¿ALISTAN UNA INVASIÓN? | Crece tensión entre EEUU y Venezuela tras incautación de buque petrolero se publicó en YouTube en este enlace

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La Red Asistencial Arequipa de EsSalud emitió un comunicado oficial tras la grave denuncia pública de una madre portadora de VIH. Ella afirmó que su bebé se intercambió al nacer en el hospital III Yanahuara, exponiendo a otra recién nacida al virus.

La institución informó que los exámenes de descarte realizados el 10 de diciembre a la menor y a su madre biológica arrojaron resultados negativos. De esta manera se descarta el contagio del recién nacido y su progenitora, tras exposición al virus.

Según el pronunciamiento, las pruebas serológicas (ELISA) aplicadas a ambas pacientes confirmaron la ausencia del virus. Pese a este hallazgo, la gerencia de la red asistencial de Arequipa ha iniciado una investigación preliminar a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para determinar posibles responsabilidades y aplicar medidas correctivas.

Inhabilitación de Delia Espinoza: ¿Qué congresistas por Arequipa votaron a favor?

Negligencias en Arequipa

La denuncia, presentada anteriormente por la madre, detallaba una cadena de negligencias. Relató que, tras dar a luz en marzo, recibió al ser dada de alta a una bebé que no era la suya, a quien amamantó por más de diez horas antes de que el hospital rectificara el error.

EsSalud Arequipa sostuvo que respeta la confidencialidad de los datos de salud, amparada en la Ley de Protección de Datos Personales, y garantizó transparencia en el proceso. La institución mantendrá el seguimiento a las familias involucradas mientras continúa la investigación interna por los hechos ocurridos en el nosocomio de Yanahuara.

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En una decisión que ha generado debate, la mayoría de los representantes por Arequipa en el Congreso votaron a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza durante las sesiones plenarias de esta semana. La medida, calificada por sectores jurídicos como arbitraria, contó con el respaldo clave de los legisladores arequipeños en las votaciones definitorias.

De los seis congresistas que representan a la región Arequipa, cuatro respaldaron consistentemente la sanción en las tres oportunidades de votación en el pleno:

• María Antonieta Agüero Gutiérrez (Perú Libre)
• Diana Carolina Gonzales Delgado (Avanza País)
• Pedro Edwin Martínez Talavera (Acción Popular)
• Esdras Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular).

Un quinto legislador, Alex Paredes, votó a favor en una de las instancias y se ausentó en otras dos. Solo Jaime Quito se mantuvo en contra del proceso de inhabilitación en todas las votaciones. Votos publicados por Congrezoo.

Delia Espinoza: qué congresistas y qué bancadas votaron a favor de su inhabilitación

Inhabilitación de Delia Espinoza

El camino para alcanzar los 71 votos necesarios en el hemiciclo fue complejo. Tras una primera votación fallida, una reconsideración promovida por Jorge Montoya y Norma Yarrow logró el apoyo masivo de 91 legisladores, entre ellos los congresistas por Arequipa antes mencionados, para volver a someter el tema a votación.

Este segundo intento sí obtuvo la mayoría requerida, consolidando una decisión que, sumando los votos de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, refleja el respaldo de 94 congresistas en todo el proceso.

La postura de los representantes arequipeños alineados con la inhabilitación contrasta con las críticas que cuestionan la fundamentación legal del procedimiento.

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Fernando Rospigliosi respondió a quienes lo acusan de promover la impunidad al defender a militares y policías involucrados en las muertes de peruanos durante las protestas de 2022 y 2023, así como a agentes señalados por desapariciones y torturas en las décadas de 1980 y 1990. Esta vez lo hizo condecorando a más militares, específicamente a quienes se opusieron a Pedro Castillo durante su intento de golpe de Estado del 8 de diciembre.

En su discurso, se refirió de manera despectiva a “esa señora” Delia Espinoza por reunirse con asociaciones de víctimas cuando fue fiscal de la Nación. Además, como presidente del Congreso en funciones, mostró indignación contra quienes cuestionan el rol de la Policía y las Fuerzas Armadas, asegurando que, según sus palabras, “ellos salvaron al Perú de convertirse en Venezuela, con una dictadura como la de Cuba”.

Rospigliosi reiteró que no descansará hasta lograr la aprobación de su proyecto de ley que impediría que militares y policías procesados por la represión de las protestas enfrenten responsabilidades penales o paguen indemnizaciones.

El video ROSPIGLIOSI SE RAYA | Rospigliosi despotrica contra Delia Espinoza mientras militares lo aplauden se publicó en YouTube en este enlace

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Más de 1,500 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han visto perjudicados por la suspensión del examen de posgrado debido a la resolución que emitió el comandante general de la PNP, Óscar Arriola y que ya es considerada como un golpe a la meritocracia.

Cuando muchos de los participantes ya se habían desplazado desde las distintas regiones del país a Lima para rendir la prueba para sus ascensos, Arriola Delgado la suspendió de manera excepcional. Además, cambió algunas reglas del proceso.

Pero, lo que está generando más indignación entre los policías es que este cambio es por un presunto favoritismo al efectivo policial que viene a ser la ‘sombra’ del presidente José Jerí, el comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez, quien es su hombre de confianza y encargado de su seguridad personal.

La resolución, que tiene carácter de excepcional, cambia las reglas que históricamente se han exigido para los ascensos. Ahora el oficial cercano al presidente, como otros oficiales que ya no podían presentarse, podrán postular a un ascenso sin cumplir los requisitos que se exigían antes.

Encuesta CPI: Congreso y Policía tienen la mayor desaprobación entre los peruanos como instituciones civiles y uniformadas

No habrá meritocracia para los ascensos en la PNP

La Resolución Excepcional N.º 1014-2025, introduce una modificación inédita al reglamento de ascensos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Que se puede postular a los ascensos sin haber completado los diplomados previos obligatorios.

Además, se ha reprogramado el examen para este domingo 14 de diciembre – por lo que tendrán que viajar nuevamente a Lima algunos oficiales. Y han sustituido el sistema computarizado por uno de lector óptico, para la revisión de los exámenes, lo que se considera más susceptible a manipulaciones.

El abogado José Palacios, director de «La Voz del Policía», denunció en Exitosa que la resolución ‘revive muertos’, “al posibilitar el ascenso de oficiales que no realizaron los cursos obligatorios. Y denunció que esta disposición la elaboraron específicamente para beneficiar a Mendoza Chávez. Quien forma parte de la comitiva oficial que acompañará a Jerí en su viaje a Ecuador programado para este 12 de diciembre”.

Por su parte, el exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señaló que “la resolución favorece directamente al comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez. Ya había logrado un ascenso previamente sin cumplir con los cursos requeridos y esta excepción le brinda nuevamente una oportunidad de avance, evadiendo los principios meritocráticos fundamentales para la institución”.

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