La marcha en Huancané fue para exigir justicia inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables de la tragedia. Desde tempranas horas, los deudos se congregaron en el Instituto Pedagógico de Huancané, donde iniciaron una movilización que recorrió las principales calles de la ciudad. Con pancartas en mano, arengas y el acompañamiento de conjuntos de sikuris, […]
La marcha en Huancané fue para exigir justicia inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables de la tragedia.
Desde tempranas horas, los deudos se congregaron en el Instituto Pedagógico de Huancané, donde iniciaron una movilización que recorrió las principales calles de la ciudad. Con pancartas en mano, arengas y el acompañamiento de conjuntos de sikuris, los manifestantes avanzaron con dirección a la sede del Ministerio Público.
Durante la protesta, los familiares demandaron que se dicte prisión preventiva para los presuntos involucrados, entre ellos el detenido que permanece bajo investigación. También exigieron medidas urgentes contra los propietarios del local, quienes se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
Los deudos expresaron su preocupación por la falta de avances en las labores de búsqueda, responsabilizando a la Policía Nacional del Perú por la aparente inacción en la ubicación de los fugitivos. En ese sentido, solicitaron la intervención de altos mandos policiales para garantizar un operativo eficiente que evite que el caso quede impune.
La población de Huancané reafirmó su compromiso de continuar movilizándose hasta que las autoridades aseguren justicia para las diez víctimas y se esclarezcan plenamente las circunstancias de esta lamentable tragedia.
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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que este 10 de diciembre el índice meteorológico de incendios se mantiene entre niveles moderados y altos, por lo que pidió a la población evitar quemas agrícolas y cualquier uso descuidado del fuego en el campo. El boletín N.° 607-2025 elaborado con información del Senamhi […]
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno informó que este 10 de diciembre el índice meteorológico de incendios se mantiene entre niveles moderados y altos, por lo que pidió a la población evitar quemas agrícolas y cualquier uso descuidado del fuego en el campo.
El boletín N.° 607-2025 elaborado con información del Senamhi detalló que las provincias de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Sandia presentan un nivel moderado de peligro de incendios forestales.
El informe precisó que en nivel moderado el fuego puede crecer a lo largo de los flancos de un incendio y exige herramientas manuales y agua a baja presión, por ello el COER recomendó cuidar pastizales secos y no arrojar colillas ni botellas en zonas rurales.
El documento ubicó a la provincia de Puno en nivel alto de intensidad del fuego, situación que requiere un ataque directo al incendio con equipo especial y construcción rápida de líneas de control, lo que eleva el riesgo para brigadistas y para familias que viven cerca de laderas.
El reporte señaló que solo Lampa y Yunguyo se mantienen en nivel bajo, categoría en la que el fuego suele extinguirse lentamente o de manera natural, aunque el COER recordó que un descuido puede cambiar las condiciones y provocar que un incendio se salga de control.
El boletín incluyó una tabla de interpretación que describe que en niveles muy altos y extremos los incendios se vuelven difíciles de controlar, por ello el COER subrayó la importancia de que municipios y comités de seguridad revisen sus planes de respuesta ante emergencias.
El COER Puno reiteró a las autoridades locales que informen por radio y altoparlantes sobre la prohibición de quemas sin autorización, además pidió a la ciudadanía comunicar de inmediato cualquier humo sospechoso, porque una alerta temprana reduce daños en chacras, viviendas y bofedales.
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Defensa legal de comerciante agredida pide garantías tras ataque. La víctima no trabaja hace tres días por miedo a represalias.
Una mañana de trabajo habitual se tornó violenta cuando Francisca Huamaní, una vendedora de desayunos, sufrió una agresión física mientras intentaba laborar bajo el puente San Isidro, en Arequipa. Según el testimonio recogido, el conflicto se originó por una disputa territorial sobre el espacio de venta, lo que derivó en un ataque directo por parte de tres mujeres identificadas como hermanas. La abogada de la víctima, Diana Romero, explicó que las agresoras, ya identificadas, actuaron con la intención de expulsar a Francisca del lugar para mantener el control exclusivo de la zona.
El relato de los hechos describe un escenario de caos donde la integridad física y el sustento de la comerciante resultaron vulnerados. Francisca detalló cómo una de las hermanas, quien se encuentra en estado de gestación, la sujetó del cabello y la mordió, mientras recibía patadas en el estómago por parte de las otras implicadas. Además de los golpes, la denunciante lamentó la pérdida de su inversión diaria, ya que las agresoras patearon y destruyeron sus productos, dejando bolsas de pan y ollas de quinua regadas por la vereda. La defensa legal resaltó la existencia de videos que desmienten la versión de las acusadas, quienes habrían intentado simular ser las víctimas tirándose al suelo, cuando las imágenes muestran a Francisca tratando de contener a las otras mujeres para evitar más golpes.
Antecedentes violentos y miedo a represalias
La situación legal de las agresoras podría complicarse, pues la abogada Romero indicó que este comportamiento no es nuevo. Según sus declaraciones, las hermanas Hinostroza cuentan con denuncias previas por agredir a otras comerciantes y emolienteros en la misma zona, utilizando la violencia como método para amedrentar a la competencia y adueñarse del espacio público. La letrada enfatizó que estas personas actúan como si fueran dueñas de la calle, ignorando que el comercio ambulatorio no otorga derechos de propiedad sobre la vía pública.
Las secuelas del ataque van más allá de las lesiones físicas visibles, como arañones y moretones. Francisca confesó que lleva tres días sin trabajar y permanece encerrada en su domicilio debido al terror que siente por su seguridad. La víctima aseguró que personas en motos lineales han estado rondando su entorno, lo que interpreta como una amenaza directa vinculada al incidente. Ante este panorama, tanto la afectada como su representante legal se dirigieron a la comisaría para pasar por el médico legista y solicitar garantías para su vida, exigiendo a las autoridades que frenen estos actos de vandalismo que impiden a los ciudadanos trabajar honradamente.
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Los familiares de las víctimas y ciudadanos en general, conmemorarán los tres años de los muertos y heridos de las protestas de 2022 contra el gobierno de Dina Boluarte, quien nació en esa región y no hizo nada por lograr justicia a los deudos.
Los familiares de las víctimas y ciudadanos en general recordarán el tercer aniversario de las muertes de quienes salieron en protesta en Andahuaylas, Apurímac, y no retornaron más a sus hogares por la represión desmedida de las fuerzas combinadas del orden, durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Como se recuerda, los ciudadanos de Andahuaylas se declararon en insurgencia nacional tras la vacancia del presidente Pedro Castillo y exigían el cierre del Congreso para que se convoquen a nuevas elecciones. Para ser escuchados, convocaron y acataron un paro regional el 12 de diciembre y así alzar su voz de protesta. Debido a la brutal represión de la Policía, ocho ciudadanos murieron y otros resultaron heridos, además de bloqueos en las calles, por lo que le gobierno declaró el estado de emergencia.
Ya el 10 de diciembre, hubo enfrentamientos de los ciudadanos con la PNP, quienes secuestraron a dos efectivos, a quienes luego liberaron.
Programa General del Encuentro
El Programa General del “Encuentro por la dignidad y la memoria de las víctimas y heridos de la represión de la protesta 2022” para este viernes 12 de diciembre, tiene prevista una concentración previa a la marcha en el Campo ferial, Parque Lampa de Oro de Andahuaylas a las 9 de la mañana.
De allí partirán los familiares de las víctimas y autoconvocados hacia la Plaza de Armas, en la denominada Marcha de Conmemoración, a partir de las 10 de la mañana, recorriendo las principales calles y avenidas aledañas al recinto ferial.
En el Parque Lampa de Oro, a partir de las 2 de la tarde, se desarrollará una tarde de memoria cultural, con la participación de diferentes grupos artísticos, para pasar luego a la Vigilia desde las 5 pm, la misma que durará hasta las 6 pm, hora en que será el cierre de la conmemoración.
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Elección de nuevo titular del Ministerio Público se vería el próximo año. Este viernes se reincorpora Luis Arce y Tomás Gálvez sigue con movidas internas
La Junta de Fiscales Supremos analizó este miércoles la inhabilitación de Delia Espinoza, según informó el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunciando que en enero o febrero del 2026v se decidirá sobre esta designación.
La Junta de Fiscales Supremos (JFS) en sesión de este miércoles solo analizó la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, y no la elección del nuevo fiscal titular, según se había anunciado en la convocatoria que realizó el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.
De acuerdo con lo informado por Gálvez Villegas, en la sesión de este 10 de diciembre, únicamente se vio la inhabilitación de Espinoza Valenzuela, la misma que se seguirá debatiendo y que, la elección del nuevo fiscal de la Nación podría verse a inicios del próximo año.
De esta forma, la JFS está adelantando el periodo regular de la gestión de Delia Espinoza, porque su mandato debía concluir en el 2027. Por lo que en la sesión se analizó exclusivamente “las implicancias de la inhabilitación impuesta a la magistrada por el Congreso”.
Tomás Gálvez dijo a La República que “nunca estuvo previsto elegir a un nuevo titular en esta reunión y negó que hubiera un proceso inmediato en marcha”. Pero sí confirmó que la Junta retomará la discusión en enero o febrero del 2026, con lo que se adelanta el debate para la sucesión, ya que deberían iniciar cerca al término del mandato que era en el 2027.
Luis Arce, el fiscal repuesto por el TC, regresa este viernes
Pero según fuentes cercanas al Ministerio Público, la JFS no podría elegir a un nuevo fiscal de la Nación, porque primero “Espinoza Valenzuela tendría que estar destituida y no solo inhabilitada”. Tal como sucedió con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tras ser inhabilitada también por el Congreso, pero regresó a su cargo de fiscal suprema titular con una medida judicial que determinó que había sido ilegalmente sancionada.
Decisión similar se adoptó en mayo del 2024, cuando se mantuvo como interino al fiscal supremo, Juan Carlos Villena, luego de que Patricia Benavides fuera destituida por la JNJ. Lo que ahora se tiene como antecedente.
La decisión se adoptó porque Benavides Vargas interpuso una reconsideración contra su destitución, que fue ratificada. Así, la JFS recién realizó la elección del nuevo fiscal de la Nación, siendo electa Delia Espinoza, ahora inhabilitada por el Congreso para que en diez años no pueda ejercer función pública.
Tomás Gálvez saca a fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos
El fiscal de la Nación interino, removió al fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien trabajaba en la elaboración del informe para formalizar la investigación contra el fiscal de la Nación interino, en un claro conflicto de intereses.
Con una resolución y de manera injustificada, Gálvez Villegas dio por concluido el nombramiento de Juan Paúl Ramos Navarro como fiscal adjunto supremo provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien llevaba la carpeta fiscal, donde se investiga el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo, porque habría interferido la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.
En este expediente fiscal se encuentran también como investigados el prófugo exjuez supremo, César Hinostroza; el exjuez supremo, Ángel Romero; el empresario, Américo Mendoza; el exalcalde de Olmos, Willy Serrato y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.
Y según pudo conocer Infobae, el fiscal Juan Paúl Ramos Navarro estaba en la tarea de elaborar el informe que elevaría a la Fiscalía de la Nación, para que se autorice la acción penal contra Tomás Gálvez y otros, ya que en casos contra magistrados, un fiscal no puede formalizar directamente la investigación preparatoria, a excepción de los supremos.
El plazo de la investigación preliminar a Tomás Gálvez, por su nombramiento como fiscal supremo, finalizó en agosto de este año. Luego, el fiscal Ramos Navarro tenía que presentar el informe para que se decida si se formalizaba la investigación e iniciar la acción penal. Lo que tendría que decidir en su propia contra. Según algunos abogados consultados coincidieron en que, Gálvez tendría que inhibirse y derivar la decisión al fiscal supremo Pablo Sánchez.
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Un crimen ocurrido en Arequipa ha generado bastantes dudas y consternación. Se trata de la muerte de Franco Álvaro Alcócer, un joven de 26 años que falleció este fin de semana tras una semana de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo.
Su deceso es el desenlace trágico de una violenta agresión ocurrida la madrugada del 30 de noviembre en el distrito de Mariano Melgar. Esta agresión habría sido originada por una acusación que las investigaciones posteriores habrían dejado en duda.
Todo comenzó durante una reunión social en una vivienda, donde Franco compartía con Jonathan Enríquez Fernández (33) y otros. Según los primeros relatos, la situación escaló cuando un niño de seis años, también presente en la casa, salió alarmado de una habitación.
Acto seguido, familiares del menor, incluyendo a Enríquez y su hermano, sometieron a Franco a una golpiza brutal que lo dejó inconsciente y con graves lesiones en la vía pública.
Familiares y amigos de la víctima han realizado varias vigilias, siendo la última en la Plaza de Armas el último martes, exigiendo que se limpie el nombre de Franco Álvaro Alcócer, y se condene a los responsables de homicidio.
La policía, al llegar, lo encontró semidesnudo, ensangrentado y con indicios de una violación sexual. Sin embargo, el móvil inicial del ataque, un presunto tocamiento indebido al niño, se ha visto cuestionado.
Habría trascendido que la evaluación en cámara Gesell descartó dichos actos, aunque la familia del menor se negó a un examen médico legista posterior. Mientras, la Fiscalía de Arequipa ya no investiga a la víctima, sino que ha abierto una línea por tentativa de homicidio, lesiones graves y violación sexual en contra de los dos hermanos agresores, quienes cumplen nueve meses de prisión preventiva.
Tras ser atendido inicialmente en el hospital Honorio Delgado por policontusiones severas, Franco fue trasladado al Seguín Escobedo. Allí, su familia mantuvo una vigilia de siete días, esperando un milagro que nunca llegó.
Su tío, visiblemente afectado, ha clamado públicamente por una investigación completa e imparcial que esclarezca los hechos y haga justicia, rechazando la sombra de una acusación que manchó la memoria del joven.
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Con más de cuarenta marcas independientes, los asistentes podrán explorar y adquirir piezas únicas de diseño, accesorios, ilustración, moda vintage y artículos hechos a mano.
Este 11 y 12 de diciembre, la magia de la Navidad se vivirá de una forma única en la ciudad de Arequipa. ‘El Wecco, La Feria’ abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia inmersiva que combina el talento local, la música en vivo y actividades culturales. Consolidándose como un evento esencial en la agenda cultural de la Ciudad Blanca.
La creatividad será la protagonista absoluta, con la participación de más de cuarenta marcas independientes. Los asistentes podrán explorar y adquirir piezas únicas de diseño, accesorios, ilustración, moda vintage y artículos hechos a mano. Además, apoyando directamente al ecosistema de emprendedores locales.
El escenario vibrará con conciertos en vivo durante ambos días, presentando a una cuidada selección de artistas. El cartel incluye a bandas y solistas como Conejitos Suicidas, Ratita Saturniana, Tika, Axentry y Leiath, ofreciendo la oportunidad perfecta para descubrir nueva música favorita.
Para incentivar la puntualidad, la organización ha preparado regalos especiales para los primeros asistentes. Se obsequiarán totebags, pines y stickers, y el viernes 12 se sumará chocolate caliente, creando una cálida bienvenida navideña.
La feria también está diseñada para el aprendizaje y la interacción. Se realizarán diversos workshops y talleres culturales a lo largo del día, promoviendo un espacio para crecer y compartir en comunidad.
El ingreso al evento es completamente gratuito y las mascotas son bienvenidas, asegurando un plan familiar e inclusivo para disfrutar del espíritu navideño en Arequipa.
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Se solicitó a la compañía un aporte superior a los 11 millones de soles para el Fondo de Desarrollo Social, sin embargo, la oferta final de Bateas no superó los 2.6 millones de soles
Las autoridades y representantes del distrito de Caylloma, en la región Arequipa, anunciaron la ruptura de las negociaciones con la empresa minera Bateas. La decisión se tomó tras no alcanzar un consenso para incrementar significativamente la inversión destinada al desarrollo social de esta jurisdicción, zona de influencia directa de la operación.
El alcalde distrital, Juan Delgado, detalló que durante el último encuentro se solicitó a la compañía un aporte superior a los 11 millones de soles para el Fondo de Desarrollo Social. Sin embargo, la oferta final de Bateas no superó los 2.6 millones de soles. El burgomaestre consideró esta propuesta insuficiente, destacando que la minera reporta ingresos anuales de alrededor de 430 millones de soles, pero la contribución actual apenas representa el 0.6% de ese monto.
El presidente del Frente Único de Defensa de Caylloma, Alejandro Ccasa, enumeró las carencias críticas que enfrenta la población. Entre las prioridades se encuentran la falta de saneamiento básico, una planta de tratamiento de aguas residuales y la mejora de la infraestructura educativa.
Estos requerimientos contrastan con el crecimiento de la operación minera, que desde la firma del convenio marco en 2021 ha triplicado su producción y despliega más de un centenar de vehículos en la zona.
Los dirigentes han convocado una nueva mesa de trabajo para el 12 de diciembre, exigiendo la presencia del gerente ejecutivo de la empresa. Advirtieron que, de no registrarse avances concretos y una voluntad real de negociación, la población se vería obligada a adoptar medidas de protesta más radicales.
La posibilidad de una huelga distrital se evalúa ante la percepción de incumplimiento por parte de la minera.
Voceros de la comunidad, que se desplazaron hasta la ciudad de Arequipa para hacer oír su posición, acusan a la empresa de ignorar las necesidades locales en sectores clave como salud, educación y agricultura. Asimismo, reclaman que los beneficios económicos se traduzcan en empleo directo para los jóvenes de Caylloma y en una participación justa en las ganancias, que según sus cálculos se han multiplicado exponencialmente desde la llegada de la minera a la región.
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Mario Vizcarra asume la candidatura de Perú Primero tras la sentencia de su hermano. Promete derogar la «Ley Soto» y las normas que benefician al crimen organizado
El panorama político peruano enfrenta un nuevo capítulo tras la sentencia dictada contra el expresidente Martín Vizcarra. En medio de esta coyuntura, su hermano Mario Vizcarra ha tomado la batuta como precandidato presidencial por el partido Perú Primero y asegura que su postulación no es un premio consuelo ni una improvisación familiar. Durante una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, el ahora aspirante al sillón de Pizarro calificó la condena de su hermano como una persecución política orquestada por lo que él denomina las «mafias» del Congreso. Mario Vizcarra sostiene con firmeza que el encarcelamiento de su hermano responde al odio y al temor de los grupos de poder económico y político a los que Martín se enfrentó con valentía durante su gestión.
Según el precandidato, la sentencia carece de pruebas tangibles y se basa únicamente en dichos de colaboradores eficaces, lo que considera un precedente peligroso para cualquier ciudadano que resulte incómodo al sistema. A pesar del dolor familiar que describe tras el fallo judicial, Mario Vizcarra afirma que la respuesta de su agrupación no será con insultos ni trampas. La verdadera contestación se dará en las urnas el próximo 12 de abril, donde confía en que el pueblo elegirá una alternativa democrática enfocada en los más pobres. El ingeniero industrial y empresario busca capitalizar el respaldo que aún mantiene el apellido Vizcarra en el sur del país, especialmente en regiones como Puno y Ayacucho, donde asegura recibir el mismo calor popular que su hermano.
Esta conexión con el sur andino resulta vital para su estrategia. Los periodistas de la región destacaron que, a diferencia de otros candidatos como Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, quienes enfrentan un rechazo visible en estas zonas debido a su postura durante las protestas sociales, los Vizcarra caminan con tranquilidad entre la gente. Mario recordó su visita a la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, donde fue ovacionado en el estadio y en los mercados, lo cual marca una diferencia sustancial frente a competidores que apenas logran reunirse con simpatizantes a puerta cerrada.
Propuestas radicales contra los «lobbies» y defensa del emprendedor
Mario Vizcarra busca desmarcarse de la sombra de su hermano presentando credenciales propias. Se define como un provinciano moqueguano, ingeniero de la UNI y con un MBA en ESAN, que ha dedicado gran parte de su vida a la actividad privada y al emprendimiento. Resalta su breve pero significativo paso por la administración pública como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) durante el gobierno de Valentín Paniagua. Su experiencia como empresario le permite entender las trabas que el Estado impone a los pequeños negocios, motivo por el cual promete un gobierno que apoye a los emprendedores y no solo a los grandes conglomerados.
Una de sus banderas principales será la transparencia absoluta para evitar los acuerdos bajo la mesa y la «repartija» de comisiones en el Parlamento. El precandidato de Perú Primero anunció que, de llegar al poder, su primera acción el 28 de julio será presentar un proyecto de ley para derogar las que él llama «12 leyes pro crimen». Entre estas normas cuestionadas menciona la «Ley Soto» y aquellas que dificultan los allanamientos policiales o favorecen la impunidad. Su discurso apunta directamente a desmantelar el blindaje legal que, según él, ha construido el actual Congreso para protegerse de la justicia.
Asimismo, Vizcarra arremetió contra la extensión de beneficios tributarios para los grandes agroexportadores, conocida popularmente como la nueva Ley Chlimper. Explicó que esta norma (Ley 32434) prorroga injustamente el pago reducido de impuestos por diez años más, lo que genera una pérdida de 200 millones de soles para el Estado que van directo al bolsillo de los grandes empresarios. Para el candidato, es inaceptable que el crecimiento económico se quede en un grupo minúsculo mientras los trabajadores agrícolas no reciben mejoras sustanciales. Su promesa es retirar estas leyes producto de lobbies que lucran con la salud y el trabajo de los peruanos.
El ascenso en las encuestas y el rechazo a la clase política tradicional
A pesar de ser un rostro relativamente nuevo en la política nacional, Mario Vizcarra destaca su rápido crecimiento en las preferencias electorales. Relata cómo pasó de tener un humilde 3% en agosto a ubicarse en el segundo lugar en varios sondeos apenas dos meses después, impulsado en parte por la exposición mediática tras la prisión preventiva de su hermano. Para él, esto demuestra que el voto se está trasladando naturalmente hacia su figura, no solo por el apellido, sino porque encarna los mismos principios de lucha contra la corrupción que defendió el expresidente.
El candidato también hizo un llamado a la unidad de los «peruanos de bien» para detener la polarización y el odio que han frenado el avance del país durante décadas. Sin embargo, su posición frente a los partidos tradicionales es de total confrontación. Califica al actual Congreso como el más nefasto de la historia y asegura que él lo hubiese cerrado hace mucho tiempo por su ineficiencia y blindaje a la corrupción. Vizcarra confía en que la ciudadanía castigará a las agrupaciones que forman parte del «pacto mafioso», como Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular, mediante un voto de rechazo contundente.
Finalmente, Mario Vizcarra aseguró que, aunque Martín no pueda postular, su presencia será constante como un consejero clave en un eventual gobierno suyo. Reconoce que la inseguridad ciudadana es un problema grave pero coyuntural que promete derrotar, para así enfocarse en el objetivo mayor que el crecimiento económico se reparta equitativamente entre todos los peruanos y no solo entre cuatro privilegiados. Con un mensaje de optimismo y desafío al sistema actual, el hermano del exmandatario busca consolidar su posición como la alternativa que el sur y los sectores populares reclaman frente a la crisis política.
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El congresista Edwin Martínez obtuvo solo un voto en las elecciones internas de Acción Popular, en las que postulaba para ser candidato a presidente de la República. Tras truncarse su aspiración, afirma que no postulará para ser senador o diputado y que podría presentarse para el Gobierno Regional de Arequipa.
La fórmula de Martínez Talavera se presentó en la lista 3 junto a Celia Quispe y Carlos Álvarez Rosas para primer y segunda vicepresidencia, respectivamente, pero obteniendo solo un voto.
Esta baja aceptación de sus propios correligionarios acciopopulistas se debería a los serios cuestionamientos que tiene el parlamentario desde hace años. Entre ellas, como exalcalde del distrito de Mariano Melgar, el haber sido investigado por presuntas negociaciones con Pedro Castillo, en el llamado grupo de “Los Niños”, o por la polémica y férrea defensa de las trabajadoras para su despacho, algunas modelos de Only Fans.
Como se informó, los acciopopulistas eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial al que ahora Edwin Martínez apoya y reconoce como tal.
Edwin Martínez postularía al Gobierno Regional de Arequipa
El informe oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó que Barnechea, al frente de la Lista 6, obtuvo el 55,224% de los votos (37 delegados). Superó a su principal rival, Julio Chávez (Lista 1), quien logró el 38,806% (26 votos). Con menos apoyo partidario quedaron Víctor Andrés García Belaunde (Lista 2), con solo 4,478% (3 votos), Edwin Martínez (Lista 3) con 1 voto, e Higinio Torres y Erwin Pinedo (Listas 4 y 5) que no obtuvieron ningún respaldo.
Luego de conocerse el nulo apoyo de los acciopopulistas a la candidatura como presidente, al igual que otros dos postulantes, Edwin Martínez aseguró que no postulará para senador ni para diputado. Al ser consultado por Canal N, el congresista dijo que hicieron una lista para senadores a la cual no lo convocaron y que decidió no postular tampoco para diputado, porque se trata de avanzar.
«He sido regidor, alcalde y ahora congresista… poco a poco uno tiene que ir aspirando a algo diferente. Podría ser al gobierno regional de Arequipa. Yo gracias a Dios aún conservo el cariño de la gente allá y tendría mucho por hacer en bien de la región, pero yo me esperaría para la próxima candidatura presidencial. Yo quiero ser presidente de la República», afirmó.
¿Qué investigaciones fiscales tiene Edwin Martínez?
Como se informó en su momento, Edwin Martínez está imputado dentro de una investigación de la Fiscalía de Lima por el presunto delito de organización criminal y corrupción en el caso de Los Niños.
Pero en el Ministerio Público de Arequipa tiene otras 30 indagaciones penales, entre las que está la que sigue la Fiscalía del delito de lavado de activos por el que pide 11 años de prisión. Esto, por un desbalance patrimonial de S/700 mil, mientras el hoy legislador, era alcalde del distrito de Mariano Melgar (2015 -2018).
Asimismo, entre los otros 29 casos en los que Martínez Talavera está como imputado, por el presunto delito de peculado, apropiación indebida de fondos públicos. La fiscal Mery Bellido lo investiga desde octubre de 2018, cuando aún era burgomaestre. Es por una denuncia de Alberto Milón, secretario del sindicato de trabajadores del distrito, por irregularidades en los fondos destinados al sindicato.
“Supuestamente, la municipalidad con esos fondos ha pagado. Esas decisiones pasan solamente por el tema administrativo, no por el alcalde”, dijo Martínez sobre este caso.
La mayoría de las investigaciones restantes se abrieron por su cargo como alcalde de Mariano Melgar y son del 2012 hasta el 2019. Hay 23 con archivo preliminar, es decir, no están cerradas; y 5 están en otras fiscalías para su calificación, dado el número de imputados y delitos.
Otras investigaciones en las que está imputado
Entre las investigaciones con archivo preliminar, está en la que se indaga al congresista por el delito de peculado y es de agosto de 2015. Hay otra de diciembre de 2017 en la que están imputados Martínez y otras cuatro personas por los delitos de concusión, peculado y cohecho. Y una de mayo de febrero de 2018, en la cual se investiga al parlamentario por omisión de funciones.
Sobre estas investigaciones, Edwin Martínez dijo que “no han encontrado delito alguno, por eso las archivan. El que denuncia que normalmente son dos regidores. Yo siempre he sido pasivo con ellos, pero yo les voy a hacer una denuncia a ellos por difamación. O por denuncias calumniosas”, dijo entonces a Correo.
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La aparición de una inusual coloración amarillenta en el río Tambo ha encendido las alertas en las regiones de Moquegua y Arequipa. El fenómeno, constatado desde el 5 de diciembre en la provincia de General Sánchez Cerro, fue oficialmente documentado por la Municipalidad Distrital de Matalaque, que señala a posibles relaves mineros como origen del incidente.
Según el reporte municipal, la alteración en el cauce respondería a residuos provenientes de la unidad Florencia-Tucari, operada por Minera Aruntani S.A.C. Este no es un evento aislado, ya que episodios similares se registraron en julio y agosto pasado.
La población de Arequipa, específicamente de la provincia de Islay, y de Moquegua ha expresado su preocupación. El río Tambo es fundamental para el consumo humano y el riego de miles de hectáreas agrícolas en el valle. Agricultores y comunidades temen daños irreversibles en los suelos, una caída en la productividad de los cultivos y un riesgo permanente para la salud pública, solicitando una intervención estatal urgente y efectiva.
Este suceso se produce en un marco de vigilancia ambiental ya establecido. La Contraloría General inició en noviembre un servicio especial de supervisión tras denuncias de contaminación en otros ríos de Moquegua. Además, el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por contaminación hídrica en varios distritos el pasado 27 de octubre, extendiendo por 60 días las acciones para contener el riesgo.
La Municipalidad de Matalaque ha reiterado su llamado a las autoridades nacionales y regionales para implementar monitoreos rigurosos, aplicar sanciones y proteger de manera definitiva la calidad del agua.
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El lanzamiento nacional del Festival Navideño Chumbivilcano 2025 en Cusco terminó en polémica. La alegría de los chumbivilcanos que llegaron para celebrar su bicentenario se desbordó y, según serenazgo, varios participantes consumieron alcohol en plena Plaza de Armas.
La situación se complicó cuando el alcalde de Chamaca fue detenido tras provocar un accidente manejando en presunto estado de ebriedad. Pero lo que realmente encendió la indignación fue la reacción del alcalde de Cusco, Luis Pantoja, quien criticó los desórdenes y declaró que “no están en su pueblo para que bailen y tomen en la Plaza de Armas”. Frase que cayó como un insulto en Chumbivilcas.
El Frente de Defensa chumbivilcano calificó las expresiones como discriminatorias y exige una rectificación inmediata. La fiesta terminó, pero la herida política recién comienza.
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú #cusco #chumbivilcas #pasoenelperú #noticiasperu #redmediosregionalesperu
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El Consejo Regional abrió una investigación contra el gerente de Desarrollo Económico, Miguel Rivera, porque viajó a Costa Rica sin autorización del pleno
El Consejo Regional de Junín abrió una investigación contra el gerente de Desarrollo Económico, Miguel Rivera, porque viajó a Costa Rica sin autorización del pleno, requisito que exige el Reglamento Interno del Consejo para toda salida oficial al extranjero.
El gerente encargado, Royer Román, informó que asumió el despacho porque Rivera se encontraba en Costa Rica. Primero señaló que el viaje correspondía a una actividad oficial y luego afirmó que se trataba de vacaciones, lo que desató reclamos y la exigencia esclarecer el asunto.
El pleno conformó una comisión investigadora que tiene 30 días para determinar si el funcionario vulneró el reglamento, si corresponde un proceso de censura u otra responsabilidad administrativa. El Gobierno Regional defendió al funcionario y señaló que Rivera acumula 33 días de vacaciones y que solo pidió usar cinco. También afirmó que el viaje fue personal y sin representar al Gobierno Regional.
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En Moray, uno de los laboratorios agrícolas más impresionantes del mundo andino, un accidente volvió a recordarnos que el patrimonio es historia viva y merece vigilancia y cuidado constante. El último sábado, una camioneta Suzuki Ertiga —placa ATG 634— cayó cerca de 300 metros hasta impactar directamente contra los andenes del complejo arqueológico.
El vehículo, según la PNP, estaba estacionado mientras el conductor, un joven de 21 años, descargaba productos para un restaurante. Pero al volver, transeúntes le avisaron que su auto había rodado cuesta abajo. La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco confirmó que el choque fracturó un muro lítico en la cabecera de la andenería.
Inmediatamente se activaron los protocolos de aseguramiento del área, constatación policial y evaluación de daños. Ahora la DDC aplica la Ley 28296 para determinar responsabilidades legales y administrativas. También se coordinará el refuerzo de la seguridad en la zona, porque —seamos honestos— un sitio sagrado como Moray merece más que depender de un freno mal puesto. Moray, recordemos, es un laboratorio agrícola ancestral, un ejemplo excepcional del conocimiento andino. Y hoy, una vez más, necesita protección.
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Luego le siguen La Mar y Huanta. Estas provincias, con mayor densidad poblacional, mantienen también un flujo constante de atenciones relacionadas a infecciones de transmisión sexual.
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa) informó que la región registró 43 nuevos diagnósticos de VIH en lo que va del año y dos casos que avanzaron a la etapa de sida. La actualización se dio en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, fecha en la que se refuerza la importancia del diagnóstico temprano en todo el país.
Según detalló la coordinadora de la estrategia regional de ITS y VIH, obstetra Morote Guaitaya, la mayor cantidad de reportes se concentra en Huamanga. Luego le siguen La Mar y Huanta. Estas provincias, con mayor densidad poblacional, mantienen también un flujo constante de atenciones relacionadas a infecciones de transmisión sexual.
La especialista precisó que la principal vía de transmisión continúa siendo las relaciones sexuales sin protección. Recordó que detectar el virus a tiempo evita que avance al estadio de sida, etapa en la que el sistema inmunológico queda severamente afectado y aumenta la vulnerabilidad frente a otras enfermedades.
La Diresa señaló que todos los establecimientos de salud de la región cuentan con pruebas de tamizaje gratuitas y confidenciales, además de tratamiento antirretroviral para quienes ya tienen diagnóstico. Las autoridades reiteraron que la prevención, los controles periódicos y el acceso oportuno a la atención siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir nuevos casos en el ámbito regional y nacional.
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La filigrana ayacuchana, uno de los oficios más finos y tradicionales del arte local, enfrenta un serio riesgo de desaparecer. Vasco Flores, artesano y quinta generación de su familia dedicada a este oficio, aseguró que actualmente es el último filigranista activo en la región Ayacucho y que la ausencia de formación, investigación y promoción cultural […]
La filigrana ayacuchana, uno de los oficios más finos y tradicionales del arte local, enfrenta un serio riesgo de desaparecer. Vasco Flores, artesano y quinta generación de su familia dedicada a este oficio, aseguró que actualmente es el último filigranista activo en la región Ayacucho y que la ausencia de formación, investigación y promoción cultural ha llevado este arte al borde de la extinción.
Durante la entrevista, Flores explicó que, pese a ser ingeniero agrónomo, decidió dedicarse por completo a la filigrana para evitar que esta técnica heredada desde la época colonial se pierda. Señaló que muchos joyeros actuales han aprendido el trabajo básico del metal, pero no dominan el tejido fino, la simbología ni la tradición cultural que distinguen a la verdadera filigrana.
El artesano recordó que Ayacucho llegó a tener más de 100 líneas artesanales, pero hoy sobreviven apenas una docena. Atribuye esta caída al egoísmo de antiguos maestros que evitaron compartir su conocimiento y a la falta de espacios formativos que permitan enseñar adecuadamente el oficio.
También cuestionó que escuelas de arte locales se hayan alejado de su propósito original, indicando que ya no forman artistas ni preservan técnicas tradicionales. “Sin escuelas no hacemos nada”, afirmó, tras insistir en que no existe promoción cultural ni apoyo institucional que impulse a nuevos talentos.
Flores advirtió que, si no se implementan programas formativos y políticas públicas que recuperen la enseñanza del arte tradicional, la filigrana podría desaparecer definitivamente, convirtiéndose en otra línea artesanal perdida.
El maestro pidió que se revalore la artesanía como parte esencial de la identidad regional y que se generen espacios para la investigación y transmisión del conocimiento. “La filigrana es cultura, es tradición, es historia viva”, culminó.
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El precandidato presidencial José Luna aseguró que su postulación se sustenta en “25 años estudiando la problemática del país” y afirmó que la baja intención de voto que registra se debe a que recién retomó actividad política tras una resolución judicial que le impedía pronunciarse sobre su caso.
José Luna defendió la solidez de las bases de su partido y afirmó que, con su activación, su candidatura crecerá rápidamente: “Los vamos a pasar por encima”, sostuvo el político.
El también congresista cuestionó las investigaciones en su contra por presuntas firmas falsas en el proceso de inscripción de su agrupación. Señaló que, tras siete años, el proceso solo identificó “ocho firmas” irregulares y comparó esa cifra con la de otros partidos, a los que acusó de tener mayores observaciones.
Sobre la gestión del presidente José Jeri, José Luna indicó que su aprobación responde a un mayor despliegue territorial, aunque consideró que el Gobierno carece de un plan claro en seguridad y de presupuesto suficiente para ejecutarlo.
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Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta […]
Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.
“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.
Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.
Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza de la fundación Alianza Ceibo que organizó el encuentro.
Representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
Punta de Lanza
La organización Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.
“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.
A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.
Pueblos transfronterizos en riesgo
El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.
Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.
María Espinosa, abogada de Alianza Ceibo, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.
El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.
Durante las largas jornadas del encuentro, se realizaron juegos de integración. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.
Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.
Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.
En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.
Alexandra Narváez, lideresa de la comunidad a’i cofán de Sinangoe, durante un espacio de armonización. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.
El derecho al territorio vulnerado
María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.
Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.
María Ochoa, joven lideresa murui bue, toma yoko, un extracto vegetal que energiza. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.
Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.
Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.
En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.
En la búsqueda del autogobierno
El encuentro estuvo enfocado en el intercambio de experiencias y conocimientos para fortalecer la protección de la Amazonía. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.
El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.
En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.
“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.
Atrás, los líderes indígenas Robert Molina, Alexandra Narváez, Karina Monteros y Mario Erazo. Adelante, las abogadas Francis Andrade y María Espinosa. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo
Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.
En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.
El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.
* Informe especial publicado originalmente por Mongabay Latam.
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Detalló que de las 39 organizaciones políticas inscritas, 37 optaron por la modalidad de delegados en lugar de elección directa, reproduciendo el mismo esquema que había generado problemas en 2003
El politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, cuestionó el balance de las elecciones primarias realizadas el domingo pasado, señalando que la baja participación, escasa competitividad y nula capacidad para reducir el número de partidos evidencian las deficiencias del sistema actual de selección de candidatos presidenciales y parlamentarios en el país.
El experto detalló que de las 39 organizaciones políticas inscritas, 37 optaron por la modalidad de delegados en lugar de elección directa, reproduciendo el mismo esquema que había generado problemas en 2003, cuando la norma permitía estas prácticas que posteriormente fueron modificadas con la introducción de las PASO, luego suspendida y finalmente anulada.
«Cualquier partido dirá, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo? Incluso un riesgo», explicó Tuesta, agregando que «el único partido que voluntariamente eligió la elección directa de sus militantes fue el Apra», mientras que Renovación Popular mantuvo esa modalidad solo porque no modificó sus estatutos.
Sin supervisión electoral
La elección de delegados realizada el domingo antepasado no contó con intervención de organismos electorales, lo que significa que nadie supervisó, acreditó ni fiscalizó el proceso; los partidos simplemente entregaron listas con nombres de delegados sin verificación alguna, generando un vacío de transparencia en la base misma del sistema democrático interno.
El impacto se refleja en que apenas el 5% de militantes participó en las primarias de 2021, cifra que según Tuesta podría ser igual o menor en esta ocasión, aunque no existe registro oficial porque la elección de delegados escapó al control de las autoridades electorales, perpetuando la precariedad de los partidos políticos peruanos.
El número de delegados varía según cada partido, desde tres hasta 105 en el caso de Fuerza Popular, pero la ley establece que basta con alcanzar el 10% de asistencia para validar la elección; esto significa que en organizaciones con 105 delegados solo se necesitan 11 presentes para legitimar todo el proceso de selección de candidatos.
Casos particulares destacan
Entre los casos más notorios figura Acción Popular, donde Alfredo Barnechea derrotó sorpresivamente a Julio Chávez pese a que este último había afirmado públicamente haber ganado tanto en delegados como en consulta no vinculante; también destaca el triunfo de Marisol Pérez Tello sobre Miguel del Castillo en el partido Primero la Gente, evidenciando que algunos candidatos logran vencer a los dueños de las organizaciones.
«Estamos viendo que en la parte de parlamento, de una manera aplastante son listas únicas», advirtió Tuesta, señalando que la verdadera competencia interna es prácticamente inexistente y que el proceso electoral seguirá con 39 partidos participantes, generando boletas extremadamente largas por disposición legal hasta la inscripción definitiva el 23 de diciembre.
El politólogo alertó sobre la creciente judicialización del proceso electoral mediante amparos y recursos ante la justicia ordinaria, práctica que se intensificó desde 2021 y amenaza con convertirse en mecanismo alternativo para resolver disputas internas que deberían resolverse en el ámbito electoral, dejando abierta la posibilidad de tachas ciudadanas que podrían modificar el panorama definitivo de candidaturas.
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La organización Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.
