Los partidos APRA y Renovación Popular realizan este domingo 30 de noviembre sus elecciones primarias, La ONPE dará los resultados en línea. Imagen generada con IA
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), comenzó el despliegue del material electoral para las elecciones primarias que desarrollarán los partidos APRA y Renovación Popular este domingo a nivel nacional, y en las que participarán alrededor de 83 mil afiliados entre ambos partidos políticos.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dijo que “todo se encuentra listo para las elecciones primarias, en la modalidad de afiliados, que realizarán este 30 de noviembre, el APRA y Renovación Popular”. También explicó a RPP que se habilitará un espacio en la plataforma web de este organismo para la publicación de los resultados oficiales.
Corvetto Salinas, refirió que se están instalando 578 mesas en 373 locales que abrirán sus puertas a las 8 de la mañana y atenderán a los militantes que se apersonen mañana 30 de noviembre -para emitir su voto y elegir a sus candidatos- hasta las 3 de la tarde.
Para el desarrollo del proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha fiscalizado todo el material electoral. Luego, se está acondicionándolos locales, preparando dos aulas, una para Renovación Popular y otra para el APRA.
Además, este domingo, afiliados de 34 partidos y tres alianzas electorales –Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad– elegirán a sus delegados, quienes a su vez, una semana más tarde, elegirán finalmente sus candidatos.
¿Cómo será el escrutinio de votos?
De acuerdo con lo informado por el jefe la ONPE, la jornada electoral iniciará a las 8:00 a.m. y culminará a las 3:00 p.m. Y luego de la votación de los militantes, se estima el escrutinio en mesa va a tardar entre una hora y media a dos, dijo Corvetto.
«El escrutinio va a ser realizado de manera manual por cada uno de los miembros de mesa que han sido elegidos por cada una de las organizaciones políticas. Van a contar los votos de manera tradicional. Van a llenar la hoja borrador y luego lo van a pasar a una laptop”, informó.
Además, detalló que, «cada una de las 578 mesas de sufragio en todo el país van a tener una laptop y una impresora, los cuales van a permitir que puedan agilizar el conteo de votos y el llenado de actas para que cada uno de los personeros pueda llevarse su acta», explicó a RPP.
Luego, esto se enviará al Centro de Cómputo Nacional y a partir de que vayan llegando las actas, toda la ciudadanía en general y los medios de comunicación tendrán en línea los resultados de cada uno de los partidos políticos», concluyó.
Los candidatos del APRA y de Renovación Popular
Como se ha informado en el caso del partido aprista peruano (APRA), hay 15 candidatos presidenciales con sus respectivos primer y segundo vicepresidentes, los que estarán disputando en estas elecciones primarias.
Las “planchas” que se presentan son:
1. Jorge del Castillo, para presidente, con Mauricio Mulder para primer vicepresidente y Belén García como segunda vicepresidente.
2. Yamel Romero, Ana Lucía Calle, José Luis Rodríguez.
3. Hernán Garrido Lecca, Omar Quesada, Olga Cribilleros.
4. Magno Mendoza, Nemith Gamboa, Elena Ciriaco.
5. Augusto Valqui, Jorge Haya de la Torre, Isabel Oviedo.
6. Rafael Zevallos, Rocío del Pilar Salcedo, Daniel Díaz.
7. Pitter Valderrama, María Valdivia, Lucio Vásquez.
12. Juan Carlos Sánchez, Valeria Mezarina, Porfirio Buitrón.
13. Javier Velásquez Quesquén, Carla García, Luis Wilson.
14. Emiliano Vargas, Edith Ruelas, Julio Loayza.
15. Jorge Risco, María Fernanda Nieto, Anthony Vizcarra.
En el caso de Renovación Popular, la lista única que se presenta es la conformada por Rafael López Aliaga para presidente; Norma Yarrow Lumbreras para primera vicepresidenta y Jhon Ramos Malpica como segundo vicepresidente.
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A días de las elecciones primarias, militantes de Fuerza Popular en Piura denunciaron que el partido está abusando de su poder al intentar reelegir a los congresistas actuales como diputados sin el consentimiento de las bases. Incluso Carmela Paucará, natural de Puno y amiga cercana de Keiko Fujimori, aparece incluida en la lista de Piura pese a no pertenecer a la región.
Esta crisis interna ha provocado renuncias y advertencias de que no apoyarán la candidatura presidencial de Fujimori si la dirigencia no rectifica. La congresista Vivian Olivos ya había denunciado estas prácticas meses atrás, lo que finalmente la llevó a abandonar la bancada y el partido, pese a sus años de militancia.
A este conflicto se suma el testimonio de José Rodríguez, vocero del movimiento “Ni un joven más”, quien relató en TikTok cómo fue su paso por la llamada Escuela Naranja y las razones que lo llevaron a retirarse del fujimorismo. Rodríguez acusa que la actual congresista Rosangella Barbarán utiliza dicho espacio para “adoctrinar jóvenes” bajo una lógica autoritaria disfrazada de formación democrática.
También son «mochasuedos».
Por otro lado, el escritor y comunicador Christian Castro contó cómo fue trabajar en el Congreso en 2018, año en que Fuerza Popular controlaba 74 escaños. Reveló que la práctica del recorte de sueldos no es nueva: a él le exigían entregar el 30% de su salario cada mes, pese a que no había ingresado por una bancada, sino por recomendación de un amigo. “Ustedes están aquí gracias a nuestra lideresa”, le repetían. Ante su negativa a dar “voluntariamente” parte de su sueldo, fue retirado. Intentó denunciarlo, pero en ese periodo —cuando el fujimorismo dominaba el Congreso— ningún medio quiso publicar su historia.
Castro comparó estas prácticas que se repiten con cada agrupación que accede al Parlamento con las extorsiones internas que hoy se denuncian: recortes disfrazados de “aportes voluntarios obligatorios”.
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Así funciona el Congreso | El escritor y comunicador Christian Castro contó cómo fue trabajar en el Congreso en 2018, año en que Fuerza Popular tenía 74 escaños. Reveló que la práctica de mochar sueldos no es nueva: a él le querían quitar el 30% de su salario cada mes, pese a que no ingresó por una bancada, sino por recomendación de un amigo. Intentó denunciarlo, pero en esos años ningún medio le hizo caso.
Castro comparó estas malas prácticas que se repiten cada vez que un partido entra al Congreso con lo que ocurre hoy con las extorsiones internas, donde estos recortes se disfrazan como “aportes voluntarios obligatorios”.
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Especialistas consultados coinciden al señalar que la falta de metas específicas, las dudas sobre el financiamiento, el abandono de los combustibles fósiles y medidas que protejan biomas importantes como la Amazonía son los grandes desafíos en la región.
Por: Leslie Moreno Custodio – Mongabay Latam. A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.
Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.
En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.
Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.
Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.
Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.
Una manifestación de la organización Extinction Rebellion, en Victoria Street, Londres, durante la COP26 en Glasgow, en 2021. Foto: cortesía Garry Knight
Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.
En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.
Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.
Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.
Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.
Inundaciones en Cusco, Perú, en 2024. Foto: Defensa Civil Perú
Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.
En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.
Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.
En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.
Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.
Rumbo a la COP30, activistas taparon la estatua de Francisco de Orellana, quien lideró la primera expedición colonial en el Río Amazonas en 1541. Foto: cortesía Flotilla Yaku Mama
Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.
Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.
Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.
Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.
Los bomberos en Bolivia combaten el fuego en el parque Noel Kempff Mercado, en agosto de 2025. Foto: cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.
Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.
Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.
A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.
“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.
En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.
Un funeral a los combustibles fósiles, una de las actividades de la Flotilla Yaku Mama, rumbo a la COP30. Foto: cortesía Levi Tapuia
Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.
Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.
Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.
Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.
En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.
La sociedad civil protestó en contra de los combustibles fósiles y exigió un incremento en el financiamiento climático en la COP29 de 2024. Foto: Kiara Worth / UN Climate Change
Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.
Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.
La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.
“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
V Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas (COICA), en 2025. Foto: cortesía COICA
Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.
Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.
Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.
Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm
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AGENDA REGIONAL | Marisol Pérez Tello, exministra y precandidata presidencial por Primero La Gente, analizó la crisis política y cuestionó con firmeza el rol del Congreso y del Tribunal Constitucional, instituciones que, afirmó, se habían convertido en un “circo” desconectado de la ciudadanía. Sostuvo que la situación del país no era producto del azar, sino el resultado de decisiones calculadas que habían debilitado la representación democrática.
Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=vYaRa7-oLTE
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Los productores del Valle de San Lorenzo, decidieron levantar temporalmente la suspensión de la venta de mango tras una mesa de diálogo realizada el último jueves con más de 30 agroexportadores. El conflicto surgió por la fuerte reducción del precio del kilo de mango, que había caído muy por debajo del valor acordado inicialmente. Liliana […]
Los productores del Valle de San Lorenzo, decidieron levantar temporalmente la suspensión de la venta de mango tras una mesa de diálogo realizada el último jueves con más de 30 agroexportadores. El conflicto surgió por la fuerte reducción del precio del kilo de mango, que había caído muy por debajo del valor acordado inicialmente.
Liliana Alzamora, secretaria del Comité Transitorio de Productores de Mango, explicó que el encuentro permitió fijar un precio techo para esta semana y evitar nuevos recortes que afecten la campaña.
“Entre los acuerdos, se fijó el precio del mango marítimo a 45 soles y el aéreo a 100 soles por esta semana, hasta el domingo 31. No menos.”, señaló además que los costos de producción se han elevado y que los agricultores no logran cubrir gastos mínimos con las tarifas que ofrecen las empresas.
Respecto a las próximas acciones, Alzamora indicó que la tregua se mantendrá sólo hasta este domingo. Después de esa fecha, y dependiendo del movimiento del mercado, el comité evaluará si continúan con una venta regulada o retoman alguna medida de presión.
“La idea es garantizar que el precio justo se mantenga y no vuelva a bajar drásticamente como ocurre cada año”, expresó.
Por ahora, los agricultores han dejado en libertad a cada productor para vender por encima del precio techo si alguna empresa mejora su oferta. Sin embargo, advierten que si el mercado internacional presiona a la baja o si las agroexportadoras incumplen lo acordado, la protesta podría retomarse la próxima semana.
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La Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en los procesos de elaboración, revisión y sustentación de tesis en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). Las irregularidades abarcan designaciones indebidas de jurados, sustentaciones sin requisitos mínimos y revisiones exprés que comprometen la calidad de la formación profesional en esta casa de […]
La Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en los procesos de elaboración, revisión y sustentación de tesis en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). Las irregularidades abarcan designaciones indebidas de jurados, sustentaciones sin requisitos mínimos y revisiones exprés que comprometen la calidad de la formación profesional en esta casa de estudios.
Jurados sin los grados exigidos
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 010-2025-2-5240-AC determinó que, entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024, los directores de escuelas y decanos de la Facultad de Educación designaron jurados que no contaban con los grados de magíster o doctor exigidos por el Reglamento de Grados y Títulos, pese a disponer de docentes habilitados.
Durante el 2023 se nombró a cinco jurados que solo tenían el grado de licenciado, abogado o médico, aunque debían poseer formación de posgrado. Estos docentes evaluaron seis tesis de Derecho y Enfermería y uno incluso participó en la sustentación final.
Sustentaciones sin bachiller y con altos niveles de similitud
La auditoría detectó que 12 estudiantes de la Facultad de Educación sustentaron entre 2021 y 2022 sin contar con el grado de bachiller ni con la constancia de originalidad. Cuatro de estos trabajos presentaron índices de similitud superiores al límite del 19 %, con resultados de 21 %, 27 % y hasta 82 %.
El problema continuó en 2023 y 2024: otros 22 estudiantes lograron sustentar a pesar de no presentar la constancia antiplagio requerida.
Procesos exprés y falta de requisitos
Otro hallazgo corresponde a trámites de tesis realizados en plazos anormalmente cortos. Dos estudiantes de Enfermería lograron que su proyecto sea revisado, aprobado, ejecutado, redactado y sustentado en apenas 36 días, entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre de 2021.
Un tercer caso muestra que un alumno sustentó virtualmente en solo 68 días. Ninguno de estos tesistas era egresado ni contaba con bachiller, y sus investigaciones no pasaron por software de detección de similitud. Además, sus asesores y jurados carecían de los grados académicos requeridos.
Impactos en la calidad académica y responsabilidades
Las deficiencias identificadas generaron trabajos con fallas en rigor, originalidad y consistencia metodológica, lo que afectó la investigación formativa en pregrado. Según la Contraloría, estas prácticas perjudicaron directamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Por los hechos descritos, la entidad halló responsabilidad penal y/o administrativa en cinco autoridades universitarias.
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El expresidente del Proyecto Integral de Agua y Desagüe de San Román, Crisóstomo Benique Apaza, reveló el estancamiento de 1550 millones de soles indicando que la licitación de la cuarta etapa fracasó porque la única empresa no cumplió los requisitos e incluso presentando documentos presuntamente falsificados. El proyecto de agua y desagüe ya acumula tres […]
El expresidente del Proyecto Integral de Agua y Desagüe de San Román, Crisóstomo Benique Apaza, reveló el estancamiento de 1550 millones de soles indicando que la licitación de la cuarta etapa fracasó porque la única empresa no cumplió los requisitos e incluso presentando documentos presuntamente falsificados.
El proyecto de agua y desagüe ya acumula tres años de retraso sin grandes avances en la provincia, una demora que genera una gran sospecha entre la población de San Román ya que la completa ejecución del proyecto estaba programada para inaugurarse durante el centenario de la ciudad de Juliaca.
Benique Apaza confirmó que el Proyecto Integral tenía luz verde desde hace tiempo ya que existía una resolución aprobada desde el año 2021, que respaldaba la licitación. Este documento incluía la participación de un organismo internacional en el proceso de selección.
Licitación sospechosa con una sola empresa postora
La población de Juliaca esperaba la participación de más de treinta empresas en el importante proceso de licitación, pero sorprendentemente, solo se presentó una sola compañía, de origen brasileño y mexicano, al concurso, esta empresa no reunía los requisitos exigidos por el proceso público de selección establecido.
El ex funcionario sugirió que ciertos directivos deben presentar su renuncia ante las múltiples irregularidades detectadas. Estos incluyen familiares y personas que alquilan viviendas al proyecto haciendo evidentes las irregularidades administrativas que comprometen la transparencia del proceso de ejecución de la millonaria obra.
La investigación en curso, solicitada por el congresista Carlos Ceballos, examina acciones de algunos directivos actuales ya que se intervinieron calles que no estaban incluidas en los planos iniciales del proyecto, vías que tampoco figuraban en el marco del Proyecto Integral de Agua y Desagüe aprobado.
Autoridades responsables por falta de acción
Crisóstomo Benique Apaza puntualizó la principal responsabilidad en este estancamiento de la obra de infraestructura. Las autoridades, incluyendo al alcalde provincial y los congresistas de la región, tienen la mayor cuota de responsabilidad debido a la falta de preocupación e introducción de soluciones concretas.
El ex presidente mencionó que el éxito de cualquier medida de protesta requiere unidad absoluta indicando que un paro convocado por la central de barrios necesita la coordinación de los nueve presidentes de zona. También se requieren documentos oficiales que prueben los problemas y sustentan las demandas ciudadanas.
La población de San Román espera respuestas concretas sobre el destino de los 1550 millones de soles así como aclaración de las irregularidades observadas para reactivar el proyecto fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de familias juliqueñas.
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José Jerí declarará frontera con Chile en emergencia ante inminente crisis migratoria desatada por candidato presidencial chileno
Wilson Soto retira su PL para regular a creadores de contenido, pero insiste en que “los influencers desinforman”
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Anulan sentencia contra exalcalde de Arequipa. Cusco: Decano del Colegio Médico denuncia “mala calificación del delito” en caso de cirujano preso por muerte de paciente en clínica estética
Pasó en el Perú | Ayacucho. La propuesta legislativa que plantea eliminar el enfoque de género de las políticas públicas encendió una alerta nacional entre organizaciones y especialistas en derechos humanos. Diversas voces advierten que el país podría enfrentar un retroceso significativo en la lucha contra la violencia y la desigualdad, un escenario especialmente sensible en regiones donde las cifras siguen por encima del promedio nacional.
Janet Aronés, coordinadora regional de Manuela Ramos en Ayacucho, sostiene que retirar este enfoque debilitaría herramientas técnicas que permiten identificar brechas estructurales en participación política, oportunidades laborales y acceso a la educación. Según afirma, el enfoque de género no es una ideología, sino una categoría de análisis con sustento científico que el Perú adopta desde hace décadas y que respalda compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Las críticas se centran en que reemplazarlo por el término “igualdad de oportunidades” diluye su capacidad para enfrentar causas profundas de la violencia, incluyendo el feminicidio, el embarazo adolescente y la violencia sexual contra menores. Aronés recuerda que niñas, niños y adolescentes son los más expuestos si se desmantelan políticas que buscan reducir riesgos y cerrar brechas que aún persisten en todo el territorio nacional.
Mientras el Ejecutivo evalúa la autógrafa aprobada por el Congreso, especialistas advierten que la discusión ya trascendió el ámbito técnico: el Perú se encuentra ante una decisión que podría definir el rumbo de sus políticas de igualdad durante la próxima década. Para las organizaciones de la sociedad civil, renunciar al enfoque de género significa renunciar a avances que han tomado años construir y dejar intactos problemas que siguen afectando a miles de familias en todo el país. Jornada.
Anulan sentencia contra exalcalde de Arequipa
Pasó en el Perú | Arequipa. La Sala de Apelaciones Transitoria de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia anuló la sentencia de primera instancia que impuso una pena de seis años de prisión al exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada, por el delito de colusión agravada en el caso de los planes PAT y PDM.
El colegiado judicial determinó que el proceso inicial no valoró debidamente todos los postulados, en particular la falta de argumentación sobre cómo un oficio con la firma digital del exalcalde influyó en la firma de una adenda del contrato.
En consecuencia, se ordenó la realización de un nuevo juicio oral para reevaluar las pruebas. Durante el proceso judicial, el exalcalde siempre sostuvo que no reconocía su firma en varios de los documentos presentados como prueba, informó El Búho.
Cusco: Decano del Colegio Médico denuncia “mala calificación del delito” en caso de cirujano preso por muerte de paciente en clínica estética
Pasó en el Perú | Cusco. El Colegio Médico del Perú salió al frente por el caso del doctor Miguel Ángel Rivas, hoy recluido en el penal de Qenqor bajo prisión preventiva por la muerte de Judith Loayza tras una cirugía estética.
La orden judicial se basa en homicidio simple —un delito doloso— pero el gremio sostiene que se trata de un caso de presunta negligencia médica que debería investigarse como homicidio culposo.
Denuncian mala calificación del delito, irregularidades en la flagrancia y un proceso que podría sentar un precedente peligroso para el acto médico en el país. CuscoPost.
Loreto: Alcalde expondrá situación del cambio climático en la Amazonía en universidad de Estados Unidos
Pasó en el Perú | Loreto. El alcalde de Maynas, Vladimir Chong Ríos, confirmó que está viajando a Colorado, Estados Unidos, para ofrecer una conferencia sobre el cambio climático en la Amazonía en la universidad de dicho estado.
Además, afirmó que su prioridad es culminar “obras emblemáticas” antes de evaluar una eventual candidatura, pero evitó dar detalles sobre los proyectos que asegura dejará como legado.
Durante una entrevista, el burgomaestre sostuvo que “recién ahora” la municipalidad ingresaría a una etapa de crecimiento tras dos años dedicados a “estabilizar la economía” y ordenar la ciudad.
Sin embargo, no especificó cuáles son las obras en ejecución ni los plazos reales de avance, pese a tratarse de compromisos que deberían estar plenamente definidos al cierre de su gestión.
El viaje, enmarcado en un convenio de hermanamiento, abre, además, cuestionamientos sobre la falta de información pública sobre los compromisos asumidos y la ausencia de reportes técnicos sobre cómo estas gestiones internacionales se traducirán en obras concretas para Maynas. ProyContra.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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Parece que la justicia ha dejado una puerta abierta en la celda. Mientras Pedro Castillo se acomoda a su nueva condena de 11 años y pico por intentar rediseñar el gobierno a su gusto, los abogados penalistas Julio Espinoza y José Urquizo han salido a recordarnos un detalle jugoso: el delito por el que lo condenaron, «conspiración para la rebelión», curiosamente no está en la lista negra de delitos que te impiden acceder a beneficios penitenciarios. Vaya descuido, o quizá una ironía calculada.
A diferencia de la «rebelión» consumada, que sí te cierra todas las puertas, la mera «conspiración» parece ser un pecado venial en este catálogo. Así que el exmandatario podría, después de todo, no cumplir la totalidad de su condena tras las rejas. Los expertos coinciden en un que, tras cumplir un tercio o la mitad de la pena, podría acogerse a la semilibertad o incluso a la liberación condicional. Una lección peculiar: conspirar para dar un golpe de Estado podría, al final, tener una salida anticipada.
La justicia, como el humor, a veces es impredecible. O cómico.
José Jerí declarará frontera con Chile en emergencia ante inminente crisis migratoria desatada por candidato presidencial chileno
La amenaza del Trump chileno de expulsar a los migrantes del país vecino tiene a la frontera peruana al borde del colapso. Un grupo de más de 60 extranjeros bloquean la Panamericana Sur exigiendo que les permitan entrar aPerú para seguir a Chile. El problema recién empieza y la gente en Tacna teme una crisis migratoria en la ciudad.
Ante esta bomba de tiempo, el alcalde tacneño pidió al Ejecutivo que declare en emergencia la frontera. Solo después que los medios nacionales dieron cobertura al problema hubo reacción del gobierno.
Ante el escándalo, José Jerí tuvo que pronunciarse, aunque sea por cumplir. Lo hizo vía Twitter, anunciando que convocaba a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar en emergencia la frontera. También aseguró que las Fuerza Armadas redoblarán su vigilancia en Tacna, mientras que Migraciones y la Policía harán controles de identidad. Sabiendo que las fronteras son una coladera, no parece que lo anunciado vaya a ser suficiente. ¿Sospechamos?
Wilson Soto retira su PL para regular a creadores de contenido, pero insiste en que “los influencers desinforman”
Wilson Soto tuvo que retroceder después de la contundente entrevista que le hizo Fernando Llanos, donde quedó claro que no podía defender su polémico proyecto de ley para regular a los creadores de contenido. Según Soto, su “benevolente” propuesta buscaba evitar la supuesta desinformación indiscriminada que, asegura, difunden algunos influencers con millones de seguidores. Algo curioso, considerando que ese tipo de faltas ya está sancionado penalmente y no necesitaba una ley con esa tipificación.
Las críticas no tardaron, y la entrevista con Llanos terminó por sepultar el intento del congresista de imponer restricciones a quienes opinan sobre política en redes. Hoy, con la poca dignidad política que le quedaba, Soto anunció que retiraba su iniciativa, aunque en su comunicado recalcó en que “hay mucho riesgo de desinformación”. Claro, como si esa preocupación no ocultara el interés de silenciar a cualquier creador incómodo que cuestione al Congreso, especialmente ahora que las redes tienen más alcance que otros medios tradicionales.
Mientras Soto habla de “responsabilidad”, el país le sugiere que haga algo concreto por la región que lo eligió. Y ya que estamos en fechas festivas, podría empezar renunciando a la jugosa tarjeta navideña que recibirá… pero sabemos que eso no va a pasar.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
AYACUCHO: Alertan grave retroceso nacional si se elimina el enfoque de género CUSCO: Decano del Colegio Médico denuncia “mala calificación del delito” en caso de cirujano preso por muerte de paciente en clínica estética Arequipa: Anulan sentencia contra exalcalde de Arequipa LORETO: Alcalde expondrá situación de cambio climático en la Amazonía en universidad de Estados Unidos
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Hoy en Pico a Pico:
Conversamos con el crítico gastronómico Ignacio Medina sobre la gastronomía peruana y arequipeña. Esta entrevista fue realizada en el marco del Hay Festival Arequipa 2025.
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Una mujer de 70 años falleció este jueves en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud Ica mientras recibía la medicación previa a un procedimiento de video endoscopía ambulatoria. La Red Asistencial confirmó que el hecho ocurrió a las 10:20 a.m., cuando la paciente B. M. de B. sufrió un paro cardiorrespiratorio súbito. El personal […]
Una mujer de 70 años falleció este jueves en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud Ica mientras recibía la medicación previa a un procedimiento de video endoscopía ambulatoria. La Red Asistencial confirmó que el hecho ocurrió a las 10:20 a.m., cuando la paciente B. M. de B. sufrió un paro cardiorrespiratorio súbito.
El personal médico activó de inmediato los protocolos de emergencia y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) con apoyo de especialistas intensivistas; sin embargo, pese a los esfuerzos, la paciente no respondió y se certificó su fallecimiento.
«A pesar de los esfuerzos intensivos y las maniobras realizadas por el equipo médico, que incluyó a médicos intensivistas, lamentablemente la paciente no respondió… Garantizaremos todas las facilidades necesarias para la realización de las investigaciones internas y externas correspondientes, con total transparencia, a fin de esclarecer las causas exactas de este lamentable suceso» informó el hospital.
Su esposo, el abogado y docente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Mario Bonifaz Hernández, denunciara públicamente una presunta negligencia médica.
Bonifaz afirmó que su esposa perdió la vida tras ser sometida al procedimiento y exigió una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
EsSalud, por su parte, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que brindará todas las facilidades para las investigaciones internas y externas que permitan esclarecer las causas exactas del deceso, reiterando su compromiso de ofrecer atención segura, oportuna y de calidad.
El caso ya ha despertado preocupación entre asegurados y familiares de pacientes que acuden a procedimientos ambulatorios en este hospital.
Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El crecimiento del deporte ayacuchano en los últimos años es innegable. Méritos, medallas y destacadas participaciones en competencias nacionales e internacionales demuestran que la región está formando atletas de alto nivel. Sin embargo, detrás de ese progreso persiste una brecha que afecta directamente el rendimiento: la ausencia de apoyo psicológico especializado para los deportistas. Edwin […]
El crecimiento del deporte ayacuchano en los últimos años es innegable. Méritos, medallas y destacadas participaciones en competencias nacionales e internacionales demuestran que la región está formando atletas de alto nivel. Sin embargo, detrás de ese progreso persiste una brecha que afecta directamente el rendimiento: la ausencia de apoyo psicológico especializado para los deportistas. Edwin Fernández Canchihuamán, entrenador de la selección regional de kickboxing, advirtió que la mente también compite y que su preparación es tan importante como la física o técnica.
“Es fundamental contar con un psicólogo deportivo. La presión por mantener el peso, las expectativas y el estrés pueden jugar en contra de los chicos”, señaló.
Aunque los atletas trabajan intensamente para mejorar su rendimiento, la dimensión emocional continúa siendo una deuda pendiente.
“A veces, nosotros mismos terminamos cumpliendo ese rol, conversando y motivando; pero no es igual que tener a un profesional que guía y prepara mentalmente para la competencia”, agregó Fernández.
El contraste con otras delegaciones es evidente. El entrenador mencionó que combinados como el de Venezuela cuentan con equipos multidisciplinarios: psicólogos, fisioterapeutas y médicos que acompañan de manera integral a cada deportista. En Ayacucho, en cambio, los entrenadores y atletas aún deben enfrentar estas exigencias sin ese respaldo profesional. Por ello, Fernández hizo un llamado urgente a las autoridades deportivas regionales y nacionales.
“El apoyo psicológico debe estar presente desde las bases, no solo en atletas consagrados. Si queremos resultados, tenemos que invertir en la mente de nuestros deportistas”, enfatizó.
Sigue leyendo la información completa en la edición impresa de Jornada
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
La Comunidad Nativa de Pucacuro, perteneciente a la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), expresó su malestar ante los reiterados incumplimientos de Upland Oil, operadora del Lote 8, a la que acusan de mantener deudas con diversas empresas comunales desde hace tres meses. Según su pronunciamiento, esta situación afecta directamente a la economía de […]
La Comunidad Nativa de Pucacuro, perteneciente a la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), expresó su malestar ante los reiterados incumplimientos de Upland Oil, operadora del Lote 8, a la que acusan de mantener deudas con diversas empresas comunales desde hace tres meses.
Según su pronunciamiento, esta situación afecta directamente a la economía de las familias indígenas y se repite en varias comunidades de la zona, pese a los compromisos asumidos por la compañía.
El comunicado también señala que el gerente general de Upland Oil, Jorge Rivera Reusche, se habría negado a asistir a la asamblea convocada para iniciar un diálogo directo con Pucacuro, lo que consideran un desconocimiento a los acuerdos previos.
Tras agotar las vías de entendimiento, la comunidad otorgó un ultimátum y advirtió que podría adoptar medidas de control territorial, incluida la paralización total del yacimiento de Pavayacu, si la empresa no cumple con sus obligaciones.
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Hace apenas una década y media, el cacao peruano era considerado una «promesa» en los mercados internacionales. Hoy, esa promesa se ha transformado en una realidad económica y cultural sin precedentes. Según un análisis presentado por José Yturrios Padilla, director de Agricultura y Cambio Climático de la organización RECURSOS, Perú se ha convertido en el […]
Hace apenas una década y media, el cacao peruano era considerado una «promesa» en los mercados internacionales. Hoy, esa promesa se ha transformado en una realidad económica y cultural sin precedentes. Según un análisis presentado por José Yturrios Padilla, director de Agricultura y Cambio Climático de la organización RECURSOS, Perú se ha convertido en el país con la expansión cacaotera más rápida del planeta.
En su documento titulado «Del mejor grano al mejor chocolate», Yturrios destaca que entre 2010 y 2024, la producción nacional creció a un ritmo vertiginoso del 10.1% anual. Esta cifra coloca al Perú por encima de competidores históricos como Ecuador (8.8%), Colombia (4.5%) y Costa de Marfil (2.3%), posicionándose actualmente como el séptimo productor mundial, superando a naciones como Indonesia y República Dominicana.
El fin del mito de la materia prima
Uno de los puntos más reveladores del informe de Yturrios es la ruptura del paradigma de que el Perú solo exporta insumos básicos. «El verdadero milagro ocurrió en la elaboración de chocolate», señala el autor. Las cifras respaldan esta afirmación: en 2010 se exportaron apenas 1800 toneladas de chocolate, mientras que en 2024 esa cifra se disparó a más de 11 200 toneladas, multiplicando por nueve el alcance de mercado.
Actualmente, el 45% de las 180 000 toneladas de cacao que produce el país se transforman localmente. Esto ha dado pie al nacimiento de un núcleo industrial chocolatero del siglo XXI: si en 2014 existían 414 empresas dedicadas a este rubro, hoy operan 889 compañías, desde la Amazonía hasta la costa.
Actualmente, el 45% de las 180 000 toneladas de cacao que produce el país se transforman localmente. (Foto: Difusión)
Yturrios resalta que este tejido empresarial es profundamente democrático e inclusivo: el 94% de estas compañías son microempresas y el 98% pertenece al segmento MYPE, generando más de 22 000 empleos directos.
Una potencia de 2 mil millones de dólares
El impacto económico de esta cadena de valor es contundente. Según el análisis de Yturrios, sumando las exportaciones y el mercado interno, el valor global de la cadena cacao-chocolate alcanzó casi los 2000 millones de dólares en 2024.
«Este boom no es solo económico: es cultural», afirma Yturrios. El autor cita como símbolo de este éxito a la marca Cacaosuyo, que recientemente ganó por cuarta vez el premio al mejor chocolate del mundo en los International Chocolate Awards, demostrando que la «maestría artesanal» peruana ya compite en las grandes ligas.
El legado estratégico y la respuesta a la crisis global
El informe también reconoce que este crecimiento no fue accidental. Yturrios subraya el papel crucial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que entre 2002 y 2022 invirtió más de 200 millones de dólares para promover el cacao como alternativa legal a la coca en regiones como San Martín y Huánuco. Gracias a esta visión, hoy existen 250 000 hectáreas cultivadas por 125 000 familias.
La barra El Ganso 70%, creada por la chocolatera peruana Cacaosuyo, fue elegida como “Overall Winner”, el máximo reconocimiento del concurso. (Foto: Cacaosuyo)
Finalmente, el especialista destaca la capacidad de resiliencia del agricultor peruano. Ante la crisis de oferta global generada por la caída de producción en Costa de Marfil y Ghana desde finales de 2022, los más de 100 000 pequeños agricultores peruanos respondieron con rapidez para cerrar la brecha y aprovechar los mejores precios.
Como concluye José Yturrios en su texto: «Detrás de estas cifras hay un país que decidió creer en su cacao», consolidando un futuro donde el chocolate de alta calidad tiene, indiscutiblemente, acento peruano.
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Un trabajador de una vidriera murió de manera trágica mientras realizaba labores de descarga en pleno centro de Huancayo. Jhon Carlos Guerra Cóndor, de 32 años, participaba junto con otros compañeros en el retiro de pesadas láminas de vidrio de un camión de carga cuando ocurrió el accidente. Según información policial y testimonios recogidos en […]
Un trabajador de una vidriera murió de manera trágica mientras realizaba labores de descarga en pleno centro de Huancayo. Jhon Carlos Guerra Cóndor, de 32 años, participaba junto con otros compañeros en el retiro de pesadas láminas de vidrio de un camión de carga cuando ocurrió el accidente.
Según información policial y testimonios recogidos en el lugar, ya habían vaciado dos jabas de un lado del vehículo de placa D1M- 884. Sin embargo, al comenzar a retirar la primera del lado contrario, la carga cedió repentinamente y cayó sobre él, dejándolo atrapado bajo cinco toneladas de vidrio, en la vidriera ubicada en la esquina de los jirones Angaraes y Moquegua.
Serenazgo, unidades de la Policía y los bomberos llegaron de inmediato para intentar liberarlo, pero pese a los esfuerzos no lograron rescatarlo con vida.
El área fue acordonada mientras la Policía realiza las diligencias para determinar si el siniestro se produjo por un error en el procedimiento de descarga o por una falla en la estabilidad de la carga. La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y abrió investigación para establecer responsabilidades.
Comerciantes y transeúntes que presenciaron el hecho quedaron conmocionados por la rapidez con que ocurrió todo.
El dueño de la vidriera, Juan Carlos Góngora, fue intervenido mientras se esclarecen los hechos.
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El proceso está diseñado para acercar el Centro de votación Elecciones 2026 al domicilio del elector, optimizando tiempo y recursos el día de los comicios.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio del voto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado un sistema digital que permitirá a los electores elegir su Centro de votación Elecciones 2026. Este servicio, disponible a nivel nacional, estará activo desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025.
A través de la plataforma «Elige tu local de votación», cada ciudadano habilitado para sufragar podrá seleccionar hasta tres opciones preferidas de locales de sufragio. Esta selección deberá realizarse exclusivamente dentro del distrito que figura en su DNI, con la dirección válida al momento del cierre del padrón electoral en octubre de 2025.
El proceso está diseñado para acercar el Centro de votación Elecciones 2026 al domicilio del elector, optimizando tiempo y recursos el día de los comicios.
El acceso al aplicativo es multilingüe, disponible en español, quechua y aymara. Los electores que lo requieran tienen la opción de indicar si presentan algún tipo de discapacidad para recibir atención preferencial en el Centro de votación Elecciones 2026 que les sea asignado.
¿Cómo escoger el centro de votación para Elecciones 2026?
Para utilizar el servicio, los ciudadanos deben verificar su identidad. Existen dos modalidades principales: mediante la respuesta a tres preguntas personales o, en dispositivos móviles, complementando esta opción con la toma de una foto del DNI o usando reconocimiento facial.
Una vez confirmada la identidad, se solicitará el registro de un correo electrónico y un número de celular. Es fundamental confirmar la dirección de correo electrónico mediante un mensaje enviado por la ONPE para poder avanzar en el proceso y realizar la selección de los tres locales.
Posterior a la confirmación, el sistema guía al usuario para que elija sus tres locales en orden de preferencia. Al finalizar, el elector recibirá un correo con un resumen de sus opciones. La ONPE ha establecido que los ciudadanos dispondrán de tres oportunidades adicionales para modificar su elección después del primer registro. La asignación definitiva del Centro de votación Elecciones 2026 se dará a conocer en marzo de 2026.
Es crucial participar en este proceso para cada evento electoral, ya que la disponibilidad de locales puede variar. Quienes no realicen la selección dentro del plazo, recibirán una asignación automática por parte de la ONPE basada en su domicilio registral y la disponibilidad logística.
Esta iniciativa representa un avance significativo del sistema electoral peruano de cara a los comicios del 12 de abril de 2026.
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El gobernador regional de Puno Richard Hancco Soncco calificó como un «acto de conveniencia» el nuevo pedido de declaración de emergencia para los centros poblados La Rinconada y Cerro Lunar de Oro del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. La solicitud será presentada por operadores mineros de la Corporación Minera Ananea S.A., […]
El gobernador regional de Puno Richard Hancco Soncco calificó como un «acto de conveniencia» el nuevo pedido de declaración de emergencia para los centros poblados La Rinconada y Cerro Lunar de Oro del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. La solicitud será presentada por operadores mineros de la Corporación Minera Ananea S.A., quienes buscan activar el estado de emergencia tras aparentemente incumplir compromisos previos durante las mesas de diálogo establecidas.
Hancco aseguró que se agotaron las instancias para el diálogo con los sectores involucrados en el conflicto minero de Ananea. Debido a los incumplimientos del cronograma establecido, la autoridad regional decidió no volver a entablar un diálogo con la corporación. «Hay sectores que reclaman al Estado cuando les conviene y rechazan al Estado cuando no les conviene», declaró el gobernador regional.
Según el gobernador, solamente un sector trataría de usar la figura de emergencia a su conveniencia, ya que hubo incumplimiento con la entrega de planes por parte de la corporación minera, las mesas técnicas fueron infructuosas porque la empresa no cumplió con los cronogramas establecidos en la hoja de ruta acordada, arriesgando resoluciones emitidas por la Dirección Regional de Energía y Minas que regulan la actividad extractiva en la zona.
Sin embargo, respecto a los hechos de delitos contra el patrimonio y contra la vida reportados en la zona, el gobernador detalló que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público emprender las investigaciones correspondientes. Estas instancias tienen la competencia legal para atender las denuncias presentadas por pobladores y empresarios mineros que operan en los centros poblados de Ananea, donde se registran constantes conflictos sociales por el control de áreas mineras.
Puntualizó que no se va a insistir con la declaratoria de emergencia ante la negativa de la población del distrito de Ananea. El tema será abordado durante el próximo Consejo Regional de Seguridad (CORESEC), donde se evaluarán las acciones pertinentes para mantener el orden público.
El gobernador señaló que tras haber agotado el diálogo, la misma empresa deberá responder sobre los hechos denunciados y coordinar directamente con la población afectada. La Corporación Minera Ananea S.A. tiene la responsabilidad de resolver los conflictos que genera su operación en los centros poblados, sin depender exclusivamente de declaratorias de emergencia que, según la autoridad regional, solo beneficiarían a un sector minoritario de operadores mineros.
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