La región Junín enfrenta un incremento inusual de la llamada “enfermedad de las ampollitas” en manos, pies y boca. Desde junio hasta la fecha, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) confirmó 199 casos, la mayoría en Huancayo y El Tambo, donde los contagios se concentran en instituciones educativas iniciales y primarias.

La semana epidemiológica 47 marcó el momento más crítico. La Lic. Norma Córdova Santiváñez, del equipo técnico de Epidemiología de DIRESA, informó que esa semana registró 23 brotes, el pico más alto del año, todos en colegios. Ocho instituciones aún continúan en seguimiento por brotes activos. “Cada vez que realizamos el control, exigimos desinfección rigurosa de las aulas. Es indispensable para que los estudiantes regresen con seguridad”, indicó.

El Lic. Edwin Pari Peña, director adjunto de DIRESA Junín, detalló que Huancayo concentra la mayor cantidad de afectados. Explicó que los contagios ocurren principalmente por contacto directo, abrazos, juguetes compartidos o superficies mal desinfectadas. “Esta infección se presenta mayormente en niños menores de cinco años porque pasan más tiempo juntos en guarderías y en el nivel inicial”, señaló.

Las autoridades sanitarias recordaron que la enfermedad no es grave y los menores se recuperan en casa durante la cuarentena. Sin embargo, pidieron a los padres reforzar la higiene de manos y vigilar la hidratación de los niños, ya que las ampollas en la boca pueden dificultar la ingesta de líquidos. En casos de deshidratación, recomendaron acudir de inmediato a un establecimiento de salud.

DIRESA y la Dirección Regional de Educación coordinan cuarentenas por aula cuando se detectan más de tres menores afectados. También insistieron en que las escuelas deben desinfectar todos los ambientes al finalizar la jornada, incluso sin esperar la aparición de un caso. “La prevención depende del lavado de manos y de una desinfección diaria y sostenida”, sostuvieron.

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Organizaciones indígenas de distintas regiones expresaron su preocupación por las condiciones en que se ejecutaron los Censos 2025, adelantados dos años respecto al cronograma inicial. Reportaron una escasa participación en la formulación de la pregunta sobre autoidentificación étnica, así como una limitada campaña de información que no consideró lenguas originarias.

Durante el operativo, líderes comunitarios indicaron que numerosos censistas no hablaban los idiomas locales, no residían en la zona o incluso omitían preguntas clave. También se registraron denuncias de hogares que no fueron visitados. Para las organizaciones, estas irregularidades podrían afectar la precisión de los resultados y dejar fuera a parte de la población indígena.

Reclamos por falta de pertinencia cultural

Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), cuestionó la preparación del personal de campo. “Los censistas no han estado a la altura de su responsabilidad, realizando conteos por teléfono en lugar de hacer una visita domiciliaria. A esto se suma la intromisión política de algunos congresistas y grupos empresariales interesados en invisibilizar nuestros pueblos”, señaló durante una conferencia.

Desde AIDESEP, Teresita Antazú informó que en diversas comunidades amazónicas la pregunta sobre autoidentificación no fue aplicada o se ejercieron presiones para modificar las respuestas. Denunció además casos en los que “les dijeron que no podían ser indígenas porque usaban equipos tipo smartphone”.

Para las organizaciones, estas irregularidades podrían afectar la precisión de los resultados y dejar fuera a parte de la población indígena. (Foto: DIfusión)

Críticas a la estrategia institucional

Wilder Sánchez Chávez, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), enfatizó que la difusión oficial no incluyó idiomas originarios ni tiempos adecuados para un proceso de esta magnitud. “Censar no es solo contar cuántos somos, sino el ser reconocidos, ello no permite exigir ciudadanía y derechos”, sostuvo.

Aurora Coronado, de Fenmucarinap, agregó que el adelanto del censo afectó la etapa preparatoria y que en varios hogares no se formuló la pregunta 10 sobre autoidentificación. Por su parte, Danitza Quispe, de ONAMIAP, afirmó: “Se realizó de una forma desinformada y tomamos conocimiento de las reuniones de preparación por terceros”. También cuestionó que “en las opciones de respuesta de la pregunta 10 sobre auto-identificación se consideraron categorías racistas, como blanco y mestizo, dejando de lado las recomendaciones de la CEPAL”, y advirtió que “el contexto político de recorte de derechos también genera desconfianza en nuestros hermanos”.

Exigen transparencia y mecanismos de contraste

Las organizaciones CNA, CCP, AIDESEP, Fenmucarinap, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas solicitaron que los resultados del censo incluyan el padrón aplicado en zonas rurales y la programación por área, con el fin de verificar la cobertura real. Asimismo, propusieron que el Estado financie autocensos indígenas, siguiendo experiencias como la del pueblo Harakbut.

Recordaron que la falta de visibilidad estadística repercute en la asignación de presupuesto, la infraestructura pública y el reconocimiento de territorios ancestrales, afectando el acceso a derechos básicos.

Luis Hallazi destacó que, pese al valor cultural, histórico y ambiental de los pueblos indígenas, que poseen el 33.7% del territorio nacional y el 47% de los bosques amazónicos, persisten experiencias de racismo y exclusión. (Foto: Difusión)

Encuesta muestra alta autoidentificación indígena

César Flores, representante del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, presentó resultados de una encuesta del IEP según la cual el 50% de la población peruana se identifica como indígena o descendiente de un pueblo indígena. En el sur del país la cifra alcanza el 59%, mientras que en Lima Metropolitana llega al 45%. El estudio también señala que el 43% de los encuestados ha visto con frecuencia contenidos mediáticos con burlas hacia personas indígenas o afroperuanas, y que un 35% ha presenciado o vivido episodios reiterados de discriminación.

Luis Hallazi destacó que, pese al valor cultural, histórico y ambiental de los pueblos indígenas, que poseen el 33.7% del territorio nacional y el 47% de los bosques amazónicos, persisten experiencias de racismo y exclusión.

Persistencia de estereotipos y riesgos territoriales

Javier Jancke, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), advirtió que la invisibilización censal dificulta la protección frente a economías ilegales que operan en territorios indígenas. Finalmente, la estudiante de Antropología Sofía Luna indicó que en espacios universitarios aún existen estereotipos sobre la identidad indígena y que muchos jóvenes recién comienzan a reconocer sus propios orígenes.

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La suspensión de actividades mineras en La Rinconada y Lunar de Oro, del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, cumple más de dos meses. Más de 30,000 mineros anunciaron una huelga de hambre para exigir la reapertura de las bocaminas a la Corporación Minera Ananea a quienes acusan de incumplimientos.

Los trabajadores desarrollaron diversas reuniones y plantones en las zonas mineras. La paralización afectó en un 100% las operaciones y generó graves consecuencias económicas en más de 50,000 familias, según testimonios de los afectados en el centro poblado minero.

Los sectores de comercio, transporte, abarrotes y otros paralizaron sus actividades. Los mineros esperan que la Corporación Minera Ananea, que aglutina a más de 400 operadores mineros, inicie las labores al 100% en los próximos días para reactivar la economía local.

Los dirigentes denunciaron que la corporación incumplió acuerdos fundamentales. Entre los compromisos pendientes están la instalación de cámaras de seguridad, la realización de reuniones con dirigentes y la identificación de cada trabajador minero en el centro poblado de La Rinconada.

«Pedimos el reinicio del trabajo. Vamos a entrar en huelga de hambre porque es mucho tiempo de esta paralización», declaró una pobladora. Los manifestantes bloquearon el ingreso al centro poblado para exigir soluciones inmediatas a las autoridades nacionales y la corporación minera.

Las madres de familia denunciaron que hay niños abandonados y huérfanos sin atención. «No es justo que la corporación trabaje las 24 horas y la sociedad civil no. Si va a haber paralización, que sea para todos o para nadie», expresaron las pobladoras.

Los comerciantes, estudiantes y cachorreros se concentraron en tres puntos estratégicos del centro poblado. De no recibir respuesta favorable, los manifestantes advirtieron que iniciarán un paro indefinido con mayor presencia de pobladores en La Rinconada y Cerro Lunar durante los próximos días.

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EN VIVO Lectura de sentencia contra expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho.

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Mientras decenas de vehículos con consignas contra el plaqueo recorrieron las calles de Arequipa, una profunda división quedó al descubierto entre los gremios de taxistas. La marcha rodante de este miércoles evidenció la fractura en el sector, luego de que una organización decidiera separarse de la protesta para optar por la negociación directa con las autoridades municipales.

La movilización, que partió desde cuatro puntos diferentes de la ciudad, congregó a conductores que exigen la modificación de la Ordenanza Municipal 927. Su principal demanda es permitir el ingreso permanente al Centro Histórico para todos los taxis que cuenten con el Setare vigente, eliminando la restricción por número de placa. Los manifestantes también alzaron su voz contra la competencia desleal de las unidades informales que operan sin control.

Sin embargo, la unidad se quebró cuando la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de Arequipa (CREAT) optó por no sumarse a la protesta. El presidente de la Cámara de Empresas de Taxis, Adolfo Paco, calificó esta decisión como una «traición» al movimiento. Esto reveló la evidente fractura en las estrategias para alcanzar sus objetivos comunes.

Negociaciones sobre restricciones en Arequipa

Mientras los taxistas protestaban en las calles, la CREAT sostenía una reunión formal con la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia de Transportes. En este espacio se concretaron tres acuerdos significativos que beneficiarán específicamente a los taxistas formalizados.

El compromiso municipal incluye el replanteamiento del proyecto de ordenanza del plaqueo para permitir el acceso continuo al Centro Histórico a todos los taxis con SETARE vigente. Además, se desarrolla un procedimiento técnico para incorporar vehículos SUV como unidades autorizadas para obtener la SETARE, siempre que cumplan con los requisitos de peso y cilindrada establecidos.

Un tercer acuerdo avanzó hacia la creación de una ordenanza de amnistía para conductores con Setare vencido. Esto los exoneraría del pago de multas y facilitaría su proceso de renovación. La CREAT valoró positivamente la disposición municipal para atender estas demandas, marcando una clara diferencia de enfoque con los taxistas que permanecen en las calles.

“La culpa es del Minsa”: GRA deslinda responsabilidad por paro de trabajadores de salud en Arequipa

Compromiso

La municipalidad aprobaría estos tres proyectos durante la primera semana de diciembre. Esta división estratégica entre protesta y negociación define el actual momento del transporte formal en Arequipa.

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Una pareja de adultos mayores quedó completamente desamparada luego de que un incendio destruyera su vivienda en la comunidad de Churca, distrito de Chungui, provincia de La Mar. El siniestro arrasó con la casa de Luisa Román y Tiodor Chui, quienes perdieron todas sus pertenencias.

Según los vecinos, el fuego se extendió rápidamente debido a que la vivienda estaba construida con materiales rústicos. Pese a los esfuerzos de la comunidad por controlar las llamas, nada pudo ser rescatado. Los pobladores mostraron su preocupación y pidieron apoyo urgente a las autoridades para que la pareja pueda recuperarse de esta dramática situación.

“La pareja se quedó sin ropa, sin alimentos y sin un lugar donde dormir”, relataron los comuneros.

La Municipalidad de Chungui entregó víveres y algunos enseres básicos como parte de la primera respuesta humanitaria; sin embargo, la ayuda fue insuficiente. La pareja necesita con urgencia ser reubicada en una vivienda segura.

Las causas del incendio aún están en investigación, aunque se presume que habría sido originado por una vela olvidada dentro de la vivienda.

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Pobladores de la comunidad campesina de Chymur, en Chayabamba, protestan hoy frente al Poder Judicial del Cusco tras denunciar un desalojo irregular en los baños termales que administran desde hace años.

Según los comuneros, el operativo del último viernes movilizó a más de 500 policías para retirar a unas 60 personas, incluidos niños, pese a que la comunidad acredita título de propiedad y una resolución de recursos hídricos otorgada por la Autoridad Nacional del Agua.

Acusan al alcalde de Chayabamba, de impulsar el desalojo usando un documento fraudulento, lo que ya motivó una acción de amparo y denuncias por presunto abuso de autoridad, usurpación y falsificación.

Mientras el municipio busca administrar los ingresos de los baños termales, los comuneros exigen que se respete su territorio y piden que el Poder Judicial investigue la legalidad de la orden de desalojo.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Cusco: Comuneros acusan desalojo irregular de posesión de atractivo turístico y abuso de autoridad se publicó en YouTube en este enlace

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La prórroga del REINFO, que aún debe ser votada en el Pleno, podría perpetuar la informalidad minera, permitir el regreso de más de 50 mil registros excluidos y limitar la fiscalización, generando un escenario de “carta blanca” para operar sin controles, según algunos especialistas.

Además, existen riesgos ambientales graves: afectación de áreas naturales protegidas, invasión de zonas arqueológicas y un choque directo con el deber constitucional de proteger el ambiente. El Gobierno ya adelantó que, si el Congreso insiste en aprobar la extensión del REINFO, acudirá al Tribunal Constitucional.

¿Se trata de una medida necesaria o un retroceso monumental? Aquí te explicamos todo.

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El video ¡ALERTA! | La razón del porqué miles de mineros NO se irán de Lima hasta que se apruebe el REINFO se publicó en YouTube en este enlace

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NO SUPO RESPONDER | Fernando Llanos arrinconó a Wilson Soto, autor de la ley que busca sancionar a creadores de contenido. El periodista aplicó la lógica del propio PL usando ejemplos del congresista, como su voto en el dictamen sobre el retiro de las AFP. Soto no pudo sostener su argumento.

Llanos también le cuestionó sobre su denuncia relacionada a Los Niños y le dio la oportunidad para ganar un poco de simpatía proponiéndole que intercambie su tarjeta de regalo que recibirá por 1900 soles y así regalárselo a alguien necesitado. El congresista no quiso aceptar la propuesta.

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El video TERRIBLE PAPELÓN | Wilson Soto queda en ridículo en entrevista a Fernando Llanos: casi colapsa se publicó en YouTube en este enlace

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RECUENTO | Xiomara, Olga y Marisol. Tres mujeres de tres regiones, Piura, Ayacucho y Puno, cuyos sueños quedaron truncos. Sus asesinatos dejaron un profundo dolor en sus familias y reflejan el impacto devastador de la violencia contra las mujeres.

Entre enero y octubre de 2025, el país ha registrado 119 feminicidios, una cifra alarmante. Por ello, este 25 de noviembre, organizaciones y colectivos de mujeres realizaron marchas y diversas actividades en distintas ciudades del Perú para recordar a las víctimas y exigir que cesen los actos de violencia que continúan cobrando vidas cada día.

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El video CAUSARON CONMOCIÓN | Más de 119 vidas arrebatadas este 2025: la violencia contra las mujeres no para se publicó en YouTube en este enlace

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El paro preventivo de 24 horas convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Red Arequipa generó tensión en la sede del Gobierno Regional este lunes. Mientras los trabajadores realizaban un plantón para exigir el restablecimiento de guardias y el pago del bono APS, el gobernador regional Rohel Sánchez afirmó que la responsabilidad del conflicto corresponde únicamente al Ministerio de Salud (Minsa), deslindando competencias regionales.

El secretario general del sindicato, Osvaldo Cáceres, explicó que el Minsa dispuso un recorte de guardias sin diálogo previo, lo que redujo la capacidad operativa en centros de 24 y 12 horas. Además, sostuvo que el pago del bono APS enfrenta trabas administrativas que generan retrasos recurrentes. Los trabajadores señalaron que informaron estos problemas desde hace dos meses sin recibir soluciones, y cuestionaron la gestión de la Gerencia Regional de Salud, a la que acusan de no encaminar sus demandas.

El gremio advirtió que, si no logran respuestas concretas, podrían iniciar una huelga indefinida que afectaría la atención en toda la región. La protesta involucra a todos los grupos ocupacionales de la Red de Salud Caylloma y alcanza a trabajadores de Cotahuasi, Castilla y La Unión, que en total conforman más de 3 mil trabajadores.

Trabajadores cuestionan gestión en Arequipa y advierten colapso de servicios

El gremio solicitó la destitución del gerente regional de salud, a quien acusan de incapacidad para resolver la crisis. También denunciaron falta de insumos, medicamentos y condiciones laborales adecuadas. Señalaron que el recorte de guardias genera vacíos en la cobertura y preguntaron públicamente sobre el destino del presupuesto no ejecutado. Los trabajadores recalcaron que una huelga indefinida provocaría un perjuicio directo en la atención sanitaria regional en Arequipa.

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El Ministerio de Educación (Minedu) informó que durante el 2025 brindó atención educativa en 12 de las 17 lenguas originarias consideradas en riesgo de desaparición, como parte del servicio de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Estas lenguas, pertenecientes a pueblos andinos y amazónicos, se hablan en regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Lima provincias y Junín, y forman parte de los esfuerzos del sector por asegurar su recuperación y continuidad.

De acuerdo con el sector, entre las lenguas atendidas se encuentran maijiki, arabela, ikitu, amahuaca, ese eja, bora, kawki, harakbut, shiwilu, kapanawa, murui muinani y quechua wanka. Los números de estudiantes oscilan desde 79 en maijiki hasta 33 380 en quechua wanka, que concentra la mayor población escolar dentro del grupo en riesgo. El ministro Jorge Figueroa destacó que, con esta cobertura, el Minedu alcanza servicios en 45 de las 48 lenguas originarias registradas en el país.

El sector señaló también que actualmente se cuenta con materiales pedagógicos en 42 lenguas originarias y en 6 variedades de quechua, lo que garantiza pertinencia lingüística y cultural para los escolares. En total, el Perú cuenta con 26 422 instituciones educativas EIB, donde estudian 1 203 697 niños y adolescentes y trabajan 106 039 docentes especializados en este enfoque.

Alcance nacional del servicio EIB y rol del docente

La atención a estudiantes de pueblos originarios se sostiene gracias al trabajo de más de 106 000 docentes que brindan el servicio de Educación Intercultural Bilingüe en todo el país. Estos maestros atienden a 1.2 millones de estudiantes que hablan alguna de las 48 lenguas originarias registradas en el Perú, dentro de 26 422 instituciones educativas EIB distribuidas en todas las regiones. Esta cobertura permite que los estudiantes reciban educación en su propia lengua y según su contexto cultural, fortaleciendo el aprendizaje y la continuidad escolar.

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El congresista ayacuchano Alex Flores volvió a encender el debate nacional al afirmar que la presunta corrupción vinculada a Dina Boluarte y a Wilfredo Oscorima, habría sido determinante para que las obras principales destinadas a los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 quedaran inconclusas. Según el legislador, las decisiones adoptadas durante la gestión de Boluarte siguen generando consecuencias en la región.

Flores sostuvo que el presupuesto millonario aprobado para construir el estadio y la infraestructura deportiva exigida por ODEBO se gestionó bajo acuerdos irregulares entre el Ejecutivo de entonces y el Gobierno Regional de Ayacucho. Afirmó que esas decisiones no solo frenaron los avances en la región, sino que revelan un patrón preocupante en el manejo de fondos públicos.

El parlamentario también recordó el caso de los relojes Rolex, señalando que este episodio “explica” la forma en que se priorizaron y aceleraron ciertos desembolsos. Según mencionó, Oscorima habría buscado influir en la entonces presidenta mediante la entrega de relojes de lujo, un caso que terminó siendo clave en la crisis política que derivó en su salida del cargo.

Flores pidió que las investigaciones continúen sin restricciones y advirtió que lo ocurrido en Ayacucho debe generar preocupación en todo el país. “Si un evento internacional termina afectado por decisiones irregulares, cualquier región podría estar enfrentando lo mismo”, declaró. Para el congresista, la falta de obras concluidas evidencia responsabilidades que deben ser esclarecidas.

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El expresidente de la República, Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al hallarlo culpable de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014 tal como lo sostuvo el Ministerio Público.

El juzgado consideró que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para recibir dinero ilícito. La presidenta de la sala, jueza Fernanda Ayasta ordenó la detención inmediata del exmandatario.

Además, se determinó 9 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2 millones 236 mil soles.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Ayasta Nassif expresó a nombre del tribunal que la «judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra sí solicitó el pago del 2% del monto de S/80 981 137.34 por la adquisición del proyecto construcción de la línea de conducción número 1 Hawai-Lomas de Ilo». La conclusión la toman basándonos en el testimonio del exgerente de OBRAINSA, Elard Paul Tejeda. 

El juez Andy Rodríguez, dio lectura a su voto singular respecto al segundo hecho, sobre el Hospital de Moquegua.

¿Cómo se desarrolló la audiencia?

La magistrada inició la sesión para la lectura de la sentencia a las 9:07 horas. Advirtió que solo se tomaría en cuenta lo actuado en los tribunales. Luego pasó a detallar los antecedentes del caso respecto de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La audiencia culminó pasadas las 4 horas.

Como se conoce, el Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez, solicitó 15 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de cohecho. De acuerdo con el Equipo Especial Lava Jato, Vizcarra Cornejo habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.

Por su parte, la Procuraduría Ad Hoc ha solicitado una reparación civil de S/ 4.6 millones, que deberán asumir solidariamente los sentenciados en caso de un fallo condenatorio.

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó la credibilidad de los directivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que se acogieron a la colaboración eficaz, durante los alegatos finales. Y el exmandatario denunció supuestos beneficios desproporcionados otorgados por la Fiscalía a estas compañías.

“Les han perdonado, 1318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos. Todo eso gracias a la bondad del fiscal Juárez Atoche”, refirió Vizcarra.

«Estaré ahí para dar la cara y acataré la decisión que tome la jueza» anunció Vizcarra

Aunque la audiencia es virtual para las partes procesales, el expresidente Martín Vizcarra confirmó que asistirá presencialmente a la sede judicial para escuchar el fallo. “Voy a venir, el miércoles 26 de noviembre, a las 9.00 a. m., y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente, estaré aquí presente”, afirmó.

Vizcarra Cornejo se mostró confiado en su absolución y calificó la acusación fiscal como «vaga» y «gaseosa». “Hemos demostrado que no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria. Claro, con la confianza de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, dijo al término de la audiencia de alegatos de clausura.

La sala es presidida por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez.

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Circula en redes sociales fragmentos de un video antiguo de una entrevista a una persona, a la que el mensaje adjunto señala como la suspendida fiscal de la nación Delia Espinoza, brindando detalles sobre una presunta participación en la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Sin embargo, tras revisar el video original, AmaLlulla señala que dicha atribución es falsa: la persona que aparece en el video no es Delia Espinoza.

En realidad, se trata de una entrevista a Rosa Luz Padilla Baca, exsentenciada por terrorismo por sus vínculos con el MRTA.

La difusión de esta versión falsa se produce en medio de una batalla legal en la que Espinoza —suspendida del cargo desde el 19 de septiembre de este año por la Junta Nacional de Justicia—  está a la espera de su reposición ordenada por el Noveno Juzgado Constitucional, y mientras en el Congreso avanza una iniciativa para inhabilitarla del cargo por diez años.  

Los videos han circulado en cuentas de distintos usuarios de TikTok, Facebook y X, con descripciones como: “Delia Espinoza era del MRTA”, “La exfiscal Delia Espinoza pertenecía al grupo terrorista #MRTA” y “Ahora entiendo por qué Delia Espinoza odia a los militares”.

Al cierre de esta verificación, el video publicado en Facebook contaba con más de 10 mil compartidos. Mientras que en X la publicación tuvo más de 13 mil visualizaciones. 

Con el fin de encontrar la grabación original, AmaLlulla capturó un fotograma de uno de los vídeos y realizó una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta Google Lens. Con este procedimiento, detectó que dichos fragmentos proceden de una entrevista realizada en canal N en el año 2002, y que permanece almacenada en el repositorio del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).

La mujer que aparece en el video no es Delia Espinoza. En realidad, se trata de Rosa Luz Padilla Baca, exmiembro del MRTA, quien en el registro de video aparece en entrevista con el periodista Jaime de Althaus, entonces conductor del programa La Hora N. 

Así lo indica, de manera expresa, la ficha de clasificación del material audiovisual en el mencionado repositorio: “El 14 de agosto de 2002, en el programa La Hora N se entrevistó a Rosa Luz Padilla, exemerretista, quien contó sobre su ingreso, permanencia y arresto junto al cabecilla Victor Polay Campos”. El video dura más de 32 minutos. 

De acuerdo a información publicada por el CDI del LUM, Padilla fue capturada en Huancayo, junto a Víctor Polay Campos, líder del MRTA, el tres de febrero de 1989. Sin embargo, en julio de 1990, logró fugarse del penal Castro Castro, junto a otros 47 reclusos vinculados a la organización terrorista, por medio de un túnel de concreto de 250 metros. 

Rosa Luz Padilla fue capturada nuevamente en 1992 y sentenciada por los delitos de terrorismo y contra la fe pública, así lo señaló el Estado en respuesta a una solicitud de petición realizada por Padilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa petición, ella alegaba una serie de vulneraciones, como haber sido juzgada por jueces sin rostro, la imposibilidad de defenderse, entre otras. La comisión archivó el pedido al considerar que la información aportada por Padilla no era suficiente para motivar un pronunciamiento sobre su caso. 

Padilla estuvo encarcelada en el penal Santa Mónica hasta el 20 de junio de 2002, cuando fue liberada. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, participó en la entrevista registrada en el video objeto de esta verificación.

En una reciente publicación en su cuenta de X, el periodista Jaime de Althaus, exconductor del programa La Hora N y quien entrevistó a Padilla en el video, confirmó que la mujer que aparece en el material audiovisual no es Delia Espinoza. 

“Está circulando en redes una entrevista que yo le hice supuestamente a Delia Espinoza, como excolaboradora del MRTA. No es Delia Espinoza. Me parece que es Rosa Luz Padilla”, escribió el periodista.

Con base en lo expuesto, AmaLlulla concluye que es falsa la versión que atribuye a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, una entrevista sobre su participación en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La persona que aparece en el video no es Delia Espinoza. En realidad, se trata de Rosa Luz Padilla, quien sí fue miembro de dicha agrupación terrorista y cumplió pena de cárcel por ese delito. 

Este chequeo fue realizado por Radio Señal Lagunas, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.

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La jueza de Junín Ángela Baldeón rechazó la eliminación del enfoque de género aprobada por el Congreso y afirmó que, si la ley se promulga, los jueces podrán aplicar el control difuso para evitar retrocesos en la protección de víctimas de violencia. Señaló que retirar este enfoque debilita la comprensión estructural del problema y reiteró que el Poder Judicial seguirá dictando medidas de protección.

Baldeón recordó que la Ley 30364 exige analizar los casos desde el enfoque de género para identificar cómo los roles y estereotipos influyen en las agresiones. Su módulo atendió 6.500 casos de violencia este año y dictó medidas de protección en menos de 24 horas para reducir riesgos severos a las víctimas.

Por su parte, la fiscal superior Brenda Montenegro defendió la necesidad de mantener el enfoque de género en todas las instituciones del Estado y recordó que el Perú tiene compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará para la lucha contra la violencia de género.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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El video Junín: Jueza rechaza retiro del enfoque de género por el Congreso en la lucha contra la violencia se publicó en YouTube en este enlace

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OTRO DÍA MÁS INSULTADOS | En plena defensa de Pedro Castillo, su abogado arremetió contra el Congreso: recordó que Curwen rechazó 100 mil soles de la ONPE para no hacer propaganda de sus partidos y comparó a los parlamentarios con Jorge Luna y Ricardo Mendoza por llegar lejos: “Hablando huevadas”. El abogado terminó expulsado.

El incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se evaluaba la acusación constitucional contra el expresidente. Carlos Torres Caro, abogado de Castillo, utilizó su intervención para cuestionar a los congresistas y poner en duda su autoridad moral. El letrado soltó ataques directos, afirmando que algunos legisladores “se creen superiores”, pero que influencers como Curwen lograron llegar igual de lejos “sin recibir 100 mil soles”, en referencia a su video viral rechazando dinero para hacer propaganda política.

La tensión subió cuando comparó a los congresistas con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, insistiendo en que muchas veces “dicen cualquier cosa”, comentario que generó protestas inmediatas entre los parlamentarios. Al escuchar la frase “hablando huevadas”, varios legisladores exigieron que lo retiren de la sesión por faltarle el respeto al Parlamento.

Torres Caro también lanzó críticas contra algunos medios y sostuvo que el juicio contra Castillo tiene motivaciones políticas. Sin embargo, sus comentarios contra el Congreso fueron los que colmaron la paciencia de la mesa directiva. Tras varios llamados al orden, la presidenta de la Comisión Permanente ordenó su expulsión.

El abogado insistió en que no había cometido ninguna falta y que solo ejercía su derecho a la defensa. Sin embargo, la mayoría de los congresistas protestaron por permitir que cada vez les falten el respeto con mayor ligereza.

La denuncia contra el expresidente fue aprobada y ahora deberá pasar al pleno del Congreso.

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El video ¡NO PUEDEN MÁS! | Congresistas otra vez pierden los papeles tras comparación con “Hablando Huevadas” se publicó en YouTube en este enlace

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AUTORIDADES NO LLEGARON | Un tiburón megaboca, una especie extremadamente rara y poco vista, quedó varado en una playa de Piura. Lo que pudo convertirse en un hallazgo valioso para la investigación científica terminó generando indignación, pues pobladores filetearon al animal por desconocer su importancia. Un fotógrafo que presenció la escena denunció que ninguna autoridad llegó a tiempo para evitar que la especie fuera depredada.

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El video DESATA INDIGNACIÓN | Aparece un inusual tiburón megaboca y pobladores lo depredan en playa de Piura se publicó en YouTube en este enlace

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El juez del Noveno Juzgado Constitucional, Juan Torres, decidió otorgar «por última vez» dos días más a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación, caso contrario estarán bajo apercibimiento del Ministerio Público quienes resulten responsables del incumplimiento al mandato judicial.

La decisión judicial se comunicó este martes 25 a la JNJ, luego de que se otorgara una medida cautelar a la fiscal, que dejaba paralizados los procesos disciplinarios en su contra. Así, el regreso de Espinoza Valenzuela debería darse este viernes 28 de noviembre, dado que el jueves 27 vence el plazo que se les otorga «por última vez».

Como se informó públicamente, el primer plazo dado a la Junta venció el lunes 24 de noviembre a la medianoche, pero Delia Espinoza no fue repuesta, pese a que el juez los notificó el 18 de este mes. Y si bien a medida cautelar se dio el 10 de este mes, ocho días después, el magistrado volvió a notificar a la JNJ que dirige Gino Ríos, debido a que se equivocó al enviar su decisión en un primer momento.

Torres Tasso no aceptó los pedidos de Delia Espinoza para declarar en desacato a la JNJ y el retiro de Tomás Gálvez como titular interino del Ministerio Público. Y declaró improcedente «habilitar el día y hora (25 de noviembre a las 8 a.m.) para la ejecución de su medida cautelar». Porque consideró que dichos pedidos «no obedecían a los términos del mandado cautelar emitido por esta judicatura».

Delia Espinoza reta al Congreso por aprobar su inhabilitación de manera exprés (VIDEO)

Delia Espinoza denunciará penalmente a la JNJ si no la restituyen

De acuerdo con lo declarado por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunciaría penalmente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia si no la restituyen en el cargo. Les dio como plazo para que acaten el fallo hasta el lunes 1 de diciembre. “De lo contrario, estarían incurriendo en desobediencia y resistencia a la autoridad”, dijo a Exitosa.

Al salir de la audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Espinoza Valenzuela dijo enfáticamente que su reposición se tiene que dar de todas formas.  “Si la JNJ decide no acatar la orden judicial y continúa con sus ‘argucias legales’, sus miembros recibirán una denuncia penal”, advirtió.

Aseguró que esta situación “ya no debe pasar del lunes…si quieren evitar una denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad, tendrían que por lo menos pronunciarse positivamente, sino el día martes esto tiene que ejecutarse de todas maneras», refirió.

«Espero que esta sea la última vez porque ya se ha extendido demasiado y está dando tiempo para que la JNJ continúe con sus argucias legales. Ya promovió una demanda competencial y también está dando tiempo para que en el Congreso puedan acelerar especialmente los casos de Delia Espinoza, que son de fechas recientes», consideró.

“Soy una perseguida política”, dice Delia Espinoza

Delia Espinoza, luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone inhabilitarla por 10 años en la función pública, dijo que esa decisión del Parlamento es una «venganza política» por «haber hecho mi trabajo». «A mí es a la que ven como incómoda, no a mis colegas», expresó.

«Ya están en campaña. Lo cierto y real es que ellos prácticamente, por muy amplia mayoría, han aprobado un informe recomendando que se me denuncie penalmente e inhabilite por 10 años. Lo que dicen ahora es para bajar la tensión, pero están decididos para acusarme», puntualizó.

A la sesión de la Comisión Permanente por la mañana, cuando aprobaron su inhabilitación, se sumó la citación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la tarde y a la que asistió con su abogado Rodolfo Pérez, quien consideró que hay ensañamiento y persecución política contra su defendida.

«Estos señores del Congreso están consumando una venganza política contra mi persona por haber hecho mi trabajo con objetivo y con arreglo a la ley, no me perdonan por haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada porque ellos son juez y parte, ellos reciben las denuncias, ellos las archivan», reclamó.

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