Aunque aún está a la espera de ser ratificada por el Pleno del Congreso, la extensión de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2027 parece solo cuestión de tiempo. Esta decisión enciende alarmas entre especialistas que advierten que la medida podría perpetuar la informalidad, blindar la impunidad regulatoria y desencadenar graves impactos ambientales, sociales y políticos.
Blindaje de la impunidad
- Se propone reincorporar los más de 50 mil registros excluidos del REINFO, algo que algunos expertos califican como inconstitucional.
- Según el dictamen aprobado, la fiscalización podría quedar limitada: “se plantea que el Ministerio de Energía y Minas suspenda la tramitación o inicio de dichos procedimientos”, según el predictamen.
- Esto podría generar una situación sin consecuencias prácticas para quienes incumplan obligaciones ambientales, tributarias o administrativas.
Deterioro ambiental y social
- Gremios y analistas advierten que la extensión abriría la puerta para el descontrol ambiental: “invadir áreas naturales protegidas” o incluso zonas arqueológicas.
- Se teme que se profundice el daño ecológico del territorio, al permitir que la minería informal opere sin restricciones ni mecanismos efectivos de supervisión.
- Además, habría un conflicto constitucional, ya que la medida podría contravenir el deber del Estado de proteger un medio ambiente equilibrado.
Debilitamiento de la formalización minera
- La prórroga prolonga un régimen transitorio diseñado desde 2016, bajo el argumento de que no existe una ley definitiva para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
- Expertos alertan que se corre el riesgo de convertir el Reinfo en un mecanismo permanente, más que una transición hacia una formalización real.
- Desde diversas voces, se ha calificado la extensión como una “carta blanca” a la minería informal para operar sin regulaciones estrictas.
Presión sobre gobernabilidad y enfoque fiscal
- El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo advirtió que van a observar la norma y, de aprobarse por insistencia, esta será llevada al Tribunal Constitucional.
- La Comunidad Andina o acuerdos internacionales podrían poner en riesgo exportaciones si se percibe tolerancia a la minería no regulada, según analistas.
- La decisión parlamentaria también supone una señal política fuerte: legitimar intereses informales en el Congreso y favorecer a grupos organizados que podrían tener altos niveles de influencia.
Presiones constitucionales y legales
- El debate se enmarca en una disputa más amplia: mientras la comisión avanza, el Ejecutivo ya anuncia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si el Pleno insiste con la norma.
- Algunos críticos apuntan que el régimen perpetuado por el Reinfo podría vulnerar principios constitucionales: por ejemplo, la responsabilidad penal, administrativa o ambiental de los mineros.
- El hecho de que no existan sanciones claras o que se limiten los procesos de exclusión es visto como una debilidad legal estructural del dictamen.
En resumen, la ampliación del Reinfo, según los críticos, actuaría como una puerta giratoria que institucionaliza la impunidad para la minería informal e ilegal, al blindar a los operadores de sanciones y permitirles continuar actividades al margen de la ley, lo que a su vez se traduce en un grave deterioro ambiental y riesgos comerciales internacionales. El régimen, diseñado para formalizar, se convierte en un mecanismo que prolonga la ilegalidad y la falta de control.
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