La organización social Wawa Warmi anunció una nueva campaña de apoyo social en zonas rurales de la región Arequipa, enfocada en comunidades donde no llegan los programas de ayuda. Su presidenta, Karla Ore, informó que recorrerán los distritos de Andaray y Cayarani, en la provincia de Condesuyos; Pampamarca y Zayla, en La Unión; y varios sectores de Caylloma, priorizando centros poblados y caseríos. La labor busca atender principalmente a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Wawa Warmi expandirá su labor social en Arequipa

La representante detalló que los equipos de Wawa Warmi están conformados por jóvenes universitarios y profesionales voluntarios de distintas universidades, como la Católica de Santa María, San Martín de Porres y Continental, quienes ofrecen servicios gratuitos en salud, psicología, odontología y asesoría legal. Además, se entregarán juguetes, panetones y chocolatadas como parte de las celebraciones navideñas.

La organización ha identificado casos graves de violencia familiar y sexual durante sus visitas anteriores a comunidades rurales, donde la falta de acceso a servicios básicos y profesionales de salud agrava las situaciones de riesgo. Ore subrayó que muchos pobladores deben viajar grandes distancias para recibir atención médica, lo que refleja la precariedad del sistema sanitario rural en Arequipa.

“Hemos atendido, y se los digo así, cada vez que vamos nos enteramos, por lo menos al distrito que vamos, de uno o dos o tres casos de violación que se producen dentro del hogar o inclusive en las fincas o escuelas. Y eso es algo que nadie habla”, manifestó Karla Ore.

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Arequipa: buscan apoyo para ampliar la cobertura de ayuda social

La presidenta de Wawa Warmi indicó que, aunque la organización ha suscrito un convenio con el Programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no cuenta con financiamiento estatal ni privado. Por ello, las actividades se sostienen mediante autogestión, con rifas, colectas y donaciones voluntarias.

Ore anunció que la campaña navideña llegará en diciembre a los distritos ya mapeados y también a comunidades mineras como Eugenia y San Francisco, donde existe población vulnerable. La organización habilitó sus plataformas en Facebook, Instagram y TikTok para recibir aportes ciudadanos y promover la participación de más voluntarios.

“Nosotros mismos nos autofinanciamos. Hemos hecho rifas, pollazos. Lastimosamente, si hacemos esta conferencia de prensa es porque queremos hacernos conocidos. Nosotros vamos a los pueblos, llegamos, y los niños se emocionan, pero aquí no éramos conocidos”, afirmó Ore.

La próxima campaña de Wawa Warmi se realizará a partir de la quincena de diciembre, con la entrega de regalos, atenciones médicas y apoyo psicológico. La organización reafirmó su compromiso con las zonas rurales de Arequipa, donde persisten altos índices de violencia y carencias en salud, buscando visibilizar la realidad de comunidades que, pese a la distancia, esperan ser escuchadas y atendidas.

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Cual si se tratara de propaganda proselitista, José Jerí dio su primer mensaje a la Nación. A diferencia de su antecesora —la descarada—, su discurso duró menos de 40 segundos, tiempo suficiente para anunciar el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. Adelantó que sería “totalmente ofensiva” y acto seguido se despidió, dejando a los periodistas desconcertados por la brevedad del anuncio.

Según el documento oficial que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del 22 de octubre, se prohíbe el tránsito de dos personas en moto, habrá intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, se restringirán las visitas en los establecimientos penitenciarios y habrá apagón eléctrico en las celdas. No se ha contemplado el toque de queda, pero sí la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito de carácter masivo sin el permiso correspondiente; es decir, las marchas o protestas están totalmente prohibidas, pero las procesiones, por supuesto, no.

Obviamente, esta medida coincide con el voto de confianza que el gabinete de Ernesto Álvarez planea solicitar al Congreso en cuestión de horas. Pan y circo para sus colegas, y así evitar lidiar con el rechazo social. Qué conveniente.

Tras victoria en el caso Cocteles, Fuerza Popular alista reforma del sistema de justicia con énfasis en la Fiscalía

El fujimorismo ya maquina su venganza contra el sistema de justicia. Los naranjas no se conformarán con demandar a José Domingo Pérez y Rafael Vela, sino que también irán contra los operadores de justicia. En una entrevista con el portal Infobae, Miki Torres reveló que la reforma del sistema judicial es parte fundamental del plan de gobierno que preparan en el feudo de Keiko Fujimori. El vocero de Fuerza Popular apuntó directamente al Ministerio Público, arguyendo que deben orientar sus recursos a combatir a los criminales y no a santas palomas como los involucrados en el caso Cocteles. Nada nuevo bajo el sol, considerando el odio que el fujimorismo siente por la Fiscalía.

Eso sí, los naranjas no usarán la misma vara con la gloriosa Policía Nacional del Perú. Para ellos buscarán restablecer el respeto a la institución. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Bodegas son uno de los negocios más afectados por cobro de cupos

Parece que la fórmula mágica para diezmar al pequeño comercio peruano tiene un nombre claro: inseguridad ciudadana. Con una contundencia que roza lo absurdo, la delincuencia se ha cobrado la módica suma de S/ 6 mil millones y ha logrado el «cierre definitivo» de 2 mil 600 bodegas en lo que va del año. La Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras (AGREMUB), cuyo liderazgo recae en mujeres que constituyen el 70% de este negocio de barrio, observa con ironía cómo se convierten en el blanco favorito de los criminales, forzándolas a invertir en seguridad hasta hacer el negocio inviable. Mientras el Estado responde con las ya clásicas, y poco creíbles, declaratorias de emergencia, las bodegueras trabajan no para ganarse la vida, sino para financiar su propia y frustrante protección. Un plan maestro, sin duda, para acabar con el comercio de proximidad.

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Pasó en el Perú | Cusco. El general Julio Becerra, jefe de la Décima Región Policial, defendió el accionar de la Policía Nacional durante las protestas sociales, pese a los casos de manifestantes que murieron por disparos provenientes de efectivos policiales.

Becerra sostuvo que se ha “normalizado cuestionar” el trabajo de la institución y aseguró que, a pesar de las críticas por el uso de la fuerza, la policía “no morirá nunca” evocando el poema inmortal sobre Túpac Amaru.

El general destacó la conducta pacífica de la ciudadanía cusqueña en la reciente marcha del 15 de octubre y afirmó que Cusco demuestra que se puede protestar con altura.

Finalmente, aseguró que continúan con cursos de especialización para mejorar la labor policial y enfrentar la criminalidad en la región, informó CuscoPost.

Ayacucho: Vecinos de Cangallo protestan por falta de agua y cuestionan gestión del alcalde Teófilo Núñez

Pasó en el Perú | Ayacucho. La población de Cangallo, volvió a salir a las calles para exigir al alcalde Teófilo Núñez una solución inmediata a la falta de agua potable que afecta a la ciudad desde hace más de un mes. Los vecinos denunciaron que el servicio es irregular y, cuando llega, el agua presenta mal olor y turbidez, situación que calificaron como insostenible.

Durante la reunión con los manifestantes, Núñez reconoció las deficiencias del sistema y explicó que el problema se debe al cierre temporal de cuatro ojos de agua por trabajos de mantenimiento. Anunció que la municipalidad ejecuta reparaciones en la captación de Chupiapampa, con una inversión de 250 000 soles, y prometió que el servicio se normalizará en los próximos días.

Como parte de los acuerdos, la Municipalidad Provincial de Cangallo exonerará el pago del servicio de agua durante octubre y mantendrá la racionalización del recurso hasta restablecer el abastecimiento. Además, se gestiona junto al Gobierno Regional de Ayacucho un proyecto integral de agua potable y tratamiento valorizado en más de 46 millones de soles.

Sin embargo, los pobladores advirtieron que retomarán las protestas si el servicio no se restablece pronto. “Ya no queremos promesas, queremos abrir el caño y ver agua limpia”, señalaron los dirigentes.

Según el Ministerio de Vivienda, más de 3 millones de peruanos aún carecen de acceso a agua segura, una realidad que golpea especialmente a las regiones altoandinas como Ayacucho, informó Jornada.

Loreto: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas

Pasó en el Perú | Loreto. Representantes de los principales gremios del sector salud en Loreto protestaron frente al Gobierno Regional para exigir soluciones a la crisis sanitaria que afecta a los establecimientos de la región.

Diana María Mattos, de la Federación Médica Región Oriente, señaló que la falta de medicamentos, materiales de limpieza y formatos básicos ha paralizado la atención en varios centros.

“Atendemos a una población en pobreza extrema, y cuando no hay medicinas, el paciente no tiene opción. Queremos ayudar, pero sin presupuesto no se puede brindar una atención digna”, afirmó.

Por su parte, Maritza García, secretaria general del gremio de obstetras, advirtió que este año se registran 28 muertes maternas y que muchas se deben a la falta de transporte y personal en zonas alejadas.

A ello se suman denuncias de desvío de fondos del SIS, según indicó Jens Romero, secretario de enfermería de la Geresa Loreto. “No se puede sostener una microrred con cinco mil soles. El dinero no está llegando donde debe”, dijo.

Los sindicatos pidieron al gobernador René Chávez convocar al Consejo Regional de Salud y asumir su responsabilidad frente a una situación que, aseguran, pone en riesgo la vida de miles de loretanos, informó ProyContra.

Junín: Estudiantes de Ingeniería Civil toman universidad exigiendo entrega de aulas y laboratorios

Pasó en el Perú | Junín. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Huancayo, tomaron el campus la noche del lunes en protesta por el incumplimiento en la entrega del pabellón de aulas y laboratorios que las autoridades prometieron culminar en julio.

Los universitarios exigen explicaciones al rector Amador Vilcatoma y una fecha concreta para la conclusión de la infraestructura.

En un video institucional difundido en junio, el rector anunció que la obra se encontraba en un 90% de avance y que su entrega sería inminente. Sin embargo, han pasado tres meses y el pabellón continúa inconcluso.

Los estudiantes denunciaron que las clases se desarrollan en ambientes improvisados, lo que afecta el desarrollo de los cursos prácticos y de laboratorio.

La obra inició en octubre de 2018 con un presupuesto de S/ 24 millones, pero su costo actual supera los S/ 46 millones. A pesar de las declaraciones del rector, los reportes oficiales del MEF la obra tiene fecha de culminación el 31 de diciembre de 2027, informó Huanca York Times.

Puno: Proyecto para explotar gas natural en Bahuaja Sonene iniciaría en 2031

Pasó en el Perú | Puno. Edwin Chambilla Palomino, director de la DREM Puno, señaló que la región necesita una ley para explotar gas natural en la selva puneña. La región cuenta con tres trillones de reservas probadas de hidrocarburos dentro del parque nacional Bahuaja Sonene.

Se realizan trabajos para levantar la protección de 22 hectáreas de esta área natural que se extiende entre Puno y Madre de Dios, pero la desprotección sería solo para el sector puneño donde están los yacimientos.

El titular denominó al proyecto como el segundo Camisea debido a que tendría una reserva mucho mayor que la primera. El yacimiento podría abastecer a toda la región con gas a domicilio además de uso para la industria.

Chambilla enfatizó que el recurso también podría ser exportado hacia otros lugares generando ingresos significativos para Puno. El proyecto de hidrocarburos representa una oportunidad económica importante para la región que históricamente ha dependido de actividades agropecuarias y mineras.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en la comisión del Congreso de la República para su evaluación legislativa. La norma permitiría retirar la protección a estas 22 hectáreas y facilitar el inicio de la explotación de hidrocarburos.

A pesar de compromisos previos con respecto a la sostenibilidad ambiental existe preocupación sobre el impacto que podría tener en el ecosistema.

El parque nacional Bahuaja Sonene alberga importante biodiversidad amazónica que podría verse afectada por actividades extractivas, informó Pachamama Radio.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Pasó en el Perú

CUSCO: General Becerra desafía las críticas por muertes en protestas y asegura que “La Policía no morirá nunca” como Túpac Amaru
AYACUCHO: Vecinos de Cangallo protestan por más de un mes sin agua y cuestionan la falta de gestión del alcalde Teófilo Núñez
LORETO: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas
JUNÍN: Estudiantes de Ingeniería Civil toman universidad exigiendo entrega de aulas y laboratorios
PUNO: Proyecto para explotar gas natural en Bahuaja Sonene iniciaría en 2031

Pasó en el Perú – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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El video PASÓ EN EL PERÚ: General desafía críticas por muertes en protestas: “La Policía no morirá nunca” se publicó en YouTube en este enlace

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– Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z
– Políticos apoyan terruqueo de Rospigliosi, amigos de Truko lo defienden
– Mientras tanto, el gobierno y la Policía no saben qué hacer
– Perú: tierra de nadie

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El video Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

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AGENDA REGIONAL | A sus 18 años, Leandro Pacheco se ha convertido en una de las voces más visibles del colectivo Jóvenes Líderes para el Perú (JLP). El joven de la Generación Z, cuenta que muchos jóvenes viven con miedo: son vigilados, perseguidos y amenazados. Algunos, dice, usan pasamontañas no para esconder delitos, sino para protegerse.

Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=yBdlKNqoS_Q&t=284s

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El video VIVEN CON MIEDO | Joven de la generación Z denuncia reglaje por salir a protestar: «Tengo miedo» se publicó en YouTube en este enlace

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Un nuevo conflicto surgió en el Centro Histórico de Arequipa por las obras que realiza la empresa Fly Center en un inmueble declarado patrimonio cultural. La intervención ha enfrentado a los representantes de la empresa y a la propietaria del restaurante La Catedral. Ella denuncia demolición no autorizada y daños a la estructura original. Ambas partes aseguran tener licencias válidas y acusan irregularidades en las acciones municipales.

El abogado de Fly Center, Manuel Aizcorbe, explicó que el origen del conflicto se debe a la oposición de una vecina a la apertura de una salida hacia el balcón del segundo piso del inmueble. Indicó que la señora Noemí Ticona afirma ser propietaria del espacio, pero no ha presentado documentos que acrediten su derecho. Según Aizcorbe, los balcones son bienes públicos conforme a la ordenanza municipal N.° 1124, la cual regula los inmuebles del patrimonio histórico.

De acuerdo con su versión, las obras cuentan con una licencia de edificación emitida por la Municipalidad Provincial de Arequipa a favor de la señora Miriam Vizcarra, propietaria del local Fly Center. Sostuvo que el procedimiento ha sido revisado por las autoridades correspondientes, entre ellas el Ministerio de Cultura y la propia comuna provincial, tras un proceso que duró tres años.

El abogado recalcó que las remodelaciones no afectan elementos de sillar, ya que la estructura intervenida está construida de ladrillo. También señaló que se notificó a la vecina mediante carta notarial sobre los trabajos, y que la intervención respeta la normativa vigente del Centro Histórico de Arequipa.

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Denuncia por presunta demolición y agresiones

Por su parte, la señora Noemí Ticona, propietaria del restaurante La Catedral, denunció que la intervención vulnera la condición patrimonial del inmueble. “Yo no entiendo cuál es el objetivo de romper aquí en el Centro Histórico. Está totalmente prohibido. Es patrimonio histórico”, expresó.

Ticona señaló que la empresa habría ingresado al predio el 7 de octubre por la noche, y continuó con los trabajos incluso durante el feriado del 8 de octubre. Afirmó que se han presentado alrededor de 12 denuncias en la comisaría de Santa Marta por agresiones físicas durante los incidentes. “A mi esposo casi le perforan la pierna con una broca, porque han querido taladrar la pared”, relató.

La propietaria aseguró que posee la titularidad del inmueble y que la licencia municipal fue otorgada irregularmente. También indicó que ha presentado una solicitud de nulidad de la licencia al alcalde provincial el 9 de octubre, argumentando que el permiso otorgado corresponde a edificación y no a demolición, como se estaría ejecutando en la práctica.

“Yo denuncio al alcalde provincial de Arequipa directamente, ya que actualmente él se encuentra trabajando con una licencia… Nosotros hemos hecho conocimiento al Ministerio de Cultura, al Centro Histórico y a la Municipalidad. Nadie dice nada”, manifestó Noemí Ticona, cuestionando la falta de acción de las autoridades frente a la presunta demolición no autorizada.

El conflicto entre Fly Center y el restaurante La Catedral mantiene en tensión a los propietarios del Centro Histórico de Arequipa, donde ambas partes reclaman derechos sobre el mismo inmueble. Mientras la empresa sostiene que actúa bajo una licencia legalmente emitida, la propietaria afectada exige la intervención de las autoridades para frenar lo que considera una vulneración al patrimonio cultural. El caso continúa en investigación.

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La muerte de Eduardo Ruiz a manos de la Policía ha destapado, una vez más, lo peor de la clase política peruana y de los sectores más conservadores y religiosos. Sin el mínimo respeto por los deudos, sin previa investigación y con total alevosía, varios políticos han respaldado las declaraciones de Fernando Rospigliosi, quien comparó el nombre artístico de “Trvko” con el término “terruco”.

No solo eso: pese a que su muerte fue causada por un arma de fuego disparada por la PNP, el ex asesor del congresista Alejandro Muñante, Luis Pacheco Mandujano, sostuvo en el canal católico Bethel que Eduardo es considerado un “terrorista del siglo XXI”, “murió en su ley”. Este discurso estigmatizante refuerza las advertencias de diversos sectores que alertan que leyes como la denominada “terrorismo urbano” solo buscan etiquetar como terrorista a cualquier persona que proteste contra el poder. Lo mismo ocurre con la insistencia del Congreso por retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos bajo el pretexto de “luchar contra la criminalidad”.

El hermano de Eduardo Ruiz aclaró que a “Trvko” se le decía así por una combinación de su primer apelativo, Kurt, y el apodo “Truquito”, que evolucionó con el tiempo y terminó definiendo su identidad artística.

El padre de Eduardo, junto al abogado de la familia, anunció una demanda contra Rospigliosi por difamación. “Yo aún soy joven y voy a luchar por el honor de mi hijo”, declaró.

El video Políticos celebran la muerte de Trvko y llaman “terrorista” al joven asesinado por la PNP se publicó en YouTube en este enlace

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aprobó una resolución que “alerta sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en el Perú”. Y en la misma también emitió diversas exigencias al Estado peruano para “fortalecer estos imprescindibles derechos”.

En la 81 Asamblea General de la SIP realizada en República Dominicana entre el 16 y el 19 de octubre, los miembros consideraron que el 2025 ha resultado el peor año para la libertad de expresión en el Perú en por lo menos 25 años. Hicieron referencia a los asesinatos de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis como los casos más dramáticos de estas últimas décadas.

“Varios otros periodistas, como Manuel Calloquispe y Gustavo Gorriti, han sido amenazados de muerte o se ha incitado contra su vida”. Y también revisaron que, “el avance acelerado de la minería ilegal y sus nexos con la política suponen cada vez mayor riesgo para periodistas”.

En ese sentido, recordaron que el Poder Ejecutivo, que lideró la expresidenta Dina Boluarte, “se ha vuelto a convertir en la institución estatal que más asedia a la prensa”.

Gustavo Gorriti galardonado como héroe mundial de la Libertad de Prensa

¿En qué casos señalaron al gobierno de Dina Boluarte?

La resolución refiere que, “desde el silencio de la mandataria frente a los medios de comunicación, el rechazo del Ejecutivo a pedidos de información pública, pasando por solicitudes del levantamiento del secreto de las comunicaciones de periodistas y hasta el retorno de Juan José Santiváñez como ministro -el funcionario público que más hostigó a la prensa”.

Alertan sobre que, el Poder Ejecutivo de Boluarte “es el que más limitó el trabajo periodístico desde la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000)”. Y que el Congreso continúa su intento de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos. En general, desde ambos poderes este año se intentó fallidamente controlar contenidos de medios privados mediante ‘franjas informativas’ de supuesto interés público.

Sobre el Ministerio Público, la ley de amnistía y Rafael López Aliaga

Respecto al Ministerio Público, dicen que “continúa abriendo investigaciones contra periodistas y medios de comunicación, incluyéndolos en caprichosas y antojadizas fórmulas como la de organización criminal. Este organismo además insiste en solicitar la revelación de fuentes anónimas de información”.

Además, advierten que, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron una ley de amnistía que favorece a quienes perpetraron abusos contra los derechos humanos durante los años del terrorismo (1980-2000), incluyendo a asesinos de periodistas, como Daniel Urresti, quien en 1988 mató al corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos.

Perú vuelve a caer en Índice sobre Libertad de Expresión y de Prensa

Asimismo, hacen ver que, no han cesado los insultos, agravios y amenazas contra periodistas a lo largo y ancho del país por parte de funcionarios públicos, empresarios y presuntos delincuentes. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es uno de los principales acosadores, dicen.

¿Cuáles son los considerandos de la resolución de la SIP?

En las consideraciones de la resolución frente a todo lo descrito, también está el continúo intento del Congreso de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos, como la ley de amnistía que favorece a violadores de los derechos humanos, y la llamada ‘ley mordaza’, que busca ampliar las penas de cárcel y difamación contra periodistas, entre otras iniciativas.

Se refieren también a la Declaración de Chapultepec, cuyo primer principio establece que «no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo».

Recuerdan también que en su sexto artículo sostiene que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.

¿Qué resuelve la 81ª Asamblea General de la SIP?

Lo que los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa concluyen es “instar al Estado a investigar las muertes de los dos periodistas asesinados este año y seguir el debido curso de la justicia. También instar al gobierno a garantizar el acceso a la información pública, cumplir estrictamente la Ley de Transparencia y eliminar trabas burocráticas y prácticas arbitrarias que bloquean solicitudes de información”.

También demandan el cese del hostigamiento y la criminalización del periodismo y rechazan el uso de discursos estigmatizantes para desacreditar a la prensa, así como cualquier intento de mordaza legislativa. Exhortan a detener proyectos de ley restrictivos, así como a respetar la independencia del periodismo, evitando el uso de legislación punitiva para silenciar la crítica, entre otros.

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La búsqueda de belleza terminó en una irreparable tragedia en la ciudad de Arequipa. Patricia Sucacahua Vargas, una mujer de 32 años, perdió la vida tras sufrir complicaciones durante una liposucción.

Esta cirugía estética se realizó en el interior del hospital Geriátrico Municipal de Cerro Colorado, un lugar insólito para este tipo de procedimientos.

El hecho ocurrió la tarde del lunes, cuando la joven acudió a este nosocomio municipal para ser intervenida. La cirugía no fue realizada por el personal de planta del hospital, sino por el médico Denis Steve Vargas Torres, quien alquiló una de las salas de operaciones bajo la modalidad de «clínica abierta».

Sin embargo, durante el desarrollo de la liposucción, la situación se complicó drásticamente. La paciente presentó una emergencia médica que obligó al cirujano a solicitar de urgencia una ambulancia del Samu para trasladarla a la Clínica Arequipa, un centro médico privado. Lamentablemente, Patricia Sucacahua llegó a este lugar sin signos vitales, según confirmaron los primeros reportes.

Sin ubicación de médico en Arequipa

Basándose en las declaraciones del coronel Eduardo Del Campo, jefe de la Divincri, la mujer ingresó sin vida a la Clínica Arequipa luego de someterse a una cirugía estética en el establecimiento de salud municipal de Cerro Colorado. El coronel precisó que las investigaciones se centran en recabar la identidad de las personas que intervinieron en el procedimiento. Es decir, el médico principal, el anestesista y un asistente técnico, quienes hasta el momento no han sido ubicados.

En ese sentido, el coronel Del Campo señaló que la causa exacta del deceso está pendiente de determinarse mediante los resultados de la necropsia y otros exámenes complementarios. Mientras se esperan estos dictámenes periciales, las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, realizan las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades penales en este caso.

Denis Vargas abandonó las instalaciones del hospital geriátrico y su paradero actual se desconoce. Las autoridades acudieron a su domicilio sin poder ubicarlo, y se reporta que incluso habría cerrado sus redes sociales.

Aunque el director del hospital, Gustavo Rondón Fudinaga, expresó su consternación y aseguró que el establecimiento cumple con los protocolos para las cirugías que se realizan bajo este sistema de alquiler, existe una incongruencia. Este hospital geriátrico no tendría autorización expresa para realizar procedimientos de cirugía estética, ya que esta especialidad no figura entre sus servicios.

Se trasladó el cuerpo de la joven a la morgue central de Arequipa para la necropsia de ley. Mientras tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado una investigación exhaustiva para determinar si existió negligencia médica.

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La vida de Sugeili Parejas Gonzales (28) y la de su bebé prematuro corren grave peligro en el Puesto de Salud Los Chilchos, ubicado en Leymebamba, provincia de Chachapoyas (Amazonas). Ambos permanecen en estado crítico mientras aguardan un traslado aéreo de emergencia que aún no llega.

La joven madre dio a luz el 19 de octubre a las 6 de la mañana, luego de una travesía de cinco horas a pie, cargada en una camilla improvisada por comuneros que la auxiliaron desde una zona rural de difícil acceso. A pesar de los esfuerzos del personal médico local, su situación continúa siendo delicada.

Han pasado más de 24 horas desde el parto y la asistencia aérea solicitada al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Amazonas sigue sin concretarse. El equipo médico del puesto de salud ha reiterado el pedido de traslado urgente al Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, donde madre e hijo podrían recibir atención especializada.

Mientras tanto, la comunidad y el personal de salud de Los Chilchos viven momentos de angustia, esperando que las autoridades respondan con la ayuda inmediata que podría salvar dos vidas.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

El presidente de la urbanización Los Chiriguanos, Orlando Fernández Sejje, reveló que un funcionario de la Unidad de Control de Proyecto del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado de San Román acumula 17 carpetas fiscales, mientras el megaproyecto de 1,600 millones de soles permanece paralizado tras más de un año de retrasos.

Fernández Sejje señaló que Aduard Sergio Ito Mamani, funcionario técnico de la UCP, tiene más de 15 denuncias por peculado de uso y otras irregularidades, siendo ex trabajador de Sedajuliaca durante la gestión del alcalde Waldo Marín Quiro, situación que considera garrafal para un proyecto de esta magnitud.

El dirigente manifestó que la etapa uno del proyecto, valorizada en 5 millones de soles, no se ha terminado pese a tener entre 82% y 88% de avance, la empresa responsable se retiró tras resolver su contrato dejando inconclusos los trabajos que comenzaron el año pasado.

La división del megaproyecto en cuatro etapas genera preocupación entre beneficiarios, la etapa tres contempla 500 millones de soles para líneas de conducción y planta de tratamiento, mientras la etapa cuatro requiere aproximadamente 800 millones para ampliar el servicio a urbanizaciones sin agua potable.

Fernández Sejje informó que desde la instalación de la UCP se han gastado más de un millón de dólares en sueldos sin obtener resultados concretos, funcionarios perciben salarios jugosos, mientras el proyecto experimenta fracasos continuos que afectan a miles de familias beneficiarias del distrito.

El presidente de la urbanización cuestionó la selección de personal técnico realizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, consideró inadmisible que profesionales con tantos antecedentes fiscales dirijan un proyecto vital para San Román mientras reciben remuneraciones elevadas sin rendir cuentas adecuadas.

El dirigente expresó preocupación porque las etapas dos, tres y cuatro podrían enfrentar mayores demoras si continúan los mismos funcionarios al frente del proyecto, advirtió que existe riesgo de direccionamiento hacia empresas específicas o intensiones de generar beneficios particulares durante el proceso de licitación.

Fernández Sejje lamentó el silencio del alcalde provincial Óscar Cáceres ante esta problemática, consideró que la autoridad municipal debería liderar reuniones con el ministro de Vivienda para exigir explicaciones sobre los retrasos y cambios de funcionarios que no cumplen con los estándares requeridos.

La autoridad vecinal reveló que el proyecto surgió de la lucha ciudadana y aportes económicos de vecinos organizados, no de gestiones municipales o regionales, razón por la cual exigen resultados concretos después de años de espera y sacrificios económicos realizados por las familias beneficiarias del distrito.

El presidente manifestó que aproximadamente 1,700,000 soles se han destinado únicamente a pagar sueldos de funcionarios sin generar avances significativos en la obra, monto que supera casi la inversión total de la primera etapa del proyecto que permanece incompleta tras más de doce meses.

Fernández Sejje advirtió que con las elecciones nacionales programadas para el próximo año pueden presentarse complicaciones adicionales para el proyecto, solicitó al alcalde y dirigentes que exijan cronogramas específicos con fechas definidas para evitar que el megaproyecto se convierta en otra promesa incumplida para Juliaca.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

Las lluvias intensas registradas la tarde y la noche del domingo dejaron viviendas inhabitables y daños en servicios esenciales de Huancayo. En el distrito de El Tambo, quince viviendas resultaron afectadas en los sectores de Saños Chico, Saños Grande, La Lora y en la cuadra 12 del jirón Tubos, en la zona de Ciudad Universitaria, de los cuales cuatro resultaron con severos daños e inhabitables, informó Defensa Civil del distrito.

Las primeras precipitaciones de la temporada también afectaron las viejas infraestructuras del hospital El Carmen en el centro de Huancayo, y el del centro de salud de Chilca (con 50 años de antigüedad), que sufrieron de filtraciones de agua de sus y techos.

Centro de salud de Chilca

En el caso del centro de salud de Chilca, las áreas afectadas fueron las de farmacia, obstetricia 2, el de atención de cáncer y el de atención la primera infancia, Cred. El director del centro, Fredy Collachagua, informó que el mayor daño fue al área de Farmacia, principalmente computadoras y equipos electrónicos, pero no las medicinas. 

La reparación de estos techos de teja y calamina costarán alrededor de cien mil soles y mientras, tanto, las cuatro áreas afectadas serán reubicadas en otros espacios. Todo esto, mientras demora la construcción del hospital de Chilca, adonde se mudará el centro de salud, aunque eso tomará algunos años.

En El Tambo, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana tuvo que improvisar una la canalización para las aguas pluviales y apoyar en la limpieza de las viviendas inundadas, y lograron mitigar parcialmente el impacto de la emergencia.

El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez Loaiza, informó que al menos treinta viviendas entre El Tambo y Chilca fueron afectadas por las lluvias. Además, confirmó afectaciones en una institución educativa del sector de Cahuide.

Vásquez precisó que la emergencia aún está en desarrollo y que las municipalidades tienen un plazo de 72 horas para presentar sus reportes finales. Recalcó que las lluvias intensas son un fenómeno recurrente en Junín entre los meses de septiembre y abril, por lo que las autoridades locales deben mantener medidas permanentes de prevención.

Distritos deben tener almacenes de ayuda humanitaria

“Ya estamos en el cuarto año de gestión y no se puede justificar la falta de preparación. Hay municipalidades que todavía no cuentan con almacenes de ayuda humanitaria, maquinaria, combustible o personal capacitado para atender emergencias”, advirtió Vásquez Loaiza. Según explicó, esta falta de preparación pone en evidencia “la poca prevención y gestión del riesgo” que varios gobiernos distritales descuidaron durante toda la gestión.

Vásquez dijo que la Subgerencia regional de Defensa Civil informó que mantiene siete frentes de trabajo activos con maquinaria pesada para realizar limpieza y descolmatación de ríos que representan riesgo alto de desborde. Estos trabajos se desarrollan en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y continuarán mientras las condiciones climáticas lo permitan.

El funcionario exhortó a los alcaldes provinciales y distritales a mantener canales y drenajes pluviales limpios, y a contar con motobombas, maquinaria y personal preparado para evacuar aguas de lluvia. “Cada gobierno local debe identificar sus zonas de alto riesgo y actuar antes de que ocurran los desastres. No podemos seguir improvisando cada temporada de lluvias”, enfatizó.

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El pasado 20 de septiembre, la Unidad de Investigación de Noticias Trujillo reportó el hackeo a la Universidad Privada Antenor Orrego donde los ciberatacantes obtuvieron miles de fotografías de estudiantes y docentes. Días después se reportó el hackeo de otra universidad, esta vez de la Universidad de Piura. El modus operandi de los ciberatacantes fue el mismo: obtener la información y publicarla a través de un foro público al alcance de todo aquel que quiera hacer uso de la información obtenida. Sin embargo, exactamente un mes después del primer hackeo, los autodenominados “hacktivistas” han vuelto a atacar a otra casa de estudios, esta vez la Universidad César Vallejo. 

Según la información a la que Noticias Trujillo tuvo acceso, los atacantes han logrado tener acceso a nombres completos, códigos de estudiantes, documentos internos, fotografías y más información personal de alumnos y docentes de la UCV. El grupo de hackers llamado NulledPeru publicó la información obtenida a través de un grupo de Telegram al que cualquier persona tiene acceso.

¿Quién está detrás? 

Al igual que en los dos hackeos anteriores, el atacante se hace llamar Millan y, según lo publicado en el mismo grupo al cual se subió la información, el robo de datos obedece a una manifestación en contra de la “censura política”. Por otro lado, según lo publicado en el grupo de Telegram el hackeo fue “demasiado fácil” y se logró en menos de 1 hora.

Así mismo, según la descripción del grupo al cual se subió la información, el grupo NulledPeru no promueve ninguna actividad ilícita, sino que, difunde la información con fines educativos y analíticos, hecho que resulta completamente incongruente dado que el robo de datos es un delito cibernético.

Mensaje enviado en el grupo de Telegram que filtró la información

¿Y ahora?

Por su parte, Noticias Trujillo se contactó personal de la Universidad César Vallejo quienes manifestaron que aún no hay un comunicado oficial debido a que el caso aún se encuentra en investigación.

“No hay un comunicado oficial aún, dado que es un caso que se encuentra bajo investigación por parte de nuestro equipo especializado en coordinación con expertos externos. Como sucede en estos casos, desde el primer momento, se activaron los protocolos institucionales de ciberseguridad para garantizar la protección de la información y evaluar de manera precisa el alcance del evento. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún impacto sobre los sistemas académicos ni administrativos críticos, pero se mantiene una vigilancia permanente y se están realizando acciones preventivas de refuerzo en la infraestructura tecnológica”, manifestó el personal consultado por este portal web.

Mientras tanto la información de miles de estudiantes ya se hizo pública y está en manos de cualquier persona con acceso a un celular y a internet.

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El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), presentó un programa de créditos extraordinarios dirigido a pescadores artesanales dedicados a la extracción de pota (calamar gigante) y perico. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales para impulsar la reactivación económica del sector.

Monto, plazos y tasas de interés

El programa ofrece créditos de hasta 22 UIT, equivalentes a S/117 700, con un plazo máximo de pago de 36 meses, que incluye un periodo de gracia de hasta 6 meses. El ministro de la Producción, César Quispe Luján, explicó: “Los créditos de este programa no requerirán una amortización inicial. Los pescadores que ya tuvieron un crédito con nosotros y cumplieron con sus pagos accederán a una tasa preferencial del 1 % anual, mientras que los nuevos solicitantes tendrán una tasa del 2 % anual”.

El plazo para acceder a este programa vence el 29 de diciembre de 2025.

Acceso a créditos para personas con historial crediticio complicado

El programa permite también el acceso a créditos para pescadores con dificultades en su historial crediticio. Aquellos con clasificación deficiente, dudosa o pérdida en la central de riesgos podrán acceder a un financiamiento máximo de 10 UIT (S/51 350), con una tasa del 2 % anual, y deberán presentar un fiador solidario con calificación normal, además de una carta de no adeudo en caso de clasificación de pérdida.

El programa ofrece créditos de hasta 22 UIT, equivalentes a S/117 700, con un plazo máximo de pago de 36 meses, que incluye un periodo de gracia de hasta 6 meses. (Foto: FONDEPES)

Por otro lado, quienes incorporen un equipo de seguimiento satelital y mantengan una buena calificación crediticia podrán acceder a la tasa preferencial del 1 %.

Requisitos y destino del crédito

Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y acreditar su condición de pescador artesanal formal mediante documentos oficiales como el Certificado de Matrícula de la Embarcación Pesquera Artesanal, Permiso de Pesca y Certificado Nacional de Seguridad para Artefactos Navales. En caso de personas jurídicas, se requiere contar con RUC activo, un objeto social relacionado con la pesca artesanal y documentos que acrediten esta actividad.

Los créditos no se entregan en efectivo, sino que financian la compra de bienes y servicios relacionados con la actividad pesquera, tales como motores, equipos de comunicación, reparaciones, combustible, hielo y víveres.

*Para más información, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-14453 o a través de las redes sociales oficiales del FONDEPES.

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Guillermo Bermejo arribó a la región de Puno en campaña proselitista, donde lo recibieron una nutrida cantidad de sus bases regionales y los representantes de los partidos que integran la alianza electoral Venceremos.

En este acto político hicieron uso de la palabra el excongresista Alberto Quintanilla representante del Partido Nuevo Perú, y también precandidato a Senador. También estuvo presente el expresidente regional David Jiménez Sardón, representante del partido Unidad Popular.

En su alocución Guillermo Bermejo señaló la necesidad imperativa de la unidad de los partidos de izquierda para lograr la más amplia votación que les permita alcanzar la mayoría en el próximo congreso y con ello insistir en la propuesta del cambio de la Constitución.

El actual parlamentario de izquierda añadió que en un eventual gobierno suyo, promoverá la investigación de las muertes bajo los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí. «Nosotros fuimos los primeros en denunciar el asesinato de la última represión y pediremos una comisión investigadora. Además, queremos una comisión de la verdad por todas las masacres que se han dado cuando estemos en el gobierno».

Guillermo Bermejo deber disputar elecciones internas con el puneño Vicente Alanoca para definir al candidato de la Alianza Venceremos. Además, el próximo viernes el poder judicial emitirá sentencia sobre la acusación por una presunta afiliación terrorista, que de ser condenatoria los sacaría de la candidatura presidencial para 2026.

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Más de 800 trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (UNP) reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago oportuno de beneficios económicos. Según denuncian, la casa de estudios ha incumplido de manera sistemática los acuerdos alcanzados mediante negociación colectiva, lo que ha generado preocupación en la comunidad universitaria y posibles medidas de protesta.

Reclamo por beneficios impagos

En diálogo con Cutivalú, Wilmer Quiroga Antón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura (SITRUMP) y secretario nacional de Defensa de la CONFETEP, explicó que los trabajadores perciben sueldos bajos y enfrentan retrasos en pagos que ya están establecidos por ley.

“La universidad nos viene postergando sistemáticamente pagos como la trimestral, que es un bono de reconocimiento laboral que se paga cada tres meses. En septiembre correspondía un monto de 750 soles, pero no se nos ha cancelado a tiempo. Esto afecta nuestra planificación familiar y compromisos financieros”, señaló Quiroga.

El dirigente precisó que tanto los trabajadores nombrados como los contratados bajo el régimen CAS se ven afectados por estos incumplimientos, que ya suman varios meses.

Cuestionan desigualdad salarial

Asimismo, Quiroga cuestionó la contratación de personal externo con salarios elevados mientras los trabajadores permanentes continúan con remuneraciones bajas. Ante esta situación, el dirigente adelantó que el sindicato sostendrá una reunión con las autoridades universitarias para exigir el cumplimiento inmediato de los pagos atrasados. De no recibir una respuesta favorable, advirtió que retomarán sus medidas de lucha de manera indefinida.

“Hay casos de personal que gana entre 7,000 y 8,000 soles, mientras trabajadores con maestría o doctorado no reciben esos beneficios. Esto demuestra que la universidad se ha convertido en una agencia de empleo, donde lo político influye en los pagos”, denunció.

Finalmente, el secretario general del SITRUMP hizo un llamado a las autoridades de la UNP para priorizar los derechos de los trabajadores por encima de intereses políticos. Los trabajadores mantienen su disposición al diálogo, pero advirtieron que no descartan nuevas protestas si las autoridades continúan postergando los pagos que, aseguran, les corresponden por derecho.

“No pedimos más de lo que nos corresponde por ley. Esperamos que la universidad abone los bonos pendientes a todas las cuentas de los trabajadores en los próximos días”, concluyó.

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Dirigentes del Valle de Tambo en Islay (Arequipa) se declaran en pie de lucha. La reciente autorización del Ministerio de Energía y Minas al inicio de la explotación del proyecto Tía María, a favor de Southern, ha encendido las alarmas entre las comunidades agrícolas. La respuesta no se ha hecho esperar: los líderes locales preparan una ofensiva jurídica y el reinicio de las protestas para detener lo que consideran una imposición.

Frente a la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, la resistencia se organiza en dos frentes. Por un lado, delegaciones de agricultores viajarán a Lima para interponer una demanda ante el Primer Juzgado Constitucional. Buscan la suspensión inmediata de los efectos de dicha resolución.

Paralelamente, las calles volverán a ser el escenario de su descontento, con marchas y paros que buscan visibilizar su oposición de década y media.

Este movimiento reaviva un conflicto emblemático para el sur del país. Dirigentes del Valle de Tambo recalcan la producción de la zona para la seguridad alimentaria regional. La voluntad de sus habitantes quedó clara en 2009, cuando una consulta vecinal autoconvocada, reflejó un contundente 97% de rechazo al proyecto minero, un precedente que hoy esgrimen como bandera.

«No fue un accidente»: cómo una fiesta en Arequipa truncó la vida de ingeniero y destruyó a su familia

Una conferencia para unificar la respuesta

Para detallar los alcances de estas acciones, los representantes del valle han convocado a una conferencia de prensa. El encuentro se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 10 a.m. en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lince, Lima. En la mesa estarán los voceros locales Miguel Meza, Paulina Aleja y Agripina Páucar, junto al abogado Rodrigo Lauracio de la Red Muqui y David Velazco, director de FEDEPAZ.

Organizaciones de la sociedad civil que acompañan el caso, como Red Muqui, FEDEPAZ y CooperAcción, han alertado que la decisión del gobierno vulnera derechos fundamentales y amenaza la paz social en Arequipa.

Advierten que esta medida, tomada en un contexto nacional de alta tensión, ignora el historial de conflictividad y los graves episodios de represión pasada, que incluyen pérdidas humanas y líderes criminalizados, profundizando la desconfianza en las instituciones.

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Ante el avance de la extorsión en Trujillo, la Región Policial La Libertad ha puesto en marcha una nueva estrategia. Un contingente policial fue desplegado en el sector Villa Marina, del centro poblado Miramar, para colocar stickers en viviendas y negocios amenazados por delincuentes.
La medida busca disuadir a los criminales mostrando la presencia de las autoridades en la zona. En los adhesivos se aprecia el escudo institucional de la PNP y un número de contacto para denuncias. La iniciativa, sin embargo, ha generado opiniones divididas entre la población.

El video ¿STICKERS ASUSTARÁN A CRIMINALES?| PNP pega stickers como estrategia contra la extorsión en Trujillo se publicó en YouTube en este enlace

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Keiko Fujimori afirmó que ella no denunciará a los fiscales que la investigaron por lavado de activos en el Caso Cócteles, pero sostuvo que su partido y los más de 40 acusados están “en todo su derecho” de hacerlo. La lideresa de Fuerza Popular dio estas declaraciones luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a su favor y anulara el proceso judicial en su contra.

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, advirtió que esta sentencia podría derribar otras investigaciones por lavado de activos y vínculos con Odebrecht, calificando la decisión del TC como “un salvavidas para el fujimorismo”.

El TC, con voto mayoritario de cinco magistrados, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori, anulando todas las resoluciones del juzgado que impulsaron la investigación. Dos magistrados votaron en contra, señalando que el tribunal excedió sus competencias al intervenir en un proceso penal en curso.

La consecuencia inmediata es que el Caso Cócteles queda sin efecto, por supuesta vulneración del principio de legalidad penal y retroactividad de la norma. Este fallo también empezó a tener repercusiones: en el caso Susana Villarán, la Fiscalía solicitó suspender el juicio oral para evaluar los alcances del precedente creado por el TC.

Mientras tanto, Fuerza Popular evalúa presentar acciones legales contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, acusándolos de abuso de poder y persecución política.

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