La Fiscalía de la Nación ha desatado un sismo judicial en Ica al formalizar la investigación preparatoria contra el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos. La acción pone fin a su periodo de tranquilidad política y frustra su plan de postulación con el que pretendía volver una vez más al Gobierno Regional de Ica en las elecciones de 2026.
La base de este nuevo embate legal es la Disposición N° 85, emitida el 12 de agosto de 2025. El documento imputa a Gallegos el grave delito de Organización Criminal y solicita formalmente su retorno a prisión preventiva, siendo este cargo el soporte legal para la contundencia de la petición fiscal.
El desfalco de S/48 millones y la acusación por organización criminal
La LUPA ha accedido de manera exclusiva al expediente judicial de cerca de mil páginas que detalla la magnitud del esquema de corrupción. La Fiscalía sostiene que este caso supera con creces la dimensión de anteriores investigaciones, como la denominada «Los Tramitadores del GORE,» que llevó a Gallegos a la cárcel inicialmente.
La cifra del desfalco es el dato central de la acusación ahora con «Los Acelerados del Sur». Tras consolidar las ganancias ilícitas de la red en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), la Fiscalía estima un perjuicio total de S/ 48,726,200.00 soles.
Este monto significativo prueba que la corrupción no era un acto aislado, sino una fuente de ingresos sistemática y constante. El informe fiscal proyecta que la organización logró obtener una ganancia ilícita promedio de S/ 2,459,000.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil soles) por cada mes de operación.
La prueba financiera se materializó con la incautación de una cuantiosa suma de S/ 643,000.00 en efectivo en el allanamiento a la vivienda del exdirector regional de transporte Edward Alberto Amoroto Ramos. La fiscalía presume que este dinero está directamente vinculado al esquema ilegal de coimas dado que hasta la fecha el alcalde no sabe cómo justificar su procedencia.
Rol de Gallegos: blindaje político y los 53 imputados
La Fiscalía ubica a Javier Gallegos Barrientos en la cúspide de la pirámide criminal como alias «El Uno». Su rol principal se describe como el de «garantía y blindaje», asegurando la estabilidad de la red y su protección frente a cualquier investigación o denuncia.
Según la tesis fiscal, la participación de Gallegos consistía en nombrar y mantener a funcionarios leales en puestos estratégicos de dirección. Esta acción aseguraba que el flujo millonario de dinero no se interrumpiera y que los operadores de calle tuvieran impunidad garantizada.
La estructura delictiva es masiva, abarcando a 53 personas formalmente investigadas. Este número demuestra la complejidad de la red, la cual operaba con una arquitectura piramidal donde cada miembro tenía una función específica e indispensable en el fraude.
Javier Gallegos (alias «El Uno»), señalado por la Fiscalía como el líder, manejaba directamente a Edward Amoroto y Dongo Galindo en la red de S/48 millones.
Los operadores de la DRTC: «El Tío», «La Dra.» y el flujo de dinero
El principal ejecutor y operador financiero fue Edward Alberto Amoroto Ramos (alias «El Tío»), exdirector regional de transporte y actual alcalde del distrito de Los Aquijes. Su gestión concentró una ganancia ilícita de S/ 26,876,200.00 soles, lo que lo convierte en el engranaje clave de la primera fase del fraude.
La operación demostró ser un modelo diseñado para la continuidad en el tiempo. El esquema continuó operando bajo el mando de la nueva directora en ese entonces, Kenniha Minerva Dongo Galindo (alias «La Dra.»), quien reportó ganancias ilícitas por S/ 21,850,000.00 soles.
Otros funcionarios esenciales en la manipulación burocrática incluyen a Mario Carlos Uribe Flores (alias «Dr. Uribe», Sub Director de Circulación Vial) y las encargadas de Trámite Documentario que rotaban el puesto, entre ellas Rosa Magalli Guzmán Segura y Marilyn Solanyela Ramos Angulo, quienes redujeron los tiempos de programación de exámenes y controlaban el flujo de documentos para dar curso a los trámites ilícitos.
El modus operandi del esquema criminal iniciaba con los tramitadores externos (o jaladores) que se colocaban afuera de la DRTC Ica, bajo negocios fachada (vendedores de golosinas o gaseoseros) para captar postulantes. Prometían licencias en sus distintas categorías (A-I, A-II, A-III B, A-III C, etc.) para su emisión, revalidación o recategorización en el menor tiempo posible. El servicio incluía gestionar cambios de domicilio ilícitos, obtener certificados de salud rápidos en centros de su confianza, y asegurar la aprobación de los exámenes sin cumplir el trámite regular. El dinero captado ascendía a través de una cadena: se entregaba a los directores Edward Amoroto Ramos (vía María Gracia Buendía Uribe «La Gata» y Moisés Fray Salomón Amoroto «El Parce») o Kenniha Dongo Galindo (vía Christian Anders Barón Cárdenas «Barón»). Finalmente, una parte sustancial de este dinero ilícito era entregada al gobernador regional Javier Gallegos Barrientos (alias «El Uno»), como retribución por haberlos colocado en esos puestos de control.
Fuente: Disposición N° 85 /2106015500-2022-09-0
El presunto delator «Chino Martínez» y el costo de las licencias
El cerco judicial se cerró gracias a la colaboración de un miembro interno. Conversaciones interceptadas señalan al también exdirector regional de transporte Carlos Martínez Hernández (alias «Chino Martínez») como la persona que posiblemente se acogió a la figura de Colaborador Eficaz.
La sospecha de que Martínez Hernández es el delator se refuerza porque, a pesar de su largo periodo en el cargo y ser una pieza clave en la gestión de Gallegos, la Fiscalía no investiga su administración ni hace referencia a un posible flujo de dinero por la venta de licencias en ese bloque de tiempo.
Esta delación desató una guerra interna de alto riesgo. Un co-imputado (José Franco) amenazó con romper su lealtad y escalar la delación contra Gallegos, advirtiendo que revelaría otros negocios ilícitos relacionados y menciona como «La Estación», «la chancadora» y el «petróleo».
El mensaje es claro: la organización criminal no solo traficaba brevetes, sino que también tenía otros negocios que aún requieren ser investigados o ampliar la investigación por parte del Ministerio Público.
El costo de la ilegalidad era rígido y variable. Las tarifas por obtener una licencia A-I garantizada partían desde S/ 1,500 soles, mientras que la solución de problemas administrativos o la protección legal para limpiar multas y licencias suspendidas podía ascender a S/ 7,000 («siete lucas») o incluso a S/ 40,000 («cuarenta centímetros»).
Javier Gallegos (alias «El Uno»), señalado por la Fiscalía como el líder, junto a sus operadores clave Edward Amoroto Ramos (alias «El Tío») y Carlos Martínez Hernández (alias «Chino Martínez»), presunto colaborador eficaz de la red criminal.
Modus operandi: la eliminación de exámenes y el «hub» ilegal
La prueba documental es contundente: los expedientes de los clientes de los tramitadores mostraban explícitamente la anotación «NO OBRA EXAMEN DE MANEJO», probando la eliminación deliberada del proceso de prueba de aptitud al volante.
El modus operandi incluía un centro de operaciones geográfico para evadir controles. El análisis de más de 40 expedientes reveló que la mayoría de postulantes ilícitos realizaban un «cambio domiciliario al Distrito de Los Aquijes», convirtiendo esta jurisdicción en el «hub» de la red.
Incluso el control biométrico fue vulnerado de manera rudimentaria: la red instruía a los postulantes a «sobar con lija la huella». Al dañar deliberadamente la huella dactilar, el sistema biométrico fallaba al identificar al postulante. Esto permitía que un tercero (un suplantador), probablemente con mejores condiciones de salud o aptitud, se presentara en su lugar para pasar el examen médico sin restricciones.
La naturaleza delictiva de la red queda expuesta en una escucha telefónica. Cuando la tramitadora «Susy» pregunta a su contacto interno (NN) sobre la entrega de una licencia A-I, el funcionario responde con una simplicidad lapidaria que borra todo proceso legal: «Ya te la imprimo. En la mañana, como la de ayer pe».
La frase «Ya te la imprimo» encapsula la reducción del proceso legal a una simple orden de impresión, tras el secuestro institucional de la DRTC por la organización criminal.
Peligro de fuga y los vínculos políticos
El expediente también revela la persistencia política de Gallegos, aún en medio de los cuestionamientos. Las escuchas lo vinculan directamente a la abogada Norka Monzón Cárdenas, quien era mencionada en las coordinaciones para conseguir «logística» (dinero) y postular candidatos, evidenciando su apoyo a la estrategia política del exgobernador.
No obstante, el rol de Monzón Cárdenas se extiende a un grave caso de tráfico de influencias: una comunicación telefónica interceptada revela que el co-imputado José Antonio Franco Palomino le habría entregado un «donativo» para que intercediera ante el Juez «Díaz Chirinos» y lograr su liberación. Franco creía que la abogada tenía influencias en el Poder Judicial, pues sería supuesta cuñada del Presidente de la Corte, un hecho que expone los intentos de la organización criminal por cooptar el sistema de justicia.
La ambición política de Gallegos se ha materializado en el control del partido Progresemos (conocido como «El partido del perro»). Su esposa, Mónica Guillén, busca una curul para el futuro Senado o incluso la vicepresidencia en las elecciones de 2026 con ese mismo partido.
Con la cuantificación de S/ 48 millones en desfalco y la revelación del presunto colaborador eficaz «Chino Martinez» la Fiscalía busca convencer al juez de que la libertad de Gallegos Barrientos representa un peligro inminente de fuga y de obstrucción a la justicia, exigiendo la contundencia que el crimen de esta magnitud requiere.
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