La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa abrió investigación preliminar contra el suboficial de tercera de la PNP, Michael Quispe Limas, integrante de la comisaría de Chilca, en Huancayo. Se le acusa de participar en un robo agravado ocurrido el 3 de setiembre en la trocha de Villa Esmeralda de los Andes, distrito de Locroja. Según […]
La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa abrió investigación preliminar contra el suboficial de tercera de la PNP, Michael Quispe Limas, integrante de la comisaría de Chilca, en Huancayo. Se le acusa de participar en un robo agravado ocurrido el 3 de setiembre en la trocha de Villa Esmeralda de los Andes, distrito de Locroja.
Según la Disposición Fiscal N.° 01-2025, firmada por el fiscal Raúl Huacachi Rocha, Quispe Lima habría disparado durante un presunto asalto en una zona conocida como corredor de drogas. En un video difundido en redes se ve al policía disparando con una pistola, mientras otro efectivo lo cubre con un fusil. También aparece su auto particular: un Toyota Corolla rojo, de placa C8H-164, estacionado en la vía.
La fiscalía citó a Quispe Lima para declarar el 19 de setiembre a las 9:00 a.m. Deberá explicar qué hacía su vehículo en la zona y quiénes lo acompañaban, además de aclarar si actuó por iniciativa propia o bajo órdenes.
También fueron citados para mañana, 10 de setiembre, los comisarios de Anco, San Pedro de Coris y San Miguel de Mayocc, así como el mayor Alexander Rojas Caceda, jefe de la zona policial. Además, declararán cuatro testigos.
El fiscal Huacachi también solicitó la relación de efectivos de las comisarías involucradas y un informe detallado sobre las armas largas utilizadas entre el 3 y 4 de setiembre.
El fiscal ordenó una inspección ocular para el 11 de setiembre a las 11:00 a.m. con el objetivo de recoger casquillos, medir distancias y determinar la jurisdicción exacta del hecho. La investigación preliminar vence el 5 de octubre.
Según información de Huanca York Times, Quispe Lima estaba de vacaciones desde el 1 de setiembre. Ese día, cerca de la 1 p.m., los pobladores escucharon detonaciones, pero nadie quiso identificarse por temor a represalias.
La investigación también menciona una camioneta blanca con una con calcomanía del «Divino Niño», sospechosa de transportar hoja de coca.
Participaron otros cinco policías de Chilca, entre ellos el alférez Fernando Lapa Socualaya, quienes también serán citados.
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El jefe del módulo defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, lanzó fuertes críticas contra la Policía tras advertir serias deficiencias en el trabajo de los agentes asignados a Juliaca. Según el funcionario, los efectivos muestran una preocupante falta de voluntad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la provincia. Enríquez Barriales aseguró que los […]
El jefe del módulo defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, lanzó fuertes críticas contra la Policía tras advertir serias deficiencias en el trabajo de los agentes asignados a Juliaca. Según el funcionario, los efectivos muestran una preocupante falta de voluntad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la provincia.
Enríquez Barriales aseguró que los policías “no están cumpliendo sus funciones adecuadamente” y que, en lugar de realizar rondas preventivas a pie, permanecen dentro de los patrulleros sin mayor actividad. “Lamentablemente, hemos visto efectivos policiales más tiempo dentro del patrullero que haciendo el patrullaje a pie”, señaló tras supervisar las cámaras de videovigilancia municipal durante el jueves y viernes pasados.
El representante de la Defensoría también cuestionó la falta de coordinación entre la Policía y el Serenazgo, lo que ‘a su juicio’ limita la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos. Como ejemplo, relató que en la Plaza Bolognesi un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas durante una boda, mientras los agentes permanecían a solo una cuadra sin intervenir.
La crítica más severa apuntó al trato que reciben los ciudadanos en las comisarías. Enríquez reveló que muchas denuncias son rechazadas con frases como: “¿para qué vas a poner la denuncia?”, o “te vas a meter en problemas”. Esta práctica, dijo, erosiona la confianza en la institución policial y desincentiva que la población formalice sus quejas.
“El problema es que no existe voluntad de algunos efectivos policiales de brindar un verdadero servicio de seguridad a la ciudadanía”, advirtió. Según explicó, este desinterés ha generado que muchos vecinos prefieran no acudir a las dependencias policiales, alimentando un clima de impunidad.
Finalmente, el funcionario exhortó al jefe regional policial a implementar capacitaciones permanentes, controles rigurosos y supervisión directa del personal. Además, alertó que, de persistir esta situación, la población podría optar por ejercer justicia por mano propia, lo que agravaría aún más el escenario de inseguridad en Juliaca.
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Un megaoperativo policial logró asestar un golpe contundente a una peligrosa organización criminal que operaba en varias regiones del país, incluida Arequipa. Aproximadamente 600 efectivos participaron en los allanamientos simultáneos realizados en las primeras horas de la mañana. Resultó con la captura de 24 presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los D.E.S.A. II’.
El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, abarcó 32 inmuebles en Lima, Tumbes y Arequipa, incluyendo incluso una celda en el penal de Huacho.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, calificó la acción como un impacto significativo contra esta organización criminal. Señaló que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos.
La investigación reveló la sofisticada red de lavado de activos que utilizaba la organización. Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron alrededor de 20 millones de soles vinculados a siete empresas de fachada.
La fiscal superior Nelly Millones, especializada en crimen organizado, explicó que el grupo operaba en tres fases claramente definidas. Estas son ejecución, intermediación con cuentas prestadas y una fase final de lavado mediante el cual el dinero ilícito salía hacia Colombia y Ecuador. Luego era reintegrado al Perú, aparentando legalidad.
La banda es acusada de dedicarse a la extorsión y el sicariato, vinculándosele con varios asesinatos de conductores de empresas de transporte. Su modus operandi incluía el envío de mensajes y videos de alto impacto psicológico para forzar el pago de cupos, recurriendo al asesinato cuando sus exigencias no eran atendidas.
Las autoridades hicieron un llamado a los empresarios, transportistas y comerciantes que hayan sido víctimas de esta organización a formalizar sus denuncias. Pueden dirigirse al local de la División de Secuestros o a la sede de la Dirincri en la Av. España, en Lima.
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Estudió las carreras de Economía y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín. En 2013 inicia su trabajo en El Búho, donde permanece actualmente.
El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos. Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron […]
El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos.
Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron indicios adicionales. Estas pruebas sugieren una participación más amplia de funcionarios en la adquisición de equipos que presenta múltiples inconsistencias desde su inicio.
La transacción involucra veintiuna excavadoras y seis martillos hidráulicos cuyo costo total alcanzó aproximadamente diez millones de soles. El proceso de compra exhibe graves irregularidades que han llamado la atención de las autoridades de control y del Ministerio Público.
Fernández Sejje lamentó que esta considerable cantidad de recursos no se destinara a resolver problemas urgentes de la población. Sostuvo que estos fondos pudieron haberse utilizado para fortalecer la seguridad ciudadana o atender otras necesidades apremiantes de la región.
La Contraloría General de la República ya había identificado múltiples observaciones en su informe inicial. Este documento técnico respaldó las sospechas sobre la falta de transparencia en todo el procedimiento de adquisición, generando alertas sobre posibles irregularidades administrativas.
Una de las principales anomalías detectadas fue la significativa diferencia entre las propuestas económicas presentadas. Las bases técnicas de la licitación habrían sido vulneradas en este aspecto fundamental, según lo manifestado por Fernández Sejje ante las autoridades correspondientes.
Durante el concurso público, un postor fue supuestamente descalificado por incumplir las reglas establecidas. No obstante, la Contraloría opinó que este participante debió mantenerse en competencia hasta concluir completamente el proceso de evaluación técnica y económica.
Los auditores también identificaron incompatibilidad entre los martillos hidráulicos adquiridos y las excavadoras correspondientes. Esta situación técnica podría comprometer seriamente la operatividad del equipo y generar gastos adicionales innecesarios para el gobierno regional de Puno.
Las especificaciones técnicas del proceso exigían la participación de un profesional mecánico especializado en el equipo técnico. La empresa adjudicataria presentó documentos de un electricista para cumplir con este requisito específico, violando aparentemente los términos establecidos.
Estos elementos, según Fernández Sejje, evidencian un posible direccionamiento deliberado en la adjudicación del contrato público. Se presume que existió un trato preferencial hacia la empresa que finalmente obtuvo la buena pro en esta polémica licitación.
La solidez de los indicios presentados hace prever posibles sentencias judiciales en el futuro cercano. Las consecuencias legales podrían alcanzar al gobernador regional, al gerente de administración y a diversos funcionarios que participaron directamente en este proceso.
El Consejo Regional mantuvo, según la percepción de Fernández Sejje, una postura de total inacción frente a este grave asunto. Esta pasividad fue interpretada por el exdirigente como una forma de complicidad con la evidente sobrevaloración de los equipos.
Solamente el consejero Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito, brindó su apoyo decidido a la querella interpuesta. Su postura, sin embargo, se encontró completamente aislada frente a la mayoría de integrantes del cuerpo colegiado regional.
El congresista Elvis Vergara Mendoza, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, visitará próximamente la región. En esa ocasión, recibirá un documento detallado con toda la información recopilada sobre este sonado caso de presunta corrupción.
Durante la misma reunión parlamentaria, se informará al congresista sobre otras problemáticas urgentes que afectan a Puno. Entre estos temas figuran la escasez de agua potable en Juliaca y los trágicos acontecimientos ocurridos el nueve de enero.
Fernández Sejje expresó reservas sobre la autoridad moral del congresista para ejercer labores de fiscalización efectiva. Recordó que el propio parlamentario enfrenta un historial de graves imputaciones legales que cuestionan su idoneidad para esta función.
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El Proyecto Especial Chavimochic (PECH) anunció el inicio de la elaboración del perfil técnico para su nueva sede central, la cual será diseñada bajo un innovador concepto de infraestructura sostenible, con visión de convertirse en un modelo replicable en el país. La empresa KPD Inversiones SAC será la encargada de realizar los estudios básicos de […]
El Proyecto Especial Chavimochic (PECH) anunció el inicio de la elaboración del perfil técnico para su nueva sede central, la cual será diseñada bajo un innovador concepto de infraestructura sostenible, con visión de convertirse en un modelo replicable en el país.
La empresa KPD Inversiones SAC será la encargada de realizar los estudios básicos de ingeniería y el perfil técnico, cuyo costo asciende a S/ 197,000.00 y tiene un plazo de ejecución de 105 días calendario. La firma del contrato marca el inicio de la construcción de un espacio institucional moderno, eficiente y amigable con el medio ambiente.
El proyecto de la nueva sede se concibe como un centro de trabajo integral y sostenible, que incorporará, el uso eficiente y reutilización del agua, aplicando tecnologías de reúso y optimización hídrica; uso de energía renovable, mediante la instalación de paneles solares para reducir la dependencia de fuentes no sostenibles; áreas de huertos destinados a la alimentación saludable de los trabajadores, fortaleciendo la seguridad alimentaria institucional; así como la gestión de residuos sólidos con mínima generación, orientada al reciclaje y reducción de impactos ambientales.
Este enfoque busca consolidar la visión de una “Ciudad Chavimochic Verde”, proyectando a la institución como referente nacional en infraestructura sostenible.
El gerente del PECH destacó que el proyecto no solo responde a una necesidad institucional, sino que también está diseñado para ofrecer condiciones de trabajo óptimas, modernas y dignas a todos los colaboradores.
“Estamos comprometidos en convertir a nuestra institución en un referente de sostenibilidad y eficiencia global, demostrando que es posible construir espacios que cuiden el ambiente, promuevan el bienestar de los trabajadores y aporten al desarrollo regional”, afirmó el funcionario.
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Las organizaciones sociales del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba, región Cusco, han convocado a un paro preventivo de 24 horas este viernes 12 de septiembre, y a otro paro de 48 horas para los días 14 y 15 de septiembre. La medida de fuerza está dirigida en contra de Perurail, […]
Las organizaciones sociales del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba, región Cusco, han convocado a un paro preventivo de 24 horas este viernes 12 de septiembre, y a otro paro de 48 horas para los días 14 y 15 de septiembre.
La medida de fuerza está dirigida en contra de Perurail, a la cual acusan de confabularse con la empresa Consettur para impedir la implementación de un plan de contingencia en la ruta hacia la ciudadela inca. Así, se han convocado a dos plantones, uno en la localidad de Pachar y otro en Ollantaytambo. Dos puntos estratégicos por donde transitan las rieles utilizadas por Perurail.
La empresa Consettur ha generado un gran rechazo en Urubamba. La compañía, según lo señalado, ha manejado de manera solitaria la ruta a Machu Picchu durante tres décadas, operando en un régimen de monopolio. Los manifestantes señalan que la empresa continúa transportando turistas a pesar de que su concesión para operar en la carretera concluyó el 4 de septiembre de 2025.
Las organizaciones sociales afirman que Perurail no traslada los buses de San Antonio de Torontoy, que deben reemplazar a Consettur en esa ruta. Sin embrago, existen dudas sobre la capacidad operativa de San Antonio de Torontoy.
Anuncian paro en Urubamba contra el monopolio de Consettur y el abuso de Perurail
Según detalla el oficio de la organizaciones sociales, estas protestas buscan denunciar que estas dos empresas privadas «actúan a espaldas del pueblo», perjudicando a los turistas y burlándose de las necesidades de la población. También, mencionaron que los habitantes de la provincia de Urubamba necesitan una mayor inversión en salud y educación.
Los manifestantes acusan a las empresas de hacer caso omiso a la autoridad provincial en la implementación de este plan de contingencia. Los representantes de la lucha señalan que sus futuras generaciones les agradecerán por estas decisiones coyunturales. Durante treinta años, un grupo de personas se ha lucrado de este bien provincial, afirman.
Los organizadores de la protesta mencionaron que ha habido un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa. El paro en Urubamba contra el monopolio de Consettur y el abuso de Perurail ha sido convocado por la Comisión de Lucha por la Recuperación de la Ruta CU-108, que va desde Aguas Calientes hasta la Llaqta Inka, conocida como carretera Hiram Bingham.
La comisión señala que la protesta es por una provincia unida y en contra del monopolio y el abuso de Perurail. Por lo tanto, el turismo en la zona podría verse gravemente afectado por estos sucesos. Este conflicto podría generar bloqueos en las vías de transporte, afectando a miles de turistas y a la economía local.
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El gobernador regional de La Libertad, César Acuña se pronunció sobre el reportaje de Cuarto Poder, donde señala presunta sobrevaloración en la compra de 100 patrulleros para la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región, confirmando lo anunciado por sus funcionarios del Gore en una conferencia de prensa. “Mi dignidad cuesta” Acuña mencionó sentirse […]
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña se pronunció sobre el reportaje de Cuarto Poder, donde señala presunta sobrevaloración en la compra de 100 patrulleros para la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región, confirmando lo anunciado por sus funcionarios del Gore en una conferencia de prensa.
“Mi dignidad cuesta”
Acuña mencionó sentirse molesto por el reportaje y por el daño a su dignidad: «Me ha molestado Cuarto Poder. Le voy a enviar su carta notarial. Mi dignidad cuesta, yo no he venido a robar, he venido a hacer obras. De su gobernador, de su amigo, pueden inventar de todo, pero no pueden decir que soy corrupto».
Conferencia de prensa
Horas antes, gerentes del Gobierno Regional de La Libertad declararon ante la prensa, defendieron los contratos y anunciaron en primera instancia el envío de una carta notarial al dominical.
El gerente adjunto del Gore La Libertad, Rogger Ruiz, encabezó la conferencia de prensa en respuesta al reportaje de Cuarto Poder, sobre la sobrevalorización de 100 vehículos.
Camionetas del Gore La Libertad y Áncash
Ruiz indicó que los gastos de las camionetas entre los gobiernos regionales de La Libertad y Áncash no deberían compararse: “No podemos comparar a los gobiernos regionales porque las necesidades son diferentes”. Además mencionó que el Gore La Libertad no compra marcas chinas.
Costo de mantenimiento
El encargado de explicar los procesos de licitación, montos y contratos, fue el Gerente de Contrataciones Jobvito Flores Mariños. Flores mostró un documento de cotización realizado por la empresa Autonort, donde el mantenimiento de 100 mil kilómetros cuesta 28 mil, un monto mucho mayor al presentado por el reportaje de Cuarto Poder.
“Ayer se dijo en el reportaje 12 mil pero documentalmente en un proceso que estamos llevando con Autonort, 28 mil”.
El funcionario calificó al reportaje de “sesgado y malintencionado” y señaló que el dominical debió consultar directamente a la empresa ganadora de la licitación y no realizar un análisis técnico con otra.
Investigaciones en Contraloría y Fiscalía
El gerente adjunto, Rogger Ruiz indicó que por pedido del gobernador Acuña, solicitarán a la Contraloría investigar el caso: «Pedimos a la Contraloría que vuelva a realizar [las investigaciones] y que la Fiscalía lo revise, que se aceleren los procesos».
¿Ocultaron información?
A su vez, Ruiz tildó a Cuarto Poder de “convenidos”, porque –según dijo–no revelaron información importante que ellos mismos les compartieron.
“Solo han sacado lo que les conviene. ¿Acaso han sacado los cuadros comparativos de los precios que se han ofertado de las camionetas? A pesar de que les informamos y se les ha pasado vía WhatsApp. No les conviene hablar con la verdad, sino de manera sesgada” .
Carta notarial a Cuarto Poder
Rogger Ruiz informó que enviarán una carta notarial al dominical: “Vamos a enviar una carta notarial, pidiendo que se rectifiquen y que muestren la verdadera información”.
Asimismo, pidió a Cuarto Poder que les conceda una entrevista para este domingo, para aclarar de manera objetiva toda la situación.
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Atentado contra un comerciante de llantas en la calle Elías Aguirre.
Un ciudadano venezolano admitió su participación en el incendio intencional de un establecimiento comercial de llantas en Miraflores (Arequipa), que estaría vinculado a una red de extorsión. La confesión se produjo tras su captura en un operativo policial realizado en el distrito de Socabaya.
Yexel Hernández de Santiago, de 30 años, detenido inicialmente por posesión de estupefacientes, reveló a agentes de la Divincri Arequipa que fue el autor material del siniestro. Según su testimonio, actuó junto a otro individuo, conocido solo por un alias, siguiendo órdenes de un tercero que les encargó el trabajo.
El jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo del Campo, detalló que el sujeto roció combustible en el frontis del local y procedió a prenderle fuego. Esto derivó en la destrucción total del inmueble, por la naturaleza inflamable de los neumáticos.
El móvil del crimen fue ínfimo frente a los daños ocasionados. Hernández confesó que recibió el pago de tan solo 300 soles por quemar el local valorizado en más de 300 mil soles. Las investigaciones ahora se concentran en desarticular la cadena de mando y dar con el autor intelectual, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada al cobro de cupos.
El incendio del local ‘Kevin’, dedicado a la venta de llantas y aros, ocurrió en la madrugada del domingo 31 de agosto en la calle Elías Aguirre, en Miraflores. Las llamas, alimentadas por la naturaleza inflamable de la mercancía, consumieron el establecimiento en su totalidad, generando pérdidas valorizadas en 300 mil soles y poniendo en riesgo zonas aledañas.
Este acto no fue fortuito. Informes previos indican que el propietario del negocio había interpuesto múltiples denuncias por amenazas de muerte durante los dos meses anteriores. Las extorsiones, realizadas vía mensajes de texto, habrían sido el preludio de un mensaje intimidatorio final para quienes se resisten a pagar.
El detenido, cuya situación migratoria en el Perú es irregular, llegó al país hace un año y trabajaba como vigilante en un carwash de la avenida Las Convenciones. Permanece bajo custodia mientras continúan las indagaciones para identificar a los autores intelectuales.
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La encuesta, realizada por la prestigiosa consultora Vox Populi, busca identificar a las marcas más valoradas del país según las respuestas de los usuarios.
Caja Arequipa fue reconocida con el primer lugar en la prestigiosa encuesta Perú Top Brands 2025, en la categoría Banca y Finanzas: Cajas Municipales, reafirmando así su liderazgo y la preferencia de los peruanos por tercer año consecutivo.
La encuesta, realizada por la prestigiosa consultora Vox Populi, busca identificar a las marcas más valoradas del país según las respuestas de los usuarios. De esa manera, Caja Arequipa obtuvo un 28.3% de preferencia frente a otras cajas municipales, consolidando su posición como una de las marcas financieras más sólidas, cercanas y confiables del Perú.
Con este logro, Caja Arequipa suma tres años consecutivos liderando la medición, lo que evidencia una conexión auténtica y sostenida con sus clientes y con la sociedad en general.
Innovación y compromiso con el cliente
Este reconocimiento no solo destaca la solidez de Caja Arequipa, sino también su capacidad de innovar y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, a través de la transformación digital, la educación financiera y la mejora continua en la experiencia del cliente.
Con este nuevo logro, Caja Arequipa reafirma su compromiso de seguir construyendo una marca que conecta con los sueños de los peruanos y acompaña el crecimiento de miles de emprendedores y familias en todo el país.
Caja Arequipa es una institución que nació en la Ciudad Blanca hace 39 años y hoy cuenta con 231 agencias a nivel nacional y 47 en Lima. Su propósito es transformar la vida de los emprendedores a través de la inclusión financiera.
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Opositores a la norma buscan su derogación, defensores denuncian acoso en las redes sociales y dan a conocer preocupantes cifras sobre embarazo adolescente y violencia sexual en la región
Congresista Milagros Jáuregui, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso no permitirá que normativa regional prospere.
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, programará una audiencia pública en Arequipa en la que pedirá explicaciones y respuestas al gobernador regional, Rohel Sánchez, y al presidente del Consejo Regional, Osías Ortiz, sobre la emisión de la Ordenanza Regional Nº 538, que dispone la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los centros de salud, educación y en los espacios comunitarios de la región. Así lo decidió la parlamentaria durante la segunda sesión ordinaria de la comisión llevada a cabo este lunes 8 de septiembre, a la que Sánchez no asistió pese a haber sido convocado.
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Consejo Regional de Arequipa, ha tenido una reacción de rechazo de un sector de organizaciones civiles en Arequipa, de la que ha hecho eco la congresista Jáuregui de Aguayo, miembro de la bancada de Renovación Popular. El pasado 5 de septiembre, la Comisión de la Mujer y Familia publicó un video en su página de Facebook, donde Jáuregui repudia esta normativa.
“Quiero manifestar el rechazo absoluto sobre esta ordenanza que ha sacado el gobernador de Arequipa, exigiendo que se estudie el sistema educativo ESI (Educación Sexual Integral) en esa región… Ya existe una ley donde le da a los padres todo el derecho de decidir qué tipo de currículum van a estudiar sus hijos en cuanto a la orientación sexual”, señaló la parlamentaria.
Continuó aseverando que no permitirá que esta normativa prospere. “No creo que una ordenanza tenga mayor valor que una ley […] No al sistema educativo ESI, ese sistema no es un sistema que esté aprobado. Y los padres del Perú no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que ensucien la mente de nuestros hijos y que destruyan la infancia de nuestros niños […] No a la imposición del sistema educativo ESI, ni en Arequipa, ni en ninguna parte del país”, enfatizó.
Más opositores en Arequipa
Otra de las voces críticas es la del arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba. Durante la sesión solemne por el aniversario de la Universidad Católica de Santa María calificó la ordenanza como una “aberración”.
“Debo lamentar públicamente la reciente promulgación de una ordenanza regional a través de la cual se pretende imponer la así llamada educación sexual integral (ESI) en todas las escuelas a los niños, independientemente del parecer de sus padres. La educación sexual integral es el nombre que se utiliza para imponer la ideología de género que atenta contra la naturaleza humana y que está destruyendo a las nuevas generaciones”, expresó.
Del Río Alba también agradeció a las más de 40 instituciones de la sociedad civil que se hayan pronunciado en contra de esta normativa.
Instituciones y agrupaciones que se pronunciaron en contra de la ordenanza 538-Arequipa.
En esa línea, se inició una campaña ciudadana para recolectar 3 mil 500 firmas en la plataforma web Padres Peruanos con el objetivo de frenar la implementación de la Ordenanza 538-Arequipa. Alegan que esta norma «responde a la presión de ONGs con agenda ideológica y no a un proceso de consulta real con los padres de familia. Además, vulnera el derecho preferente de los padres a decidir la formación de sus hijos, garantizado por la Constitución”. Hasta el cierre de esta nota, se registró 3 mil 055 firmas.
Defensa de la norma para la ESI
Frente a la ola de críticas, la consejera regional Norma Ortega Valdivia, presidenta de la Comisión de la Mujer del Consejo Regionalde Arequipa, defendió la legalidad de la norma.
“Esta ordenanza no es nueva. La educación sexual integral ya está reconocida desde el 2012 con la ordenanza 190. Este concepto estratégico está contenido en nuestro plan educativo nacional y reconoce la educación sexual integral como una herramienta preventiva para garantizar que los niños, niñas y adolescentes accedan a información adecuada para su edad que les permita tener autocuidado, reconocer los límites alrededor de su cuerpo y reconocer escenarios de violencia sexual, además de prevenir los embarazos adolescentes y evitar las enfermedades de transmisión sexual”, aclaró Ortega Valdivia.
También desmintió que la medida haya sido exprés, ya que se compartió con sus colegas el contenido de la ordenanza días previos a la aprobación en sesión de consejo, incluso fue sustentada por la vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez. Asimismo, precisó que contó con opinión técnica de la Gerencia Regional de Educación y de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.
De otra parte, Norma Ortega denunció que es víctima de acoso por redes por parte de grupos ultraconservadores que rechazan la ordenanza. Mensajes de odio y amenazas para derogar la ordenanza inundan las redes sociales de la consejera.
Otras instituciones de la Sociedad Civil han emitido un pronunciamiento de apoyo a esta normativa, considerando la preocupante situación de la niñez y juventud arequipeña en temas relacionados con la ausencia de una educación sexual integral. Estas son las cifras que dieron a conocer:
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De acuerdo al informe de Pancarta.pe, el hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) habría revelado diversos casos de seguimiento de inteligencia en Arequipa. Entre los más de 37 mil reportes filtrados, se identificaron 210 expedientes vinculados a actividades de oposición al proyecto Tía María, en el Valle de Tambo, en el que se observan seguimientos de dirigentes, vigilancias e incluso presencia de agentes encubiertos en protestas y movilizaciones.
Los documentos corresponden a reportes elaborados entre 2016 y agosto de 2025, con un 95 % de menciones catalogadas como información obtenida “por el canal de inteligencia”, es decir, resultado de acciones e investigaciones policiales. Entre los más vigilados figura Miguel Meza Igme, con 36 menciones, además de Jesús Cornejo Reynoso (20 reportes), Roger Chirapo (5), Jorge del CarpioLazo (2) y otros líderes locales relacionados con la oposición a la minera Southern.
Los informes detallan desde asambleas y caravanas hasta vigilias en la Plaza de Armas de Arequipa. Algunos partes de inteligencia recomendaban maximizar la identificación de dirigentes mediante fotos, videos y audios, prácticas que se asemejan a posibles reglajes. En reportes posteriores, incluso se aconseja a agentes encubrir su identidad durante protestas en Islay para evitar ser detectados, confirmando el uso de personal infiltrado.
Reacciones y cuestionamientos
El dirigente Miguel Meza aseguró que continuará en su oposición a Tía María pese a la vigilancia, y pidió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos al considerar que estas prácticas criminalizan el derecho a la protesta. Además, el congresista Jaime Quito calificó de persecución política las acciones de inteligencia y anunció una interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver. En contraste, el especialista en seguridad Guido Del Carpio señaló que la labor de inteligencia puede ser una herramienta de prevención, aunque advirtió que no debe usarse con fines políticos.
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El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.
FUERTE Y CLARO | El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, consideró que la Ley de Amnistía aprobada en Perú representa “un verdadero retroceso para la justicia y la verdad”. En pleno Consejo de Derechos Humanos, también refutó la insistencia de la presidenta Dina Boluarte sobre soberanía con esta frase tajante: “No son los propietarios de sus pueblos”. Türk instó al Estado peruano y a otros a respetar los acuerdos internacionales firmados.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.
Su presencia fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Poder Judicial, que levantó temporalmente el impedimento de salida que pesaba sobre él desde hace 18 meses en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias. Esta autorización fue respaldada por una resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.
La agenda de Santiváñez incluye reuniones bilaterales con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja y con autoridades del Alto Comisionado de DD.HH. Además, su propia intervención en el debate general sobre el informe del organismo y el diálogo con el Relator Especial sobre justicia transicional.
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Una mujer, identificada como Lida Víctor Valladolid de 45 años, de Ayacucho, se desmayó mientras recibía su título de propiedad luego de 25 años de espera
DESMAYOS Y LÁGRIMAS | Dina Boluarte se volvió tendencia tras un momento cargado de emoción en una ceremonia presidencial en Palacio de Gobierno. Una mujer, identificada como Lida Víctor Valladolid de 45 años, de Ayacucho, se desmayó mientras recibía su título de propiedad luego de 25 años de espera. La imagen fue inesperada e impactante para la presidenta, quien la asistió de inmediato junto al ministro Durich Whittembury. Aunque minutos después la beneficiaria reapareció recuperada y alzando su título ante las cámaras.
Boluarte aprovechó el momento para asegurar que “a veces, cuando se han esperado muchos años en tener algo que sea nuestro… las emociones pueden manifestarse de distintas maneras: desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”.
Asimismo, respondió a sus detractores y críticos, asegurando que su gobierno trabaja en silencio, aunque resulte incómodo para otros.
El acto oficial fue parte de la entrega simbólica de más de 170 mil títulos de propiedad, que la mandataria destacó como una política de «justicia social» y formalización.
Este nuevo incidente se da en un clima de creciente tensión entre Perú y Colombia, alimentado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro
AUTORIDADES RESPONDIERON A COLOMBIA | La comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, en Loreto, amaneció este domingo con una escena que causó indignación: la bandera de Colombia ondeaba en la plaza principal del poblado. Luego, personal de las Fuerzas Armadas del Perú retiró la bandera extranjera, en medio de los airados reclamos de los pobladores. La presencia del símbolo patrio colombiano fue interpretada como una provocación por los moradores.
Este nuevo incidente se da en un clima de creciente tensión entre Perú y Colombia, alimentado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro. En dichas afirmaciones, Petro desconoció públicamente la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa, también ubicada en la región de Loreto, generando indignación tanto en los habitantes de las ciudades fronterizas como en las autoridades locales.
Este hecho se suma a otro episodio similar ocurrido a mediados de agosto de este mismo año. En esa ocasión, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la Isla Chinería, territorio peruano, y luego presumió el acto en sus redes sociales. En su publicación, Quintero afirmó que Santa Rosa pertenece a Colombia.
Tras lo ocurrido este domingo en Putumayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que se ha presentado una denuncia oficial para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas en las que fue izada la bandera de Colombia en territorio peruano y determinar posibles responsabilidades. Más adelante, el canciller precisó que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a eventuales medidas diplomáticas, ya que el gobierno esperará los resultados de las diligencias antes de evaluar posibles acciones en el ámbito internacional.
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El gremio denuncia que la falta de actualización de tarifas, la informalidad y la ausencia de medidas municipales han profundizado la crisis del transporte urbano en Arequipa.
En Arequipa, los transportistas formales agrupados en la asociación ACTUAR reclamaron que el precio del pasaje urbano se mantiene congelado desde hace una década, mientras los costos de operación —combustible, repuestos y mantenimiento— se han incrementado de manera constante. Señalan que esta situación les impide renovar unidades y brindar un servicio moderno, lo que a su vez genera críticas de la ciudadanía y mayor ventaja para el transporte informal.
Arequipa y el estancamiento tarifario en el transporte urbano
La presidenta de ACTUAR, Patricia Velásquez, afirmó que el costo de vida ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero el pasaje continúa en un sol. Comparó esta situación con otras ciudades como Trujillo, Piura o Cusco, donde la tarifa mínima oscila entre S/ 1.50 y S/ 2.00. Para los transportistas arequipeños, la diferencia resulta insostenible, sobre todo porque las distancias son mayores y el tráfico más pesado.
Además, advirtieron que los conductores trabajan bajo condiciones que afectan su salud física y mental, producto de la congestión vehicular y de la presión por mantener rutas invadidas por el transporte informal. Este contexto, remarcan, limita las posibilidades de inversión en unidades seguras y modernas.
“ El costo de vida, combustibles, repuestos, a través de los años ha tenido una alza importante pero el costo del pasaje urbano ha sido congelado por más de diez años en nuestra ciudad, el cual no permite hacer ningún tipo de inversión”, declaró Velásquez.
Arequipa frente al impacto de la informalidad y la falta de regulación
Otro de los puntos críticos que denuncian los transportistas es la expansión de vehículos informales, que cobran el doble de la tarifa legal, trasladan menos pasajeros y no cumplen con requisitos técnicos ni seguros obligatorios. Según ACTUAR, esta competencia desleal pone en riesgo tanto a los usuarios como a los propios trabajadores del sector formal.
Velásquez también cuestionó a las autoridades locales por no implementar medidas de ordenamiento, como la señalización de paraderos y la supervisión de avenidas congestionadas. Para el gremio, la falta de gestión municipal y policial ha contribuido a agravar la saturación vial en zonas clave de la ciudad.
“Eso nos está causando grandes daños a los formales. Pagamos seguros de accidente contra terceros, cumplimos una serie de requisitos establecidos por ley para poder trabajar”, enfatizó.
Una propuesta de solución conjunta
Desde ACTUAR plantearon la necesidad de un trabajo articulado entre municipalidad, policía, transportistas y ciudadanía, con el fin de ordenar el tránsito y garantizar un servicio eficiente. El gremio anunció que buscará abrir un espacio de diálogo en el que se aborden tanto las tarifas como la lucha contra la informalidad y las condiciones laborales de los conductores.
Los transportistas pidieron a la población su comprensión y apoyo, al tiempo que invitaron a los informales a sumarse a la formalidad.
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La ExpoAmazónica 2025 se realizará del 2 al 5 de octubre en Tarapoto, región San Martín, y los organizadores invitaron a los emprendedores de Arequipa a participar en esta edición, considerada la más grande de la Amazonía peruana. El evento contará con siete pabellones y la presencia de más de 600 empresarios, incluyendo representantes internacionales, nacionales y regionales.
Se proyecta superar los 88 millones de soles en transacciones a través de las ruedas de negocios de comercio y turismo organizadas por Promperú, con la participación de al menos 80 compradores distintos. La feria espera reunir además a más de 80 mil visitantes en sus cuatro días, superando el registro de 60 mil alcanzado en ediciones anteriores.
Los organizadores destacaron que para los empresarios arequipeños la ExpoAmazónica es una vitrina de alto valor, ya que pueden ofrecer productos diferentes a los amazónicos, con potencial para ingresar a nuevos mercados. La experiencia de años anteriores demostró que cafés, cacaos y productos orgánicos lograron posicionarse en supermercados fuera de la región San Martín tras su participación en la feria.
La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, que actúa como aliado en la promoción de la feria. Además de los negocios, la ExpoAmazónica busca impulsar el turismo, con Tarapoto como destino central, ofreciendo capacidad hotelera y gastronómica para los visitantes. Los organizadores señalaron que tanto empresarios como público en general pueden participar, ya sea para integrarse a las ruedas de negocio o para adquirir productos amazónicos en la feria.
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Asociaciones de microempresarios denuncian falsificación de documentos y fallos irregulares que han impedido la consolidación del proyecto, afectando a más de 1,700 emprendedores de la región.
El proyecto del parque industrial de Yura continúa paralizado tras 17 años de litigios, denuncias y procesos judiciales. Pese a que el Gobierno Regional entregó los terrenos a las asociaciones de microempresarios, una serie de irregularidades legales y escrituras imperfectas han permitido que terceros reclamen la propiedad de más de 500 hectáreas. La situación mantiene en incertidumbre a cientos de pequeños empresarios que invirtieron recursos para habilitar los espacios y protegerlos de invasiones.
La pugna por terrenos estatales
De acuerdo con la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios del Parque Industrial de Yura, el conflicto gira en torno a 554 hectáreas en el sector Cono Norte, cuyos planos fueron visados con documentos que la Municipalidad de Yura desconoce como válidos. Según el gremio, con esas pruebas irregulares se obtuvieron sentencias que favorecieron a particulares en perjuicio de los derechos de los emprendedores.
El abogado William Gómez explicó que este proceso judicial se basa en escrituras públicas imperfectas y constancias falsas de posesión. En ese contexto, los microempresarios señalan que sin una defensa firme por parte de la Procuraduría Regional será imposible garantizar el resguardo de los terrenos que pertenecen al Estado.
“No existen esos documentos en la Municipalidad Digital de Yura. Hemos solicitado mediante documento y nos han respondido que ellos no conocen, nunca se ha presentado esa visación de planos y tampoco podrían haber visado planos de terrenos que son del Estado. Entonces, ¿qué se ha cometido ahí? Un delito de falsedad.”, denunció Gómez.
Denuncia de irregularidades judiciales en terrenos de Arequipa
Los dirigentes advirtieron que notarios y funcionarios avalaron la inscripción de documentos que permitieron transferencias ficticias de predios. Estas acciones derivaron en sentencias que anularon partidas registrales y dejaron en riesgo las hectáreas destinadas al parque industrial.
Ante esta situación, la asociación interpuso una demanda de nulidad de actos jurídicos, con el objetivo de revertir las operaciones que consideran fraudulentas. Para los empresarios, la pasividad de las autoridades locales ha agravado la problemática, al no defender con firmeza un proyecto que podría convertirse en motor de desarrollo para Arequipa y el sur del país.
“Es así de que nosotros hemos hecho una demanda de impunidad de actos jurídicos y nulidad del documento que contiene el acto de reconocimiento de una situación de hechos para que se obtenga la cancelación de la misma.”, agregó Gómez.
Un proyecto clave para la economía regional
La disputa mantiene en vilo a más de 1,700 microempresarios que esperan instalar sus talleres y plantas de producción en Yura. La asociación estima que ya se invirtieron más de 10 millones de soles en obras preliminares, incluyendo movimiento de tierras, casetas de control y vigilancia permanente. Sin embargo, sin una solución legal definitiva, el proyecto no logra concretarse.
Los gremios solicitan que se instale una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y el Poder Judicial para asegurar la recuperación de los terrenos y viabilizar la entrega de lotes a los empresarios. Afirman que el parque industrial no solo dinamizará el comercio, sino que también generará miles de empleos directos e indirectos en Arequipa.
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El capricho le está saliendo caro. Aunque Juan José Santivañez sabía perfectamente a lo que iba cuando viajó a Suiza para participar en la sexagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, seguramente tuvo que tragarse varias de las barbaridades que suele repetir aquí en Perú.
Y es que resulta casi una burla que el flamante ministro de Justicia —primer impulsor de que el Perú se salga de los tratados internacionales de derechos humanos, terruqueador profesional de ONGs, con investigaciones abiertas y hasta con impedimento de salida del país— haya conseguido un “permiso especial” para codearse con diplomáticos de medio mundo.
Pero apenas empezado el evento, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue directo: señaló en su informe anual que el Perú ha hecho historia, sí, pero por retroceder vergonzosamente al aprobar la Ley de Amnistía que favorece a policías y militares.
También respondió a los ataques contra la CIDH y los tratados internacionales disfrazados de “defensa de la soberanía nacional”. Aclaró al gobierno de Dina —y de paso a otros dictadorsillos que creen lo mismo— que ser soberano no significa ser dueño de sus pueblos, y que los tratados deben cumplirse. Pero claro, las redes oficiales muestran a un Santivañez abierto al diálogo y la democracia. Y ojo, que las actividades recién empiezan.
Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas
El juez Leodán Cristóbal Ayala ha decidido hacer caso omiso de la flamante Ley de Amnistía, ese polémico pase libre aprobado a dúo por el Gobierno de Dina Boluarte y un Congreso siempre en su papel de defensor de los desvalidos (es un decir). La norma, diseñada para borrar los delitos de militares retirados favorece a siete ciudadanos acusados de la masacre de Chumbivilcas, que incluye joyitas como abuso de autoridad, violación y tortura, fue declarada inaplicable.
El magistrado, ejerciendo el “control difuso” (esa molesta facultad constitucional que permite a los jueces pensar), argumentó que la ley es manifiestamente inconstitucional, pues sacrifica descaradamente los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en el altar de la impunidad. Para remate, y como para dejar claro que la idea era tan mala como parecía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había sentenciado que esta amnistía viola la Convención Americana y ordenó abstenerse de aplicarla. Los abogados de los acusados, impertérritos, anunciaron apelar. La farsa continúa.
Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de su proyecto del tren Lima-Chosica y avisa que lo hará por las buenas o por las malas
El tío Porky otra vez hizo berrinche. Ahora resulta que no hay tren a Chosica porque, según él, Acuña, Keiko y Cerrón se juntaron en un aquelarre solo para arruinarle el pastel. Esa es la excusa que el alcalde de Lima dio para justificar su capricho de comprar los trenes museo desde Estados Unidos, y que no puede poner a andar.
López Aliaga también agarró de piñata a Dina Boluarte y se quejó porque le canceló la cita, para acto seguido llamar “payaso” al ministro de Transportes, César Sandoval. Y para no perder la costumbre, el edil capitalino volvió a amenazar con poner a funcionar sus trenes aunque sea al caballazo, ya sea por las buenas o por las malas. Cómo se nota que ya está en campaña.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Cusco: Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos. Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones
Pasó en el Perú | La Libertad. Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional de La Libertad. Un reportaje de Cuarto Poder reveló un presunto sobrecosto en la adquisición de 100 patrulleros en la gestión de César Acuña Peralta. El gobernador indicó desconocer sobre este pago y aseguró que no aceptará actos de corrupción.
La compra se realizó en dos procesos diferentes de licitación pública. El Gore La Libertad firmó ambos contratos el 17 de octubre de 2024 con la empresa Maquinarias S.A., uno por la compra de 45 camionetas pick-up de doble cabina y tracción 4×4, equipadas para patrullero y el segundo por 55 camionetas con las mismas características. El Gobierno Regional pagó 17 millones 880 mil soles por las 100 camionetas.
El dominical expuso que, el 18 de octubre del 2024, solo un día después de la compra del Gore de La Libertad, la misma empresa vendió al Gobierno Regional de Áncash, la misma cantidad de camionetas, con características idénticas, pero a un costo de 14 millones 425 mil soles. ¿Por qué el Gore de La Libertad pagó 3 millones más que el Gore de Áncash?
Acuña: “No soy corrupto”
Dicha pregunta se le realizó al gobernador César Acuña, quien aseguró desconocer el presunto sobrecosto, es más, pidió a la prensa continuar con las investigaciones, porque como según dijo, su política de gestión es “cero corrupción”.
Acuña le pasó la interrogante a Martín Namay, Gerente General del Gore La Libertad, quien rechazó todo tipo de sobrevaloración y explicó el porqué de los millones “restantes”.
Según Namay, parte del dinero correspondería a los servicios de mantenimiento de las camionetas hasta los 165 mil kilómetros para parte de las unidades por tres años y para un servicio de monitoreo satelital.
El gobernador César Acuña aseveró que no aceptará actos de corrupción en su gestión. Indicó que siempre será señalado por los errores de sus funcionarios.
Finalmente, César Acuña precisó que enviará una carta notarial a Cuarto Poder para que se rectifique porque el gobernador asegura que su gestión no está manchada, informó Noticias Trujillo.
Cusco: Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos
Pasó en el Perú | Cusco. Crisis en Machu Picchu. La disputa por la carretera Hiram Bingham donde a diario se trasladan miles de turistas para visitar la maravilla mundial, está escalando peligrosamente. La actual empresa que opera la ruta, Consettur Machupicchu, anunció la suspensión de su servicio alegando falta de garantías tras un atentado contra uno de sus buses.
Pero la paralización duró apenas tres horas, tiempo suficiente para perjudicar a más de 600 turistas entre niños y ancianos. El Gobierno Regional del Cusco intervino para que vuelvan a operar y no dejar varados a miles de turistas.
Consettur sostiene que advirtió con tiempo esta situación e invoca el ‘silencio administrativo positivo’ para seguir en la ruta, una movida que se ha calificado como una jugada legal para evitar su salida de la ruta turística más ambicionada del Cusco.
Por otro lado, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, contrató los buses de otra empresa, pero aún no pueden ingresar. Comuneros respaldan el ingreso de nuevos operadores y el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, alertó que si el servicio se interrumpe otra vez podrían desatarse enfrentamientos entre la sociedad civil, pues hoy los manifestantes de ambas posturas ya llegaron hasta Cusco para exigir que se valide su posición.
Autoridades nacionales y regionales han sido llamadas a instalar de inmediato una mesa técnica para evitar que la crisis afecte, otra vez, al turismo, informó CuscoPost.
Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones
Pasó en el Perú | Ayacucho. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Ayacucho anunció que se mantendrá en “vigilancia permanente” a la presidenta Dina Boluarte, tras la aprobación en el Congreso de la ley que eleva las pensiones del magisterio al nivel de la primera escala. La norma beneficiaría a más de 23 mil docentes de la región, entre activos, cesantes y jubilados.
Alejandro José Manay Pillaca, secretario general del SUTE Regional Ayacucho – base de la Fenatep, señaló que el magisterio no permitirá que la autógrafa sea observada. “Si el gobierno de Boluarte no quiere promulgarlo, ahí va a estar el magisterio, ahí va a estar nuestra organización sindical para que podamos hacer que esto se respete”, declaró a Jornada.
El dirigente remarcó que el reclamo se sustenta en una demanda histórica. “Lo que el clamor del magisterio es pensiones justas, pensiones dignas, y esta ley felizmente se encamina en ese sentido”, indicó. También recordó que la norma aún requiere promulgación, reglamentación y financiamiento, por lo que llamó a las autoridades a asumir el compromiso con el sector educativo.
Desde Ayacucho, la Fenatep envió un reconocimiento especial al sindicato de maestros cesantes y jubilados que impulsó las movilizaciones para lograr la aprobación de la ley. “No es posible tener en esta situación de postergación a miles de maestros. Exhortamos a que esta autógrafa sea promulgada de inmediato”, concluyó Manay. Jornada.
Junín: Comuneros de Jauja levantan paro tras acuerdo para dragar la laguna Tragadero
Pasó en el Perú | Junín. Los comuneros del valle de Yanamarca, en Jauja, levantaron su paro tras más de 16 horas de bloqueo de la carretera hacia la selva central. La medida de fuerza comenzó la madrugada de este lunes en protesta por el desborde de la laguna Tragadero, que inunda cultivos y afecta viviendas por cinco meses.
El tránsito se reanudó luego de que los pobladores alcanzaran acuerdos con representantes del Gobierno Regional de Junín. La condición principal fue el inicio inmediato de trabajos de dragado para disminuir el nivel de agua de la laguna.
El gerente general regional, Roy Gonzales, informó que se trasladan maquinarias al sector Tragadero y que desde este martes se empezará con la instalación de electrobombas, excavadoras y una draga para limpiar el sumidero natural Millpún. Además, adelantó que se retomará el proyecto de un túnel inconcluso desde 2011 para dar un desfogue definitivo a las aguas.
El gobernador Zósimo Cárdenas, quien se encontraba en el Vraem, se comprometió a reunirse con las comunidades afectadas este jueves. Mientras tanto, las familias esperan que el inicio de los trabajos de dragado reduzca el riesgo para sus cultivos y viviendas, informó Huanca York Times.
Loreto: Alcalde busca adelanto de canon petrolero para obras
Pasó en el Perú | Loreto. El alcalde provincial del Datem del Marañón, Wellintong Silvano, reafirmó su compromiso en la mesa de diálogo interinstitucional e intercultural sobre la aplicación del 5% del canon petrolero. El burgomaestre sostuvo que la norma, vigente desde 2010, debe ser implementada para beneficiar a las comunidades de su provincia, que alberga siete pueblos originarios.
Silvano precisó que los municipios buscan concretar el apalancamiento de recursos con respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitiría adelantar diez años de presupuesto y financiar proyectos por más de 2,000 millones de soles.
“No pedimos dinero del tesoro público, sino que se utilicen los recursos del canon para adelantar obras que cierren brechas sociales en menor tiempo”, señaló. Añadió que su gestión mantendrá firme este objetivo hasta el final de su mandato, informó ProyContra.
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-Juan José Santiváñez viajó hasta la ONU para escuchar del propio Alto Comisionado de Derechos Humanos que la Ley de Amnistía es un grave retroceso para la verdad y la justicia. -Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas. -Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de […]
-Juan José Santiváñez viajó hasta la ONU para escuchar del propio Alto Comisionado de Derechos Humanos que la Ley de Amnistía es un grave retroceso para la verdad y la justicia.
-Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas.
-Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de su proyecto del tren Lima-Chosica y avisa que lo hará por las buenas o por las malas.
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