El humo de una camioneta ardiendo en llamas en la zona de Compayhuara, en los límites de los centros poblados de Andabamba y Huancarucma, jurisdicción de la provincia de Cangallo, volvió a convertirse en un lamentable hecho de violencia territorial, dejando cuantiosos daños materiales y heridos tras un enfrentamiento. De acuerdo con los testimonios recogidos, pobladores de Andabamba habrían sido sorprendidos por un grupo aún no identificado, presuntamente vinculado a la comunidad vecina. Los atacantes, según versiones preliminares, hicieron uso de armas de fuego contra hombres y mujeres que se encontraban en el lugar. 

En medio del caos, las balas alcanzaron a Elena Salvador Cahuana y Rosada Sulca Huamaní, quienes tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Apoyo de Cangallo. Otros comuneros con lesiones menores fueron atendidos en su propia localidad por el personal de salud. Antes de retirarse, los agresores prendieron fuego a una camioneta, dejando un rastro de destrucción y un ambiente de tensión que se vive actualmente en este lugar.

Un conflicto que no cesa

La Policía Nacional llegó desde la comisaría de Cangallo para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables, pero la población desconfía. No es la primera vez que ocurre. En noviembre del año pasado, otro enfrentamiento dejó heridos y cuantiosos daños materiales. 

Este problema tiene raíces profundas: una disputa histórica por la delimitación de tierras entre ambas comunidades. Pese a que en octubre del 2020 la justicia dictó sentencia a favor de Andabamba, sus habitantes aseguran que los supuestos invasores desconocen la ley y continúan con actos de hostigamiento.

Tierra en disputa, vida en suspenso

La violencia no solo amenaza la integridad de los comuneros, también golpea la economía local. La incertidumbre sobre la propiedad de los terrenos impide sembrar con seguridad productos de primera necesidad como papa y maíz. Además, las tensiones rompieron los lazos comerciales que por años unieron a ambas poblaciones en mercados y ferias locales. “Vivimos con miedo, no sabemos en qué momento volverán a atacarnos. Queremos paz, pero también respeto a la justicia”, comentó un morador de Payahuanay-Andabamba, recordando con indignación que las instituciones del Estado no hicieron respetar las resoluciones judiciales. 

Caminos hacia la paz

A pesar del clima de hostilidad, algunos líderes comunales de ambas zonas insisten en la necesidad de abrir el diálogo. Se habla de conformar una comisión imparcial que evalúe los derechos históricos y territoriales de ambos pueblos, con el objetivo de frenar el espiral de violencia que solo dejó heridos, pérdidas y resentimiento.

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El exviceministro de la PCM, Raúl Molina, sostuvo que el principal problema en Loreto no es la falta de recursos, sino su mala distribución. Recordó que el plan de cierre de brechas destinó más de mil millones de soles, pero gran parte del dinero se invirtió en capitales provinciales y no en las comunidades indígenas, que eran las destinatarias originales. 

“Hoy existen 200 millones de soles asegurados al año durante 26 años en el fideicomiso indígena. La clave es que esos fondos no se queden en pocas manos y lleguen a la gente”, señaló. Molina remarcó que la gestión de los recursos no puede recaer únicamente en cinco alcaldes provinciales, como ocurre actualmente. 

Propuso ampliar la participación de alcaldes distritales y representantes de federaciones indígenas, así como implementar mecanismos de rendición de cuentas. Agregó que los núcleos ejecutores pueden ser una alternativa para garantizar que el dinero llegue directamente a las comunidades, siempre que se administren con responsabilidad. 

“El desarrollo es posible, pero hay que desterrar la corrupción y fortalecer la corresponsabilidad de todos los actores locales”, puntualizó. 

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Un operativo de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, a través del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María, permitió la ubicación y destrucción de un laboratorio rústico de elaboración de pasta básica de cocaína (PBC) en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, región Huánuco.

La intervención se realizó en inmediaciones del caserío Cashapampa, tras un trabajo de inteligencia que condujo a los agentes a internarse en una zona agreste y de densa vegetación. El equipo policial emprendió un patrullaje a pie de cerca de tres horas antes de llegar al lugar.

Laboratorio rústico en plena operación

Al ingresar al campamento clandestino, los efectivos hallaron un laboratorio activo, equipado con pozas de maceración y decantación. En el lugar encontraron 1150 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, 751 kilos de insumos químicos como gasolina, carbonato de sodio, bisulfato de sodio y óxido de calcio, además de 10 toneladas de detritus.

Asimismo, se incautaron 4.5 kilos de PBC lista para su comercialización y diversos enseres utilizados en la producción ilegal, entre ellos baldes, cernidores, jarras y bastidores artesanales.

En el lugar encontraron 1150 kilos de hoja de coca en proceso de maceración. (Foto: Difusión)

Destrucción en coordinación con Fiscalía

En coordinación con el representante del Ministerio Público, se procedió a la destrucción e incineración de todos los insumos y equipos hallados, en cumplimiento de la legislación vigente. Esta medida busca evitar la reutilización de los materiales por parte de organizaciones del narcotráfico que operan en la zona del Huallaga.

De acuerdo con el informe oficial, el perjuicio económico generado por la incautación y destrucción de los insumos y la droga lista para su venta fue valorizado en S/ 29,588.90.

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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que al momento no ha sido notificada sobre el pedido de suspensión en su contra por seis meses, pero que de ser cierto uno de los documentos que ya circulan, la instructora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera estaría cometiendo prevaricato por querer someterla a un proceso disciplinario inmediato.

La titular del Ministerio Público refirió, “se han divulgado algunos documentos que serían de la JNJ entre los cuales, la instructora de esa entidad, María Teresa Cabrera, como encargada de la investigación preliminar sobre mi persona -por una supuesta desobediencia a la resolución que pretendía reponer a la hoy fiscal suprema titular, Patricia Benavides- está solicitando que se apruebe por parte de todos los miembros de la Junta, mi suspensión por seis meses”.

Al respecto, afirmó que todavía no se le ha notificado formal u oficialmente, pero que sin embargo, ya están circulando documentos “que vamos a verificar su condición de oficiales, una vez que se nos notifique”. Sin embargo, lo que preliminarmente puedo decir es que, de ser cierto este pedido, la instructora estaría cometiendo el delito de prevaricato.

Tribunal Constitucional falló sobre los procesos disciplinarios inmediatos

Esto porque, según explicó Espinoza Valenzuela, en un documento se solicita que se me someta a un proceso inmediato disciplinario, cuando el Tribunal Constitucional ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal.

JNJ tras la Fiscal de la Nación: Investiga a Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

Aclaró que no le me puede sancionar o pretender sancionar por haber cumplido con la Constitución, en su artículo 158. “Porque como fiscal de la Nación, lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada, cuando eso no indica la Constitución”. Reiteró que no se trata de un tema personal, sino que es institucional.

Delia Espinoza pidió públicamente que la junta Nacional de Justicia “retome los muchos casos que tiene allí durmiendo el sueño de los justos, respecto de procedimientos de ratificación o de destitución que están desde el año pasado y que no se cometa el mismo error que en el Congreso -como ya lo hemos demostrado- que toman algunos casos sin respetar el orden cronológico para tramitarlos”. “Unos los apuran y otros no, eso no es respeto al debido proceso institucional, porque no queremos que se desestabilice al Ministerio Público”.

Fiscal pidió que se abstenga Cabrera Vega “por decoro”  

De acuerdo con un escrito que presentó la defensa de la fiscal Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia, el 4 de setiembre, se había pedido que la instructora María Teresa Cabrera Vega se abstuviera por decoro, que siguiera conociendo el procedimiento disciplinario.

Esto, porque según explica, por la existencia de un enfrentamiento jurídico e institucional directo entre la Junta Nacional de Justicia y la suscrita y; la segunda, como una potestad de resguardo que busca preservar la confianza en la objetividad y probidad de la autoridad.

“En ambos casos, lo cierto es que la prosecución del procedimiento con su participación comprometería de raíz la garantía constitucional de imparcialidad. De ahí que, corresponde declarar la nulidad de la Resolución JNJ y la retroacción de las actuaciones al estado anterior”, argumentó.

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La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa abrió investigación preliminar contra el suboficial de tercera de la PNP, Michael Quispe Limas, integrante de la comisaría de Chilca, en Huancayo. Se le acusa de participar en un robo agravado ocurrido el 3 de setiembre en la trocha de Villa Esmeralda de los Andes, distrito de Locroja.

Según la Disposición Fiscal N.° 01-2025, firmada por el fiscal Raúl Huacachi Rocha, Quispe Lima habría disparado durante un presunto asalto en una zona conocida como corredor de drogas. En un video difundido en redes se ve al policía disparando con una pistola, mientras otro efectivo lo cubre con un fusil. También aparece su auto particular: un Toyota Corolla rojo, de placa C8H-164, estacionado en la vía.

La fiscalía citó a Quispe Lima para declarar el 19 de setiembre a las 9:00 a.m. Deberá explicar qué hacía su vehículo en la zona y quiénes lo acompañaban, además de aclarar si actuó por iniciativa propia o bajo órdenes.

También fueron citados para mañana, 10 de setiembre, los comisarios de Anco, San Pedro de Coris y San Miguel de Mayocc, así como el mayor Alexander Rojas Caceda, jefe de la zona policial. Además, declararán cuatro testigos.

El fiscal Huacachi también solicitó la relación de efectivos de las comisarías involucradas y un informe detallado sobre las armas largas utilizadas entre el 3 y 4 de setiembre.

El fiscal ordenó una inspección ocular para el 11 de setiembre a las 11:00 a.m. con el objetivo de recoger casquillos, medir distancias y determinar la jurisdicción exacta del hecho. La investigación preliminar vence el 5 de octubre.

Según información de Huanca York Times, Quispe Lima estaba de vacaciones desde el 1 de setiembre. Ese día, cerca de la 1 p.m., los pobladores escucharon detonaciones, pero nadie quiso identificarse por temor a represalias.

La investigación también menciona una camioneta blanca con una con calcomanía del «Divino Niño», sospechosa de transportar hoja de coca.

Participaron otros cinco policías de Chilca, entre ellos el alférez Fernando Lapa Socualaya, quienes también serán citados.

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El jefe del módulo defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, lanzó fuertes críticas contra la Policía tras advertir serias deficiencias en el trabajo de los agentes asignados a Juliaca. Según el funcionario, los efectivos muestran una preocupante falta de voluntad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la provincia.

Enríquez Barriales aseguró que los policías “no están cumpliendo sus funciones adecuadamente” y que, en lugar de realizar rondas preventivas a pie, permanecen dentro de los patrulleros sin mayor actividad. “Lamentablemente, hemos visto efectivos policiales más tiempo dentro del patrullero que haciendo el patrullaje a pie”, señaló tras supervisar las cámaras de videovigilancia municipal durante el jueves y viernes pasados.

El representante de la Defensoría también cuestionó la falta de coordinación entre la Policía y el Serenazgo, lo que ‘a su juicio’ limita la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos. Como ejemplo, relató que en la Plaza Bolognesi un grupo de personas consumía bebidas alcohólicas durante una boda, mientras los agentes permanecían a solo una cuadra sin intervenir.

La crítica más severa apuntó al trato que reciben los ciudadanos en las comisarías. Enríquez reveló que muchas denuncias son rechazadas con frases como: “¿para qué vas a poner la denuncia?”, o “te vas a meter en problemas”. Esta práctica, dijo, erosiona la confianza en la institución policial y desincentiva que la población formalice sus quejas.

“El problema es que no existe voluntad de algunos efectivos policiales de brindar un verdadero servicio de seguridad a la ciudadanía”, advirtió. Según explicó, este desinterés ha generado que muchos vecinos prefieran no acudir a las dependencias policiales, alimentando un clima de impunidad.

Finalmente, el funcionario exhortó al jefe regional policial a implementar capacitaciones permanentes, controles rigurosos y supervisión directa del personal. Además, alertó que, de persistir esta situación, la población podría optar por ejercer justicia por mano propia, lo que agravaría aún más el escenario de inseguridad en Juliaca.

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Un megaoperativo policial logró asestar un golpe contundente a una peligrosa organización criminal que operaba en varias regiones del país, incluida Arequipa. Aproximadamente 600 efectivos participaron en los allanamientos simultáneos realizados en las primeras horas de la mañana. Resultó con la captura de 24 presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los D.E.S.A. II’.

El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, abarcó 32 inmuebles en Lima, Tumbes y Arequipa, incluyendo incluso una celda en el penal de Huacho.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, calificó la acción como un impacto significativo contra esta organización criminal. Señaló que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos.

Arequipa: por 300 soles, venezolano quemó local valorizado en 300 mil soles por extorsión

Estructura financiera

La investigación reveló la sofisticada red de lavado de activos que utilizaba la organización. Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron alrededor de 20 millones de soles vinculados a siete empresas de fachada.

La fiscal superior Nelly Millones, especializada en crimen organizado, explicó que el grupo operaba en tres fases claramente definidas. Estas son ejecución, intermediación con cuentas prestadas y una fase final de lavado mediante el cual el dinero ilícito salía hacia Colombia y Ecuador. Luego era reintegrado al Perú, aparentando legalidad.

La banda es acusada de dedicarse a la extorsión y el sicariato, vinculándosele con varios asesinatos de conductores de empresas de transporte. Su modus operandi incluía el envío de mensajes y videos de alto impacto psicológico para forzar el pago de cupos, recurriendo al asesinato cuando sus exigencias no eran atendidas.

Las autoridades hicieron un llamado a los empresarios, transportistas y comerciantes que hayan sido víctimas de esta organización a formalizar sus denuncias. Pueden dirigirse al local de la División de Secuestros o a la sede de la Dirincri en la Av. España, en Lima.

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El Ministerio Público descubrió nuevas evidencias que amplían el número de responsables en la compra irregular de maquinaria pesada para Puno, revelando un círculo más extenso de autoridades involucradas en este escándalo que compromete diez millones de soles públicos.

Orlando Fernández Sejje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, confirmó que los fiscales hallaron indicios adicionales. Estas pruebas sugieren una participación más amplia de funcionarios en la adquisición de equipos que presenta múltiples inconsistencias desde su inicio.

La transacción involucra veintiuna excavadoras y seis martillos hidráulicos cuyo costo total alcanzó aproximadamente diez millones de soles. El proceso de compra exhibe graves irregularidades que han llamado la atención de las autoridades de control y del Ministerio Público.

Fernández Sejje lamentó que esta considerable cantidad de recursos no se destinara a resolver problemas urgentes de la población. Sostuvo que estos fondos pudieron haberse utilizado para fortalecer la seguridad ciudadana o atender otras necesidades apremiantes de la región.

La Contraloría General de la República ya había identificado múltiples observaciones en su informe inicial. Este documento técnico respaldó las sospechas sobre la falta de transparencia en todo el procedimiento de adquisición, generando alertas sobre posibles irregularidades administrativas.

Una de las principales anomalías detectadas fue la significativa diferencia entre las propuestas económicas presentadas. Las bases técnicas de la licitación habrían sido vulneradas en este aspecto fundamental, según lo manifestado por Fernández Sejje ante las autoridades correspondientes.

Durante el concurso público, un postor fue supuestamente descalificado por incumplir las reglas establecidas. No obstante, la Contraloría opinó que este participante debió mantenerse en competencia hasta concluir completamente el proceso de evaluación técnica y económica.

Los auditores también identificaron incompatibilidad entre los martillos hidráulicos adquiridos y las excavadoras correspondientes. Esta situación técnica podría comprometer seriamente la operatividad del equipo y generar gastos adicionales innecesarios para el gobierno regional de Puno.

Las especificaciones técnicas del proceso exigían la participación de un profesional mecánico especializado en el equipo técnico. La empresa adjudicataria presentó documentos de un electricista para cumplir con este requisito específico, violando aparentemente los términos establecidos.

Estos elementos, según Fernández Sejje, evidencian un posible direccionamiento deliberado en la adjudicación del contrato público. Se presume que existió un trato preferencial hacia la empresa que finalmente obtuvo la buena pro en esta polémica licitación.

La solidez de los indicios presentados hace prever posibles sentencias judiciales en el futuro cercano. Las consecuencias legales podrían alcanzar al gobernador regional, al gerente de administración y a diversos funcionarios que participaron directamente en este proceso.

El Consejo Regional mantuvo, según la percepción de Fernández Sejje, una postura de total inacción frente a este grave asunto. Esta pasividad fue interpretada por el exdirigente como una forma de complicidad con la evidente sobrevaloración de los equipos.

Solamente el consejero Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito, brindó su apoyo decidido a la querella interpuesta. Su postura, sin embargo, se encontró completamente aislada frente a la mayoría de integrantes del cuerpo colegiado regional.

El congresista Elvis Vergara Mendoza, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, visitará próximamente la región. En esa ocasión, recibirá un documento detallado con toda la información recopilada sobre este sonado caso de presunta corrupción.

Durante la misma reunión parlamentaria, se informará al congresista sobre otras problemáticas urgentes que afectan a Puno. Entre estos temas figuran la escasez de agua potable en Juliaca y los trágicos acontecimientos ocurridos el nueve de enero.

Fernández Sejje expresó reservas sobre la autoridad moral del congresista para ejercer labores de fiscalización efectiva. Recordó que el propio parlamentario enfrenta un historial de graves imputaciones legales que cuestionan su idoneidad para esta función.

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El Proyecto Especial Chavimochic (PECH) anunció el inicio de la elaboración del perfil técnico para su nueva sede central, la cual será diseñada bajo un innovador concepto de infraestructura sostenible, con visión de convertirse en un modelo replicable en el país.

La empresa KPD Inversiones SAC será la encargada de realizar los estudios básicos de ingeniería y el perfil técnico, cuyo costo asciende a S/ 197,000.00 y tiene un plazo de ejecución de 105 días calendario. La firma del contrato marca el inicio de la construcción de un espacio institucional moderno, eficiente y amigable con el medio ambiente.

El proyecto de la nueva sede se concibe como un centro de trabajo integral y sostenible, que incorporará, el uso eficiente y reutilización del agua, aplicando tecnologías de reúso y optimización hídrica; uso de energía renovable, mediante la instalación de paneles solares para reducir la dependencia de fuentes no sostenibles; áreas de huertos destinados a la alimentación saludable de los trabajadores, fortaleciendo la seguridad alimentaria institucional; así como la gestión de residuos sólidos con mínima generación, orientada al reciclaje y reducción de impactos ambientales.

Este enfoque busca consolidar la visión de una “Ciudad Chavimochic Verde”, proyectando a la institución como referente nacional en infraestructura sostenible.

El gerente del PECH destacó que el proyecto no solo responde a una necesidad institucional, sino que también está diseñado para ofrecer condiciones de trabajo óptimas, modernas y dignas a todos los colaboradores.

“Estamos comprometidos en convertir a nuestra institución en un referente de sostenibilidad y eficiencia global, demostrando que es posible construir espacios que cuiden el ambiente, promuevan el bienestar de los trabajadores y aporten al desarrollo regional”, afirmó el funcionario.

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Las organizaciones sociales del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba, región Cusco, han convocado a un paro preventivo de 24 horas este viernes 12 de septiembre, y a otro paro de 48 horas para los días 14 y 15 de septiembre.

La medida de fuerza está dirigida en contra de Perurail, a la cual acusan de confabularse con la empresa Consettur para impedir la implementación de un plan de contingencia en la ruta hacia la ciudadela inca. Así, se han convocado a dos plantones, uno en la localidad de Pachar y otro en Ollantaytambo. Dos puntos estratégicos por donde transitan las rieles utilizadas por Perurail.

La empresa Consettur ha generado un gran rechazo en Urubamba. La compañía, según lo señalado, ha manejado de manera solitaria la ruta a Machu Picchu durante tres décadas, operando en un régimen de monopolio. Los manifestantes señalan que la empresa continúa transportando turistas a pesar de que su concesión para operar en la carretera concluyó el 4 de septiembre de 2025.

Las organizaciones sociales afirman que Perurail no traslada los buses de San Antonio de Torontoy, que deben reemplazar a Consettur en esa ruta. Sin embrago, existen dudas sobre la capacidad operativa de San Antonio de Torontoy.

Anuncian paro en Urubamba contra el monopolio de Consettur y el abuso de Perurail

Según detalla el oficio de la organizaciones sociales, estas protestas buscan denunciar que estas dos empresas privadas «actúan a espaldas del pueblo», perjudicando a los turistas y burlándose de las necesidades de la población. También, mencionaron que los habitantes de la provincia de Urubamba necesitan una mayor inversión en salud y educación.

Los manifestantes acusan a las empresas de hacer caso omiso a la autoridad provincial en la implementación de este plan de contingencia. Los representantes de la lucha señalan que sus futuras generaciones les agradecerán por estas decisiones coyunturales. Durante treinta años, un grupo de personas se ha lucrado de este bien provincial, afirman.

Los organizadores de la protesta mencionaron que ha habido un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa. El paro en Urubamba contra el monopolio de Consettur y el abuso de Perurail ha sido convocado por la Comisión de Lucha por la Recuperación de la Ruta CU-108, que va desde Aguas Calientes hasta la Llaqta Inka, conocida como carretera Hiram Bingham.

La comisión señala que la protesta es por una provincia unida y en contra del monopolio y el abuso de Perurail. Por lo tanto, el turismo en la zona podría verse gravemente afectado por estos sucesos. Este conflicto podría generar bloqueos en las vías de transporte, afectando a miles de turistas y a la economía local.

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El gobernador regional de La Libertad, César Acuña se pronunció sobre el reportaje de Cuarto Poder, donde señala presunta sobrevaloración en la compra de 100 patrulleros para la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región, confirmando lo anunciado por sus funcionarios del Gore en una conferencia de prensa.

“Mi dignidad cuesta”

Acuña mencionó sentirse molesto por el reportaje y por el daño a su dignidad: «Me ha molestado Cuarto Poder. Le voy a enviar su carta notarial. Mi dignidad cuesta, yo no he venido a robar, he venido a hacer obras. De su gobernador, de su amigo, pueden inventar de todo, pero no pueden decir que soy corrupto».

Conferencia de prensa

Horas antes, gerentes del Gobierno Regional de La Libertad declararon ante la prensa, defendieron los contratos y anunciaron en primera instancia el envío de una carta notarial al dominical.

El gerente adjunto del Gore La Libertad, Rogger Ruiz, encabezó la conferencia de prensa en respuesta al reportaje de Cuarto Poder, sobre la sobrevalorización de 100 vehículos.

Camionetas del Gore La Libertad y Áncash

Ruiz indicó que los gastos de las camionetas entre los gobiernos regionales de La Libertad y Áncash no deberían compararse: “No podemos comparar a los gobiernos regionales porque las necesidades son diferentes”. Además mencionó que el Gore La Libertad no compra marcas chinas.

Costo de mantenimiento

El encargado de explicar los procesos de licitación, montos y contratos, fue el Gerente de Contrataciones Jobvito Flores Mariños. Flores mostró un documento de cotización realizado por la empresa Autonort, donde el mantenimiento de 100 mil kilómetros cuesta 28 mil, un monto mucho mayor al presentado por el reportaje de Cuarto Poder.

“Ayer se dijo en el reportaje 12 mil pero documentalmente en un proceso que estamos llevando con Autonort, 28 mil”.

El funcionario calificó al reportaje de “sesgado y malintencionado” y señaló que el dominical debió consultar directamente a la empresa ganadora de la licitación y no realizar un análisis técnico con otra.

Investigaciones en Contraloría y Fiscalía

El gerente adjunto, Rogger Ruiz indicó que por pedido del gobernador Acuña, solicitarán a la Contraloría investigar el caso: «Pedimos a la Contraloría que vuelva a realizar [las investigaciones] y que la Fiscalía lo revise, que se aceleren los procesos».

¿Ocultaron información?

A su vez, Ruiz tildó a Cuarto Poder de “convenidos”, porque –según dijo–no revelaron información importante que ellos mismos les compartieron.

“Solo han sacado lo que les conviene. ¿Acaso han sacado los cuadros comparativos de los precios que se han ofertado de las camionetas? A pesar de que les informamos y se les ha pasado vía WhatsApp. No les conviene hablar con la verdad, sino de manera sesgada” .

Carta notarial a Cuarto Poder

Rogger Ruiz informó que enviarán una carta notarial al dominical: “Vamos a enviar una carta notarial, pidiendo que se rectifiquen y que muestren la verdadera información”.

Asimismo, pidió a Cuarto Poder que les conceda una entrevista para este domingo, para aclarar de manera objetiva toda la situación.

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Un ciudadano venezolano admitió su participación en el incendio intencional de un establecimiento comercial de llantas en Miraflores (Arequipa), que estaría vinculado a una red de extorsión. La confesión se produjo tras su captura en un operativo policial realizado en el distrito de Socabaya.

Yexel Hernández de Santiago, de 30 años, detenido inicialmente por posesión de estupefacientes, reveló a agentes de la Divincri Arequipa que fue el autor material del siniestro. Según su testimonio, actuó junto a otro individuo, conocido solo por un alias, siguiendo órdenes de un tercero que les encargó el trabajo.

El jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo del Campo, detalló que el sujeto roció combustible en el frontis del local y procedió a prenderle fuego. Esto derivó en la destrucción total del inmueble, por la naturaleza inflamable de los neumáticos.

El móvil del crimen fue ínfimo frente a los daños ocasionados. Hernández confesó que recibió el pago de tan solo 300 soles por quemar el local valorizado en más de 300 mil soles. Las investigaciones ahora se concentran en desarticular la cadena de mando y dar con el autor intelectual, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada al cobro de cupos.

“Dirin Leaks” en Arequipa: filtran 210 expedientes de Tía María confirmando agentes encubiertos en protestas

Red de extorsión en Arequipa

El incendio del local ‘Kevin’, dedicado a la venta de llantas y aros, ocurrió en la madrugada del domingo 31 de agosto en la calle Elías Aguirre, en Miraflores. Las llamas, alimentadas por la naturaleza inflamable de la mercancía, consumieron el establecimiento en su totalidad, generando pérdidas valorizadas en 300 mil soles y poniendo en riesgo zonas aledañas.

Este acto no fue fortuito. Informes previos indican que el propietario del negocio había interpuesto múltiples denuncias por amenazas de muerte durante los dos meses anteriores. Las extorsiones, realizadas vía mensajes de texto, habrían sido el preludio de un mensaje intimidatorio final para quienes se resisten a pagar.

El detenido, cuya situación migratoria en el Perú es irregular, llegó al país hace un año y trabajaba como vigilante en un carwash de la avenida Las Convenciones. Permanece bajo custodia mientras continúan las indagaciones para identificar a los autores intelectuales.

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Caja Arequipa fue reconocida con el primer lugar en la prestigiosa encuesta Perú Top Brands 2025, en la categoría Banca y Finanzas: Cajas Municipales, reafirmando así su liderazgo y la preferencia de los peruanos por tercer año consecutivo.

La encuesta, realizada por la prestigiosa consultora Vox Populi, busca identificar a las marcas más valoradas del país según las respuestas de los usuarios. De esa manera, Caja Arequipa obtuvo un 28.3% de preferencia frente a otras cajas municipales, consolidando su posición como una de las marcas financieras más sólidas, cercanas y confiables del Perú.

Con este logro, Caja Arequipa suma tres años consecutivos liderando la medición, lo que evidencia una conexión auténtica y sostenida con sus clientes y con la sociedad en general.

Innovación y compromiso con el cliente

Este reconocimiento no solo destaca la solidez de Caja Arequipa, sino también su capacidad de innovar y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios, a través de la transformación digital, la educación financiera y la mejora continua en la experiencia del cliente.

Con este nuevo logro, Caja Arequipa reafirma su compromiso de seguir construyendo una marca que conecta con los sueños de los peruanos y acompaña el crecimiento de miles de emprendedores y familias en todo el país.

Caja Arequipa es una institución que nació en la Ciudad Blanca hace 39 años y hoy cuenta con 231 agencias a nivel nacional y 47 en Lima. Su propósito es transformar la vida de los emprendedores a través de la inclusión financiera.

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La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, programará una audiencia pública en Arequipa en la que pedirá explicaciones y respuestas al gobernador regional, Rohel Sánchez, y al presidente del Consejo Regional, Osías Ortiz, sobre la emisión de la Ordenanza Regional Nº 538, que dispone la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los centros de salud, educación y en los espacios comunitarios de la región. Así lo decidió la parlamentaria durante la segunda sesión ordinaria de la comisión llevada a cabo este lunes 8 de septiembre, a la que Sánchez no asistió pese a haber sido convocado. 

Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Consejo Regional de Arequipa, ha tenido una reacción de rechazo de un sector de organizaciones civiles en Arequipa, de la que ha hecho eco la congresista Jáuregui de Aguayo, miembro de la bancada de Renovación Popular. El pasado 5 de septiembre, la Comisión de la Mujer y Familia publicó un video en su página de Facebook, donde Jáuregui repudia esta normativa. 

Continuó aseverando que no permitirá que esta normativa prospere. “No creo que una ordenanza tenga mayor valor que una ley […] No al sistema educativo ESI, ese sistema no es un sistema que esté aprobado. Y los padres del Perú no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que ensucien la mente de nuestros hijos y que destruyan la infancia de nuestros niños […] No a la imposición del sistema educativo ESI, ni en Arequipa, ni en ninguna parte del país”, enfatizó. 

Más opositores en Arequipa

Otra de las voces críticas es la del arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba. Durante la sesión solemne por el aniversario de la Universidad Católica de Santa María calificó la ordenanza como una “aberración”. 

Del Río Alba también agradeció a las más de 40 instituciones de la sociedad civil que se hayan pronunciado en contra de esta normativa.  

En esa línea, se inició una campaña ciudadana para recolectar 3 mil 500 firmas en la plataforma web Padres Peruanos con el objetivo de frenar la implementación de la Ordenanza 538-Arequipa. Alegan que esta norma «responde a la presión de ONGs con agenda ideológica y no a un proceso de consulta real con los padres de familia. Además, vulnera el derecho preferente de los padres a decidir la formación de sus hijos, garantizado por la Constitución”. Hasta el cierre de esta nota, se registró 3 mil 055 firmas. 

Defensa de la norma para la ESI

Frente a la ola de críticas, la consejera regional Norma Ortega Valdivia, presidenta de la Comisión de la Mujer del Consejo Regional de Arequipa, defendió la legalidad de la norma. 

También desmintió que la medida haya sido exprés, ya que se compartió con sus colegas el contenido de la ordenanza días previos a la aprobación en sesión de consejo, incluso fue sustentada por la vicegobernadora regional, Ana María Gutiérrez. Asimismo, precisó que contó con opinión técnica de la Gerencia Regional de Educación y de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 

De otra parte, Norma Ortega denunció que es víctima de acoso por redes por parte de grupos ultraconservadores que rechazan la ordenanza. Mensajes de odio y amenazas para derogar la ordenanza inundan las redes sociales de la consejera.

Otras instituciones de la Sociedad Civil han emitido un pronunciamiento de apoyo a esta normativa, considerando la preocupante situación de la niñez y juventud arequipeña en temas relacionados con la ausencia de una educación sexual integral. Estas son las cifras que dieron a conocer:

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De acuerdo al informe de Pancarta.pe, el hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) habría revelado diversos casos de seguimiento de inteligencia en Arequipa. Entre los más de 37 mil reportes filtrados, se identificaron 210 expedientes vinculados a actividades de oposición al proyecto Tía María, en el Valle de Tambo, en el que se observan seguimientos de dirigentes, vigilancias e incluso presencia de agentes encubiertos en protestas y movilizaciones.

Los documentos corresponden a reportes elaborados entre 2016 y agosto de 2025, con un 95 % de menciones catalogadas como información obtenida “por el canal de inteligencia”, es decir, resultado de acciones e investigaciones policiales. Entre los más vigilados figura Miguel Meza Igme, con 36 menciones, además de Jesús Cornejo Reynoso (20 reportes), Roger Chirapo (5), Jorge del Carpio Lazo (2) y otros líderes locales relacionados con la oposición a la minera Southern.

Los informes detallan desde asambleas y caravanas hasta vigilias en la Plaza de Armas de Arequipa. Algunos partes de inteligencia recomendaban maximizar la identificación de dirigentes mediante fotos, videos y audios, prácticas que se asemejan a posibles reglajes. En reportes posteriores, incluso se aconseja a agentes encubrir su identidad durante protestas en Islay para evitar ser detectados, confirmando el uso de personal infiltrado.

Reacciones y cuestionamientos

El dirigente Miguel Meza aseguró que continuará en su oposición a Tía María pese a la vigilancia, y pidió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos al considerar que estas prácticas criminalizan el derecho a la protesta. Además, el congresista Jaime Quito calificó de persecución política las acciones de inteligencia y anunció una interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver. En contraste, el especialista en seguridad Guido Del Carpio señaló que la labor de inteligencia puede ser una herramienta de prevención, aunque advirtió que no debe usarse con fines políticos.

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FUERTE Y CLARO | El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, consideró que la Ley de Amnistía aprobada en Perú representa “un verdadero retroceso para la justicia y la verdad”. En pleno Consejo de Derechos Humanos, también refutó la insistencia de la presidenta Dina Boluarte sobre soberanía con esta frase tajante: “No son los propietarios de sus pueblos”. Türk instó al Estado peruano y a otros a respetar los acuerdos internacionales firmados.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.

Su presencia fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Poder Judicial, que levantó temporalmente el impedimento de salida que pesaba sobre él desde hace 18 meses en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias. Esta autorización fue respaldada por una resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.

La agenda de Santiváñez incluye reuniones bilaterales con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja y con autoridades del Alto Comisionado de DD.HH. Además, su propia intervención en el debate general sobre el informe del organismo y el diálogo con el Relator Especial sobre justicia transicional.

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El video HUMILLACIÓN INTERNACIONAL | ONU le canta sus verdades a Santivañez y a Dina: “No son propietarios» se publicó en YouTube en este enlace

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DESMAYOS Y LÁGRIMAS | Dina Boluarte se volvió tendencia tras un momento cargado de emoción en una ceremonia presidencial en Palacio de Gobierno. Una mujer, identificada como Lida Víctor Valladolid de 45 años, de Ayacucho, se desmayó mientras recibía su título de propiedad luego de 25 años de espera. La imagen fue inesperada e impactante para la presidenta, quien la asistió de inmediato junto al ministro Durich Whittembury. Aunque minutos después la beneficiaria reapareció recuperada y alzando su título ante las cámaras.

Boluarte aprovechó el momento para asegurar que “a veces, cuando se han esperado muchos años en tener algo que sea nuestro… las emociones pueden manifestarse de distintas maneras: desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”.

Asimismo, respondió a sus detractores y críticos, asegurando que su gobierno trabaja en silencio, aunque resulte incómodo para otros.

El acto oficial fue parte de la entrega simbólica de más de 170 mil títulos de propiedad, que la mandataria destacó como una política de «justicia social» y formalización.

El video ¡DESMAYOS EN PALACIO! | Mujer se desmaya en brazos de Dina Boluarte al recibir su título se publicó en YouTube en este enlace

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AUTORIDADES RESPONDIERON A COLOMBIA | La comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, en Loreto, amaneció este domingo con una escena que causó indignación: la bandera de Colombia ondeaba en la plaza principal del poblado. Luego, personal de las Fuerzas Armadas del Perú retiró la bandera extranjera, en medio de los airados reclamos de los pobladores. La presencia del símbolo patrio colombiano fue interpretada como una provocación por los moradores.

Este nuevo incidente se da en un clima de creciente tensión entre Perú y Colombia, alimentado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro. En dichas afirmaciones, Petro desconoció públicamente la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa, también ubicada en la región de Loreto, generando indignación tanto en los habitantes de las ciudades fronterizas como en las autoridades locales.

Este hecho se suma a otro episodio similar ocurrido a mediados de agosto de este mismo año. En esa ocasión, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la Isla Chinería, territorio peruano, y luego presumió el acto en sus redes sociales. En su publicación, Quintero afirmó que Santa Rosa pertenece a Colombia.

Tras lo ocurrido este domingo en Putumayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que se ha presentado una denuncia oficial para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas en las que fue izada la bandera de Colombia en territorio peruano y determinar posibles responsabilidades. Más adelante, el canciller precisó que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a eventuales medidas diplomáticas, ya que el gobierno esperará los resultados de las diligencias antes de evaluar posibles acciones en el ámbito internacional.

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El video VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA | Crece la indignación tras nuevo izamiento de bandera colombiana en Perú se publicó en YouTube en este enlace

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En Arequipa, los transportistas formales agrupados en la asociación ACTUAR reclamaron que el precio del pasaje urbano se mantiene congelado desde hace una década, mientras los costos de operación —combustible, repuestos y mantenimiento— se han incrementado de manera constante. Señalan que esta situación les impide renovar unidades y brindar un servicio moderno, lo que a su vez genera críticas de la ciudadanía y mayor ventaja para el transporte informal.

Arequipa y el estancamiento tarifario en el transporte urbano

La presidenta de ACTUAR, Patricia Velásquez, afirmó que el costo de vida ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero el pasaje continúa en un sol. Comparó esta situación con otras ciudades como Trujillo, Piura o Cusco, donde la tarifa mínima oscila entre S/ 1.50 y S/ 2.00. Para los transportistas arequipeños, la diferencia resulta insostenible, sobre todo porque las distancias son mayores y el tráfico más pesado.

Además, advirtieron que los conductores trabajan bajo condiciones que afectan su salud física y mental, producto de la congestión vehicular y de la presión por mantener rutas invadidas por el transporte informal. Este contexto, remarcan, limita las posibilidades de inversión en unidades seguras y modernas.

“ El costo de vida, combustibles, repuestos, a través de los años ha tenido una alza importante pero el costo del pasaje urbano ha sido congelado por más de diez años en nuestra ciudad, el cual no permite hacer ningún tipo de inversión”, declaró Velásquez.

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Arequipa frente al impacto de la informalidad y la falta de regulación

Otro de los puntos críticos que denuncian los transportistas es la expansión de vehículos informales, que cobran el doble de la tarifa legal, trasladan menos pasajeros y no cumplen con requisitos técnicos ni seguros obligatorios. Según ACTUAR, esta competencia desleal pone en riesgo tanto a los usuarios como a los propios trabajadores del sector formal.

Velásquez también cuestionó a las autoridades locales por no implementar medidas de ordenamiento, como la señalización de paraderos y la supervisión de avenidas congestionadas. Para el gremio, la falta de gestión municipal y policial ha contribuido a agravar la saturación vial en zonas clave de la ciudad.

“Eso nos está causando grandes daños a los formales. Pagamos seguros de accidente contra terceros, cumplimos una serie de requisitos establecidos por ley para poder trabajar”, enfatizó.

Una propuesta de solución conjunta

Desde ACTUAR plantearon la necesidad de un trabajo articulado entre municipalidad, policía, transportistas y ciudadanía, con el fin de ordenar el tránsito y garantizar un servicio eficiente. El gremio anunció que buscará abrir un espacio de diálogo en el que se aborden tanto las tarifas como la lucha contra la informalidad y las condiciones laborales de los conductores.

Los transportistas pidieron a la población su comprensión y apoyo, al tiempo que invitaron a los informales a sumarse a la formalidad.

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La ExpoAmazónica 2025 se realizará del 2 al 5 de octubre en Tarapoto, región San Martín, y los organizadores invitaron a los emprendedores de Arequipa a participar en esta edición, considerada la más grande de la Amazonía peruana. El evento contará con siete pabellones y la presencia de más de 600 empresarios, incluyendo representantes internacionales, nacionales y regionales.

Se proyecta superar los 88 millones de soles en transacciones a través de las ruedas de negocios de comercio y turismo organizadas por Promperú, con la participación de al menos 80 compradores distintos. La feria espera reunir además a más de 80 mil visitantes en sus cuatro días, superando el registro de 60 mil alcanzado en ediciones anteriores.

Los organizadores destacaron que para los empresarios arequipeños la ExpoAmazónica es una vitrina de alto valor, ya que pueden ofrecer productos diferentes a los amazónicos, con potencial para ingresar a nuevos mercados. La experiencia de años anteriores demostró que cafés, cacaos y productos orgánicos lograron posicionarse en supermercados fuera de la región San Martín tras su participación en la feria.

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Alianza con Arequipa y oportunidades

La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, que actúa como aliado en la promoción de la feria. Además de los negocios, la ExpoAmazónica busca impulsar el turismo, con Tarapoto como destino central, ofreciendo capacidad hotelera y gastronómica para los visitantes. Los organizadores señalaron que tanto empresarios como público en general pueden participar, ya sea para integrarse a las ruedas de negocio o para adquirir productos amazónicos en la feria.

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