El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.
FUERTE Y CLARO | El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, consideró que la Ley de Amnistía aprobada en Perú representa “un verdadero retroceso para la justicia y la verdad”. En pleno Consejo de Derechos Humanos, también refutó la insistencia de la presidenta Dina Boluarte sobre soberanía con esta frase tajante: “No son los propietarios de sus pueblos”. Türk instó al Estado peruano y a otros a respetar los acuerdos internacionales firmados.
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.
Su presencia fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Poder Judicial, que levantó temporalmente el impedimento de salida que pesaba sobre él desde hace 18 meses en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias. Esta autorización fue respaldada por una resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.
La agenda de Santiváñez incluye reuniones bilaterales con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja y con autoridades del Alto Comisionado de DD.HH. Además, su propia intervención en el debate general sobre el informe del organismo y el diálogo con el Relator Especial sobre justicia transicional.
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Una mujer, identificada como Lida Víctor Valladolid de 45 años, de Ayacucho, se desmayó mientras recibía su título de propiedad luego de 25 años de espera
DESMAYOS Y LÁGRIMAS | Dina Boluarte se volvió tendencia tras un momento cargado de emoción en una ceremonia presidencial en Palacio de Gobierno. Una mujer, identificada como Lida Víctor Valladolid de 45 años, de Ayacucho, se desmayó mientras recibía su título de propiedad luego de 25 años de espera. La imagen fue inesperada e impactante para la presidenta, quien la asistió de inmediato junto al ministro Durich Whittembury. Aunque minutos después la beneficiaria reapareció recuperada y alzando su título ante las cámaras.
Boluarte aprovechó el momento para asegurar que “a veces, cuando se han esperado muchos años en tener algo que sea nuestro… las emociones pueden manifestarse de distintas maneras: desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”.
Asimismo, respondió a sus detractores y críticos, asegurando que su gobierno trabaja en silencio, aunque resulte incómodo para otros.
El acto oficial fue parte de la entrega simbólica de más de 170 mil títulos de propiedad, que la mandataria destacó como una política de «justicia social» y formalización.
Este nuevo incidente se da en un clima de creciente tensión entre Perú y Colombia, alimentado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro
AUTORIDADES RESPONDIERON A COLOMBIA | La comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, en Loreto, amaneció este domingo con una escena que causó indignación: la bandera de Colombia ondeaba en la plaza principal del poblado. Luego, personal de las Fuerzas Armadas del Perú retiró la bandera extranjera, en medio de los airados reclamos de los pobladores. La presencia del símbolo patrio colombiano fue interpretada como una provocación por los moradores.
Este nuevo incidente se da en un clima de creciente tensión entre Perú y Colombia, alimentado por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro. En dichas afirmaciones, Petro desconoció públicamente la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa, también ubicada en la región de Loreto, generando indignación tanto en los habitantes de las ciudades fronterizas como en las autoridades locales.
Este hecho se suma a otro episodio similar ocurrido a mediados de agosto de este mismo año. En esa ocasión, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la Isla Chinería, territorio peruano, y luego presumió el acto en sus redes sociales. En su publicación, Quintero afirmó que Santa Rosa pertenece a Colombia.
Tras lo ocurrido este domingo en Putumayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que se ha presentado una denuncia oficial para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas en las que fue izada la bandera de Colombia en territorio peruano y determinar posibles responsabilidades. Más adelante, el canciller precisó que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a eventuales medidas diplomáticas, ya que el gobierno esperará los resultados de las diligencias antes de evaluar posibles acciones en el ámbito internacional.
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El gremio denuncia que la falta de actualización de tarifas, la informalidad y la ausencia de medidas municipales han profundizado la crisis del transporte urbano en Arequipa.
En Arequipa, los transportistas formales agrupados en la asociación ACTUAR reclamaron que el precio del pasaje urbano se mantiene congelado desde hace una década, mientras los costos de operación —combustible, repuestos y mantenimiento— se han incrementado de manera constante. Señalan que esta situación les impide renovar unidades y brindar un servicio moderno, lo que a su vez genera críticas de la ciudadanía y mayor ventaja para el transporte informal.
Arequipa y el estancamiento tarifario en el transporte urbano
La presidenta de ACTUAR, Patricia Velásquez, afirmó que el costo de vida ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero el pasaje continúa en un sol. Comparó esta situación con otras ciudades como Trujillo, Piura o Cusco, donde la tarifa mínima oscila entre S/ 1.50 y S/ 2.00. Para los transportistas arequipeños, la diferencia resulta insostenible, sobre todo porque las distancias son mayores y el tráfico más pesado.
Además, advirtieron que los conductores trabajan bajo condiciones que afectan su salud física y mental, producto de la congestión vehicular y de la presión por mantener rutas invadidas por el transporte informal. Este contexto, remarcan, limita las posibilidades de inversión en unidades seguras y modernas.
“ El costo de vida, combustibles, repuestos, a través de los años ha tenido una alza importante pero el costo del pasaje urbano ha sido congelado por más de diez años en nuestra ciudad, el cual no permite hacer ningún tipo de inversión”, declaró Velásquez.
Arequipa frente al impacto de la informalidad y la falta de regulación
Otro de los puntos críticos que denuncian los transportistas es la expansión de vehículos informales, que cobran el doble de la tarifa legal, trasladan menos pasajeros y no cumplen con requisitos técnicos ni seguros obligatorios. Según ACTUAR, esta competencia desleal pone en riesgo tanto a los usuarios como a los propios trabajadores del sector formal.
Velásquez también cuestionó a las autoridades locales por no implementar medidas de ordenamiento, como la señalización de paraderos y la supervisión de avenidas congestionadas. Para el gremio, la falta de gestión municipal y policial ha contribuido a agravar la saturación vial en zonas clave de la ciudad.
“Eso nos está causando grandes daños a los formales. Pagamos seguros de accidente contra terceros, cumplimos una serie de requisitos establecidos por ley para poder trabajar”, enfatizó.
Una propuesta de solución conjunta
Desde ACTUAR plantearon la necesidad de un trabajo articulado entre municipalidad, policía, transportistas y ciudadanía, con el fin de ordenar el tránsito y garantizar un servicio eficiente. El gremio anunció que buscará abrir un espacio de diálogo en el que se aborden tanto las tarifas como la lucha contra la informalidad y las condiciones laborales de los conductores.
Los transportistas pidieron a la población su comprensión y apoyo, al tiempo que invitaron a los informales a sumarse a la formalidad.
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La ExpoAmazónica 2025 se realizará del 2 al 5 de octubre en Tarapoto, región San Martín, y los organizadores invitaron a los emprendedores de Arequipa a participar en esta edición, considerada la más grande de la Amazonía peruana. El evento contará con siete pabellones y la presencia de más de 600 empresarios, incluyendo representantes internacionales, nacionales y regionales.
Se proyecta superar los 88 millones de soles en transacciones a través de las ruedas de negocios de comercio y turismo organizadas por Promperú, con la participación de al menos 80 compradores distintos. La feria espera reunir además a más de 80 mil visitantes en sus cuatro días, superando el registro de 60 mil alcanzado en ediciones anteriores.
Los organizadores destacaron que para los empresarios arequipeños la ExpoAmazónica es una vitrina de alto valor, ya que pueden ofrecer productos diferentes a los amazónicos, con potencial para ingresar a nuevos mercados. La experiencia de años anteriores demostró que cafés, cacaos y productos orgánicos lograron posicionarse en supermercados fuera de la región San Martín tras su participación en la feria.
La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, que actúa como aliado en la promoción de la feria. Además de los negocios, la ExpoAmazónica busca impulsar el turismo, con Tarapoto como destino central, ofreciendo capacidad hotelera y gastronómica para los visitantes. Los organizadores señalaron que tanto empresarios como público en general pueden participar, ya sea para integrarse a las ruedas de negocio o para adquirir productos amazónicos en la feria.
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Asociaciones de microempresarios denuncian falsificación de documentos y fallos irregulares que han impedido la consolidación del proyecto, afectando a más de 1,700 emprendedores de la región.
El proyecto del parque industrial de Yura continúa paralizado tras 17 años de litigios, denuncias y procesos judiciales. Pese a que el Gobierno Regional entregó los terrenos a las asociaciones de microempresarios, una serie de irregularidades legales y escrituras imperfectas han permitido que terceros reclamen la propiedad de más de 500 hectáreas. La situación mantiene en incertidumbre a cientos de pequeños empresarios que invirtieron recursos para habilitar los espacios y protegerlos de invasiones.
La pugna por terrenos estatales
De acuerdo con la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios del Parque Industrial de Yura, el conflicto gira en torno a 554 hectáreas en el sector Cono Norte, cuyos planos fueron visados con documentos que la Municipalidad de Yura desconoce como válidos. Según el gremio, con esas pruebas irregulares se obtuvieron sentencias que favorecieron a particulares en perjuicio de los derechos de los emprendedores.
El abogado William Gómez explicó que este proceso judicial se basa en escrituras públicas imperfectas y constancias falsas de posesión. En ese contexto, los microempresarios señalan que sin una defensa firme por parte de la Procuraduría Regional será imposible garantizar el resguardo de los terrenos que pertenecen al Estado.
“No existen esos documentos en la Municipalidad Digital de Yura. Hemos solicitado mediante documento y nos han respondido que ellos no conocen, nunca se ha presentado esa visación de planos y tampoco podrían haber visado planos de terrenos que son del Estado. Entonces, ¿qué se ha cometido ahí? Un delito de falsedad.”, denunció Gómez.
Denuncia de irregularidades judiciales en terrenos de Arequipa
Los dirigentes advirtieron que notarios y funcionarios avalaron la inscripción de documentos que permitieron transferencias ficticias de predios. Estas acciones derivaron en sentencias que anularon partidas registrales y dejaron en riesgo las hectáreas destinadas al parque industrial.
Ante esta situación, la asociación interpuso una demanda de nulidad de actos jurídicos, con el objetivo de revertir las operaciones que consideran fraudulentas. Para los empresarios, la pasividad de las autoridades locales ha agravado la problemática, al no defender con firmeza un proyecto que podría convertirse en motor de desarrollo para Arequipa y el sur del país.
“Es así de que nosotros hemos hecho una demanda de impunidad de actos jurídicos y nulidad del documento que contiene el acto de reconocimiento de una situación de hechos para que se obtenga la cancelación de la misma.”, agregó Gómez.
Un proyecto clave para la economía regional
La disputa mantiene en vilo a más de 1,700 microempresarios que esperan instalar sus talleres y plantas de producción en Yura. La asociación estima que ya se invirtieron más de 10 millones de soles en obras preliminares, incluyendo movimiento de tierras, casetas de control y vigilancia permanente. Sin embargo, sin una solución legal definitiva, el proyecto no logra concretarse.
Los gremios solicitan que se instale una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y el Poder Judicial para asegurar la recuperación de los terrenos y viabilizar la entrega de lotes a los empresarios. Afirman que el parque industrial no solo dinamizará el comercio, sino que también generará miles de empleos directos e indirectos en Arequipa.
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El capricho le está saliendo caro. Aunque Juan José Santivañez sabía perfectamente a lo que iba cuando viajó a Suiza para participar en la sexagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, seguramente tuvo que tragarse varias de las barbaridades que suele repetir aquí en Perú.
Y es que resulta casi una burla que el flamante ministro de Justicia —primer impulsor de que el Perú se salga de los tratados internacionales de derechos humanos, terruqueador profesional de ONGs, con investigaciones abiertas y hasta con impedimento de salida del país— haya conseguido un “permiso especial” para codearse con diplomáticos de medio mundo.
Pero apenas empezado el evento, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue directo: señaló en su informe anual que el Perú ha hecho historia, sí, pero por retroceder vergonzosamente al aprobar la Ley de Amnistía que favorece a policías y militares.
También respondió a los ataques contra la CIDH y los tratados internacionales disfrazados de “defensa de la soberanía nacional”. Aclaró al gobierno de Dina —y de paso a otros dictadorsillos que creen lo mismo— que ser soberano no significa ser dueño de sus pueblos, y que los tratados deben cumplirse. Pero claro, las redes oficiales muestran a un Santivañez abierto al diálogo y la democracia. Y ojo, que las actividades recién empiezan.
Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas
El juez Leodán Cristóbal Ayala ha decidido hacer caso omiso de la flamante Ley de Amnistía, ese polémico pase libre aprobado a dúo por el Gobierno de Dina Boluarte y un Congreso siempre en su papel de defensor de los desvalidos (es un decir). La norma, diseñada para borrar los delitos de militares retirados favorece a siete ciudadanos acusados de la masacre de Chumbivilcas, que incluye joyitas como abuso de autoridad, violación y tortura, fue declarada inaplicable.
El magistrado, ejerciendo el “control difuso” (esa molesta facultad constitucional que permite a los jueces pensar), argumentó que la ley es manifiestamente inconstitucional, pues sacrifica descaradamente los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en el altar de la impunidad. Para remate, y como para dejar claro que la idea era tan mala como parecía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había sentenciado que esta amnistía viola la Convención Americana y ordenó abstenerse de aplicarla. Los abogados de los acusados, impertérritos, anunciaron apelar. La farsa continúa.
Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de su proyecto del tren Lima-Chosica y avisa que lo hará por las buenas o por las malas
El tío Porky otra vez hizo berrinche. Ahora resulta que no hay tren a Chosica porque, según él, Acuña, Keiko y Cerrón se juntaron en un aquelarre solo para arruinarle el pastel. Esa es la excusa que el alcalde de Lima dio para justificar su capricho de comprar los trenes museo desde Estados Unidos, y que no puede poner a andar.
López Aliaga también agarró de piñata a Dina Boluarte y se quejó porque le canceló la cita, para acto seguido llamar “payaso” al ministro de Transportes, César Sandoval. Y para no perder la costumbre, el edil capitalino volvió a amenazar con poner a funcionar sus trenes aunque sea al caballazo, ya sea por las buenas o por las malas. Cómo se nota que ya está en campaña.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Cusco: Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos. Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones
Pasó en el Perú | La Libertad. Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional de La Libertad. Un reportaje de Cuarto Poder reveló un presunto sobrecosto en la adquisición de 100 patrulleros en la gestión de César Acuña Peralta. El gobernador indicó desconocer sobre este pago y aseguró que no aceptará actos de corrupción.
La compra se realizó en dos procesos diferentes de licitación pública. El Gore La Libertad firmó ambos contratos el 17 de octubre de 2024 con la empresa Maquinarias S.A., uno por la compra de 45 camionetas pick-up de doble cabina y tracción 4×4, equipadas para patrullero y el segundo por 55 camionetas con las mismas características. El Gobierno Regional pagó 17 millones 880 mil soles por las 100 camionetas.
El dominical expuso que, el 18 de octubre del 2024, solo un día después de la compra del Gore de La Libertad, la misma empresa vendió al Gobierno Regional de Áncash, la misma cantidad de camionetas, con características idénticas, pero a un costo de 14 millones 425 mil soles. ¿Por qué el Gore de La Libertad pagó 3 millones más que el Gore de Áncash?
Acuña: “No soy corrupto”
Dicha pregunta se le realizó al gobernador César Acuña, quien aseguró desconocer el presunto sobrecosto, es más, pidió a la prensa continuar con las investigaciones, porque como según dijo, su política de gestión es “cero corrupción”.
Acuña le pasó la interrogante a Martín Namay, Gerente General del Gore La Libertad, quien rechazó todo tipo de sobrevaloración y explicó el porqué de los millones “restantes”.
Según Namay, parte del dinero correspondería a los servicios de mantenimiento de las camionetas hasta los 165 mil kilómetros para parte de las unidades por tres años y para un servicio de monitoreo satelital.
El gobernador César Acuña aseveró que no aceptará actos de corrupción en su gestión. Indicó que siempre será señalado por los errores de sus funcionarios.
Finalmente, César Acuña precisó que enviará una carta notarial a Cuarto Poder para que se rectifique porque el gobernador asegura que su gestión no está manchada, informó Noticias Trujillo.
Cusco: Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos
Pasó en el Perú | Cusco. Crisis en Machu Picchu. La disputa por la carretera Hiram Bingham donde a diario se trasladan miles de turistas para visitar la maravilla mundial, está escalando peligrosamente. La actual empresa que opera la ruta, Consettur Machupicchu, anunció la suspensión de su servicio alegando falta de garantías tras un atentado contra uno de sus buses.
Pero la paralización duró apenas tres horas, tiempo suficiente para perjudicar a más de 600 turistas entre niños y ancianos. El Gobierno Regional del Cusco intervino para que vuelvan a operar y no dejar varados a miles de turistas.
Consettur sostiene que advirtió con tiempo esta situación e invoca el ‘silencio administrativo positivo’ para seguir en la ruta, una movida que se ha calificado como una jugada legal para evitar su salida de la ruta turística más ambicionada del Cusco.
Por otro lado, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, contrató los buses de otra empresa, pero aún no pueden ingresar. Comuneros respaldan el ingreso de nuevos operadores y el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, alertó que si el servicio se interrumpe otra vez podrían desatarse enfrentamientos entre la sociedad civil, pues hoy los manifestantes de ambas posturas ya llegaron hasta Cusco para exigir que se valide su posición.
Autoridades nacionales y regionales han sido llamadas a instalar de inmediato una mesa técnica para evitar que la crisis afecte, otra vez, al turismo, informó CuscoPost.
Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones
Pasó en el Perú | Ayacucho. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Ayacucho anunció que se mantendrá en “vigilancia permanente” a la presidenta Dina Boluarte, tras la aprobación en el Congreso de la ley que eleva las pensiones del magisterio al nivel de la primera escala. La norma beneficiaría a más de 23 mil docentes de la región, entre activos, cesantes y jubilados.
Alejandro José Manay Pillaca, secretario general del SUTE Regional Ayacucho – base de la Fenatep, señaló que el magisterio no permitirá que la autógrafa sea observada. “Si el gobierno de Boluarte no quiere promulgarlo, ahí va a estar el magisterio, ahí va a estar nuestra organización sindical para que podamos hacer que esto se respete”, declaró a Jornada.
El dirigente remarcó que el reclamo se sustenta en una demanda histórica. “Lo que el clamor del magisterio es pensiones justas, pensiones dignas, y esta ley felizmente se encamina en ese sentido”, indicó. También recordó que la norma aún requiere promulgación, reglamentación y financiamiento, por lo que llamó a las autoridades a asumir el compromiso con el sector educativo.
Desde Ayacucho, la Fenatep envió un reconocimiento especial al sindicato de maestros cesantes y jubilados que impulsó las movilizaciones para lograr la aprobación de la ley. “No es posible tener en esta situación de postergación a miles de maestros. Exhortamos a que esta autógrafa sea promulgada de inmediato”, concluyó Manay. Jornada.
Junín: Comuneros de Jauja levantan paro tras acuerdo para dragar la laguna Tragadero
Pasó en el Perú | Junín. Los comuneros del valle de Yanamarca, en Jauja, levantaron su paro tras más de 16 horas de bloqueo de la carretera hacia la selva central. La medida de fuerza comenzó la madrugada de este lunes en protesta por el desborde de la laguna Tragadero, que inunda cultivos y afecta viviendas por cinco meses.
El tránsito se reanudó luego de que los pobladores alcanzaran acuerdos con representantes del Gobierno Regional de Junín. La condición principal fue el inicio inmediato de trabajos de dragado para disminuir el nivel de agua de la laguna.
El gerente general regional, Roy Gonzales, informó que se trasladan maquinarias al sector Tragadero y que desde este martes se empezará con la instalación de electrobombas, excavadoras y una draga para limpiar el sumidero natural Millpún. Además, adelantó que se retomará el proyecto de un túnel inconcluso desde 2011 para dar un desfogue definitivo a las aguas.
El gobernador Zósimo Cárdenas, quien se encontraba en el Vraem, se comprometió a reunirse con las comunidades afectadas este jueves. Mientras tanto, las familias esperan que el inicio de los trabajos de dragado reduzca el riesgo para sus cultivos y viviendas, informó Huanca York Times.
Loreto: Alcalde busca adelanto de canon petrolero para obras
Pasó en el Perú | Loreto. El alcalde provincial del Datem del Marañón, Wellintong Silvano, reafirmó su compromiso en la mesa de diálogo interinstitucional e intercultural sobre la aplicación del 5% del canon petrolero. El burgomaestre sostuvo que la norma, vigente desde 2010, debe ser implementada para beneficiar a las comunidades de su provincia, que alberga siete pueblos originarios.
Silvano precisó que los municipios buscan concretar el apalancamiento de recursos con respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitiría adelantar diez años de presupuesto y financiar proyectos por más de 2,000 millones de soles.
“No pedimos dinero del tesoro público, sino que se utilicen los recursos del canon para adelantar obras que cierren brechas sociales en menor tiempo”, señaló. Añadió que su gestión mantendrá firme este objetivo hasta el final de su mandato, informó ProyContra.
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-Juan José Santiváñez viajó hasta la ONU para escuchar del propio Alto Comisionado de Derechos Humanos que la Ley de Amnistía es un grave retroceso para la verdad y la justicia. -Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas. -Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de […]
-Juan José Santiváñez viajó hasta la ONU para escuchar del propio Alto Comisionado de Derechos Humanos que la Ley de Amnistía es un grave retroceso para la verdad y la justicia.
-Juez rechaza aplicar la Ley de Amnistía que transgrede derechos de víctimas.
-Rafael López Aliaga culpa a Acuña, Keiko y Cerrón de fracaso de su proyecto del tren Lima-Chosica y avisa que lo hará por las buenas o por las malas.
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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 08 setiembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
LA LIBERTAD: Denuncian que gestión de César Acuña habría sobrevalorado compra de patrulleros CUSCO: Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos AYACUCHO: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones JUNÍN: Comuneros de Jauja levantan paro tras acuerdo para dragar la laguna Tragadero LORETO: Alcalde busca adelanto de canon petrolero para obras
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– Juan José Santiváñez, enemigo número 1 del Perú
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La Comisión de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) planteó ante el Pleno suspender de forma preventiva, por seis meses, a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema, mientras se resuelve el proceso disciplinario que se sigue en su contra.
«Disponer el inicio del procedimiento disciplinario contra la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por su actuación como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, por haber presuntamente infringido en su totalidad, los deberes previstos en la Ley de la Carrera Fiscal, y, por tanto, habría incurrido en la comisión de faltas graves», dice el informe que formuló la instructor, María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ),
La medida se refiere específicamente a que la actual fiscal de la Nación, “no habría acatado la decisión de reponer de manera a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público”. Y busca suspender temporalmente a la fiscal en su función de Fiscal de la Nación y de cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público o ante cualquier otra institución.
A la Fiscal de la Nación aún no la han notificado sobre esta propuesta de suspensión preventiva. Es por eso que la titular del Ministerio Público, espera recibir la notificación oficial y así poder presentar sus descargos y defender su posición en el proceso disciplinario en curso.
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Así como hubo militares y policías que lucharon por defender la patria y a los peruanos del demencial terrorismo, también hubo malos elementos que deshonraron sus uniformes y ahora quieren que sus actos queden impunes con la Ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por este gobierno. Foto: Idehpucp
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que preside el juez Leodan Cristóbal Ayala, decidió inaplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso en el caso de la masacre de Antabamba y Chumbivilcas, Cusco, que implica a ocho militares por delitos de abuso de autoridad, violación, tortura, entre otros.
La decisión se tomó tras la solicitud presentada por los abogados de los procesados para que se aplicara la nueva ley impulsada por el Legislativo y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. La disposición cuenta con respaldo de la Constitución que establece que los jueces pueden interpretar y dejar de aplicar normas bajo el mecanismo conocido como control difuso.
El juez Cristóbal Ayala consideró que “la ley vulnera los derechos de los agraviados” y citó trabajos previos de juristas que han concluido que normas similares son inconstitucionales, “al impedir la reparación debida a las víctimas de abusos cometidos por militares y policías durante el conflicto armado interno”.
«No es posible interpretar la norma en cuestión a costa de los derechos a la verdad, dignidad, justicia, tutela jurisdiccional efectiva y reparación civil de las víctimas y sus familiares; además, limita las competencias constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como los derechos subjetivos reconocidos a las víctimas. La Ley de Amnistía resulta manifiestamente inconstitucional, por lo que no hay otro remedio constitucional cuya inaplicación mediante el mecanismo del control difuso (…)», dice la resolución.
Esta es la segunda vez que el Poder Judicial aplica el control difuso. Como se recuerda el pasado 20 de agosto, el juez Richard Concepción Carhuancho tomó la misma decisión en el caso Castro Arias. Proceso sobre “desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Huanta y Huamanga en 1984, en circunstancias absolutamente lejanas a combates, enfrentamientos armados o ataques terroristas”.
Corte IDH instó al Estado peruano y a los jueces a no aplicar la Ley de amnistía
Mientras la defensa de las víctimas como el Ministerio Público respaldaron la decisión del juez, los abogados de los procesados dijeron que apelarán la resolución emitida.
Como se informó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó su decisión de mantener vigentes las medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Subrayó que la Ley de Amnistía, que favorece a personas procesadas o condenadas por asesinatos, desapariciones y actos de tortura cometidos entre 1980 y 2000, es inaplicable porque vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado al que el Perú está suscrito.
El organismo instó al Estado peruano, y en especial a los jueces, a abstenerse de aplicar la Ley y otorgar esta amnistía mientras no se emita una decisión definitiva sobre el fondo del caso. Se busca impedir que la norma produzca efectos jurídicos hasta que el tribunal emita una resolución final sobre la ampliación de medidas provisionales solicitadas.
“El Estado, incluidos todos sus organismos, autoridades judiciales y tribunales que reciban solicitudes basadas en esta norma, está obligado a ejercer control de convencionalidad y rechazar tales pedidos”.
¿Qué pasó en Chumbivilcas?
Los hechos transcurrieron entre el 19 y 30 de abril de 1990 en la provincia alta de Chumbivilcas, en Cusco. Según la investigadora Iris Jave, se considera este como uno de los episodios más violentos en la historia del conflicto armado peruano. “En este lugar se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual perpetrados por fuerzas militares en agravio de población campesina”.
Como demostró luego la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), tuvo su origen en un estigma hacia la población debido a su procedencia campesina, pobre y quechua hablante, a quienes veían como sospechosos de terroristas… detuvieron indebidamente a varios campesinos, a quienes obligaron a desnudarse, para luego someterlos a interrogatorios, sumergirlos en el agua -de ríos o lagunas- y a la vez propinarles golpes o patadas, con el propósito de obtener declaraciones autoinculpatorias o información sobre integrantes de Sendero Luminoso.
Algunas personas fueron liberadas. Otras, como consecuencia de esta tortura, fallecieron y continúan desaparecidas. En ocasiones, los obligaron a beber licor junto con una sustancia desconocida. Un campesino murió después de consumirla, según el Informe Final de la CVR.
Las mujeres detenidas sufrieron violación sexual, siendo que a una de las víctimas la ultrajaron hasta diez soldados. El 26 de abril se produjo la ejecución extrajudicial de diez personas detenidas, primero las llevaron al cerro Capullullo, y luego se les quitó la vida con una granada y disparos de ráfagas de armas de fuego. Días después, el 28 de abril, los pobladores denunciaron estos hechos ante la fiscalía, y desde aquella fecha las víctimas tuvieron que esperar varios años para que se reconozca la responsabilidad penal de estos miembros del Ejército.
Servidores de Educación en Arequipa reclaman 13 millones de soles en bono CAFAE.
Trabajadores administrativos de las sedes educativas de la región Arequipa han esperado por más de ocho meses sin resultados al cumplimiento de la octogésima disposición complementaria de la Ley Nº 32185 (Ley de Presupuesto 2025). Este habilita el incremento del CAFAE, equivalente a un bono adicional en sus ingresos. Aseguran que la responsabilidad recae en el gobernador Rohel Sánchez.
“Ya mucho nos han mecido ya. Llevamos ocho meses y no nos pagan nuestro CAFAE, merecemos un pago para tener una vida mejor”, declaró una trabajadora y miembro de la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú (FESADEP) de Arequipa. Otro miembro del gremio explicó que son más de 400 servidores del régimen Nº 276 que laboran entre las diez Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel), así como de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a los que se les incumplió este incentivo económico.
Esta exigencia obligó a los trabajadores a realizar hoy un plantón a las afueras de la sede del Gobierno Regional de Arequipa. Incluso, hubo quienes se encadenaron en las rejas de la institución, ubicado en la Av. Kennedy. “Ya no sabemos qué hacer. Todo es firma de actas, promesas y promesas que no se cumplen”, expresó otra trabajadora proveniente de la Ugel Islay.
En respuesta a la protesta, el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa, Marco Sipán, señaló que no tienen esa disponibilidad presupuestal para ejecutar el aumento que reclama la FESADEP.
Explicó que la normativa resulta inviable, ya que el presupuesto regional, que se aprobó con un año de anticipación en la Ley de Presupuesto, está ya comprometido en los diferentes sectores.“No podemos agarrar el dinero de otros sectores. No podemos desvestir un santo para vestir otro”, declaró en los canales oficiales del GRA.
“El incremento que se pide demanda 13 millones de soles y es imposible tenerlo en este momento… Esa norma debió haber sido acompañada con un presupuesto”, explicó Sipán. El funcionario instó a que se evalúe redireccionar saldos del sector Educación para cubrir los pagos de forma parcial, mientras se sostienen alternativas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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En la madrugada de hoy (00:30 h), una fuerte interrupción del servicio eléctrico dejó sin energía a varios sectores de la carretera Sullana – Jibito, afectando a familias y servicios esenciales como el Hospital de Apoyo II, además de urbanizaciones, asentamientos humanos y centros poblados. Mientras el personal técnico de Enosa realizaba labores de inspección […]
En la madrugada de hoy (00:30 h), una fuerte interrupción del servicio eléctrico dejó sin energía a varios sectores de la carretera Sullana – Jibito, afectando a familias y servicios esenciales como el Hospital de Apoyo II, además de urbanizaciones, asentamientos humanos y centros poblados.
Mientras el personal técnico de Enosa realizaba labores de inspección para ubicar la falla, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que los secuestraron con armas de fuego, atándolos y abandonándolos en plena vía Sullana – Piura. La unidad en la que se desplazaban fue hallada más tarde en Curumuy gracias al sistema de rastreo GPS.
Afortunadamente, los trabajadores fueron rescatados y se encuentran a salvo. Enosa ha presentado la denuncia ante las autoridades competentes y exige que se investigue este hecho que pone en riesgo la vida de quienes, incluso en altas horas de la noche y en condiciones adversas, trabajan para garantizar el servicio eléctrico a la población.
Actualmente, nuestra cuadrilla de técnicos se encuentra en el lugar de la emergencia realizando la reparación de la línea de media tensión, con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas afectadas lo más pronto posible.
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Los comuneros, cansados de las constantes postergaciones en la ejecución del proyecto, exigieron explicaciones al funcionario. Al no obtener respuestas claras, procedieron a sujetarlo y aplicarle castigos físicos (chicotazos), en presencia del alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera. “Usted nos va a escuchar, señor. Hay que cumplir lo que se dice. No somos juguetes de […]
Los comuneros, cansados de las constantes postergaciones en la ejecución del proyecto, exigieron explicaciones al funcionario. Al no obtener respuestas claras, procedieron a sujetarlo y aplicarle castigos físicos (chicotazos), en presencia del alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera.
“Usted nos va a escuchar, señor. Hay que cumplir lo que se dice. No somos juguetes de nadie. ¡Necesitamos que se cumpla!”, reclamó con firmeza uno de los ronderos durante la acción.
Obras del aeropuerto de Jaén siguen sin concretarse
El proyecto de mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén en Cajamarca debía estar concluido a inicios de 2025, según el cronograma inicial. Sin embargo, la entrega fue postergada en varias ocasiones: primero a mayo, luego a julio y, finalmente, a agosto. A la fecha, las obras del aeropuerto continúan inconclusas, generando molestia en la población local.
Este incidente ha generado debate sobre la falta de avance en las obras públicas en Cajamarca y la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables, en especial Corpac, empresa encargada de la administración aeroportuaria en el Perú.
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En Ayacucho, el 80 % de las empresas formales no logra superar los tres años de existencia, según cifras de la Cámara de Comercio. La falta de planificación, la informalidad y la ausencia de mercados consolidados son las principales razones de este fenómeno. El gerente de la institución, Iber, explicó que “de cada diez empresas […]
En Ayacucho, el 80 % de las empresas formales no logra superar los tres años de existencia, según cifras de la Cámara de Comercio. La falta de planificación, la informalidad y la ausencia de mercados consolidados son las principales razones de este fenómeno.
El gerente de la institución, Iber, explicó que “de cada diez empresas que se constituyen, solo dos llegan a sobrevivir. Es muy lamentable porque se pierde inversión y esfuerzo de los emprendedores”. Agregó que muchos negocios se inician por tendencia o entusiasmo, pero sin estudios de mercado ni planes de negocio sólidos.
Otro factor que limita el crecimiento empresarial en la región es la alta informalidad laboral. De acuerdo con la Cámara de Comercio, nueve de cada diez trabajadores en Ayacucho no cuentan con un empleo formal, y el sector agrario concentra casi el 100 % de esa situación. Esto genera inestabilidad para los emprendimientos y reduce las posibilidades de acceder a créditos o beneficios.
Pese a este panorama, sectores como la construcción privada y el turismo han mostrado un desempeño positivo en lo que va del año. Sin embargo, el gremio empresarial considera necesario promover mayor formalización, capacitación y acompañamiento técnico para que los negocios locales puedan sostenerse y crecer en el tiempo.
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¿Nuestro Ejército no vigila la frontera peruana? En la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero (Putumayo, Loreto), pobladores hallaron una bandera colombiana izada en la plaza principal, lo que generó preocupación y reclamos hacia las autoridades peruanas. El consejero regional Luis Cárdenas confirmó que militares retiraron el símbolo extranjero, […]
¿Nuestro Ejército no vigila la frontera peruana? En la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero (Putumayo, Loreto), pobladores hallaron una bandera colombiana izada en la plaza principal, lo que generó preocupación y reclamos hacia las autoridades peruanas.
El consejero regional Luis Cárdenas confirmó que militares retiraron el símbolo extranjero, aunque la población cuestionó que no se contara con una bandera nacional para reemplazarla.
Los comuneros exigieron al Estado reforzar la presencia en esta zona limítrofe y advirtieron que no existen patrullajes permanentes ni servicios básicos.
Señalaron además que este es el tercer incidente similar en lo que va del año, lo que consideran una muestra del abandono en el que se encuentra la frontera amazónica.
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Un reciente estudio denominado “Mercurio en Loreto: exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica” ha revelado preocupantes niveles de mercurio en comunidades del Bajo Putumayo, en la región Loreto. Los resultados muestran que la población de esta cuenca presenta niveles de exposición casi el doble que en la cuenca […]
Un reciente estudio denominado “Mercurio en Loreto: exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica” ha revelado preocupantes niveles de mercurio en comunidades del Bajo Putumayo, en la región Loreto. Los resultados muestran que la población de esta cuenca presenta niveles de exposición casi el doble que en la cuenca Nanay-Pintuyacu, lo que convierte a estas comunidades en las más afectadas de la región.
De acuerdo con los análisis, el 83% de la población evaluada en el Bajo Putumayo se encuentra en riesgo alto para la salud, frente al 37% en Nanay-Pintuyacu. Las mujeres en edad reproductiva son uno de los grupos más vulnerables: el 81% de ellas registró niveles peligrosos, en contraste con el 35% en la otra cuenca evaluada.
Niveles de mercurio en personas y peces
El informe detalló que el valor medio de mercurio en cabello humano en el Bajo Putumayo alcanzó los 15.67 mg/kg, casi el doble que en Nanay-Pintuyacu (8.41 mg/kg). Además, el 97% de las personas analizadas en el Putumayo y el 96% en Nanay-Pintuyacu superan el límite de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecido en 2.2 mg/kg.
El riesgo también se refleja en los peces, principal fuente de proteína para la dieta loretana. En el Bajo Putumayo, el 32% de las especies superó el límite de consumo recomendado por la OMS (0.5 mg/kg). Entre ellas se identificaron especies carnívoras como bagre lince, huapeta, paiche, pez chino y chambira, que tienden a acumular mayores concentraciones de mercurio.
El riesgo también se refleja en los peces, principal fuente de proteína para la dieta loretana. (Foto: CINCIA)
“Los datos muestran que los peces analizados actualmente presentan niveles de mercurio similares a los reportados en zonas sin actividad minera. Sin embargo, las poblaciones humanas sí registran valores de riesgo, probablemente debido al alto consumo de pescado, en especial de especies carnívoras, que son las que acumulan mayores concentraciones de mercurio”, explicó Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio de CINCIA.
Impactos en la salud y la seguridad alimentaria
Los especialistas advierten que los resultados son alarmantes por el impacto que pueden tener en la salud materno-infantil. La exposición a altos niveles de mercurio puede provocar daños neurológicos irreversibles en el desarrollo fetal y otros problemas de salud asociados.
La investigación también analizó sedimentos en cochas y ríos. Si bien solo el 2% de las muestras superó el límite de referencia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), las cochas mostraron mayores concentraciones que los ríos, lo que incrementa el riesgo en ecosistemas frágiles.
El informe advierte que Loreto, la región con mayor consumo de pescado en el Perú, requiere medidas urgentes de prevención y gestión territorial. Entre las recomendaciones se incluyen reforzar el monitoreo de mercurio, promover prácticas alimentarias seguras y frenar el avance de la minería ilegal para evitar que se repita la crisis que atraviesan Madre de Dios y otras zonas de la Amazonía.
“Los resultados obtenidos en el presente estudio son una oportunidad para ver acciones preventivas de manera colaborativa y articulada en los diferentes aspectos, salud, dieta y otros, en beneficio de las poblaciones más vulnerables como son las comunidades, y estas no se vean más afectadas ante la creciente expansión de la minería ilegal que agravaría esta situación”, sostuvo Claus García, gerente del Paisaje Yaguas de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.
El informe advierte que Loreto, la región con mayor consumo de pescado en el Perú, requiere medidas urgentes de prevención y gestión territorial. (Foto: CINCIA)
Compromiso con las comunidades
En respeto a los principios éticos de investigación, los resultados fueron primero presentados a las comunidades participantes antes de su divulgación pública. El Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS-Perú) organizaron talleres para compartir los hallazgos y dialogar sobre medidas de prevención, entre ellas prácticas de consumo de pescado más seguras.
El estudio se realizó en el marco del proyecto “Reduciendo el avance de la minería ilegal de oro y sus impactos en áreas prioritarias de biodiversidad, corredores de conservación y paisajes transfronterizos de Colombia, Perú y Brasil”, implementado por la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y financiado por la Fundación Gordon & Betty Moore.
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Química Ambiental, con la colaboración del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y CINCIA.
Ciencia para la Amazonía
CINCIA, con presencia en Madre de Dios y Loreto, tiene como misión generar conocimiento científico para enfrentar las amenazas a los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana en la Amazonía peruana. Este estudio constituye una alerta temprana sobre los riesgos de exposición al mercurio en Loreto y una base para diseñar políticas públicas que protejan a las comunidades más vulnerables frente al avance de la minería ilegal.
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La región de Arequipa registra actualmente a 209 ciudadanos extranjeros privados de libertad en sus tres establecimientos penitenciarios, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), actualizado a enero del presente año. Del total, 139 ya cuentan con sentencia firme del Poder Judicial, mientras que los restantes se encuentran en situación de prisión preventiva.
El penal de varones de Socabaya alberga la mayor cantidad de esta población, con 159 internos foráneos de un total de 2 mil 310 reclusos. Le sigue el establecimiento de Camaná, donde hay 33 extranjeros de 457 internos, y finalmente el penal de mujeres de Arequipa, con 17 reclusas extranjeras de una población total de 170.
Los delitos más frecuentes por los cuales esta población se encuentra recluida, incluyen tráfico ilícito de drogas, robo agravado, extorsión y homicidio. También se registran casos vinculados a sicariato y asociación ilícita para delinquir. Entre las nacionalidades predominantes destacan Colombia y Venezuela.
Esta cifra forma parte de una tendencia nacional al alza en los últimos años. Las estadísticas anuales a nivel país han mostrado incrementos considerables, superando los mil casos anuales desde 2023. Muchos de estos detenidos son posteriormente liberados por insuficiencia probatoria.
Paralelamente, las autoridades locales enfrentan el desafío de la migración irregular. Solo en lo que va del año, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con Migraciones, ha intervenido a más de 600 extranjeros en situación migratoria irregular en la región Arequipa. Sin embargo, únicamente 46 de ellos han sido expulsados del país mediante un proceso administrativo extraordinario.
El mayor PNP Reymy Revilla, jefe de Seguridad del Estado de Arequipa, precisó que diariamente se interviene entre 4 y 5 personas sin documentación válida. Ellos son sometidos a un proceso ordinario. Este procedimiento puede extenderse hasta por 9 meses, a diferencia del extraordinario, que se resuelve en 24 horas.
Un ejemplo reciente de esta dinámica ocurrió el viernes 5 de septiembre, cuando 10 ciudadanos venezolanos fueron intervenidos en el km 48 de la Panamericana Sur mientras viajaban en un bus interprovincial con destino aArequipa. Todos fueron trasladados a la frontera de Desaguadero para su expulsión inmediata mediante el procedimiento extraordinario.
Las autoridades recuerdan que cualquier extranjero expulsado que intente reingresar al país de manera irregular se hace pasible del delito de reingreso indebido. Hasta la fecha, ninguno de los expulsados este año ha intentado volver.
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Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El riesgo también se refleja en los peces, principal fuente de proteína para la dieta loretana. (Foto: CINCIA)
El informe advierte que Loreto, la región con mayor consumo de pescado en el Perú, requiere medidas urgentes de prevención y gestión territorial. (Foto: CINCIA)
