El transporte de turistas hacia la Llaqta de Machu Picchu atraviesa un momento crítico. La empresa Consettur Machupicchu S.A.C. anunció la suspensión de su servicio desde el 7 de septiembre de 2025. Esta decisión afecta el traslado de viajeros desde Machupicchu Pueblo hasta el ingreso al santuario histórico.

La empresa explicó que el contrato de concesión con la Municipalidad Provincial de Urubamba venció el 4 de septiembre, por eso Consettur pidió ampliar el plazo hasta que la municipalidad convoque un proceso de licitación. La solicitud ingresó el 15 de agosto, pero según informaron a través de un comunicado, no obtuvo respuesta oficial.

La Municipalidad Provincial de Urubamba otorgó un contrato temporal a la empresa Transportes San Antonio de Torontoy para operar la ruta Hiram Bingham tras el fin del contrato de Consettur. El subgerente de la municipalidad explicó en Machupicchu Pueblo que el proceso cuenta con respaldo del MTC y el Sernanp, y notificó a Consettur para retirar progresivamente sus buses mientras ingresan las nuevas unidades.

Señaló que la transición requiere programación y respeto a la capacidad de carga para no afectar a turistas ni a la población, y afirmó que la municipalidad asumirá la administración siguiendo un cronograma ya enviado a las autoridades. La población respalda la decisión del municipio y vienen realizando movilizaciones exigiendo el retiro de los buses de Consettur.

Por su parte, Consettur afirma que la legislación le permite seguir operando por aplicación del silencio administrativo positivo. Comunicó este hecho a la municipalidad y notificó a la Contraloría General de la República. Sin embargo, la municipalidad otorgó un título habilitante adicional a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy S.A. Esta medida generó tensión social en el distrito de Machupicchu.

Consettur denuncia violencia y suspenden transporte de turistas en Machu Picchu

El clima se volvió más tenso el 6 de septiembre de 2025. Ese día, a las 17:45 horas, el bus de placa X/N-952, propiedad de TRAMUSA, sufrió un atentado en Puente Ruinas. Personas desconocidas atacaron la unidad cuando se dirigía a recoger pasajeros en la Llaqta de Machupicchu. El hecho ocasionó daños materiales y quedó en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que iniciaron investigaciones para hallar responsables.

Consettur expresó su rechazo a la violencia que pone en riesgo la integridad de pasajeros, trabajadores y vehículos. También responsabilizó al ingeniero Ronald Vera Gallegos, alcalde provincial de Urubamba, por la situación. La empresa pidió la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Según la empresa, la suspensión del servicio busca proteger la seguridad de turistas nacionales y extranjeros y la de su personal. Consettur pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros instalar una mesa técnica que solucione de manera definitiva el problema. La empresa afirma que la improvisación municipal originó el conflicto y afectó la estabilidad del transporte.

La crisis del transporte en Machu Picchu revela un escenario donde la falta de acuerdos y la violencia impactan en la experiencia de miles de visitantes. Autoridades y operadores privados enfrentan la presión de resolver el servicio de acceso al sitio turistico más visitado del país.

Desde Consettur suspenden transporte de turistas en Machu Picchu

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Por Rosario Cardeña

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Si Arequipa fuera una mujer, ¿que aspecto tendría?

Los titulares de los tres órganos electorales, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informaron los últimos avances del proceso para las Elecciones Generales 2026. 

Explicaron las etapas que han concluido y las que están en marcha dentro del cronograma electoral que se aprobó. Uno de los puntos de mayor interés es la “formación” de los electores frente a la complejidad de los comicios del próximo año por la cantidad de partidos que se presentan y el retorno de la bicameralidad del Congreso.

Un tema aparte, es el voto digital para militares y policías que tiene que pasar una auditoría para que se valide el software. Este sistema de votación corre el riesgo de no aplicarse para las próximas elecciones, dado que requiere de más tiempo para ser probado.

¿Cuántos peruanos votarán en las elecciones 2026?

En las próximas elecciones del 12 de abril de 2026, participarán más de 27 millones 350 mil peruanos. De ellos, más de 1.8 millones viven en el extranjero, pero esa cifra podría elevarse a los 3.5 millones, según informó Migraciones.

Frente a la cantidad de votantes, se ha previsto la instalación de 91,613 mesas de sufragio distribuidas en 9,696 locales. Y serán necesarios un total de 824,517 miembros de mesa.

Elecciones 2026: Solo tres alianzas electorales fueron admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

¿Por qué se votará cinco veces en la misma jornada?

Las organizaciones políticas que participarán serán, finalmente, un total de 39. De estas, 36 irán solas y 7 en 3 alianzas que cumplieron con presentarse en el plazo estipulado. Esto implica que han quedado habilitados para postular, 10,257 candidatos a la Presidencia, Congreso de la República y Parlamento Andino.

Es por eso que los ciudadanos tendrán que votar cinco veces en una misma cédula. Esto, a fin de elegir a 208 autoridades: 1 presidente, 2 vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 parlamentarios andinos, entre titulares y suplentes, según lo informaron ante la Comisión de Constitución. Esto da la posibilidad de marcar hasta cuatro votos preferenciales.

Y si las 39 agrupaciones presentaran candidatos, habría 117 aspirantes a presidente o vicepresidente. Otros 3,354 para senadores; 6,162 para diputados y 624 para parlamentarios andinos, incluyendo a los representantes de los peruanos en el exterior.

¿Cuál es el tamaño de la cédula de votación?

Esto hace que las elecciones del 2026 sean consideradas complejas, como lo será que los electores conozcan la cédula de votación, que es la más grande que se haya tenido históticamente. Mide 44 centímetros de alto y 42 centímetros de ancho. La cédula que se usó para las elecciones en el año 2020 tuvo 25.00 cm. de ancho y 21.00 cm. de largo.

La complejidad de la cédula determinaría que el tiempo de la votación sea mayor, pudiendo llegar a las ocho horas, precisamente por el tamaño del formato y la cantidad de opciones en disputa. Respecto al voto presidencial, se estimó que la contabilización demoraría entre una hora y una hora y 45 minutos, gracias al procedimiento simplificado para esta elección.

En la cédula, los símbolos partidarios y las fotos de los candidatos presidenciales se ubican a la izquierda. Luego, hay dos columnas para la elección de senadores: la primera con símbolos de partidos y dos casillas para la votación preferencial. Y la segunda, muestra solo una casilla. Y se replica el formato para diputados y Parlamento Andino, para facilitar la selección de candidatos y agilizar la votación.

Voto digital para militares y policías

La ONPE, no tiene aún garantizada la implementación del voto digital para unos dos millones de electores entre militares, policías, además de discapacitados, bomberos y peruanos en el exterior, entre otros grupos priorizados.

Esto, por el tiempo que ha tomado habilitar esta forma de votación “virtual” y que, en experiencia comparada en otros países, este sistema ha requerido de 5, 10 y hasta 20 años para que se implemente.

Además, está la necesidad de garantizar que el voto sea secreto y no sea vulnerable en el tiempo. Como explicaron, la data del voto digital “se mantendrá en el tiempo, pero, por más encriptamiento que haya, la posibilidad de que sepamos por quién votó una u otra persona es grande, porque los dos incentivos para eso son, el dinero y el poder”, advirtió Piero Corvetto de la ONPE.

Y esa es la razón por la que el JNE debe realizar una auditoría del software del voto digital que la ONPE presentará el 15 de octubre. El trámite demandará unos 5 meses en promedio, lo que resulta muy poco tiempo. Se han “caído” dos licitaciones para que alguna empresa haga esa auditoría, pero se volverá a convocar a otra nueva licitación.

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Arequipa, ciudad conocida por su valor histórico y tradicional, vive desde hace un tiempo, una transición hacia la modernidad. En la última década y media, se han levantado grandes malls que han redefinido el ocio y el comercio local. Pero este breve perfil de la transformación de la idiosincrasia de la ciudad está distanciado de una apología a la comercialización y cultura del consumo.

Cada 7 de septiembre se celebra el día de la independencia de Brasil en 1822, el de la revolución en Mozambique hace medio siglo y el de la recuperación del canal de Panamá en 1977. En torno a esta misma, Bolívar escribió su carta de Jamaica de 1814 pidiendo una alianza con los británicos para liberar Hispanoamérica y también culminó en 1522 la primera circunnavegación al mundo, aquella que unificó al globo en torno a las únicas dos lenguas que tienen más hablantes nativos mestizos: el español y el portugués.

Por eso, a partir de hoy comienza el periodo de celebraciones que une a la mayor minoría etnolingüística de la historia universal. Son los que hablan una lengua ibérica dentro de las 3 grandes potencias anglo-parlantes (UK, USA y Canadá).

En Uk se llama “Amigo Month”, pibes todos los que hablan las lenguas hispanas o lusas emplean la palabra “amigo” con la cual los identifican. Comenzando con una fecha en la cual más del 90% de los 250 millones de parlantes del portugués festejan un día nacional, el mes amigo acaba el 12 de octubre que es conmemorado por todos los países hispanohablantes de las Américas, África y Europa, así como Brasil, además de ser recordado como una resistencia de parte de los pueblos nativos americanos.

En esos 35 días, todos los 35 países y pueblos donde se habla predominantemente una lengua ibérica tienen al menos una fecha nacional oficial. Por eso se ha escogido dicho mes. En estepa, además, hay cientos de eventos que hacen las comunidades latinas, hispanas, lusas, brasileñas, ibéricas y sud/centro americanos.

Expresamos nuestros saludos al más de un millón de personas que viven en UK y que provienen de las naciones de habla hispana o lusa. Viva Latinoamérica y el mundo que hablan lenguas  hispanas, lusas, amerindias, catalanas y vascas. Viva la amistad entre britónicos y latinos.

Viva el Mes Amigo. Amo al Mes Amigo.

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Más de 430 colegios de Arequipa presentan riesgos serios en su infraestructura y requieren intervención urgente, de acuerdo con datos oficiales de julio de 2025. Del total de 1,437 locales escolares, 438 muestran deterioro estructural crítico, lo que equivale al 30.5%. Una verificación técnica determinó que 179 instituciones educativas se encuentran en estado severo de deterioro, mientras el resto necesita mantenimiento correctivo o preventivo.

El subgerente regional de Infraestructura Educativa, Fernando Villena, explicó que el diagnóstico proviene del último censo educativo en el que se reportaron fallas como grietas en muros y techos fisurados. La situación evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar pública en la región. Algunos colegios requieren reconstrucción total y, otros, rehabilitación inmediata, pero el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo, que oscila entre S/ 2,000 y S/ 9,000, resulta insuficiente para atender estas necesidades.

En tanto, la región Arequipa mantiene una brecha de infraestructura educativa superior a S/ 4,344 millones y figura entre las diez con menor asignación presupuestal del país. El Gobierno Regional elaboró 85 fichas de mantenimiento correctivo para gestionar intervenciones mayores, aunque la respuesta financiera no se ha ajustado a la magnitud de la demanda. Desde inicios de año, el Ministerio de Educación informó que 132 colegios carecen de servicios básicos como agua, electricidad o desagüe,  especialmente en zonas rurales.

Construcciones temporales y estructuras colapsadas

En la ciudad de Arequipa, se presentan casos como el colegio Jorge Basadre, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante, donde más de 850 estudiantes de secundaria reciben clases en aulas prefabricadas desde hace nueve años. Lo que debía ser una medida temporal se extendió por la falta de continuidad en el proyecto de construcción. El expediente técnico elaborado en su inicio presentó errores, y el presupuesto asignado de 18 millones de soles quedó desfasado con el tiempo. Los ambientes improvisados ocupan incluso espacios destinados a recreación y oficinas administrativas, lo que limita el desarrollo integral de los 1,900 alumnos del plantel.

En Paucarpata, la Institución Educativa Julio C. Tello también enfrentó una situación crítica que obligó a demoler uno de sus pabellones. Ocho aulas y servicios higiénicos se encontraban en riesgo de colapso tras cinco años de pedidos de intervención. Una inspección técnica realizada en agosto de 2025 confirmó el daño severo en columnas, vigas y losa, lo que llevó a ordenar la demolición inmediata. La Municipalidad de Paucarpata asumió la ejecución del nuevo proyecto de infraestructura educativa, mientras los más de 800 estudiantes continúan a la espera de mejoras.

Servicios básicos y alternativas de subsistencia de colegios en Arequipa

El déficit de infraestructura en Arequipa no se limita a los daños estructurales. El informe del Ministerio de Educación de abril de 2025 detalló que 234 locales educativos tienen conexiones de agua inoperativas, 174 se abastecen de ríos o manantiales y 24 no cuentan con ningún suministro. A nivel regional, distritos como La Unión, los estudiantes deben caminar kilómetros para asistir a clases, mientras que en distritos como Cerro Colorado algunas escuelas dependen de camiones cisterna o piletas públicas.

Frente a la carencia de servicios, 37 colegios utilizan paneles solares como alternativa energética y 57 implementaron biodigestores para el manejo de residuos. Sin embargo, 128 instituciones vierten desechos en pozos sin tratamiento, lo que representa un riesgo sanitario. Esta situación se concentra en las zonas rurales, donde existen 649 escuelas que enfrentan mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.

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Más indicios. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anunció esta semana que el contrato con el Consorcio Vías Huanchaco – empresa encargada del corredor vial Trujillo – Huanchaco – sería anulado, luego de que vecinos detectaron una serie de irregularidades dentro de la ejecución de la obra y manifestaran su preocupación en una reunión con el gobernador Acuña y el gerente general, Martín Namay. 

Noticias Trujillo advirtió que no solo los vecinos habían denunciado presuntas irregularidades en los trabajos del Consorcio Vías Huanchaco, sino que la Contraloría también alertó —a través de su último informe de control, publicado el 19 de agosto de 2025— que la empresa ganadora de la licitación no estaba cumpliendo con el acuerdo, al no utilizar la maquinaria requerida por el expediente técnico ni respetar sus especificaciones.
 

Ante todo lo señalado, el gerente Namay y el gobernador Acuña han anunciado que el contrato será anulado y la obra quedará paralizada hasta que todas las posibles irregularidades sean esclarecidas, afectando con dicha decisión a todos los pobladores huanchaqueros, quienes, en su descontento, han realizado marchas pacíficas en contra de la paralización de la obra.

La Unidad de Investigación de Noticias Trujillo ha seguido el rastro del Corredor Vial Trujillo–Huanchaco, detectando nuevas irregularidades y mayores indicios de un presunto favorecimiento a la empresa de Lucero Coca Condori.
 

Sobrevaloración

Según un informe de la Contraloría revisado por este medio, el 3 de octubre de 2020 el Gobierno Regional de La Libertad presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto de la obra “Mejoramiento y Aplicación del Corredor Vial Norte-Oeste que une la ciudad de Trujillo con el balneario de Huanchaco”, con un valor estimado de S/ 56,529,774.10. Posteriormente, el 16 de octubre del mismo año, el Gore La Libertad volvió a presupuestar el proyecto, esta vez por S/ 58,529,774.10. Sin embargo, la obra no se ejecutó hasta el 27 de septiembre de 2024, cuando la gestión de César Acuña Peralta la presupuestó nuevamente, elevando su valor a S/ 146,079,800.83, es decir, casi el triple del monto inicial.
 

Foto-Captura: La Contraloría

Consultado por Noticias Trujillo, el consejero regional Robert De la Cruz manifestó que, cuando el expediente técnico —que inicialmente pertenecía a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)— fue traspasado al Gobierno Regional, la entidad modificó dicho documento, incrementando los costos de insumos como el cemento y el acero destinados a la construcción de la obra.

“No solamente se ha triplicado el monto; sino también los costos se han triplicado en el expediente técnico. Este es el caso, por ejemplo del cemento, si tu te pones a mirar a componentes prácticamente añade que desde el 2022 hasta el año 2024 se han triplicado los precios, pero si tu miras en el mercado, los precios no se han triplicado”, manifestó De la Cruz.

Noticias Trujillo verificó y comparó los precios del presupuesto otorgado por el GORE, constatando que sí existía una posible sobrevaloración; sin embargo, esta no superaría el 10%, porcentaje que podría atribuirse a la ganancia del proveedor.
 

Favorecimiento

Tras el escándalo de las “Coca Obras” revelado por el programa periodístico Panorama, el gerente Namay, brindó una conferencia de prensa en la que argumentó que el Comité de Selección del Gobierno Regional escogió el Consorcio Vías Huanchaco por ser la empresa con la mejor propuesta económica (s/. 121,515,740.82). 

La Unidad de Investigación de Noticias Trujillo revisó las propuestas económicas de todas las empresas que se presentaron al concurso público, verificando así que, el supuesto beneficio económico que significó otorgar la licitación al Consorcio conformado por Lucero Coca Condori, apenas fue de 28 soles con 87 céntimos.

Según el Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas emitida por el Comité de Selección del Gobierno Regional, para la construcción de la obra del Corredor Vial Trujillo – Huanchaco se presentaron 4 consorcios:

El Consorcio Virgen de La Puerta se postuló para dicha licitación con un presupuesto de S/. 121,515,740.82, pero fue descalificado por tecnicismos dentro del expediente técnicos que, siempre según el Gobierno Regional hacían a la empresa “no admisible”

Foto: UDI Noticias Trujillo

Un caso parecido se da con el Consorcio Vías Virgen de La Puerta que ofertó una propuesta económica de S/. 121,517,740.81; sin embargo, también fue descalificado por un error de cálculo aritmético en el IGV que aumentaba su presupuesto en 1 sol.

Foto: UDI Noticias Trujillo

No obstante, los casos que más llaman la atención son los de los consorcios Vías Huanchaco y Constructor La Libertad. Ambas empresas fueron declaradas como admisibles por el GORE La Libertad. Pero la ganadora, como se sabe fue la empresa Vías Huanchaco por una diferencia de 28 soles con 87 céntimos.

Foto: UDI Noticias Trujillo

Estos nuevos descubrimientos revelan más indicios de los nexos entre el Gobierno Regional de La Libertad y la familia Coca Condori, lo que pone en jaque la gestión de César Acuña Peralta.
 

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Una generosa rebanada de cabeza de chancho, sobresale del pan de tres esquinas, y la «gordita» pregunta al impaciente cliente: ¿le pongo ensalada de cebolla? El cliente le responde, con dejo arequipeño: ¡métele de todo, gordita, métele!

Con ocho votos en contra y cinco a favor, la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), encabezada por el Ministerio de Cultura, rechazó la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto, en la frontera con Brasil. Esta decisión desconoce más de dos décadas de lucha indígena y la presentación de 113 evidencias antropológicas que confirman la presencia de pueblos en aislamiento en la zona, dejándolos ahora expuestos a mayores riesgos.

El 4 de septiembre se realizó la votación en la Comisión Multisectorial, donde los votos en contra provinieron del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Interior (Mininter), el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) y las municipalidades de Maynas, Requena y Ramón Castilla. Mientras, otros sectores clave como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam) no participaron en la sesión.

Denuncias de injerencia política

La organización Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, cuestionaron la intromisión del congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular), cuya presencia en la sesión, de carácter reservado, fue considerada una presión indebida.

¿Quién es Mori? Se trata del autor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) para que las reservas indígenas sean sometidas a revisiones periódicas, con la posibilidad de recortarlas o incluso extinguirlas, argumentando supuestos “impactos en el desarrollo regional y nacional”.

“Denunciamos la injerencia política indebida durante la sesión con la presencia del congresista Juan Carlos Celis Mori de la bancada de Acción Popular, promotor de iniciativas anti-PIACI, lo que constituye una clara maniobra de presión y contraviene el carácter reservado de la Comisión”, alertaron las organizaciones en un pronunciamiento publicado hoy 5 de septiembre.

Falta de transparencia y graves irregularidades

Aidesep y las otras organizaciones también denunciaron que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Midagri, presentó un día antes un informe desactualizado sobre concesiones forestales vigentes que supuestamente se superponen al área solicitada para la reserva, pese a que estas ya habían sido anuladas por el Poder Judicial o estaban en proceso de reubicación.

“Cabe precisar que estas concesiones fueron otorgadas de manera ilegal ya que la Ley Forestal y su Reglamento prohíben otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados como reservas indígenas”, señaló la organización.

Una contradicción del Estado y riesgos

La noticia de este rechazo a la reserva resulta aún más contradictorio si consideramos que hace siete años, en 2018, fue el propio Estado quien reconoció formalmente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro en Yavarí Mirim.

Al desaprobarse el Estudio de Categorización, no se delimita ni protege su territorio.

“Se evidencia una grave irregularidad porque se ha reconocido la existencia de pueblos aislados en una zona, pero se incumple con delimitar y proteger su territorio, incrementando los riesgos a su vida, integridad y subsistencia”, remarcaron.

Desde la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) también se pronunciaron al respecto. “El derecho a la vida de los pueblos en aislamiento no se negocia”, declaró la organización, que exigió al Estado garantizar procesos transparentes, libres de presiones políticas y con respeto a los compromisos asumidos.

La falta de protección incrementa la vulnerabilidad de los PIACI ante el avance descontrolado de economías ilegales como la tala, el narcotráfico y el crimen organizado. La categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim representaba un paso clave para garantizar su resguardo.

Una lucha demandada desde 2003

La creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es una demanda que ORPIO y Aidesep sostienen desde 2003. Sin embargo, los plazos legales establecidos en la Ley PIACI fueron incumplidos de manera reiterada, dejando durante dos décadas a los pueblos en aislamiento en total desprotección frente a amenazas como la deforestación, las economías ilegales y las presiones extractivas.

Como mencionamos al inicio, el pedido se sustenta en 113 nuevas evidencias antropológicas, las cuales fueron recogidas en el Estudio Adicional de Categorización presentado en 2024. Dicho informe documenta hallazgos como malocas, chacras, cerámicas, utensilios, fogatas, arcos y flechas, además de avistamientos y testimonios de contacto, que confirman de manera fehaciente la existencia de estos pueblos.

La delimitación planteada abarcaba 1’177,549 hectáreas y beneficiaría también a las comunidades colindantes, a través de la instalación de puestos de vigilancia, acceso a servicios básicos y mayor seguridad territorial. Un ejemplo de ello es la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, donde ya funcionan cuatro puestos de control y vigilancia gestionados con participación activa de comuneros locales, contratados como agentes de protección.

El rechazo a la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es visto como un grave retroceso en la protección de los pueblos más vulnerables de la Amazonía, pese a que el proceso ya contaba con respaldo técnico, jurídico y judicial. Esta decisión, lejos de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, expone aún más a los PIACI y muestra el accionar del Estado frente a los múltiples compromisos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos y protección indígena.

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El juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en la Universidad Nacional del Centro del Perú entre 1989 y 1993, está en su fase de alegatos finales. El viernes pasado, 26 de agosto, el fiscal del caso, Telmo Michel Morales Cruzado, reiteró su pedido de 25 años de cárcel para ocho oficiales del Ejército que estuvieron al mando de la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, cuando ocurrieron los crímenes.

En la audiencia de este viernes 5 de setiembre, le correspondió a la defensa de los familiares de las 64 víctimas y a la parte civil presentar su posición en el caso. 

“Se utiliza una estructura y una logística militar. El cuartel 9 de diciembre ubicado en el distrito de Chilca, en la ciudad de Huancayo, se convierte en un centro de detención clandestino. No reconocido, pero un centro de detención. Y de esto, los múltiples testimonios de agraviados, sus familiares y testigos dan cuenta de la utilización de esta dependencia militar”, argumentó Carlos Rivera Paz, experimentado abogado especializado en Derechos Humanos, ante los jueces del tribunal.

Pero la acusación va más allá de señalar un lugar: apunta a una estrategia deliberada. Rivera Paz fundamentó su alegato en manuales militares de la época que, en su interpretación, institucionalizaron la práctica ilegal.

“Los manuales 41-7 y 41-8 acreditan que la estrategia contrasubversiva contemplaba como parte de las atribuciones militares la detención e interrogatorio de la persona detenida”, sostuvo Rivera Paz.

Este punto es crucial para la fiscalía y las partes civiles, ya que busca demostrar que los crímenes no fueron ‘excesos individuales’ sino la aplicación de un plan sistemático. Para ello, Rivera aplicó la teoría del “dominio del aparato organizado de poder”, del jurista alemán Claus Roxin, que persigue a los mandos superiores (‘los hombres de atrás’) como autores mediatos de los crímenes, por tener el control absoluto de una estructura jerárquica que ejecutaba sus órdenes de forma irrevocable.

“El comandante general dispone y ordena y la estructura lo cumple de manera irremediable y disciplinada. Los que ejecutan las órdenes son personas que probablemente jamás conocieron a los comandantes generales, pero cumplían porque la orden era del jefe superior”, señaló el abogado de las víctimas.

Incluso la Policía estuvo subordinada a la Comandancia general de la 31 Brigada de Infantería del Ejército, que era el comando único. 

Así, Rivera sostuvo que las desapariciones, secuestros y asesinatos no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de la estrategia militar diseñada desde la 31 Brigada de Infantería. En ese esquema, explicó, los generales Luis Pérez Documet, jefe de la 31 División del Ejército Peruano en 1991; Manuel Delgado Rojas, jefe entre 1989 y 1990 y, Roboan Jaime Sobrevilla, jefe entre 1993 y 1994, ejercieron control absoluto de la estructura castrense que ejecutaba de manera disciplinada las órdenes de captura y eliminación. Por esa razón, pidió que se les declare autores mediatos de crímenes de lesa humanidad.

“Los crímenes son la sustancia de la estrategia”, afirmó, al insistir en que las violaciones sistemáticas de derechos humanos respondieron a una política institucional.

Parte civil pide reparaciones integrales

A continuación intervino la abogada Gery Vásquez, quien en representación de la parte civil pidió que la sentencia no solo imponga sanciones penales, sino también reparaciones integrales. Propuso indemnizaciones de S/ 300 mil para cada caso de homicidio y desaparición forzada, y S/ 200 mil para las víctimas de secuestro agravado, a ser asumidas solidariamente por los acusados, el Ministerio de Defensa y el Ejército, bajo un cronograma obligatorio de pago.

Vásquez también planteó que el fallo incluya medidas de rehabilitación como atención psicológica especializada y diferenciada, gratuita y cercana al domicilio de las víctimas, a través de un programa especial del Ministerio de Salud.

Asimismo, exigió medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que abarcan desde la publicación de la sentencia en castellano y quechua en medios oficiales y regionales, hasta la búsqueda de los desaparecidos, la inscripción de partidas de defunción en Reniec, el restablecimiento del buen nombre de las víctimas y disculpas públicas en la UNCP con transmisión por Justicia TV.

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La ineficacia policial en Juliaca genera indignación mientras aumentan las desapariciones de adolescentes, los asaltos urbanos se multiplican sin control efectivo por parte de las autoridades encargadas de mantener el orden público en esta importante ciudad puneña.

La presidenta de la urbanización Santa Catalina, Dora Quecara Adco, señala la ausencia total de efectivos policiales durante los patrullajes nocturnos que realizan únicamente con serenos municipales, evidenciando el abandono institucional que sufre la población juliaqueña actualmente.

La dirigente vecinal cuestiona directamente el rol de la Policía Nacional al afirmar que «la policía es un saludo a la bandera» en una ciudad donde prolifera la delincuencia juvenil sin respuesta institucional adecuada ni presencia efectiva.

Las denuncias por desapariciones enfrentan trabas burocráticas adicionales porque las autoridades exigen esperar cuarenta y ocho horas antes de iniciar investigaciones formales, demora que resulta perjudicial en casos de menores desaparecidos donde cada minuto cuenta para localizarlos.

Quecara Adco reconoce la existencia de buenos elementos policiales pero señala «policías con doble cara» que dañan la imagen institucional, además la respuesta policial varía según el estatus económico de los denunciantes, creando un sistema de justicia desigual.

La fiscal de la nación anunció supervisiones para evaluar el desempeño individual de efectivos policiales en Juliaca, medida que busca identificar elementos corruptos o negligentes dentro de las comisarías locales, aunque la población mantiene escepticismo sobre su efectividad real.

La dirigente vecinal extiende la responsabilidad hacia los padres de familia al señalar que «muchos adolescentes están desapareciendo por culpa de los papás» que perdieron autoridad sobre sus hijos, contrastando con métodos educativos anteriores más efectivos.

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-Corte IDH ratifica que la Ley de Amnistía es inaplicable y que el Perú violó la Convención Americana

-Servidores de Inteligencia de PNP son hackeados y exponen información clasificada

-César Acuña pide estado de sitio para Trujillo y que el Ejército tome el control de la ciudad

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El ingeniero Brecio Daniel Lazo Baltazar, docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Huancayo, presentó un reactor capaz de transformar botellas de plástico en combustible. Su investigación muestra que 13 kilos de plástico producen dos litros de aceite pirolítico y un balón de gas propano de 10 kilos.

Junín genera 41 millones toneladas de residuos plásticos cada año. Con esa cantidad, el potencial de producción alcanzaría 6 307 millones de litros de aceite y 3 153 millones de balones de gas propano, una fuente de energía que hoy termina contaminando ríos, calles y campos.

El prototipo del “Reactor Termoeléctrico Dual de Residuos de Plásticos con Acumulador para GLP” procesa hasta una tonelada y media de botellas al mes. El prototipo costó 120 mil soles, una inversión que podrían asumir municipios y gobiernos regionales como parte de sus políticas ambientales.
El investigador busca ahora escalar el proyecto y lograr gasolina de 100 octanos mediante una nueva destilación. Afirma que la tecnología es sostenible y replicable, y que podría abrir nuevas rutas frente a la crisis de contaminación que afecta a las ciudades del país.

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El Colegio de Abogados de Junín presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. El gremio advirtió que la norma abre la puerta a la impunidad en procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, como el caso UNCP, que está en juicio oral y a punto de sentencia.

El decano Cristhian Velita sustentó que la ley contradice los principios del derecho internacional, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, sin importar la fecha de su comisión. Recordó que el Estado tiene el deber permanente de investigar y sancionar estos delitos.
Los abogados de Junín también denunciaron que la norma vulnera derechos fundamentales como el derecho a la verdad, la dignidad humana y el acceso a la justicia, además que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en 2024 que la aplicación de esta ley produciría un “daño irreparable” al derecho de las víctimas a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

La demanda del CAJ se suma a las ya presentadas por el Colegio de Abogados de Lima en septiembre de 2024 y la Fiscalía de la Nación en diciembre del mismo año. El Tribunal Constitucional deberá resolver si mantiene la vigencia de la norma o la anula por vulnerar la Constitución y el derecho internacional.

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LE DICEN NO A DINA | Congresistas criticaron severamente el proyecto de presupuesto para el 2026, el último de la gestión de Dina Boluarte. Cuestionaron que el presupuesto del 2025 fue desperdiciado en obras inconclusas o en vehículos de lujo para altos mandos de la PNP, mientras no hubo equipamiento para suboficiales.

También reprocharon que no se asignen mayores recursos a cultura o educación, pero sí se incremente el gasto en planillas del Estado. El premier intentó calmar al Legislativo asegurando que el gobierno culminará todos los proyectos en los plazos establecidos y que el mayor logro es mantener la estabilidad económica.

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La visita del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, a la ciudad de Trujillo terminó en medio de insultos, protestas y empujones contra las autoridades. Al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, lo increparon decenas de ciudadanos, quienes le gritaron “corrupto” y “rata de dos patas” en plena Plaza de Armas, en rechazo a los recientes escándalos por presuntas irregularidades en millonarios contratos de obras públicas.

Protestas en la llegada ministerial

El titular del MTC arribó a Trujillo para participar en la inauguración de almacenes de antracita en el puerto de Salaverry, así como en la firma de un convenio entre el Gobierno Regional de La Libertad y ProInversión destinado a actualizar los estudios de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.
Sin embargo, la visita se vio marcada por las airadas manifestaciones contra el gobernador Acuña, a quien los pobladores responsabilizan de presuntos actos de corrupción en la ejecución de la carretera a Huanchaco y en la construcción del hospital de Virú.

Acusan agresiones policiales

Durante las protestas, personal de Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para controlar la situación. No obstante, pobladores de Salaverry denunciaron haber sido empujados y agredidos por la policía cuando intentaban expresar su malestar por la contaminación de carbón.

“Me han metido este [bastón o porra] al cuello. Nosotros no somos delincuentes. Si estamos acá es porque estamos luchando, porque nos estamos muriendo por la contaminación. No venimos a perder el tiempo”, relató una moradora visiblemente afectada.

Reclamos por la educación

La tensión aumentó cuando un grupo de padres y estudiantes protestó frente a la Casa de la Identidad, exigiendo mejoras en la infraestructura del colegio Mariano Melgar, del distrito El Porvenir. Según denunciaron, el plantel se encuentra en pésimas condiciones y no ha recibido atención del Gobierno Regional.

“Tenemos miedo de estar ahí [colegio] pero para no perder clases asistimos igual porque no hay otra solución. Las paredes están rajadas. Nuestros padres protestan no porque quieren molestar, sino porque quieren nuestro bienestar”, señaló una estudiante indignada, responsabilizando directamente a César Acuña por el abandono de la educación en la región.

Un clima de descontento en La Libertad

La protesta dejó en evidencia el creciente malestar de la población liberteña no solo contra el gobernador Acuña, sino también hacia los ministros del gobierno de Dina Boluarte, cuya presencia en la región es vista con rechazo.
Entre arengas, pancartas y gritos de repudio, la población exigió transparencia en el uso de los recursos públicos, obras de calidad y atención real a los problemas de salud, educación y medio ambiente que aquejan a La Libertad.

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El video La Libertad: Trujillanos gritan ´corrupto´ a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte | PA se publicó en YouTube en este enlace

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En Arequipa, los comerciantes de las galerías Asia señalaron que, pese a ofrecer productos de última generación como juguetes y artículos importados directamente desde Asia, enfrentan dificultades por los trámites en Aduanas y la falta de infraestructura portuaria. Joe Sarmiento, presidente del Centro Comercial Asia Perú, sostuvo que la ausencia de condiciones adecuadas limita la competitividad de este eje económico que abastece al sur del país.

Arequipa y las limitaciones en Aduanas

Los empresarios indicaron que uno de los principales problemas es el proceso de valorización en Aduanas, que incrementa costos y genera retrasos. A esto se suma que la mercadería debe ingresar por puertos de Lima o Tacna, pese a que la región cuenta con un puerto que no ha sido habilitado para este tipo de operaciones comerciales.

Según Sarmiento, se prioriza a la minería mientras se deja de lado a los emprendedores que consolidan un movimiento económico creciente en Arequipa. La situación, afirman, ha dificultado la expansión del centro comercial y reducido las posibilidades de generar mejores precios para los consumidores.

“Nosotros como arequipeños tenemos que hacer llegar nuestra mercadería por el muelle de Tacna o por Lima. Teniendo nosotros en Arequipa un puerto, no se da las facilidades para nosotros como empresarios”, advirtió Sarmiento.

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Arequipa como eje comercial del sur

El dirigente precisó que el centro comercial reúne a más de 70 socios y cerca de 110 locales, lo que convierte al espacio en un punto clave de comercio regional. No obstante, las importadoras limeñas y las ventas por internet se presentan como una competencia desleal, pues cuentan con ventajas y conexiones que los comerciantes locales no poseen.

En respuesta, los empresarios enfatizan que viajan personalmente a Asia para seleccionar productos de calidad, cumpliendo con las exigencias de Digesa e Indecopi. Esto, aseguran, les permite diferenciarse de la mercadería descartable que ingresa al país a través de otros canales.

“Aquí en esta galería personalmente vamos a China y escogemos los productos de mejor calidad. Todo está en regla, con los registros y la rotulación correspondiente, porque somos importadores directos”, explicó Sarmiento.

El Centro Comercial Asia Perú emplea de manera directa a unas 200 personas e indirectamente a cientos más en distintos distritos de Arequipa y el sur del país. Por ello, sus representantes reclaman que el Estado brinde condiciones mínimas que permitan competir de forma equitativa y aprovechar el potencial del puerto regional para dinamizar el comercio.

Los comerciantes esperan que sus pedidos sean atendidos y que Arequipa logre consolidarse como un polo de importación y distribución en el sur, generando oportunidades laborales y mejores precios para la población.

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Un grupo de docentes contratados de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa se reunió en el Vicerrectorado para exigir su nombramiento oficial. Pese a que la norma ya fue promulgada y el presupuesto asignado, los profesores señalan que aún no reciben las resoluciones que acreditan su ingreso a planilla, lo que limita su acceso a seguro social, gratificaciones y otros beneficios.

Arequipa: profesores cumplen con requisitos legales

Según el Sindicato de Docentes Contratados, todos los postulantes cumplen los requisitos exigidos por ley: contar con el grado de magíster, experiencia mínima de cinco años y haber ganado su plaza mediante concurso público. Incluso, varios docentes poseen doctorado y trayectoria en investigación, lo que refuerza la legitimidad de su pedido.

A nivel nacional, otras universidades públicas ya iniciaron el proceso de nombramiento, por lo que los catedráticos de Arequipa piden que el trámite no se prolongue más allá de esta semana. El reclamo apunta a que la UNSA debe equiparar condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de la norma vigente.

“No es correcto que profesores con ocho o diez años de servicio sigan en condición de contratados. Ni un solo día deberían esperar para su nombramiento”, señaló Andrés Luque, secretario de defensa del sindicato.

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Arequipa: precariedad laboral en la UNSA

Los docentes denunciaron haber trabajado en condiciones precarias durante años. Relataron que dictan hasta 20 horas semanales de clases, pese a que la normativa reconoce un máximo de 14. Además, no cuentan con seguro social continuo ni reciben gratificaciones, escolaridad u otros beneficios que sí se otorgan bajo otros regímenes laborales.

Los contratados compararon su situación con la de trabajadores CAS, quienes acceden a más derechos pese a no cumplir con la misma preparación académica. Para los docentes, esta situación es una muestra de desvalorización hacia la formación universitaria y la investigación que desarrollan en la institución.

“La semana pasada se nos dijo que había que esperar, que se destine el presupuesto. Bueno, ya está el presupuesto, entonces ya no tenemos ninguna limitación”, afirmó Luque.

La entrega de resoluciones es el paso formal que acreditará a los docentes como parte de la plana nombrada de la UNSA. Con ello, podrán exigir las horas que les corresponden y acceder a los derechos laborales que por años se les han negado. El sindicato advirtió que la demora afecta directamente la calidad educativa, ya que los catedráticos trabajan sin la seguridad ni la estabilidad que merecen.

En Arequipa, la comunidad académica permanece atenta a la respuesta de las autoridades universitarias, mientras los profesores mantienen su exigencia de que el nombramiento se concrete a más tardar la próxima semana.

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Los ciudadanos de Puno y Juliaca expresaron su inconformidad total ante la Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, durante las sesiones de trabajo técnica realizadas este miércoles y jueves. La población cuestionó directamente la deficiente actuación fiscal que permite la liberación de sospechosos en casos emblemáticos de extorsión, robo y corrupción policial.

La máxima autoridad del Ministerio Público visitó ambas ciudades para dialogar con la mesa de trabajo de seguridad ciudadana, donde enfrentó severos cuestionamientos sobre la gestión fiscal regional. Los habitantes denunciaron que fiscales locales carecen de tesis sólidas para mantener acusaciones efectivas contra delincuentes, especialmente en casos que involucran a miembros de la Policía Nacional.

Durante el encuentro en Juliaca el miércoles y posteriormente en la sede administrativa de Puno el jueves, ciudadanos manifestaron su indignación por casos de violación sexual y corrupción, donde los principales sospechosos recuperan su libertad. La comunidad señaló directamente la ausencia de control interno sobre fiscales presuntamente corruptos.

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