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Pedro Castillo seguirá preso: PJ desestima su pedido mientras Claudia Sheinbaum le brinda apoyo internacional.
Jefa de investigación de Panamericana denuncia plan para atentar contra su vida: Acusa a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez
Entre gritos, Dina Boluarte vuelve a atacar a los detractores de su gobierno
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Un grupo de padres de familia en Arequipa denunció que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) habría cometido graves irregularidades en la organización de un torneo de ajedrez. Los afectados sostienen que nunca se les informó sobre la fecha exacta del certamen, pero días después descubrieron que ya existía una lista de ganadores publicada sin que los inscritos pudieran competir.
Padres acusan irregularidades en Arequipa
La molestia creció cuando los denunciantes señalaron que, pese a cumplir con el proceso de inscripción, no se les comunicó oportunamente el cronograma oficial. Recién semanas después, al revisar medios de comunicación, encontraron que se habían difundido resultados y nombres de ganadores, lo que despertó sospechas de favoritismo y corrupción en el proceso.
De acuerdo con los padres, al menos doce jóvenes quedaron fuera de la competencia sin recibir explicación alguna. “Nos enteramos por la prensa que ya había ganadores, cuando nuestros hijos nunca fueron convocados. Esto no es justo”, expresó Genaro Zapata, uno de los padres presentes en la protesta realizada frente a la sede del IPD en Arequipa.
Los denunciantes aseguran contar con documentos y grabaciones que demostrarían irregularidades en la gestión del evento. Además, señalaron que en una primera reunión la presidenta del IPD regional reconoció el problema y se comprometió a realizar una nueva convocatoria, pero días después negó haber hecho tal promesa. Esta contradicción aumentó la desconfianza de los familiares.
“Mi hijo se prepara bien, estudia bien, y no me parece justo. Han vulnerado sus derechos al no participar de este torneo”, reclamó otra madre de familia, indignada por lo sucedido con su hijo de 17 años.
La protesta busca que el IPD rectifique y organice un nuevo torneo antes del cierre de fechas oficiales, previsto para inicios de septiembre. Los padres recalcan que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una serie de quejas recurrentes contra la entidad deportiva en la región.
La demanda central es que se garantice igualdad de condiciones para todos los jóvenes ajedrecistas y que no se repitan actos que, según denuncian, atentan contra la confianza en la práctica deportiva en Arequipa.
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El consejero regional por la provincia de Arequipa, Miguel Ángel Linares Riveros, insiste que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) no tiene competencia para definir su vacancia. Según el legislador, este es un asunto estrictamente electoral que solo puede ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“He tenido que ser yo quien oficie directamente al Jurado, por lo que, en el acto, hice llegar mi solicitud en la que pongo de conocimiento que se debe aplicar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales… Secretaria General me indicó que la aplicación es objetiva… En los próximos días debe salir la resolución de mi vacancia”, afirmó Linares.
El consejero explicó que, ante la falta de pronunciamiento del pleno regional, decidió comunicarse directamente con funcionarios del JNE para acelerar el proceso de vacancia. Recordó que, según la normativa vigente, tras sus tres inasistencias consecutivas injustificadas, el Consejo Regional debió elevar el caso al ente electoral para que este emita la resolución correspondiente.
No obstante, desde la Presidencia del Consejo Regional de Arequipa respondieron, mediante un comunicado, rechazando los señalamientos de Linares y ratificaron que la institución sí tiene competencia para declarar la vacancia.
“Rechazamos las afirmaciones que tratan de desacreditar a nuestra institución, restándole competencias que la ley explícitamente nos confiere”, precisa el pronunciamiento, que además cita el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dicho artículo establece que la vacancia puede declararse por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas y que es el Consejo Regional el que debe pronunciarse, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
El comunicado también recordó que el propio Linares, mediante el Oficio Múltiple 07-2025-GRA-CR/MALR, remitido el 25 de julio, solicitó que se declare su vacancia y se traslade el acuerdo al JNE.
Cruce de versiones
Frente a las críticas, Linares rechazó que su pedido afecte el trabajo de la Comisión de Educación, la cual preside. “Seguiré fiscalizando y denunciando actos de corrupción”,aseguró. Destaca que dicha comisión mantiene la mayor productividad dentro del Consejo.
Además, apuntó contra el presidente del CRA y miembro de su comisión, Osías Ortiz, a quien acusó de no haber asistido a 15 sesiones de trabajo, situación que —dijo— está respaldada por las actas oficiales. Por ello, exigió que Ortiz se rectifique tras declarar que su proceso de vacancia perjudica el normal desarrollo de la comisión.
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El Poder Judicial autorizó que se inicie el juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos en el caso de Westfield Capital vinculado con Odebrecht. Foto: La Razón
Culminada la etapa de investigación por el delito de lavado de activos, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó se inicie el juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, en el marco del caso Westfield Capital, vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.
Este caso de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, para el que se han admitido 2,577 medios probatorios.
Fue el juez Jorge Chávez Tamariz quien emitió la resolución de más de 2 000 hojas, este lunes 1 de setiembre, en la que dispone el enjuiciamiento del exjefe de Estado y su entonces socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por este caso. Para ambos, la Fiscalía solicita una pena de 35 años, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.
Asimismo, el juez dispuso que todo lo actuado sea remitido a un juzgado penal colegiado nacional para que fije fecha y hora del inicio del juicio oral contra el exjefe de estado como parte de este proceso penal.
¿Qué hizo la presunta organización criminal que conformó PPK?
El magistrado acusa a Kuczynski Godard de conformar una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima cuando PPK fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
El fiscal José Domingo Pérez además de incluir en su acusación -en su condición de “personas jurídicas”- a las empresas mencionadas, para las que demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo y la empresa Dorado Asset Management Company para la cual solicitó su disolución y liquidación.
La Procuraduría Ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó una reparación civil a favor del Estado peruano ascendente a US$ 46 682,264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 96/100 dólares americanos).
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Parece que la residencia en el penal de Barbadillo le sigue saliendo con “todo incluido” al expresidente Pedro Castillo, pues la Corte Suprema, haciendo oídos sordos a los argumentos creativos de su defensa, ha decidido que su prisión preventiva por rebelión (ese incómodo incidente del golpe de Estado) se extienda indefinidamente. Su abogado, Juan Sifuentes, alegó con entusiasmo que su cliente ya cumplió “en demasía” los 32 meses de encierro y que, tras la liberación del exministro Sánchez Palomino (a quien la justicia le perdonó la fiesta porque “no intervino en el mensaje a la Nación”), la acusación coautora se había desvanecido.
Sin embargo, el fiscal Martín Rivas Belotti, en un giro que nadie vio venir, argumentó que eso no era un nuevo elemento de convicción y que, de hecho, los motivos para mantenerlo tras las rejas siguen más vigentes que nunca. Castillo, desde su participativa butaca virtual, no perdió la oportunidad de criticar al sistema de justicia, tildando de “sinónimo de injusticia” a los jueces provisionales y acusando colusión entre juez y fiscal. Todo queda en familia, mientras el hábeas corpus que anuncian se prepara para su próxima temporada judicial.
En tanto, el expresidente recibe apoyo internacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien insistió que su caso es pura persecución política y discriminación. Incluso solicitó la intervención de la ONU.
Jefa de investigación de Panamericana denuncia plan para atentar contra su vida: Acusa a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez
Y estalló la bomba. Tras destaparse la denuncia que coloca a Juan José Santiváñez como presunto cabecilla de una organización criminal en complicidad con la Policía Nacional del Perú, el escándalo ha crecido: ahora hay denuncias de planes contra quienes se atrevan a seguir investigando al engreído de Dina Boluarte.
La jefa de investigación de Panamericana Noticias, Karla Ramírez, reveló que desde la mismísima Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría ordenado acciones en su contra, disfrazadas bajo la fachada de un asalto. La periodista denunció la existencia de una carpeta investigativa con datos personales y detalles de su trabajo, todo ligado a sus indagaciones sobre Santivañez, Nicanor Boluarte y su estrecha relación con la mina “El Dorado”.
Panorama difundió audios que comprometen al general PNP en actividad Mejías Cajadillo, quien —cuando lo apretaron con pruebas— no tuvo más remedio que admitir sus vínculos con el proyecto minero.
¿Y qué dijo Santivañez? Lo de siempre: minimizar. Según él, la denuncia carece de veracidad porque la periodista “está estresada”. Por poco y sale con la vieja excusa machista de que “tiene problemas de mujer”.
Digno ministro de Dina.
Entre gritos, Dina Boluarte vuelve a atacar a los detractores de su gobierno
Mientras, Dina Boluarte sigue sin dar la cara ni aceptar entrevistas. Sin embargo, la tía aprovecha cualquier actividad oficial para soltar sus discursitos furibundos. Desde Carabayllo, la descarada volvió a las andadas y a voz en cuello gritó en defensa de su gobierno. Para empezar, dijo que seguirá trabajando por el país sin dejarse amilanar. Acto seguido, soltó su veneno contra el 94% de peruanos que desaprueban su gestión. Los tildó de negacionistas, odiadores y que buscan la anarquía, el desorden y el terror.
Señora presidenta, quien parece consumida por el odio es usted. Si tanto quiere demostrar la limpieza de su régimen, ¿por qué se muere de miedo de dar entrevistas a la prensa? Más transparencia y menos retoques, Dina.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta. Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política
Pasó en el Perú | Lambayeque. La ministra del Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó a Chiclayo para entregar 20 millones de soles al municipio distrital de Santa Rosa, al gobierno regional y a la comuna provincial de Chiclayo, para financiar obras de impacto turístico en el marco de la Ruta del papa León XIV.
Lambayeque es una de las cuatro regiones que forman parte de la iniciativa turística que busca difundir los escenarios y legados del papa León XIV durante su labor apostólica en el Perú, informó Semanario Expresión.
Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta
Pasó en el Perú | Ayacucho. La provincia de Parinacochas atraviesa días de tensión. Este lunes, pobladores de Cora Cora tomaron la sede de la Municipalidad Provincial como medida de protesta contra la gestión del alcalde Yony Reyes. La movilización incluyó una vigilia en el frontis del local, resguardado por efectivos policiales.
La acción se produjo tras el paro cívico de 24 horas realizado la semana pasada, donde dirigentes, regantes y trabajadores ediles denunciaron obras paralizadas, deficiencias en servicios básicos y presuntas irregularidades en la administración municipal. Algunos pobladores incluso plantearon la vacancia del alcalde.
Durante la protesta, dirigentes y sindicalistas exigieron transparencia y rendición de cuentas. “Pedimos que el alcalde venga y dé la cara”, señaló Víctor Gutiérrez, secretario del sindicato municipal. El regidor José López Puchuri también cuestionó la gestión y solicitó la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
Autoridades locales como el subprefecto Franklin Caruas y funcionarios ediles llamaron al diálogo para evitar una mayor confrontación. Los pobladores, sin embargo, advirtieron que mantendrán la vigilia hasta obtener respuestas concretas y no descartan nuevas medidas si sus reclamos continúan sin ser atendidos, informó Jornada.
Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política
Pasó en el Perú | Junín. El Concejo Municipal de El Tambo, en Huancayo, aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, con ocho votos a favor y cuatro en contra. La acusación se basa en la contratación de Luz Estefani Ramos Flores, esposa de su sobrino Eslider Alexander Guidotti Llallico, en la Subgerencia de Obras, pese a que no cumplía con los requisitos del cargo.
El pedido fue presentado por el primer regidor Iván Medina, quien sostuvo que Ramos Flores solo tenía un año y cuatro meses de experiencia cuando la convocatoria exigía cuatro. Aun así, su contrato fue prorrogado cinco veces entre noviembre de 2023 y setiembre de 2024. Como prueba, mostró el acta matrimonial de la pareja, en la que el alcalde figura como padrino.
En la sesión, Llallico rechazó las acusaciones y señaló que el proceso de contratación se realizó conforme a la ley. Su defensa alegó que no existe vínculo de consanguinidad ni afinidad que configure nepotismo según la normativa municipal. El alcalde anunció que apelará la decisión y continuará en funciones mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve en última instancia.
Tras la votación, simpatizantes de Llallico lo recibieron en las afueras de la municipalidad, mientras otro grupo respaldó al regidor Medina, quien asumiría el cargo en caso el JNE confirme la vacancia. El burgomaestre enfrenta además cuestionamientos por retrasos en pagos a proveedores y problemas en el recojo de residuos sólidos en El Tambo, informó Huanca York Times.
Cámara de Comercio de Loreto ya tiene certificación ISO internacional
Pasó en el Perú | Loreto. La Cámara de Comercio de Loreto obtuvo la certificación ISO 9001 de calidad y la ISO 37001 antisoborno, posicionándose a la par de otras instituciones como las cámaras de Lima, Arequipa, Trujillo y San Martín. Según su presidente, Jorge Morales Traverso, este reconocimiento permitirá a Loreto contar con un centro de arbitraje acreditado para la conformación de Juntas de Resolución de Disputas, requisito que la normativa nacional exige en obras públicas de más de cinco millones de soles.
Morales señaló que esta certificación contribuirá a reducir la paralización de obras en la región y abrirá la posibilidad de firmar convenios con instituciones internacionales. En esa línea, adelantó que ya existen conversaciones con la Federación Internacional de Árbitros, con sede en Miami, para organizar congresos en Iquitos, informó ProyContra.
Arequipa: Dos hechos delictivos conmocionaron el fin de semana
Pasó en el Perú | Arequipa. Este fin de semana en Arequipa estuvo marcado por dos graves hechos delictivos que evidencian la audacia de la criminalidad. El primero fue un violento asalto al hostal “Kaprichos” en la urbanización 9 de Octubre, donde cinco sujetos armados irrumpieron a medianoche, robaron 11 mil soles tras reducir a las trabajadoras y huyeron tras disparar contra vehículos, logrando evadir un operativo policial.
Paralelamente, en Miraflores, extorsionadores quemaron intencionalmente el local de neumáticos ‘Kevin’; dos sujetos en motocicleta rociaron combustible e incendiaron el establecimiento, causando pérdidas de 300 mil soles como represalia por no pagar el «cupo», luego de que el propietario hubiera denunciado amenazas previas.
Ambos casos, que mantienen en alerta a la ciudadanía, son investigados por la policía, quien analiza las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables, informó El Búho.
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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 01 setiembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
LAMBAYEQUE: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV.
AYACUCHO: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.
JUNÍN: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política.
LORETO: Cámara de Comercio de Loreto ya tiene certificación ISO internacional. Arequipa: Dos hechos delictivos han conmocionado el fin de semana en Arequipa.
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– Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses – López Aliaga y Mario Vizcarra en preferencias para presidencia 2026 – Dina Boluarte y sus ministros disfrazan investigaciones con anuncios inviables – Conexión regional: Caso Saweto y la justicia que tarda / deslizamientos preocupantes en Huancavelica
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Reconoce reuniones en el Cordano, pero dice que todo es un “cuento” de la Fiscalía. Ratifica que no conoce a Nicanor Boluarte y que ya no tiene relación con Pedro Tenorio
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez minimizó la nueva investigación Ícaros en el que se le involucra y a Nicanor Boluarte, calificándola de un "cuento" de la Fiscalía. Sin embargo, reconoció la reunión que tuvo con uno de los investigados en el bar Cordano. Imágenes: Panorama
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez dijo que “parte del Ministerio Público es una organización criminal”, calificó de “cuento”, la nueva investigación que se le sigue, denominada ‘Ícaros’, pero reconoció sus reuniones en el bar Cordano con al menos uno de los involucrados. Ratificó no conocer a Nicanor Boluarte y que no ve a Pedro Tenorio desde 2023.
Santiváñez Antúnez, en entrevista en RPP, calificó al fiscal Carlos Ordaya del EFICCOP, como «un peón de una organización mucho más grande» que operaría en la Fiscalía. Además, aseguró que «hay alguien arriba que está estructurando todo este tema» y que no duda de que la fiscal de la Nación «tiene mucho interés en investigarlo».
Respecto a la presunta red criminal que él encabezaría bajo la denominación de «hombre clave», refirió que hace tres días recién se le notificó por dicho caso y lo calificó como «otro cuento» cuyo objetivo sería «atacar» al Gobierno. Afirmó que el Ministerio Público sería parte de una organización criminal en la que estaría implicado «un grupillo de jueces que están absolutamente identificados y que tendría un modus operandi».
«Cuando deciden atacar a un político, el modus operandi es el mismo: un dominical, la creación de una noticia criminis, la formulación de un requerimiento, la ejecución y nuevamente el dominical… Son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, es el mismo modus operandi lo que llaman algunos elementos de EFICCOP, es lo mismo», remarcó.
El ahora titular del Minjusdh sobre las imágenes reveladas en los programas dominicales en las que se le ve en reuniones en el bar Cordano, ubicado cerca a Palacio de Gobierno, en horario de trabajo, dijo que se trataban de reuniones «privadas y amicales», por lo que no tuvieron lugar en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Respecto a la reunión con Marco Antonio Palacios Meza -también investigado en el caso Ícaros, quien sería el intermediario entre Santiváñez y Percy Tenorio, Santiváñez Antúnez dijo que se reunió en ese local porque «el proceso para entrar [a Palacio] dura 40 minutos» y que en el encuentro se trató temas relacionados con su defensa legal.
«Marco no solamente es mi exsocio, Marco es mi abogado en la denuncia interpuesta ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la Fiscal de la Nación… y en el proceso de indemnización por daños y perjuicios que me ha interpuesto quien en algún momento calificamos como parte de una organización terrorista… el exterrorista que nosotros calificamos y que nos ha demandado por indemnización», explicó.
El ministro de Justicia dijo la reunión fue sumamente rápida, porque habían negado, en primera instancia, la apelación a la demanda interpuesta por esta persona. Había que decidir «si yo me presentaba o no a la audiencia, o él asumía como abogado. Por eso es que la reunión no dura ni 4 o 5 minutos, y le explicaba las razones por las cuales yo consideraba que no debía publicitar más este procedimiento», agregó.
Santiváñez dijo también que Palacios Meza es su amigo desde hace 25 años y que, incluso, fue practicante de su despacho. Negó que haya hecho el papel de intermediario entre él y Percy Tenorio. Sobre las supuestas relaciones con otras personas, dijo que solo le incumbe a él.
«He leído de las supuestas relaciones personales que podría tener el Dr. Palacios, y es un tema que le incumbe exclusivamente a él. El Dr. Palacios, a mí, [no] me ha propuesto alguna conducta ilegítima, algún tema ilegal. Jamás hemos conversado de ninguno de sus clientes y mucho menos generado algún tipo de acción que favorezca», remarcó.
De otro lado, Santiváñez refirió que, desde 2023, no mantiene ninguna relación con Percy Tenorio, a quien la Fiscalía sindica como uno de los principales operadores de confianza de Santiváñez, a quien habría beneficiado irregularmente con 5 contrataciones de defensa legal de efectivos policiales por S/200 mil cada una.
«Pedro Tenorio, el 2020, fue mi cliente, porque, fue el coronel jefe de la DINOES en las marchas donde fallecieron Inti y Bryan…me busca -no era él abogado- para patrocinarlo y…suscribo un contrato con el ministerio del Interior y la Policía para la defensa del señor Tenorio, año 2020…el contrato fue con el despacho, lo patrocinó 2020 [al] 2023… Habiendo pasado 4 años, no nos pagaban. La decisión que tomamos los socios del despacho fue renunciar a la defensa. Incluso el señor Tenorio se molestó por eso», dijo.
No conoce variación de términos de referencia, pero sí que no le pagan a Tenorio
El ministro Santiváñez insistió en que desde el año 2023 no mantiene ningún tipo de comunicación con Percy Tenorio, “ni telefónica, ni visitas, ni nos hemos visto, porque la relación, penosamente, por esta situación, se deterioró porque el señor siempre decía que en algún momento nos iban a pagar, pero, al final, comercialmente se tomó la decisión de no ver el caso más porque implicaba muchas audiencias», agregó.
Santiváñez contó que Tenorio obtuvo la defensa de los generales investigados por las muertes en las protestas de 2022 debido a una «ley especial» que establece «el derecho que tienen los efectivos policiales, cuando son denunciados por la presunta comisión de un delito de lesa humanidad, a elegir sus abogados y que esto se realiza mediante un protocolo de contratación en el que el ministro del Interior no participa en ninguna parte del proceso”.
Sobre la variación de los términos de referencia que permitieron que el estudio de Tenorio obtenga los contratos, dijo, “yo no conozco la variación de los términos de referencia. No estoy involucrado ni tampoco ningún ministro del Interior está involucrado en la contratación de este tipo de, digamos, concursos privados, porque en realidad son concursos cerrados”.
Explicó que no es abierto a que inviten a postular a todo el mundo. «Viene el funcionario, dice ‘este es mi abogado’ y, finalmente, lo que hace la Policía es contratar al abogado que solicita el oficial, tanto así, que el propio decreto de urgencia establece el silencio administrativo positivo». “También dicen, ‘ha licitado’, pero no le han pagado un sol al señor. Hasta el día de hoy no le pagan. Ha pasado 1 año, 8 meses y no le pagan”, afirmó.
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En relación con las protestas, el funcionario señaló que no se descartan sanciones para los transportistas que afectaron a la población con el bloqueo de vías y desabastecimiento de vehículos.
La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció medidas para el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Esto, luego de las manifestaciones registradas esta mañana en la parte alta del distrito de Alto Selva Alegre. Aquí, un grupo de transportistas formales confrontó a los vehículos informales conocidos como «colectivos» por ocupar rutas concesionadas.
El gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la MPA, David Hernández Salazar, señaló que se trabaja en la ampliación de la flota vehicular de los concesionarios del SIT para responder a la creciente demanda ciudadana.
En relación con las protestas, el funcionario señaló que no se descartan sanciones para los transportistas que afectaron a la población con el bloqueo de vías y desabastecimiento de vehículos. “Tomar las calles no es una medida y dicho sea de paso es sancionado”, afirmó.
Hernández informó que este 2 de septiembre se sostendrá una reunión con los operadores del SIT para acordar la incorporación de más unidades, cumpliendo las condiciones de los contratos y avanzando hacia la etapa operativa del sistema. Agregó que el 4 de septiembre se presentarán los detalles de las nuevas unidades y se darán a conocer los plazos establecidos para su implementación.
“Vamos a hacer la implementación del sistema en el eje norte y sur, que es donde más vehículos requerimos, por eso vamos a apoyar a los operadores, a que pongan las unidades que necesitan”
Respecto al transporte informal, adelantó que su gestión intensificará los controles y acciones de fiscalización. “Hay espacio en la formalidad para que los operadores puedan trabajar dentro de las empresas que actualmente tienen concesiones”, precisó.
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El precandidato oficial a la presidencia por el partido Perú Moderno, Reynaldo López, arribó a la ciudad de Arequipa para presentar parte de su plan de gobierno de cara a las Elecciones Generales 2026. Durante una conferencia de prensa, el político se refirió al tema de la inseguridad ciudadana y aprovechó para responder a las polémicas internas que atraviesa su agrupación.
Entre sus principales propuestas, López anunció la construcción de dos “megacárceles” para hacer frente al hacinamiento penitenciario en el país. Asimismo, planteó implementar el programa denominado “cárceles productivas”, donde, según explicó, “los presos tendrán que trabajar para comer”.
El precandidato defendió la aplicación de medidas radicales en el trabajo policial. “La Policía Nacional tendrá la autoridad para combatir y poner mano dura contra los delincuentes cuando estén en flagrancia, si eso implica la muerte, pues bien, no hay nada que hacer”, afirmó. En esa misma línea, añadió: “Si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a cualquier organismo internacional no les gusta, bueno qué pena, denunciaremos el tratado y nos iremos”.
Respecto a la situación interna de su partido, López confirmó que es el precandidato oficial de Perú Moderno. Esto, tras la renuncia de Carlos Anderson y el proceso disciplinario contra Pedro Guevara. “El señor Anderson acaba de renunciar hace dos días, ya no forma parte del partido, y el señor Guevara, lamentablemente, por una serie de conductas antipartidarias será sancionado en los próximos días”, señaló.
López aseguró que Guevara será sancionado. Esto, por “mancillar el honor de muchas personas.Además de afectar y manchar al partido Perú Moderno con declaraciones que no tienen nada que ver con la verdad”, aunque no dio mayores detalles.
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Desde hace más de un mes, el cerro Runayocc, en la provincia de Huaytará (región Huancavelica), ha sido escenario de constantes deslizamientos de tierra, lo que ha generado creciente preocupación entre los pobladores. Según denuncian los vecinos, los movimientos de tierra y rocas se producen en varios momentos del día, afectando su tranquilidad. En respuesta a los pedidos de la ciudadanía, autoridades regionales y personal de gestión del riesgo inspeccionaron la zona y determinaron que se trata de un caso de reptación del suelo. Además, advirtieron que los deslizamientos representan una amenaza tanto para las familias que habitan cerca de la falda del cerro como para los cultivos y el ganado de la zona. El fenómeno ha despertado tal interés que numerosas personas han acudido al lugar con drones y otros dispositivos para registrar los movimientos del cerro.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
El Concejo Municipal de El Tambo aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, tras la contratación de la esposa de su sobrino. La decisión se tomó con 8 votos a favor y 4 en contra. Aunque ahora el caso irá al Jurado Nacional de Elecciones, que tomará la […]
El Concejo Municipal de El Tambo aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, tras la contratación de la esposa de su sobrino. La decisión se tomó con 8 votos a favor y 4 en contra. Aunque ahora el caso irá al Jurado Nacional de Elecciones, que tomará la última decisión en aproximadamente un mes.
La sesión extraordinaria se realizó este lunes y estuvo marcada por el debate entre los regidores, quienes evaluaron el pedido presentado por el primer regidor Iván Joel Medina Esquivel, quien acusó al alcalde de beneficiar a su sobrina política, Luz Estefani Ramos Flores, esposa de Eslider Alexander Guidotti Llallico, con un contrato en la Subgerencia de Obras a pesar de no cumplir los requisitos.
El regidor sustentó que la convocatoria exigía cuatro años de experiencia profesional y Ramos Flores solo tenía un año y cuatro meses. Pese a ello, su contrato se prorrogó en cinco ocasiones entre noviembre de 2023 y setiembre de 2024. Como pruebas presentó el acta matrimonial de Ramos Flores y Eslider Alexander Guidotti Llallico, sobrino del alcalde, en la que Llallico figura como padrino.
Durante la sesión, Llallico rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso de contratación se realizó de acuerdo con la normativa.
La abogada del alcalde, Lucy López, sostuvo que el vínculo familiar señalado no constituye nepotismo, porque Eslider Alexander Guidotti Llallico se encuentra en el octavo grado de consanguinidad y, según la Ley Orgánica de Municipalidades, no se considera causal de vacancia. Agregó que Luz Esthefani Ramos Flores, esposa de Guidotti, no guarda afinidad con el burgomaestre.
El propio Llallico afirmó que solo actuó como testigo en el matrimonio de la pareja y que ello no puede considerarse falta.
Tras la votación, Llallico señaló que demostrará en los fueros que correspondan que toda su conducta fue transparente y sin transgresión a la ley.
En tanto, en las afueras de la municipalidad, simpatizantes de Llallico, convocados por los agentes municipales de los diversos anexos, vitorean respaldándolo.
Otro grupo de personas también se apostó en la salida de la municipalidad, para respaldar el regidor Iván Medina Esquivel, el primer regidor que podría asumir la Alcaldía de El Tambo, luego de que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones.
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La comunidad educativa del colegio Divino Jesús, en el distrito de Castilla, protestó este último viernes para exigir al Gobierno Regional, la devolución de un terreno que, según denuncian, fue prestado en 2022 como local de contingencia para la construcción del centro de salud de Tacalá, pero que ahora estaría destinado a un proyecto distinto, […]
La comunidad educativa del colegio Divino Jesús, en el distrito de Castilla, protestó este último viernes para exigir al Gobierno Regional, la devolución de un terreno que, según denuncian, fue prestado en 2022 como local de contingencia para la construcción del centro de salud de Tacalá, pero que ahora estaría destinado a un proyecto distinto, un centro oftalmológico.
Durante una reunión con el congresista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, padres de familia, alumnos y docentes manifestaron que la medida afecta directamente a la institución, que necesita el espacio para albergar a más de 1200 estudiantes en condición vulnerable.
Natalia Villar, subdirectora del nivel secundario, explicó que el problema se arrastra desde hace varios años y que, pese a las gestiones realizadas, no han recibido respuesta del Gobierno Regional.
“En abril del año pasado nos sorprendió la noticia de que ahí (espacio del colegio) se iba a construir un centro oftalmológico, al cual no nos oponemos porque la salud es básica, pero no lo pueden hacer en un terreno que no le corresponde. Hemos cursado cartas notariales, pero no hay respuesta”, sostuvo.
Ante los reiterados pedidos de la comunidad educativa, el congresista Montalvo visitó el colegio Divino Jesús como parte de su agenda en Piura, con el fin de conocer de cerca la situación del terreno en disputa.
En respaldo a la institución, el parlamentario aseguró que el predio pertenece al Ministerio de Educación y anunció acciones inmediatas para garantizar su devolución.
“Este terreno está inscrito en registros públicos a nombre del Ministerio de Educación. Estoy completamente seguro que vamos a hacer respetar ese derecho que le asiste a la institución educativa Divino Jesús”, declaró.
Los docentes advirtieron que la falta de espacio limita la proyección de crecimiento del plantel. Explicaron que cada año aumenta la demanda de alumnos, pero resulta imposible abrir más aulas sin la recuperación del terreno ocupado por el Gobierno Regional.
Con ese objetivo, Montalvo señaló que coordinará con el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional para acelerar la devolución del predio y dar una solución definitiva al colegio.
En paralelo, el parlamentario también habló sobre otros temas del sector, como exigir que se cumpla con destinar el 6% del PBI a educación, como lo establece la Constitución. Señaló que ya se remitieron documentos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al presidente del Consejo de Ministros, para exigir su cumplimiento. Además, respaldó un proyecto de ley que busca elevar la inversión al 10%.
Finalmente, Montalvo se refirió a la Ley 31653, destinada a los institutos tecnológicos y pedagógicos, que lleva más de 32 meses sin reglamentarse. Aunque denunció la demora ante el Ministerio Público y señaló pedidos de informe del Ejecutivo, la falta de cumplimiento también compromete al Congreso, que hasta ahora no ha garantizado el cumplimiento de la norma.
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Indignados por la falta de avances en el caso, los familiares de Elizabeth Barboza Mendoza, su hija Thalía Bonilla Barboza y el menor Said, de solo 7 años, convocaron a una marcha pacífica y plantón ciudadano este sábado a las 5:00 p.m. frente al Poder Judicial en la plaza mayor de Ayacucho, para exigir la […]
Indignados por la falta de avances en el caso, los familiares de Elizabeth Barboza Mendoza, su hija Thalía Bonilla Barboza y el menor Said, de solo 7 años, convocaron a una marcha pacífica y plantón ciudadano este sábado a las 5:00 p.m. frente al Poder Judicial en la plaza mayor de Ayacucho, para exigir la captura del responsable del trágico accidente ocurrido el pasado 23 de agosto en la Vía Evitamiento.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, Fritz Espinoza Landeo, confirmó que el principal sospechoso ya fue plenamente identificado como Diego Quispe Sulca, de 25 años, quien deberá responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en este hecho. La Quinta Fiscalía Provincial Penal ya presentó el requerimiento de detención preliminar, y se espera que el juez a cargo programe la audiencia en las próximas horas. Sin embargo, familiares y ciudadanos denuncian que las investigaciones avanzan con excesiva lentitud y que la Policía Nacional estaría actuando con pasividad, lo que ha alimentado la sospecha de un posible encubrimiento al implicado.
El fiscal Espinoza Landeo indicó que, en caso se confirme que Quispe Sulca ha salido del país, se activarán los mecanismos internacionales de búsqueda y captura, a través de la Interpol. Asimismo, garantizó que el Ministerio Público actuará con total transparencia.
“El Ministerio Público no va a encubrir absolutamente a nadie. Nuestro trabajo es imparcial, sujeto a la ley, y daremos a conocer la verdad a toda la comunidad”, señaló.
No obstante, los deudos exigen acciones inmediatas y contundentes por parte de la Policía y el Poder Judicial, y piden que no se permita que el caso quede en la impunidad.
“No es solo por mi madre, mi hermana y mi sobrino. Es por todas las familias que han perdido a alguien por culpa de un conductor irresponsable. Pedimos justicia, pedimos acción”, expresó uno de los deudos.
De acuerdo con la denuncia, las tres víctimas se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidas por una camioneta roja, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. La colisión ocasionó la muerte inmediata de los tres integrantes de la familia, generando una gran consternación.
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Un operativo realizado por la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga terminó con la captura de un policía en actividad involucrado en presunto tráfico ilícito de drogas. El suboficial de primera PNP Ezequiel Rubén Calixto Inga fue intervenido en la avenida Iquitos, distrito de Castillo Grande (provincia de Leoncio Prado, Huánuco), […]
Un operativo realizado por la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga terminó con la captura de un policía en actividad involucrado en presunto tráfico ilícito de drogas. El suboficial de primera PNP Ezequiel Rubén Calixto Inga fue intervenido en la avenida Iquitos, distrito de Castillo Grande (provincia de Leoncio Prado, Huánuco), cuando se desplazaba en un vehículo Hyundai Accent blanco de placa CEU-665.
El agente intentó deshacerse de una maleta azul arrojándola por la ventana. Sin embargo, una vecina señaló el lugar donde cayó el equipaje, que emanaba un fuerte olor. En su interior se hallaron cinco paquetes con marihuana.
Incautación en inmueble
La intervención permitió también el registro de un inmueble en el sector Picuruyacu Alto, luego de que una llave hallada en el vehículo coincidiera con la cerradura de la vivienda. En el lugar se incautaron dos tachos plásticos y un costal que contenían 12 paquetes adicionales de la misma sustancia ilícita.
En total, las autoridades decomisaron 17 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 18.485 kilos. Además, se incautaron un celular iPhone 11, S/ 400 en efectivo, una billetera con documentos personales y financieros, y el vehículo en el que se desplazaba el efectivo.
En total, las autoridades decomisaron 17 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 18.485 kilos. (Foto: Difusión)
De acuerdo con la información policial, la droga incautada representa una afectación económica estimada en S/ 58 417 a la organización criminal que operaba en la zona. El detenido, miembro de la Unidad Desconcentrada de Protección de Carreteras Tingo María, estaba en su día libre cuando los agentes lo intervinieron.
La operación contó con la participación del fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Tingo María, Wilmer Jara Godoy, quien acompañó el procedimiento desde el inicio.
Diligencias en marcha
Tras su captura, agentes trasladaron a Calixto Inga a las instalaciones del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de Tingo María, donde el Ministerio Público conduce las diligencias de ley.
Las autoridades señalaron que el caso refleja la infiltración del narcotráfico incluso en instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, lo que representa un reto adicional en la lucha contra las economías ilícitas que afectan la región Huánuco.
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El Poder Judicial del Perú le ha dado la razón a Macusani Yellowcake S.A.C. en la prolongada disputa legal sobre la titularidad de 32 concesiones mineras en la región de Puno, un yacimiento rico en litio. Las concesiones de la empresa filial de American Lithium Corp., por tanto, continuarán bajo su control. “Es fundamental destacar […]
El Poder Judicial del Perú le ha dado la razón a Macusani Yellowcake S.A.C. en la prolongada disputa legal sobre la titularidad de 32 concesiones mineras en la región de Puno, un yacimiento rico en litio. Las concesiones de la empresa filial de American Lithium Corp., por tanto, continuarán bajo su control.
“Es fundamental destacar que en ningún momento la compañía perdió la titularidad de las 32 concesiones en disputa. Ahora podemos concentrarnos en avanzar en estos proyectos de alta calidad sin la incertidumbre legal que teníamos”, afirmó Andrew Bowering, presidente ejecutivo de American Lithium.
La Sala Constitucional y de Derecho Social del Tribunal Supremo rechazó por unanimidad las demandas presentadas en diciembre de 2023 por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), describiéndolas como “injustas, inadmisibles e inaceptables”.
Hace siete años, el Ingemmet inició un proceso administrativo que desencadenó una disputa judicial sobre la validez y continuidad de los derechos mineros de la empresa. American Lithium argumentó que el Tribunal Supremo no tenía jurisdicción para intervenir en el caso, posición que finalmente fue respaldada por la máxima instancia judicial del país.
Puno se destaca como uno de los mayores depósitos de litio en roca del mundo, con recursos estratégicos para abastecer la creciente demanda global.
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Más de 110 mil casas informales en Puno agravan el riesgo por heladas y sismos para miles de familias que, lejos de una solución, ven cada día empeorar sus condiciones de vida, así lo evidenció Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). El 68% de las viviendas puneñas sigue construyéndose sin título […]
Más de 110 mil casas informales en Puno agravan el riesgo por heladas y sismos para miles de familias que, lejos de una solución, ven cada día empeorar sus condiciones de vida, así lo evidenció Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El 68% de las viviendas puneñas sigue construyéndose sin título legal y carece de servicios básicos como agua y luz, una realidad que pone contra las cuerdas a sus ocupantes, quienes enfrentan vulnerabilidad extrema cada temporada de bajas temperaturas.
De cada diez inmuebles que aparecen en la región, solo uno tiene licencia de construcción y supervisión profesional, cifra que se ubica por debajo del promedio nacional y deja la mayoría de hogares sumidos en la improvisación y el riesgo estructural.
Entre 2007 y 2024, el 87% de las casas urbanas en Puno nació de lotizaciones irregulares o invasiones, donde ninguno de los ocupantes puede garantizar la seguridad o legalidad de sus terrenos y el acceso a servicios sigue siendo una ilusión.
La precariedad predomina, con más de la mitad de techos elaborados con calamina y esteras, mientras que el 27% de los muros, hechos de adobe o quincha, apenas resisten el paso del tiempo y los embates naturales que frecuentan la zona.
Estos materiales vulnerables aumentan la exposición al frío de las heladas y a los temblores propios del país, sumando aún más peligros para quienes intentan proteger a sus familias con recursos mínimos y sin apoyo efectivo del Estado.
Las viviendas informales exhiben improvisación total, sin documentos que acrediten propiedad ni acceso a redes de agua, desagüe o electricidad, convirtiéndose en refugios de inseguridad y obstáculos diarios para sus ocupantes.
Un 16% de las casas informales en Puno lleva más de veinte años sin agua potable, dependiendo de cisternas que, además de ser menos seguras, les cuestan hasta cuatro veces más que el acceso formal, según estimaciones del IPE.
La falta de saneamiento y luz también golpea fuerte: el 18% de hogares sigue sin conexión a desagüe ni suministro eléctrico, lo que eleva los riesgos de enfermedades como diarrea en niños y adultos, advierte la misma especialista.
La expansión urbana desordenada se debe, en parte, al poco esfuerzo de los gobiernos locales y regionales, quienes no supieron prever ni organizar el aumento de población y construcción de nuevas viviendas, dejando que el caos se imponga.
Además de la falta de planificación, el negocio de tráfico de terrenos avanza con promotores que venden lotes sin servicios y prometen que, algún día, el Estado llegará a dotarlos de agua o luz, mientras persiste la informalidad.
La economía familiar también limita las opciones, pues siete de cada diez trabajadores laboran sin contrato ni seguridad, lo que les impide pedir créditos hipotecarios o acceder a programas oficiales de vivienda, perpetuando la informalidad.
En lo inmediato, Paola Herrera advierte que no se debe legalizar terrenos invadidos, ya que esa acción valida el accionar irregular y refuerza el ciclo sin fin de crecimiento informal; urge fortalecer los planes urbanos municipales.
A largo plazo, urge combatir la informalidad laboral y potenciar la educación financiera, así los ciudadanos podrán solicitar créditos y programas sociales, mejorando sus posibilidades de obtener una vivienda digna con respaldo legal.
La inversión pública supera los S/ 730 millones en la última década, pero la brecha de acceso a agua y desagüe creció del 26.2% al 45.6% entre 2015 y 2024; la informalidad va ganando terreno y el Estado no logra revertir el problema, reiteró Herrera.
Mantener este ritmo implica más gastos y riesgos para las familias, quienes viven lejos de hospitales, escuelas y servicios básicos, en condiciones de inseguridad y constante exposición al peligro, lo que exige una estrategia integral urgente.
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Tras más de 11 horas de dramática búsqueda, finalmente la Policía Nacional halló y rescató a la recién nacida que fue raptada en el Hospital Belén de Trujillo. La institución policial informó que la bebé fue ubicada en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde detuvieron a una ciudadana venezolana de apenas 20 años […]
Tras más de 11 horas de dramática búsqueda, finalmente la Policía Nacional halló y rescató a la recién nacida que fue raptada en el Hospital Belén de Trujillo. La institución policial informó que la bebé fue ubicada en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde detuvieron a una ciudadana venezolana de apenas 20 años de oficio terapeuta.
La detenida fue identificada como Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, quien permanece bajo investigación por presunto delito contra la libertad personal de una recién nacida. La madre de la menor, Liliana Esther Rafael Quispe (39), y sus familiares habían denunciado que la neonata fue raptada a las 14:05 horas del viernes 29 de agosto del área de maternidad y neonatología del nosocomio ubicado en pleno centro de Trujillo.
La Policía y el Ministerio Público investigan a esta joven terapeuta natural de Venezuela por la desaparición de la recién nacida.
Sana y a salvo
El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, aseguró que la bebé se encuentra estable y bajo observación en el área de maternidad. “Está bien la bebé, está lactando, se está tramitando el alta lo más pronto. Lo primero es garantizar que esté bien la criatura”, declaró.
Investigación y cambio de personal de seguridad de hospital
El funcionario también anunció medidas inmediatas tras el grave hecho. “Lo segundo es la sanción, acabo de pedir al supervisor al retiro inmediato de la supervisora del área, un informe completo y una investigación profunda del caso porque esto no puede quedar así, aquí ha habido responsables”, subrayó.
El gerente regional de Salud de La Libertad, doctor Aníbal Morillo, anunció el cambio de la supervisora del área de maternidad del Hospital Belén. En la foto junto al padre de la recién nacida.
Morillo calificó el hecho como grave y planificado: “No es un acto casual, es un acto premeditado. La justicia debe caer con todo el peso de la ley a los responsables. Ahora toca la recuperación psicológica de la familia y lo otro es el tema legal en manos de autoridades”.
¿Mafia en Trujillo?
Asimismo, la investigación a cargo de las autoridades policialesy del Ministerio Público busca determinar si acaso se trata de una mafia que estaría tratando de operar bajo la misma modalidad en diferentes hospitales de la ciudad.
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La población del distrito de Santa Ana, provincia de La Convencion, región Cusco, exige con urgencia la culminación de su Centro de Salud. Esta construcción vital para la salud de más de 32 mil personas permanece detenida desde el año 2023. El presupuesto de la obra ha experimentado una modificación significativa, causando una demora preocupante. La […]
La población del distrito de Santa Ana, provincia de La Convencion, región Cusco, exige con urgencia la culminación de su Centro de Salud. Esta construcción vital para la salud de más de 32 mil personas permanece detenida desde el año 2023. El presupuesto de la obra ha experimentado una modificación significativa, causando una demora preocupante.
La consejera regional Calandra Olivera Martínez hizo una importante advertencia sobre la situación. Olivera señaló que el proyecto tiene apenas un 21% de avance físico. Asimismo, la obra solo ha logrado un avance financiero de 32%. La consejera también afirmó que se necesitan S/. 56 millones de soles para la conclusión total de la obra.
La consejera regional Calandra Olivera Martínez hizo una importante advertencia sobre la situación.
Ante la falta de acción por parte de las autoridades, Olivera Martínez verificó personalmente el estado actual del proyecto. Ella enfatizó la urgencia de reactivar la construcción del centro de salud. Del mismo modo, la consejera regional destacó que esta obra beneficiará a más de 32 mil personas.
La población de La Convención necesita atención de salud urgente y eficiente. Por lo tanto, Olivera señaló que su presencia en el lugar es para exigirle al gobernador regional que atienda las necesidades de La Convención. El abandono de esta obra representa un riesgo considerable para el bienestar de la población local.
Centro de Salud Santa Ana: Una obra estancada que compromete el bienestar de miles en La Convención – Cusco
Calandra Olivera Martínez hizo un llamado formal a las tres esferas de gobierno. Por consiguiente, solicitó que las autoridades locales, regionales y nacionales dispongan de los recursos necesarios. Se debe priorizar la atención a esta necesidad apremiante que tiene toda la población de la zona. La falta de acceso a una salud integral afecta directamente a la calidad de vida. Finalmente, la lentitud del proyecto subraya la desconexión entre las promesas políticas y la realidad cotidiana.
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En total, las autoridades decomisaron 17 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 18.485 kilos. (Foto: Difusión)
