El congresista por Arequipa, Jaime Quito, denunció la inacción del gobierno de Dina Boluarte frente a la grave contaminación generada por la Unidad Minera Florencia Tucari, ubicada en la cabecera de cuenca del río Tambo, en Islay (Arequipa).

Tras una inspección realizada junto a representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el parlamentario constató que en la zona no existen equipos ni planes para la instalación de una planta de tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, pese a las declaratorias de remediación a nivel nacional.

El legislador advirtió que la contaminación lleva años afectando la salud de miles de personas y la producción agrícola de las regiones de Moquegua y Arequipa. En ese sentido, exigió al Ministerio del Ambiente (Minam) y al Ministerio de Energía y Minas (Minem) actuar de manera inmediata. “La contaminación sigue, son diversos ríos que se van contaminando en el trayecto que llegan al río Titire, luego al río Coralaque y después al río Tambo”, señaló.

Quito recordó que en una reunión previa con el Minem se mencionó la asignación de 20 millones de soles para contratar, mediante licitación, a una empresa encargada del plan de remediación. Sin embargo, cuestionó la falta de avances concretos para ejecutar dichas acciones.

El parlamentario también criticó al Ejecutivo. “Lo que estamos viendo es una pasividad tremenda de parte del Gobierno porque evidentemente está preocupado en su impunidad y los ministros están preocupados en ser sus escuderos y no les importa que haya un desastre ecológico”, declaró.

Advierten extensión de contaminación

Durante la visita, el congresista alertó sobre el riesgo que representa un nuevo proyecto minero de nombre “Katy”, ubicado en la cabecera del río Titire. Según explicó, sus operaciones podrían duplicar la contaminación en la zona. “Aquí, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas lo que hace es dar más licencias o reducir los requisitos para que las mineras asciendan”, agregó.

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La imagen acechante de los tres buques de guerra estacionados en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela y el prepotente mensaje del presidente Trump a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, constituyen otro hecho injerencista que se suma  a los que  ya han tenido lugar, entre Estados Unidos y Canadá, Panamá, Colombia, México y Brasil. El martes, al ser consultada sobre la posibilidad de enviar militares a Venezuela, Leavitt dijo que el presidente Trump había sido claro y consistente al señalar que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Asimismo, dijo que “Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cártel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia» de Estados Unidos.

Después de esas declaraciones, la agencia de noticias Reuters informó que se habían enviado tres destructores estadounidenses con misiles guiados y 4.000 efectivos y marines cerca al límite marítimo de Venezuela. Un funcionario estadounidense, quien declaró a Reuters, bajo condición de anonimato, dijo que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales. Señaló también que los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se tomaba la decisión. Además de prohibir el vuelo y la comercialización de drones en Venezuela, Maduro convocó a una campaña de alistamiento del ejército en todo el país y la movilización de 4,5 millones de milicianos. 

Reacciones

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el despliegue naval estadounidense como “inaceptable” por violar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Sheinbaum siente en carne propia las presiones de la Casa Blanca por querer incursionar en territorio mexicano. De hecho, la semana pasada la presidenta tuvo que desmentir que en la frontera norte del país estuviera en marcha un “operativo especial” de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y reclamó a dicha entidad que explicara porqué publicó un comunicado referente al denominado proyecto Portero –destinado a desmantelar a “los guardianes” de los cárteles del narcotráfico en la frontera– como si este estuviera vigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro dijo que «cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe» y recordó que Colombia y Venezuela «son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia». También advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería «el peor error” y traería consecuencias negativas para la región en general. Asimismo, el asesor internacional del presidente Lula, Celso Amorim, expresó su «preocupación” por el riesgo de una escalada y reiteró que «el principio de la no intervención es fundamental” en la política exterior brasileña. 

Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) se manifestaron en contra de cualquier operativo militar estadounidense que suponga la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano o caribeño, con independencia del motivo esgrimido por la Casa Blanca. Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina respaldan la posición de Estados Unidos y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, agradeció el apoyo de estos países, con los cuales “se está construyendo una coalición contra el flagelo de la droga».

En cuanto a países fuera de la región, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, dijo que su país se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, expresó su solidaridad con el Gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional, en medio de las crecientes presiones externas sobre Caracas. El gobierno de Irán también lo ha respaldado y condenado la intervención de Estados Unidos por la presencia de buques cerca a la costa del país.

Petróleo y otras riquezas

Durante su campaña electoral Trump llegó a decir, en una velada crítica a su adversario Joseph Biden: “Cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. Si la hubiéramos tomado, tendríamos todo ese petróleo, pero ahora estamos comprando petróleo de Venezuela, así que hacemos a un dictador rico. ¿Pueden creerlo?”

Es así que, apenas asumió el gobierno, el 20 de enero, emitió una Orden Ejecutiva que establecía un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales  y otras organizaciones (como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha) serían designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras toda vez que constituían una amenaza a su seguridad nacional. 

Según la Orden Ejecutiva –sin ningún atisbo de crítica sobre la permisidad de la actuación de los narcotraficantes en el territorio estadounidense, el mayor consumidor de drogas en el mundo– “los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”. Como si el dramático tema de las drogas solo tuviera que abordarse desde el lado de la oferta –y no de su consumo– la Orden señala que, en ciertas zonas de México, los carteles funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad y sus actividades. Por lo tanto su proximidad e incursiones en el territorio físico de Estados Unidos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de este país.

Un mes después, el Departamento de Estado anunció la designación del cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco “nueva generación” , cártel del Noreste , la nueva familia michoacana , cártel de Golfo y “Cárteles Unidos”  como organizaciones terroristas extranjeras y el Tren de Aragua, y la Mara Salvatrucha –la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80 y que durante décadas causó estragos en El Salvador– como terroristas globales especialmente designados.

Muchos analistas consideran que la calificación de los carteles de drogas como organizaciones terroristas «no garantiza una intervención militar, pero se acerca», por lo que resulta tan polémico. «Todos queremos combatir a los carteles de la droga», había dicho ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero «ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio», y «recordó que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había apostado por privilegiar la cooperación». Los partidos políticos de oposición en México cerraron filas con el oficialismo en este tema y rechazaron cualquier posibilidad de «intervencionismo extranjero». A pesar de ello, en abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al ejército estadounidense combatir a los cárteles de la droga en territorio de su país, pero ella rechazó la idea. 

Recién a fines de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, por ser “un grupo criminal” que, según Washington, “ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de los años noventa para enviar drogas a Estados Unidos”. En su comunicado, el Departamento del Tesoro acusa directamente al presidente Nicolás Maduro de liderar el grupo. 

Marco Rubio, acusó a dicho cártel de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, de los que dijo que, a su vez, “amenazaban la paz y la seguridad de Estados Unidos”. Dos días después, Rubio emitió una declaración en la que acusaba a Maduro de robar las elecciones y afirmaba que no era el presidente de Venezuela y que su “régimen no es el gobierno legítimo (…) Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles, y es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”. Además recordó que “Nicolás Maduro está actualmente imputado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al plan criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”. 

El 8 de agosto el New York Times, dio cuenta de un paso clave en la estrategia injerencista de Trump en México y Venezuela: la firma, en secreto, de una directiva al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga considerados como organizaciones terroristas. Cuatro días después Rubio confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe para combatir el narcotráfico, aunque no ahondó en detalles que permitieran dar cuenta de la duración y alcances de la operación. 

A continuación, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi anunció un incremento de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a su captura. Maduro es acudado por las autoridades estadounidenses desde hace años de encabezar un cártel de drogas, sin la presentación de pruebas. La fiscal también acusó a Venezuela de pagar sobornos a cambio de espacio aéreo e informó que el gobierno de Donald Trump había confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro (que incluían dos aviones de uso oficial confiscados en la República Dominicana) mansiones en La Florida y en la República Dominicana, vehículos, granjas de caballos y millones de dólares en joyas además de efectivo. Las autoridades venezolanas calificaron esos dichos de “circo mediático» y «brutal, criminal y feroz campaña». 

Paralelamente a estos hechos los presidentes de Colombia y Venezuela anunciaron la articulación de sus ejércitos para hacerle frente al tráfico internacional de drogas en la extensa frontera común. Maduro detalló que el objetivo terminal es garantizar que las zonas fronterizas estén libres de violencia, mientras que su par colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la estrategia ha dado frutos, especialmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que «ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente». 

Entre la Invasión y la amenaza

Es evidente que detrás de la campaña de intervención militar en Venezuela y el derrocamiento del gobierno presidido por Maduro se encuentra la facción liderada por María Corina Machado quien coordina el lobby para supuestamente llevar la democracia de regreso a Venezuela, de forma similar al lobby que realiza Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien gestiona todo tipo de sanciones para Brasil con el fin de impedir el juicio que tiene su padre pendiente por intentar dar un golpe de Estado el 8 de enero de 2023. 

A pesar de la campaña mediática contra Maduro y su equipo al acusarlos de liderar un cártel del narcotráfico, no parece viable que una operación con intervención militar de Estados Unidos pudiera tener éxito. Este tipo de amenazas externas producen reacciones de unificación de las fuerzas políticas, como ha ocurrido en Brasil con el tema arancelario. 

Por otro lado, los propios informes de la DEA del año 2024 y 2025, así como el Reporte Mundial sobre Drogas 2025 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd),  no mencionan a Venezuela como un factor de importancia en la producción de cultivos de hoja de coca y marihuana ni procesamiento de cocaína, así como tampoco en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. 

Estados Unidos evalúa los regimenes autoritarios con un doble rasero. Es simple: te sometes a mi esfera de influencia o el costo será muy alto. Así, poco se difunde que el presidente Nayib Bukele de El Salvador, haya modificado la Constitución para poder ser reeelecto indefinidamente, además de haber incurrido en múltiples casos de violación de derechos humanos.

O sobre documentos desclasidicados que involucran al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a miembros de su familia con el narcotráfico. Asimismo, los expresidentes Juan Orlando Hernández de Honduras (2014-2022), fiel aliado de Estados Unidos durante su mandato, y el panameño Manuel Noriega (1983-1989), quien colaboró con varias agencias de inteligencia estadounidenses, incluída la CIA, que ignoraron que era narcotraficante a cambio de su colaboración para apoyar a los Contras y derrotar al gobierno sandinista en Nicaragua, en tiempos del presidente Ronald Reagan. Cuando dejaron de ser útiles, ambos fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.

En cualquier caso, es inadmisible que muchos países latinoamericanos respalden con su silencio estrategias, aun cuando solo queden como amenazas, que involucren la intervención militar de Estados Unidos, o de cualquier otro país en nuestra región, bajo acusaciones, en este caso de narcoterrorismo internacional, que nos acerquen a una guerra.

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* Esta nota ha sido publicada por la autora en su columna El mundo en Foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org

Han pasado 11 años desde la masacre de Alto Tamaya–Saweto en Ucayali. El reciente fallo que condena a 28 años y tres meses de cárcel a los responsables marca un precedente histórico. Pero también abre un debate inevitable: la situación de vulnerabilidad que siguen enfrentando los pueblos indígenas y defensores ambientales en el Perú.

La noche del 1 de septiembre de 2014, los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo fueron asesinados por madereros ilegales. Durante años, ellos habían denunciado sin descanso la tala indiscriminada dentro de sus territorios. Sus voces incomodaban a intereses que se movían con dinero y violencia. Y esa resistencia terminó costándoles la vida.

Recién el pasado 25 de agosto, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la sentencia. La justicia llegó, pero tardó más de una década. Para Felipe Tapia Ninaja, abogado de las viudas, el fallo “constituye un precedente histórico porque envía un mensaje claro contra la criminalidad que ataca a comunidades indígenas”.

Un crimen con móviles colectivos

El caso Saweto demuestra que los asesinatos no fueron hechos aislados. Se trató de un plan criminal diseñado para silenciar a los líderes indígenas y quebrar la defensa de su territorio. El testimonio de un testigo protegido fue clave para evidenciar cómo los sentenciados planificaron y ejecutaron el crimen.

El abogado Tapia recordó que los dirigentes asesinados insistieron hasta el final en la defensa de la tierra, amparados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. “Al eliminarlos, se intentó suprimir derechos colectivos y destruir la organización comunal”, afirmó.

Sin embargo, la justicia aún tiene cuentas pendientes. Los condenados siguen prófugos. La captura está en manos de la Policía Nacional, pero hasta ahora no se logra. Para las familias y las comunidades, la justicia no será plena hasta verlos tras las rejas.

Defensores bajo amenaza

El caso Saweto no es único. En la última década, más de 35 líderes indígenas amazónicos han sido asesinados. Y la lista crece. Amenazas ligadas a la tala ilegal, la minería y el narcotráfico se multiplican, mientras el mecanismo intersectorial de protección del Estado muestra serias limitaciones.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo resume con crudeza: “El papel no aguanta la bala”. Varios defensores, incluso con garantías del Estado, han sido asesinados sin que existan medidas reales de protección.

Las comunidades han empezado a organizar guardias indígenas para vigilar y proteger sus territorios. Lo hacen sin recursos y sin reconocimiento oficial, pero con resultados. “El Estado debería articularse con estas formas de autoprotección y fortalecerlas”, reclamó Guimaraes.

Bajo el argumento de soberanía nacional el Gobierno crea grupo de trabajo para iniciar salida del SIDH

La voz de los pueblos

El líder asháninka Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene, celebró la sentencia, aunque con un sabor amargo: “Han pasado más de 11 años para que se haga justicia. Eso no es justicia real”. Él mismo ha recibido amenazas por enfrentar al narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Para Valerio, la violencia contra los defensores indígenas se suma a la falta de titulación de tierras. Mientras empresas consiguen concesiones en semanas, comunidades esperan décadas. “Es una injusticia que se repite”, señaló.

El dirigente remarcó además que la expansión del narcotráfico ha puesto en riesgo a las comunidades. Su organización trabaja con cultivos alternativos como cacao y café, pero advierte que sin seguridad en los territorios, el esfuerzo se debilita.

Justicia tardía, deudas presentes

El caso Saweto exhibe con claridad las falencias del sistema de justicia. El proceso duró 11 años, con audiencias suspendidas porque no había intérprete en lengua asháninka. Tapia reclama que el Poder Judicial establezca plazos razonables para casos de defensores indígenas y que se garantice siempre la presencia de intérpretes.

Mientras tanto, la violencia continúa. El reciente asesinato de Hipólito Quispe, defensor en Madre de Dios, confirma que la justicia no llega a tiempo. Su cuerpo permaneció horas en la carretera sin respuesta estatal, pese a que él había pedido protección en reiteradas ocasiones.

El fallo de Saweto es una victoria parcial. Envía un mensaje, sí, pero también recuerda lo frágil que es la vida de quienes defienden la Amazonía. Y deja una pregunta abierta: ¿hasta cuándo el Estado permitirá que quienes protegen los bosques paguen con su vida?

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Simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra convocaron a una vigilia pública este jueves 28 de agosto en la plaza España de Arequipa. Esto, como muestra de respaldo previo a la audiencia judicial que evaluará la apelación contra su prisión preventiva.

La concentración iniciará a las 18:00 horas y se replicará de manera simultánea en la ciudad de Juliaca y Cusco, según confirmaron los organizadores.

La manifestación coincide con la programación de la audiencia clave ante el Poder Judicial, fijada para el viernes 29 de agosto a las 10:00 horas. Durante esta sesión, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revisará la legalidad de la medida cautelar de cinco meses impuesta al exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En el debate jurídico participará el abogado defensor Erwin Siccha, quien sustentará los argumentos para revocar la prisión preventiva. Frente a él, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, defenderá la legalidad de la resolución emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz.

Proceso clave para Martín Vizcarra, tras vigilia en Arequipa

Al finalizar las intervenciones técnicas, el propio Vizcarra tendrá derecho a ejercer su defensa material desde el penal Ancón II. Aquí se encuentra recluido tras su reciente traslado desde el establecimiento Barbadillo. Los jueces superiores podrían emitir su decisión el mismo viernes en horario nocturno o notificarla posteriormente mediante casillas electrónicas.

La vigilia en Arequipa representa la primera expresión de apoyo al expresidente desde su ingreso al sistema penitenciario. Los organizadores enfatizan el carácter pacífico de la concentración, que busca llamar la atención sobre el proceso judicial que mantiene al exmandatario privado de libertad mientras se sustenta la investigación en su contra.

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Daniela Asumi Gallo Núñez, de 14 años, permanece desaparecida desde hace más de un mes. Su madre, Juana Núñez, denunció que la Policía no ha intensificado las labores de búsqueda, pese a la sospecha de que la menor podría ser víctima de trata de personas.

La adolescente fue vista por última vez en el asentamiento humano San Sebastián, sector Módulo 6, en el distrito de Veintiséis de Octubre, vestida con una chompa, una blusa negra y un pantalón rosado. Desde entonces, solo ha mantenido breves comunicaciones con su madre a través de llamadas realizadas desde distintos números telefónicos.

“A pesar de que me comunico con mi hija en pocas ocasiones, ella desapareció con una chompa y blusa negra. Desde hace casi un mes no sabemos nada de su paradero”, relató Núñez.

Según la madre, en cada llamada Daniela se muestra temerosa y corta la comunicación cuando se le insiste sobre su ubicación, lo que refuerza la sospecha de que podría estar retenida contra su voluntad. “Pienso que alguien la retiene porque a veces me dice que quiere venir y luego se queda callada. Me hace pensar que está raptada”, agregó.

La denuncia ya fue presentada ante la División de Investigación Criminal de Personas Desaparecidas (DIVINCRI), sin embargo, Núñez cuestiona la respuesta de los agentes, quienes —según afirma— le habrían pedido ubicar primero a su hija para recién intervenir.

Desesperada, la madre hizo un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que ayude a dar con el paradero de Daniela. “Mi hija solo tiene 14 años, ayúdenme a encontrarla. He ido a los lugares que me indican, pero no la encuentro. Les pido a las autoridades que no esperen a que pase algo peor para actuar”, expresó entre lágrimas.

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La precaria situación estructural de la Institución Educativa Julio C. Tello, en Paucarpata (Arequipa), obligó a las autoridades a decretar la demolición inmediata de uno de sus pabellones. La decisión se adoptó recién, tras una inspección técnica que confirmó el riesgo inminente de colapso. Esto, luego de que el caso fuera expuesto públicamente.

El bloque afectado, que incluye ocho aulas y servicios higiénicos, presenta daños severos tras cinco años de abandono. La losa exhibe viguetas colapsadas, mientras que columnas y vigas muestran fisuras profundas, según el informe oficial. El espacio ya se encontraba clausurado preventivamente para el uso de los más de 800 estudiantes del plantel.

La intervención del Gobierno Regional de Arequipa se produjo después de que medios de comunicación revelaran las críticas condiciones del inmueble. Documentación gráfica mostraba incluso cómo un antiguo televisor servía como soporte estructural para prevenir el derrumbe de un techo. Esto evidenciaba la desesperación de la comunidad educativa.

El director de la institución, Gino García, había manifestado previamente que todas las gestiones realizadas durante años para obtener apoyo gubernamental recibieron como respuesta la falta de presupuesto. La Fiscalía de Prevención del Delito ya había advertido que cualquier incidente tendría como responsables directos a las autoridades regionales.

La inspección conjunta entre el GORE y el Ministerio Público determinó que las medidas de mantenimiento inicialmente consideradas resultaban insuficientes. La demolición total se estableció como la única alternativa viable para garantizar la seguridad en el centro educativo.

Reconstrucción de colegio en Arequipa

Las autoridades regionales confirmaron que la Municipalidad Distrital de Paucarpata asumirá la ejecución del nuevo proyecto de infraestructura educativa. El proceso para la elaboración del perfil técnico ya fue convocado públicamente, según informó el Gobierno Regional de Arequipa.

El caso del colegio Julio C. Tello ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de mantenimiento de infraestructura educativa en Arequipa.

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El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en coordinación con agentes de la Dirección contra la Corrupción, realizó un allanamiento simultáneo en las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM- Ayacucho) y en la vivienda de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte.  

La diligencia, que se extendió por más de ocho horas, forma parte de una investigación fiscal por presunto favorecimiento irregular en la obtención de arraigo laboral. Según la hipótesis del Ministerio Público, Boluarte habría consignado a la DREM como su centro de arraigo laboral con el objetivo de evitar una eventual prisión preventiva, en el marco de una investigación por corrupción. 

Las autoridades buscan determinar si existen documentos que sustenten efectivamente ese vínculo laboral y si hubo alguna gestión irregular desde la entidad regional para facilitar dicha acreditación. En la investigación también figura el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a quien la fiscalía sindica como presunto líder de una red criminal que habría operado desde altos niveles del Estado para favorecer intereses privados a cambio de beneficios económicos y laborales. De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez, en su calidad de exministro del Interior, utilizó su influencia para facilitar la recuperación de terrenos de la empresa “Minas El Dorado S.A.”, con el apoyo del abogado Percy Tenorio. A cambio, se habría exigido no solo dinero, sino también que la empresa extienda arraigos laborales ficticios a favor de Nicanor Boluarte. 

La fiscalía afirmó que Boluarte se reunió al menos siete veces entre enero y febrero de 2025 con presuntos operadores de esta red en una oficina del Centro Empresarial de San Isidro. Entre ellos figuran Marco Antonio Palacios Meza, socio fundador del Estudio Santiváñez, y Franco Parodi Gianella, propietario de la minera El Dorado. En dichas reuniones, se habría coordinado la supuesta “creación” de arraigos laborales falsos para presentar a Boluarte como consultor de la empresa.

SE PRONUNCIAN

Frente a estas acusaciones, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que rechaza “categóricamente” cualquier presunto favorecimiento desde la DREM a alguna empresa minera. La entidad aseguró que cumple rigurosamente con la normativa vigente en materia de fiscalización minera y salud ocupacional, y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones.

“Expresamos nuestra plena disposición para colaborar en todo lo que contribuya al pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

La investigación fiscal continúa su curso mientras se espera el análisis del material incautado durante las diligencias, que podrían determinar si existió uso indebido de funciones públicas para encubrir o favorecer a allegados del entorno presidencial.  La diligencia se prolongó por varias horas en el local del ex Agallas de Oro y el fiscal encargado del caso no quiso brindar mayores detalles. Durante este lapso las autoridades recogieron toda la información y en cajas retiraron la documentación como parte de la investigación.

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Iván Yovera, dirigente del distrito de Santa Rosa, expresó su malestar por la instalación de la Mesa de Trabajo Multisectorial en Lima, donde, según afirmó, no participaron representantes de la sociedad civil de la zona fronteriza. 

Señaló que la decisión debió realizarse en Santa Rosa como un acto simbólico de presencia del Estado en la triple frontera. Asimismo, advirtió que la población desconoce los alcances de esta mesa y que no se ha convocado a una reunión informativa local. 

“Es lamentable que no se tome en cuenta a los verdaderos actores del distrito. El pueblo está desinformado y espera soluciones concretas”, manifestó, agregando que esta exclusión genera dudas sobre la efectividad de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. 

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Un equipo multidisciplinario de psicólogos e ingenieros de la Universidad Continental ha desarrollado “ContimedPhobias v1.0.4”, un software de realidad virtual único en el Perú, diseñado para combatir la aracnofobia (miedo a las arañas). Los investigadores presentaron el innovador programa en una conferencia internacional en Australia, donde se posiciona como una herramienta clave para tratar fobias y formar a futuros profesionales de la salud mental.

El software funciona como un simulador que sumerge a los usuarios en un entorno virtual controlado, permitiendo a los terapeutas aplicar técnicas psicoterapéuticas de manera segura y progresiva. Sus creadores destacan que el desarrollo de esta tecnología se basa en métodos como la desensibilización sistemática, la terapia de aceptación y compromiso, y la atención plena (mindfulness), que han demostrado su eficacia en el tratamiento de fobias.

Innovación para la educación y la salud

El proyecto estuvo a cargo del equipo de investigación de la Universidad Continental, integrado por los psicólogos Jonathan Jara Quispe y Leonel Revilla, junto al ingeniero Diego Fernández. Iván Montes y Karen Pérez, director y subdirectora nacional de Psicología de la universidad, supervisaron la validación del programa.

Los desarrolladores destacan que la realidad virtual ofrece la ventaja de crear un entorno controlado y seguro, crucial en los tratamientos de exposición gradual. “La RV ahora se utiliza en procesos de diagnóstico y tratamiento más rápidos, innovadores y seguros porque proporciona un entorno controlado”, sostuvieron.

La principal ventaja de la realidad virtual en la terapia es su capacidad para crear un entorno controlado y seguro. (Foto: Difusión)

El programa está destinado, principalmente, a un uso docente en el curso “Métodos y Técnicas Psicoterapéuticas” de la Facultad de Psicología, ofreciendo a los estudiantes una herramienta práctica para entrenarse en situaciones simuladas.

Reconocimiento internacional

El potencial de “ContimedPhobias v1.0.4” ha trascendido las fronteras del país. Sus propios creadores presentaron el software en la 28.ª Conferencia Anual sobre Ciberpsicología, Ciberterapia y Redes Sociales (CyPsy28), un prestigioso evento celebrado en Sídney, Australia. Este reconocimiento internacional subraya el avance de la ingeniería y la psicología peruanas en el uso de tecnologías de vanguardia para la salud y el bienestar.

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Treinta motocicletas compradas para reforzar el patrullaje en Huancayo permanecen almacenadas en el depósito del Gobierno Regional de Junín, en Huayucachi. Aunque deberían estar en las calles, todas las unidades siguen cubiertas con plástico y expuestas a la intemperie.

Huanca York Times comprobó que las motos, adquiridas en la gestión de Zósimo Cárdenas hace cerca de dos meses, no se utilizan pese a que en varias comisarías y puestos de auxilio faltan vehículos para la labor policial.

Estas unidades forman parte de la estrategia del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) y del plan de inversiones 2025. Según lo anunciado por Cárdenas en Satipo, en noviembre del 2024, las motos estarán implementadas con circulina, sirena, altavoz, reflector y radios de comunicación.

Al respecto, el gerente general Roy Gonzales Mayta explicó que aún les falta dicho equipamiento.

“Son dos procesos diferentes, primero se compran las motos y luego hay otro proceso para su equipamiento”, señaló. Añadió que el gobierno regional adquirirá otro lote y que en octubre entregará a la Policía las motocicletas, ya implementadas.

Cabe recordar que el gobernador Cárdenas anunció una inversión de 20,6 millones de soles este año para adquirir 83 camionetas y 100 motocicletas nuevas, completamente equipadas.

Mientras tanto, las 30 motos permanecen guardadas en Huayucachi.

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Han pasado más de seis meses desde el trágico accidente en el río Vilcanota, en Ollantaytambo (Cusco), y los familiares de los ingenieros William Inquilla, Ever Laura y Miguel Quiroga continúan viviendo una dolorosa incertidumbre. El 17 de febrero, la camioneta en la que viajaban por motivos laborales fue arrastrada por la corriente, y días después solo se recuperó el cuerpo de Carlos Gómez, otro de los ocupantes del vehículo.

A pesar del tiempo transcurrido, las familias no se rinden. Nélida Coila, allegada a una de las víctimas, hizo un llamado urgente a la ciudadanía, a las autoridades y a las empresas privadas para facilitar el traslado de equipos y material logístico desde Juliaca hacia Ollantaytambo, con el fin de reforzar las labores de búsqueda. Actualmente, un grupo de rescatistas especializados permanece en la zona; sin embargo, los trabajos son limitados debido a la falta de recursos técnicos y económicos.

Los deudos denunciaron además que la empresa contratante de los ingenieros no ha brindado el apoyo necesario, lo que agrava la situación y los obliga a depender de la solidaridad colectiva. “No queremos que este caso quede en el olvido. Necesitamos seguir buscando a nuestros familiares”, expresó Coila entre lágrimas.

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En Juliaca, la justicia dictó cadena perpetua contra Javier Suaña Quispe por violar a su sobrina de 12 años, la sentencia fue conseguida por la Primera Fiscalía Penal de San Román y establece que el condenado pasará el resto de su vida en prisión.

La fiscal adjunta provincial Marcela La Fuente Vera informó que Suaña Quispe amenazaba a la menor para someterla en un inmueble de la urbanización Las Palmeras, allí se produjeron los abusos de manera reiterada entre los años 2014 y 2016 según quedó acreditado en las investigaciones.

Con el paso de los días la niña presentó problemas de salud y fue llevada por sus familiares al hospital donde fue diagnosticada con un aborto incompleto, esta situación permitió que se conociera el caso y que luego se presentara la denuncia ante las autoridades judiciales.

El sentenciado permaneció prófugo durante varios años con orden de captura vigente desde el 2016, finalmente fue detenido en noviembre de 2024, desde entonces estuvo bajo prisión preventiva mientras avanzaba el proceso penal que ahora concluye con una sanción máxima.

La Fiscalía sostuvo que los delitos cometidos contra la menor demostraron ensañamiento y un daño irreversible, por lo que el Poder Judicial decidió imponer la cadena perpetua, esta sanción fue considerada adecuada para evitar la impunidad frente a delitos tan graves.

Las autoridades precisaron que Javier Suaña Quispe será recluido en el penal de San Román en Juliaca de manera definitiva, con ello se busca garantizar justicia para la víctima y enviar un mensaje firme contra quienes atenten contra la integridad de los niños.

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Cansados de dictar clases y estudiar en aulas prefabricadas, profesores y escolares del colegio Túpac Amaru de Florencia de Mora llegaron a las puertas de la sede del GORE La Libertad para exigir la construcción de su nueva sede estudiantil y reclamar al gobernador César Acuña que cumpla con su promesa de colocar la primera piedra en este mes de agosto. Hace 11 años, ambientes del centro de estudios fue declarado de alto riesgo.

En diálogo con Investiga, la directora del colegio Túpac Amaru, Magaly Iglesias Robles, recordó que fue en el 2014, hace 11 años, que declararon los ambientes de estudio del colegio en alto riesgo. Desde entonces, todos los estudiantes que pasan por el centro educativo ocupan aulas prefabricadas. “En esas aulas prefabricadas estudian 750 alumnos de 27 secciones, tanto en la mañana como en la tarde. Y, en la noche, estudian 150 alumnos más”, explicó.

¿Y el compromiso con la Educación?

“La promesa del gobernador fue construir el año pasado, pero nada. No hay expediente técnico. La Municipalidad se comprometió, pero nada. También nos prometieron que iba a estar listo para el 30 de junio y que el primero de agosto de este año, el gobernador Acuña colocaría la primera piedra, tampoco se ha cumplido”, manifestó.

Debido a la falta de compromiso de las autoridades, la mañana de este miércoles, docentes y estudiantes protestaron frente a las oficinas del GORE La Libertad en la plaza de armas de Trujillo. Aguardaron la presencia del gobernador César Acuña desde las 11 de la mañana y la autoridad recién salió de la sede a las 2:15 p.m.

“El gobernador Acuña nos ha informado que ya conversó con su nuevo gerente de Infraestructura y que en dos meses más ya se tendría el expediente técnico para ejecutar la construcción del nuevo colegio Túpac Amaru que está valorizado en 84 millones de soles. Eso es a lo que se ha comprometido el señor gobernador”, agregó la directora del colegio.

¿Y si renuncia?

El gran temor ahora es que el gobernador César Acuña renuncie al cargo antes del próximo 13 de octubre para participar de las elecciones generales del próximo año y de esta manera vuelvan a truncarse los sueños de los escolares de por fin estudiar en aulas dignas y no en estructuras prefabricadas que ya muestran el inevitable deterioro del tiempo.  

Foto: Armando Castro

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En Cusco se puso en marcha el proyecto Recuperación de Ecosistemas Infraestructura Verde, liderado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, con el objetivo de recuperar más de tres mil hectáreas de terrenos degradados en ocho distritos de la provincia de La Convención. Las acciones ya se implementan en viveros ubicados en Huayopata, Maranura, Vilcabamba y Echarate.

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a S/34 millones, contempla la siembra de especies nativas como quina, pashaco, pacae mono y pisonay. Estas especies fueron seleccionadas por su capacidad de adaptación, su aporte al ecosistema y su potencial para beneficiar a las economías locales. El plan busca restaurar la cobertura vegetal en áreas afectadas por incendios forestales, procesos de erosión y otras causas naturales o humanas.

Las autoridades regionales informaron que, además del impacto ambiental, se espera un efecto económico positivo en la zona. “La mano de obra que se impulsará será de aproximadamente cinco mil empleos directos e indirectos como resultado de los trabajos de producción”, señalaron, destacando que actividades como el embolsado y el mantenimiento de viveros dinamizarán la economía local mientras se avanza en la recuperación de los ecosistemas.

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¡Escándalo! Wilso Rodríguez Vásquez y otros dos trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), fueron detenidos en presunta flagrancia por la Policía Nacional del Perú, tras consumir presuntamente bebidas alcohólicas en una camioneta de la Municipalidad Provincial de Trujillo, según la revisión de la placa en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

La intervención al exfuncionario se realizó en la cuadra 12 de la avenida Ricardo Palma, en la urbanización El Bosque. Los otros dos trabajadores fueron identificados como Diego Rodríguez Rojas, jefe de flota, y Miguel Zabarburu Ávalos, chofer del Segat.

Peculado de uso

Los intervenidos son investigados por la policía y Ministerio Público por el presunto delito de peculado de uso, lo que implicaría  2 o 4 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En una entrevista a los medios de comunicación, Rodríguez aseguró que nunca bebió licor y que fue sorprendido por la policía cuando se dirigía a una reunión, luego de su horario de refrigerio.

“Hemos ido a sacar el dosaje etílico, voy a demostrar que en ningún momento he ingerido ni una sola gota, cómo voy a libar licor si he estado saliendo de una reunión y estoy yendo a otro lado, estoy trabajando, es insólito».

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna decidió remover del cargo a Wilso Rodríguez e indicó que pronto designará a un nuevo gerente del SEGAT. Rodríguez informó que aún no le han notificado sobre su despido.

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El Poder Judicial de Arequipa dispuso la liberación de los nueve individuos detenidos durante el operativo de desalojo de la casona ubicada en la calle Jerusalén, la cual funcionaba como la discoteca LGTB Imperio Freetown. La medida se adoptó tras haberse excedido el plazo legal de detención en casi tres horas, conforme al mandato constitucional que establece un máximo de 48 horas.

El juez de Flagrancia, tras realizar la audiencia de control de detención, resolvió dejar sin efecto la medida restrictiva. El Ministerio Público no presentó recurso alguno contra esta decisión. En consecuencia, los procesados enfrentarán el pedido de prisión preventiva en libertad, en tanto se programe una nueva audiencia en el juzgado correspondiente, de acuerdo con la disponibilidad de agenda.

Los implicados son investigados por la presunta comisión de los delitos de violencia contra la autoridad, por impedir el ejercicio de sus funciones, tras utilizar bombas molotov.

Desalojo violento en Arequipa

El desalojo de la casona, objeto de un litigio judicial de ocho años, se desarrolló en un clima de extrema tensión. El local, inicialmente alquilado para funcionar como hospedaje, operaba de manera irregular como discoteca. Durante el operativo, un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellas extranjeros, ofreció resistencia lanzando artefactos incendiarios y atrincherándose en el interior.

La propietaria del inmueble, a través de su abogada Carelia Encalada, señaló que el inquilino incumplió con los pagos tras solo dos meses y se convirtió en ocupante ilegal. Pese a la orden judicial de desalojo emitida en junio, la ejecución se vio obstaculizada por actos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de la zona.

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El Gobierno de Dina Boluarte, publicó este jueves en El Peruano una resolución ministerial que crea un «Grupo de Trabajo Multisectorial» de «naturaleza temporal» para formular la propuesta de ley denominada ‘Ley de Soberanía Nacional’, luego de las críticas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la reciente ley de amnistía.

Según la norma, que lleva la firma del premier Eduardo Arana, este grupo multisectorial tiene 60 días para «analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual». Su instalación será en un plazo no mayor a diez días hábiles.

Lo preside el Ministerio de Defensa y lo conforman la Presidencia del Consejo de Ministros, Relaciones Exteriores; Interior; Justicia; Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Ejército; Marina y Fuerza Aérea del Perú. El informe final se entregará al titular del Ministerio de Defensa.

En su alocución en un acto protocolar, Boluarte Zegarra anunció este miércoles, la intención de su Gobierno de impulsar este proyecto de ley para “defender la soberanía nacional” y adelantó sobre posibles cambios en la participación de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras las críticas a la ley de amnistía para los militares que cometieron crímenes en la época del terrorismo. Proyecto que impulsó el fujimorismo en el Congreso de la República.

¿Qué desarrollará el grupo “multisectorial”?

El plan de trabajo de esta instancia debe contener “las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional». Se formulará la propuesta y exposición de motivos. Asimismo, este grupo puede acordar la conformación de subgrupos, según sus necesidades.

«El Grupo de Trabajo, previo acuerdo de sus integrantes y a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo de otras entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional; así como, de profesionales independientes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones», añadieron.

¿Qué dijo Dina Boluarte?

Dina Boluarte, en una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional realizada este miércoles dijo que el gobierno peruano se encontraba preparando un proyecto de ley «de la soberanía nacional», con el propósito de otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, aseguró.

La mandataria puso énfasis en que “la defensa de la soberanía es fundamental para asegurar la libertad, la democracia y el futuro de las generaciones venideras”. Y aprovechó para una vez más, destacar el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía en la protección del territorio nacional con dedicación y patriotismo.

“En nombre del pueblo peruano, expreso mi más profunda gratitud a los hombres y mujeres que, en uniforme militar o policial, consagran su vida por el Perú”, dijo y se comprometió a respaldarlos a nivel nacional e internacional.

Como se informó, Boluarte días atrás, rechazó “cualquier intromisión externa” cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la suspensión de la ley de amnistía para evaluar su compatibilidad con investigaciones previas sobre abusos en el conflicto armado.

La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, refirió que el conflicto entre 1980 y 2000 dejó cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos. De estos casos, se han resuelto alrededor de 150 pero hay más de 600 que siguen pendientes.

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Para el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, las irregularidades en los aportes realizados a favor del partido de Keiko Fujimori durante las campañas de 2011 —por las cuales hoy afronta una investigación por presunto lavado de activos— son “prácticas normales en todo el mundo”.

En un tenso momento, el magistrado se quejó por las protestas en los exteriores de la sede del Tribunal, donde manifestantes exhibían carteles que calificaban a los magistrados como parte de una organización criminal. Aun así, cuestionó con dureza el accionar del fiscal Domingo Pérez, afirmando que hasta ahora no ha presentado ningún argumento técnico que pruebe la implicación de Keiko Fujimori en lavado de activos.

La audiencia en la que el pleno del TC escuchó los alegatos sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori —con el objetivo de declarar la nulidad del proceso penal en su contra por el caso ‘Cócteles’— destacó una advertencia del fiscal Pérez: si el Tribunal fallara a favor de Keiko, el juicio contra Vladimir Cerrón por el caso «Los Dinámicos del Centro» también correría riesgo de archivo, lo cual podría ser visto como el inicio de un peligroso retroceso institucional.

El video CHINA DE RISA | TC NINGUNEA a Domingo Pérez para darle OXÍGENO a KEIKO: caso Cócteles puede anularse se publicó en YouTube en este enlace

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El congresista liberteño, Héctor Acuña, califica como un “grave error” la posible renuncia de su hermano, César Acuña, a la gestión del Gobierno Regional de La Libertad, para postular a la presidencia de la República en las elecciones de 2026.

“Sería un grave error que Acuña renuncie por segunda vez. No es correcto dejar una gestión inconclusa y privar a la población de la continuidad de los proyectos en marcha”, declaró.

El legislador precisó que, si bien no influirá directamente en la decisión de su hermano, mantiene su posición de que la prioridad debe ser culminar con eficiencia el mandato regional en beneficio de los liberteños.

También señaló que su alejamiento del partido de Alianza Para el Progreso (APP) se debió a discrepancias internas y a la falta de apertura democrática, considerando que la agrupación atraviesa actualmente diversas dificultades como consecuencia, en parte, de la ausencia de un debate interno real y de las decisiones verticales tomadas en los últimos años.

“Me gustaría que la democracia se respete. Acostumbro a discrepar y discutir los temas, pero muchas veces no te toman en cuenta lo que piensas”, dijo.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video La Libertad: Héctor Acuña tilda de “error” la posible renuncia de su hermano César al Gore se publicó en YouTube en este enlace

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Fernando Rospigliosi, congresista de la República, fue confrontado por la ciudadanía tras un cambio radical en su posición política. De haber cuestionado enérgicamente a los militares y policías acusados de cometer delitos de lesa humanidad, pasó a considerarlos “héroes y víctimas perseguidas” por lo que él denomina la mafia caviar. Rospigliosi se ha convertido en uno de los principales impulsores de la controvertida ley de amnistía.

El trasfondo de esta postura se refleja en el escenario internacional. En teoría, el Congreso y el Estado deberían mostrarse en sintonía frente a la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, actualmente en debate ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, lo que se ha evidenciado es una enorme contradicción.

Por un lado, los abogados del Estado declararon ante los jueces de la CIDH que es absolutamente falso que el Congreso intente imponer o amenazar a jueces y fiscales con las normas que aprueba. Aseguraron que cada magistrado cuenta con la potestad de aplicar lo que se conoce como control difuso, citando como ejemplo al juez Richard Concepción Carhuancho, quien utilizó esta atribución en un caso de amnistía contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias, acusado de homicidio calificado.

Días después, el propio congresista Rospigliosi contradijo ese argumento. Con documento en mano, anunció una denuncia contra el juez Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), exigiendo su destitución por “no aplicar” las leyes aprobadas en el Parlamento. Para Rospigliosi, los jueces no deberían rechazar ni cuestionar las normas creadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, incluso cuando la Constitución reconoce la facultad del control difuso.

Este episodio pone en evidencia no solo una contradicción política, sino una visión preocupante respecto al equilibrio de poderes. Mientras el Estado defiende la autonomía judicial en instancias internacionales, desde el Congreso se exige obediencia absoluta de los magistrados a las leyes que se promulgan, debilitando la independencia judicial.

Si a esto se suman los recientes anuncios del Gobierno sobre una reforma total del sistema de justicia, lo que se proyecta es una intención más amplia: controlar las principales instituciones del Estado. Una reforma que, en lugar de fortalecer la democracia, parece orientada a centralizar el poder político en detrimento de la autonomía de los jueces y fiscales.

El video CARHUANCHO DESTAPA FATAL CONTRADICCIÓN | Rospigliosi confrontado por ciudadanos y queda en ridículo se publicó en YouTube en este enlace

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