La imagen acechante de los tres buques de guerra estacionados en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela y el prepotente mensaje del presidente Trump a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, constituyen otro hecho injerencista que se suma a los que ya han tenido lugar, entre Estados Unidos y Canadá, Panamá, Colombia, México y Brasil. El martes, al ser consultada sobre la posibilidad de enviar militares a Venezuela, Leavitt dijo que el presidente Trump había sido claro y consistente al señalar que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Asimismo, dijo que “Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cártel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia» de Estados Unidos.
Después de esas declaraciones, la agencia de noticias Reuters informó que se habían enviado tres destructores estadounidenses con misiles guiados y 4.000 efectivos y marines cerca al límite marítimo de Venezuela. Un funcionario estadounidense, quien declaró a Reuters, bajo condición de anonimato, dijo que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales. Señaló también que los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se tomaba la decisión. Además de prohibir el vuelo y la comercialización de drones en Venezuela, Maduro convocó a una campaña de alistamiento del ejército en todo el país y la movilización de 4,5 millones de milicianos.
Reacciones
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el despliegue naval estadounidense como “inaceptable” por violar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Sheinbaum siente en carne propia las presiones de la Casa Blanca por querer incursionar en territorio mexicano. De hecho, la semana pasada la presidenta tuvo que desmentir que en la frontera norte del país estuviera en marcha un “operativo especial” de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y reclamó a dicha entidad que explicara porqué publicó un comunicado referente al denominado proyecto Portero –destinado a desmantelar a “los guardianes” de los cárteles del narcotráfico en la frontera– como si este estuviera vigente.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro dijo que «cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe» y recordó que Colombia y Venezuela «son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia». También advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería «el peor error” y traería consecuencias negativas para la región en general. Asimismo, el asesor internacional del presidente Lula, Celso Amorim, expresó su «preocupación” por el riesgo de una escalada y reiteró que «el principio de la no intervención es fundamental” en la política exterior brasileña.
Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) se manifestaron en contra de cualquier operativo militar estadounidense que suponga la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano o caribeño, con independencia del motivo esgrimido por la Casa Blanca. Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina respaldan la posición de Estados Unidos y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, agradeció el apoyo de estos países, con los cuales “se está construyendo una coalición contra el flagelo de la droga».
En cuanto a países fuera de la región, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, dijo que su país se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, expresó su solidaridad con el Gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional, en medio de las crecientes presiones externas sobre Caracas. El gobierno de Irán también lo ha respaldado y condenado la intervención de Estados Unidos por la presencia de buques cerca a la costa del país.
Petróleo y otras riquezas
Durante su campaña electoral Trump llegó a decir, en una velada crítica a su adversario Joseph Biden: “Cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. Si la hubiéramos tomado, tendríamos todo ese petróleo, pero ahora estamos comprando petróleo de Venezuela, así que hacemos a un dictador rico. ¿Pueden creerlo?”
Es así que, apenas asumió el gobierno, el 20 de enero, emitió una Orden Ejecutiva que establecía un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones (como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha) serían designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras toda vez que constituían una amenaza a su seguridad nacional.
Según la Orden Ejecutiva –sin ningún atisbo de crítica sobre la permisidad de la actuación de los narcotraficantes en el territorio estadounidense, el mayor consumidor de drogas en el mundo– “los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”. Como si el dramático tema de las drogas solo tuviera que abordarse desde el lado de la oferta –y no de su consumo– la Orden señala que, en ciertas zonas de México, los carteles funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad y sus actividades. Por lo tanto su proximidad e incursiones en el territorio físico de Estados Unidos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de este país.
Un mes después, el Departamento de Estado anunció la designación del cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco “nueva generación” , cártel del Noreste , la nueva familia michoacana , cártel de Golfo y “Cárteles Unidos” como organizaciones terroristas extranjeras y el Tren de Aragua, y la Mara Salvatrucha –la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80 y que durante décadas causó estragos en El Salvador– como terroristas globales especialmente designados.
Muchos analistas consideran que la calificación de los carteles de drogas como organizaciones terroristas «no garantiza una intervención militar, pero se acerca», por lo que resulta tan polémico. «Todos queremos combatir a los carteles de la droga», había dicho ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero «ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio», y «recordó que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había apostado por privilegiar la cooperación». Los partidos políticos de oposición en México cerraron filas con el oficialismo en este tema y rechazaron cualquier posibilidad de «intervencionismo extranjero». A pesar de ello, en abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al ejército estadounidense combatir a los cárteles de la droga en territorio de su país, pero ella rechazó la idea.
Recién a fines de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, por ser “un grupo criminal” que, según Washington, “ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de los años noventa para enviar drogas a Estados Unidos”. En su comunicado, el Departamento del Tesoro acusa directamente al presidente Nicolás Maduro de liderar el grupo.
Marco Rubio, acusó a dicho cártel de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, de los que dijo que, a su vez, “amenazaban la paz y la seguridad de Estados Unidos”. Dos días después, Rubio emitió una declaración en la que acusaba a Maduro de robar las elecciones y afirmaba que no era el presidente de Venezuela y que su “régimen no es el gobierno legítimo (…) Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles, y es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”. Además recordó que “Nicolás Maduro está actualmente imputado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al plan criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”.
El 8 de agosto el New York Times, dio cuenta de un paso clave en la estrategia injerencista de Trump en México y Venezuela: la firma, en secreto, de una directiva al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga considerados como organizaciones terroristas. Cuatro días después Rubio confirmó el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe para combatir el narcotráfico, aunque no ahondó en detalles que permitieran dar cuenta de la duración y alcances de la operación.
A continuación, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi anunció un incremento de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a su captura. Maduro es acudado por las autoridades estadounidenses desde hace años de encabezar un cártel de drogas, sin la presentación de pruebas. La fiscal también acusó a Venezuela de pagar sobornos a cambio de espacio aéreo e informó que el gobierno de Donald Trump había confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro (que incluían dos aviones de uso oficial confiscados en la República Dominicana) mansiones en La Florida y en la República Dominicana, vehículos, granjas de caballos y millones de dólares en joyas además de efectivo. Las autoridades venezolanas calificaron esos dichos de “circo mediático» y «brutal, criminal y feroz campaña».
Paralelamente a estos hechos los presidentes de Colombia y Venezuela anunciaron la articulación de sus ejércitos para hacerle frente al tráfico internacional de drogas en la extensa frontera común. Maduro detalló que el objetivo terminal es garantizar que las zonas fronterizas estén libres de violencia, mientras que su par colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la estrategia ha dado frutos, especialmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que «ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente».
Entre la Invasión y la amenaza
Es evidente que detrás de la campaña de intervención militar en Venezuela y el derrocamiento del gobierno presidido por Maduro se encuentra la facción liderada por María Corina Machado quien coordina el lobby para supuestamente llevar la democracia de regreso a Venezuela, de forma similar al lobby que realiza Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien gestiona todo tipo de sanciones para Brasil con el fin de impedir el juicio que tiene su padre pendiente por intentar dar un golpe de Estado el 8 de enero de 2023.
A pesar de la campaña mediática contra Maduro y su equipo al acusarlos de liderar un cártel del narcotráfico, no parece viable que una operación con intervención militar de Estados Unidos pudiera tener éxito. Este tipo de amenazas externas producen reacciones de unificación de las fuerzas políticas, como ha ocurrido en Brasil con el tema arancelario.
Por otro lado, los propios informes de la DEA del año 2024 y 2025, así como el Reporte Mundial sobre Drogas 2025 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), no mencionan a Venezuela como un factor de importancia en la producción de cultivos de hoja de coca y marihuana ni procesamiento de cocaína, así como tampoco en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Estados Unidos evalúa los regimenes autoritarios con un doble rasero. Es simple: te sometes a mi esfera de influencia o el costo será muy alto. Así, poco se difunde que el presidente Nayib Bukele de El Salvador, haya modificado la Constitución para poder ser reeelecto indefinidamente, además de haber incurrido en múltiples casos de violación de derechos humanos.
O sobre documentos desclasidicados que involucran al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a miembros de su familia con el narcotráfico. Asimismo, los expresidentes Juan Orlando Hernández de Honduras (2014-2022), fiel aliado de Estados Unidos durante su mandato, y el panameño Manuel Noriega (1983-1989), quien colaboró con varias agencias de inteligencia estadounidenses, incluída la CIA, que ignoraron que era narcotraficante a cambio de su colaboración para apoyar a los Contras y derrotar al gobierno sandinista en Nicaragua, en tiempos del presidente Ronald Reagan. Cuando dejaron de ser útiles, ambos fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.
En cualquier caso, es inadmisible que muchos países latinoamericanos respalden con su silencio estrategias, aun cuando solo queden como amenazas, que involucren la intervención militar de Estados Unidos, o de cualquier otro país en nuestra región, bajo acusaciones, en este caso de narcoterrorismo internacional, que nos acerquen a una guerra.
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* Esta nota ha sido publicada por la autora en su columna El mundo en Foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org
