La Fiscalía de Arequipa inicia investigación preliminar de la muerte de un ciudadano durante protestas de mineros informales en Chala. Equipo fiscal acudió a la zona acudieron donde también se reportó la detención de ocho personas.
Imágenes de otros heridos en Chala, Arequipa, tras enfrentamientos de mineros informales, ayer 11 de julio. Fotos: Agencia Andina.
La Fiscalía de Arequipa inicia investigación preliminar de la muerte de un ciudadano durante protestas de mineros informales en Chala. Equipo fiscal acudió a la zona donde también se reportó la detención de ocho personas.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí inició investigación preliminar por la muerte del ciudadano en proceso de identificación ocurrida en el distrito de Chala, Arequipa, durante las protestas de mineros informales que mantenían bloqueada la carretera Panamericana Sur.
Ante ello, un equipo liderado por el fiscal provincial Marcos Camacho Correa, así como los fiscales adjuntos provinciales Yolanda Martínez Ríos y Wilfredo Sánchez Vera, acudieron a la zona donde también se reportó la detención de ocho personas.
En este sentido, se dispuso diligencias urgentes como la necropsia del fallecido para determinar la causa del deceso, toma de declaraciones a los testigos del hecho, así como la verificación de actas de intervenciones a los detenidos, con el fin de determinar si corresponde abrirles investigación por el delito de entorpecimiento del transporte público.
De esta manera, el Ministerio Público reitera evitar el conflicto y enfrentamientos que atenten contra el orden y la tranquilidad pública, al igual que la vida e integridad de las personas, el patrimonio público y privado, así como el normal funcionamiento del transporte.
Mineros informales dan tregua solo para este sábado tras muerte en Chala, Arequipa
Tras la muerte de un taxista en protestas de los mineros informales en Chala, Arequipa, el gremio Confemin anunció una tregua de 24 horas. A lado del dirigente de los “artesanales” aparece el congresista Alex Paredes.
A través de un video en sus redes sociales, Máximo Franco Bequer, líder de los mineros informales conocidos como Confemin, y militante de Renovación Popular, anunció una tregua de 24 horas en las protestas que viene impulsando en distintos puntos del país para que el gobierno ceda a sus exigencias. La medida es anunciada tras la confirmación de una muerte producto de los enfrentamientos que involucran a ese sector. El deceso se dio en Chala, Arequipa, a causa de impacto de bala. La víctima era un taxista.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunció que paralizarán sus medidas de protesta durante 24 horas. Esta tregua regiría a nivel nacional. En el mensaje emitido a través de un video aparece el dirigente de la Confemin, mencionando a “dos congresistas”. Precisamente a su lado aparece Alex Paredes, legislador por Arequipa y del Bloque Magisterial, quien también llegó al Congreso por Perú Libre y ha promovido con insistencia la ampliación del REINFO.
En el video, Máximo Franco Bequer también menciona al Defensor del Pueblo, es decir, a Josué Gutiérrez, otro aliado del cerronismo y con declaraciones afines a Dina Boluarte.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La ciudad se prepara para recibir a más de 250 especialistas del mundo hispanohablante en octubre, con homenajes a Mario Vargas Llosa y la presencia del Rey Felipe VI.
Arequipa, ciudad histórica y cultural del sur del Perú, será sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) del 14 al 17 de octubre de 2025. El evento congregará a más de 250 expertos en lingüística, literatura, tecnología y educación, quienes reflexionarán sobre los grandes desafíos del idioma español en el siglo XXI.
El congreso abordará tres ejes temáticos: el mestizaje lingüístico, el lenguaje claro como derecho ciudadano y el impacto de las culturas digitales y la inteligencia artificial. Esta edición contará con una sesión inaugural que incluirá la participación del Rey Felipe VI de España y un homenaje especial al Nobel arequipeño Mario Vargas Llosa.
Arequipa como símbolo de identidad y diversidad lingüística
La elección de Arequipa como sede no fue fortuita. Su riqueza cultural y literaria fue clave para que albergue este encuentro internacional. “Con profundo honor y enorme gratitud la Municipalidad Provincial de Arequipa da la más cordial bienvenida al X Congreso Internacional de la Lengua Española, un evento de reflexión, intercambio y celebración en torno al idioma que nos une”, expresó el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera.
Además de sus instituciones académicas, la ciudad blanca pondrá a disposición diversos escenarios emblemáticos como el Teatro Municipal, la Biblioteca Vargas Llosa y el Monasterio de Santa Catalina. La programación incluirá actividades académicas y culturales paralelas en distintos puntos de la ciudad.
Durante su intervención, el canciller Elmer Schialer destacó que “más de 250 expertos de todo el mundo estarán congregados en esta ciudad… Arequipa se convertirá entonces en el centro de pensamiento y la reflexión académica sobre la situación del idioma español”.
El legado de Vargas Llosa y la presencia del Rey Felipe VI
Uno de los momentos más emotivos del congreso será el homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa, quien impulsó desde 2019 la candidatura de su ciudad natal como sede del evento. “Más allá de su extraordinaria obra, Vargas Llosa fue un ferviente defensor del idioma y un impulsor decidido para que Arequipa… se convierta en sede de este espectacular congreso”, recordó el alcalde Rivera.
La ceremonia inaugural contará con la presencia del Rey Felipe VI, cuya participación reafirma los lazos culturales e históricos entre Perú y España. Según Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, esta edición reflexionará sobre temas contemporáneos clave como el mestizaje, la claridad del lenguaje y los retos de la inteligencia artificial.
“El español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos… Estos congresos significan una reflexión sobre el idioma que nos une y también sobre los horizontes del mundo que habitamos”, señaló Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
Con el lema “Grandes desafíos de la lengua española”, el CILE 2025 proyecta a Arequipa como capital cultural del mundo hispano. La ciudad no solo acogerá un evento de alto nivel académico, sino que también celebrará la riqueza de la lengua a través de exposiciones, encuentros de editores, mesas de diálogo y actividades descentralizadas. Todo está listo para que Arequipa se convierta, una vez más, en un referente internacional.
Parece que en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, las reclusas pagan extra por una “suite” (celda), sufren toques de queda a la carta y hasta tienen que sobornar. Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros ministra y ahora “huésped” del penal, ha denunciado esta peculiar “administración” liderada, según ella, por la directora Nelly Aquino Guardales y su equipo, quienes, al parecer, manejan el lugar como si fuera su “patio trasero”. La situación es tan “hospitalaria” que Chávez teme por su vida, especialmente después de que las funcionarias la trataran con “cordialidad extrema” (léase: hostigamiento) antes de su audiencia.
Pedro Castillo, en modo “abogado defensor”, ha salido al quite, pidiendo protección internacional para ella. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene ahora un nuevo caso bajo la lupa: ¿mafia penitenciaria o solo otro día normal en el sistema carcelario peruano?
Pese a que enfrentamientos entre mineros y policías dejaron un fallecido, gobierno de Dina Boluarte guarda absoluto silencio.
Lo advertimos toda la semana y, lamentablemente, sucedió. Los bloqueos en las principales carreteras dejaron su primera víctima: Alexander Checa Montalvo, un joven taxista de 27 años, que no participaba en las protestas, falleció durante los enfrentamientos entre mineros y policías este viernes en Chala. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación sobre su deceso, mientras que varios grupos de mineros han optado por retirarse voluntariamente de los puntos de bloqueo para evitar más tragedias. Aunque solo por 24 horas.
Pero lo que más indigna es el silencio atronador del gobierno. Dina Boluarte no dijo ni pío. En su agenda del día solo figuraba una reunión con ollas comunes en Lima a las 2 de la tarde. De ahí, mutis total. Mientras tanto, los mineros en situación de informalidad han dado una tregua de 24 horas, pero de no ser escuchados, anuncian que su medida de lucha continuará. Porque en este gobierno, la muerte de inocentes ya parece parte del protocolo.
Kelly Portalatino renuncia sorpresivamente a Perú Libre, pese a ser una de las defensoras más acérrimas de Vladimir Cerrón
Perú Libre suma otra baja… y no es cualquiera. Kelly Portalatino, quien fue una de las congresistas más apasionadas del cerronismo y llegó a recibir dulceselogios del mismísimo prófugo Vladimir Cerrón, decidió tomar otro rumbo. En un escueto comunicado, anunció su renuncia a la bancada y a la militancia del partido, argumentando que se trata de una decisión “estrictamente personal”. Aclaró que no hubo roces con sus colegas ni diferencias ideológicas, pero que necesita “abrir las alas” hacia una nueva etapa.
Con esto, la bancada de Perú Libre pierde fuerza justo antes del reinicio del periodo parlamentario, en el que se definirá una nueva Mesa Directiva en las próximas semanas.
Una melodía deliciosa para los oídos de Fuerza Popular, que no pierde oportunidad de recordar a las bancadas de izquierda lo que es tener un “partido sólido”.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
CUSCO: Ministros de Dina Boluarte hacen show con entrega de tablets recicladas, prensa enjaulada y ni idea de paro minero AREQUIPA: Mineros informales dan tregua de 24 horas tras fallecimiento de manifestante, durante enfrentamiento en Arequipa JUNÍN: Militares sentenciados en el Caso Manta y Vilca podrían ser los primeros en pedir se les aplique Ley de Amnistía AYACUCHO: Decana del Colegio de Periodistas alerta que ley de amnistía podría liberar a Urresti pese a condena por el caso Hugo Bustíos LORETO: Banda criminal desviaba fondos de educación a partido político
PASÓ EN EL PERÚ | Noticiero desde regiones – 11 julio 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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– Liberan la Panamericana Sur después de dos muertes – Fuerza Popular comprometida con la impunidad y la injusticia – Ministerio de la Mujer es negligente con casos de niñas y adolescentes violentadas – Cosas que solo pasan en el Perú
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Fue necesario un contingente de cientos de policías para despejar el tramo de la Panamericana Sur, a la altura de Chala (Arequipa), que se encontraba bloqueado por mineros
¡LUEGO DE 12 DÍAS! | Fue necesario un contingente de cientos de policías para despejar el tramo de la Panamericana Sur, a la altura de Chala (Arequipa), que se encontraba bloqueado por mineros.
La intervención se produjo tras un violento enfrentamiento que dejó un fallecido y varios heridos. La vía fue recuperada luego de 12 días desde el inicio de la medida de fuerza emprendida por mineros artesanales e informales.
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El director general de Formalización Minera criticó el papel de los gobiernos regionales en estos doce años de implementación del proceso de formalización minera
El director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo Quintana, ratificó en Arequipa que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no cederá ante las presiones ejercidas por los mineros informales que han bloqueado diversas vías del país, exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Durante su visita a la región Arequipa, Gallo Quintana precisó que más de 6 mil mineros artesanales continúan habilitados en el Reinfo para culminar su proceso de formalización antes del 31 de diciembre de este año, plazo definido por el Ejecutivo como último. Aseguró que su despacho ya ha iniciado reuniones con estos trabajadores para guiarlos en el proceso. “Ellos están muy preocupados porque dicen que han presentado todos sus papeles al Gobierno Regional para formalizarse y hasta ahora no tienen nada”, expresó.
El funcionario fue crítico con el papel de los gobiernos regionales en estos doce años de implementación del proceso de formalización minera. Tiempo en que las entidades no dieron el suficiente avance a dichos procesos. “Encontramos que muchos mineros entregaron sus procesos a los gobiernos regionales y estos los mantenían encarpetados por años… Hemos tenido 12 años con este procedimiento muy mal hecho”, denunció.
En el caso específico de Arequipa, reveló que más de 3 mil solicitudesde revisión de instrumentos de gestión ambiental para la formalización de las actividades de minería artesanal (IGAFOM) quedaron sin atención. En otras regiones, incluso se han perdido más de 150 expedientes. Esta negligencia, según Gallo, motivó que el Congreso de la República modificara este año el marco normativo, delegando ahora la responsabilidad del proceso de formalización al Ejecutivo nacional.
Asimismo, denunció que en el Reinfo figuraban mineros con registros suspendidos por más de cuatro años, sin haber realizado ningún avance en su proceso de formalización. “¿Qué hace un minero que no trabaja en un año y sigue en un registro para formalizarse? Han pasado cuatro años y no han hecho nada”, cuestionó.
En ese contexto, el Gobierno realizó una depuración del padrón de inscritos, reduciendo la cifra a solo 31 mil mineros a nivel nacional. Con la nueva normativa, se excluyeron a 55 mil 600 mineros informales, de los cuales más de 10 mil corresponden a Arequipa.
Respecto a los enfrentamientos entre mineros y la Policía Nacional para desbloquear los tramos clave como de la Panamericana Sur, Gallo enfatizó que la protesta no debe afectar a terceros ni utilizarse como medida de presión violenta.
“Todos tenemos el derecho a protestar, pero tienen que hacerse de manera pacífica, sin perjudicar a los demás ciudadanos. Invoco a todos los mineros que se pronuncien, pero legalmente y sin violencia”, manifestó.
Máximo Gallo Quintana, director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). FOTO: El Búho
Tras la muerte de un taxista en protestas de los mineros informales en Chala, Arequipa, el gremio Confemin anunció una tregua de 24 horas. A lado del dirigente de los “artesanales” aparece el congresista Alex Paredes.
A través de un video en sus redes sociales, Máximo Franco Bequer, líder de los mineros informales conocidos como Confemin, y militante de Renovación Popular, anunció una tregua de 24 horas en las protestas que viene impulsando en distintos puntos del país para que el gobierno ceda a sus exigencias. La medida es anunciada tras la confirmación de una muerte producto de los enfrentamientos que involucran a ese sector. El deceso se dio en Chala, Arequipa, a causa de impacto de bala. La víctima era un taxista.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunció que paralizarán sus medidas de protesta durante 24 horas. Esta tregua regiría a nivel nacional. En el mensaje emitido a través de un video aparece el dirigente de la Confemin, mencionando a “dos congresistas”. Precisamente a su lado aparece Alex Paredes, legislador por Arequipa y del Bloque Magisterial, quien también llegó al Congreso por Perú Libre y ha promovido con insistencia la ampliación del REINFO.
En el video, Máximo Franco Bequer también menciona al Defensor del Pueblo, es decir, a Josué Gutiérrez, otro aliado del cerronismo y con declaraciones afines a Dina Boluarte.
«En coordinación con el Defensor del Pueblo, se ha gestionado una mesa de trabajo con la PCM a fin de resolver toda la problemática que ha traído esta movilización. Hemos decidido dar 24 horas de tregua para que de esa manera podamos solucionar este tema en la mesa. Solicitamos a los mineros que vienen marchando a poner su vida a buen recaudo, para preservar la salud», señaló Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.
Más de 800 policías desplegados no pudieron impedir muerte de un taxista en protesta de mineros informales
Pese a que la Policía Nacional del Perú ha desplegado contingentes policiales durante las turbas de mineros informales registradas en La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa, no lograron garantizar la seguridad de la ciudadanía que busca transitar por las vías bloqueadas.
Tras confirmarse el primer fallecido en enfrentamientos durante las protestas de los mineros informales en Ocoña, Chala, Arequipa, la PNP pudo recuperar finalmente la vía bloqueada. Efectivos policiales en unidades móviles realizan labores de ordenamiento y agilización del tránsito desde el inicio del bloqueo.
La víctima reportada en Arequipa se trata de un taxista. La víctima fue identificada como Alexander Checca Montalvo. Falleció a causa del impacto de bala en el pecho. En el punto geográfico donde se dio la muerte del hombre, Chala-Caravelí, se supone que estaban 800 policías desplegados para resguardar la seguridad. Asimismo, se reportó que habría cerca de 25 personas heridas producto de los enfrentamientos, incluyendo a un efectivo de la PNP con lesiones graves.
Chala contaría apenas con 12 asistentes de salud para atender la veintena de heridos en enfrentamientos de mineros ilegales
En el puesto de salud del lugar certificaron la muerte del taxista. Ante ello, el alcalde de Chala, Agustín Condori, declaró a la prensa que en la localidad cuentan con reducido personal médico. La autoridad explicó que apenas habría 12 asistentes de salud que no se dan abasto para atender a los heridos. Por su parte, responsables de prensa del Ministerio Público en Arequipa, adelantaron que el fiscal provincial de Caravelí, Marcos Camacho, está viendo las diligencias para el caso.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
¿Dónde están las ministras de Dina Boluarte? Más de 20 funcionarios habrían afectado atención de niñas víctimas de violencia sexual. Auditoría de la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa en 23 servidores públicos del programa Warmi Ñan.
Como resultado de una auditoría al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, la Contraloría General de la República evidenció que un grupo de Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las regiones de Amazonas y San Martín NO llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención integral a menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual (violación sexual). Lo advertido por la Contraloría se traduce a que estos funcionarios del Ministerio de la Mujer incumplieron el objetivo de dar apoyo a las menores afectadas.
Los Centro de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, parte del Ministerio de la Mujer. Actualmente, esta cartera está bajo la dirección de Fanny Esther Montellanos Carbajal. Tal vez, en lugar de justificar el doble sueldo de Dina Boluarte, así como los viajes de la mandataria al extranjero, la ministra de la Mujer tome cartas en el asunto con esta alerta de la Contraloría. Cabe resaltar que la atención de las niñas perjudicadas, encima de proceder de sectores vulnerables, es una de las competencias de la actual ministra.
Niñas olvidadas por el Gobierno: ¿Dónde estuvieron las Ministras de la Mujer que colocó Dina Boluarte?
Asimismo, los CEM deben brindar atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Teniendo en cuenta que la violencia es un problema complejo y multicausal se requiere de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo/a, trabajador/a social y abogado/a, a fin de responder de manera integral a las necesidades del público usuario. Esta última información es sostenida por la Contraloría.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, cuyo período de evaluación fue del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en las gestiones de las ministras Nancy Tolentino y Ángela Hernández Cajo, del gobierno de Dina Boluarte, se ha podido determinar que los CEM Chachapoyas y Condorcanqui del departamento de Amazonas y los CEM Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto del departamento de San Martín, no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención de las víctimas.
Contraloría: Funcionarios habrían perjudicado 35 casos con niñas víctimas de violencia sexual
La auditoría de Contraloría identificó un total de 35 casos que no recibieron atención oportuna de los CEM. Uno de la treintena de casos corresponde al CEM Chachapoyas. Otros 25 proceden del CEM Condorcanqui. Además, otros cuatro casos son del CEM Bellavista. A esta lista de abandono del Gobierno a las niñas más vulnerables, también pertenece un caso del CEM Comisaría Juanjui. Asimismo, registran uno del CEM Lamas, dos del CEM Moyobamba y uno del CEM Tarapoto.
Los menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual tenían entre cinco y 16 años de edad. El Gobierno volvió a fallarle a estas niñas y niños.
Información de la Contraloría brindada a la prensa, señala que la comisión de control pudo evidenciar, luego de la revisión de documentos materia de análisis, 18 casos con ausencia de Planes de Atención Integral (conjunto de acciones coordinadas que el equipo interdisciplinario debe diseñar y aplicar según el nivel de riesgo de cada caso) que sean idóneos, 16 casos con ausencia de planes de seguridad (acciones orientadas a prevenir un evento de violencia y/o a asegurar la integridad de la persona usuaria del CEM), y cinco casos donde no se realizaron valoraciones apropiadas de las redes familiares o sociales.
Contraloría: 19 niñas y niños víctimas de violencia no tuvieron acceso a kits de emergencia para evitar contagios
También se verificó la falta de derivaciones en 19 casos para que las usuarias reciban terapia psicológica y/o acceso al Kit de Emergencia. La contraloría también identificó tres casos donde no se realizó la derivación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ya que el presunto hecho de violencia sexual fue cometido por personal de una institución educativa.
En otros seis casos se detectó la falta de derivación a las instancias pertinentes como los juzgados, DEMUNA y/o la Unidades de Protección Especial – UPE por la presunta desprotección o riesgo de desprotección para que se evalúe iniciar el procedimiento y actuaciones por desprotección familiar.
Asimismo, se pudo comprobar un caso donde los equipos de atención del CEM no realizaron acciones que conduzcan a la presentación de la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes. A ese se añaden nueve (9) casos con ausencia del acompañamiento del psicojurídico y la solicitud de las medidas de protección para las víctimas de violencia sexual, o en su defecto no se solicitaron nuevas medidas ante resoluciones denegatorias de las solicitudes de medidas de protección.
Así también, se evidenciaron 20 casos en los que los profesionales a cargo del servicio legal del CEM, no se apersonaron ante los operadores de justicia (Fiscalía y Juzgados), a fin de contribuir con las acciones para el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual.
16 de los 23 servidores púbicos que habrían afectado la atención de niñas, siguen en funciones, alerta la Contraloría
A su vez, se advirtió que tampoco se realizaron acciones de seguimiento operativo (33 casos), seguimiento administrativo (35 casos) y evaluación de los casos cada tres meses (35 casos), que hubieran permitido identificar las deficiencias y corregir las situaciones detectadas.
Estos hechos afectaron la finalidad del programa Warmi Ñan de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las usuarias afectadas por hechos de violencia sexual, así como poner en riesgo el desarrollo evolutivo de las niñas y adolescentes afectados al no contribuir en reducir las consecuencias físicas, emocionales y conductuales que requieren un nivel de soporte apropiado, limitando el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven a la protección de su integridad personal y la reposición de su bienestar.
La auditoría de Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa por estos hechos en un total de 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 siguen laborando en la actualidad. En ese sentido, se recomienda a la Directora Ejecutiva de Warmi Ñan realizar las acciones que correspondan para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades de los servidores públicos del programa comprendidos en los hallazgos. Esta última indicación de la Contraloría, debería activar medidas efectivas de la actual ministra de la Mujer: Fanny Montellanos, quien ocupa el cargo desde hace más de cinco meses.
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Asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz enfatizó que, en realidad, es la minería formal la que más contamina y que, en muchos casos, ni siquiera recibe sanción.
El asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Luis Valverde, afirmó que la medida de protesta y el bloqueo de carreteras es una respuesta a la falta de voluntad de las autoridades para atender sus demandas. Señaló que la presidenta Dina Boluarte se ha empeñado en desaparecer la pequeña minería.
En conversación con la Red de Medios Digitales del Perú, Valverde respondió al ministro de Energía y Minas respecto a las observaciones hechas a la cuestionada Ley MAPE. Enfatizó que, en realidad, es la minería formal la que más contamina y que, en muchos casos, ni siquiera recibe sanción. Aunque reconoció que la minería artesanal también contamina, instó a establecer organismos que fiscalicen y sancionen correctamente a quienes incumplen los estándares ambientales.
También desmintió que los Reinfo suspendidos no hayan cumplido con enviar sus reportes semestrales de extracción. Cuestionó las declaraciones del ministro y aseguró que los Reinfo son eliminados automáticamente si no presentan dicha documentación.
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En medio de los recientes enfrentamientos registrados entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mineros artesanales e informales en la localidad de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, se confirmó la muerte de una persona que habría resultado herida durante los disturbios. Pobladores señalaron que se trata de Alex Checca Montalvo. En tanto, testigos reportan al menos 5 heridos.
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Un nuevo episodio de violencia se registró este miércoles en Arequipa, donde un hombre de 35 años perdió la vida durante los enfrentamientos entre mineros informales y la Policía Nacional en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.
El fallecido fue identificado como Alexander Checa Montalvo, quien murió durante las protestas que mantienen bloqueada la Panamericana Sur en varios tramos. Según testigos, la situación se agravó cuando efectivos policiales intentaron despejar la vía, generando choques violentos con los manifestantes.
El médico de turno del centro de salud de Chala confirmó el deceso, mientras se investiga las circunstancias exactas del fallecimiento.
Situación actual en la Panamericana Sur
El Gobierno Regional de Arequipa, a través del COER, informó sobre el estado de la carretera:
Alto Siguas: El tránsito se ha restablecido, pero las fuerzas del orden permanecen en alerta.
Chala: Aunque la Policía logró habilitar parcialmente el paso, persisten enfrentamientos esporádicos.
Ocoña: La vía sigue bloqueada, afectando el transporte de mercancías y pasajeros.
Impacto del paro minero
La Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) lidera las protestas, que ya cumplen varios días y han generado graves consecuencias económicas y logísticas en la región. Además de los bloqueos, se reportan problemas en el abastecimiento de productos básicos y combustibles.
Mientras las negociaciones entre los mineros y el gobierno no avanzan, el COER y otras instituciones mantienen un monitoreo constante para prevenir nuevos incidentes.
La noche del lunes ocurrió una tragedia que cobró la vida de Moisés Sánchez Martínez, conductor que se encontraba varado en Ocoña, provincia de Camaná. El cierre de tramos en la Panamericana Sur por la protesta de mineros artesanales, lo expuso a una pendiente peligrosa. .
El hecho ocurrió cuando el hombre descendió de su vehículo y se acercó peligrosamente al borde de la vía. En ese momento, Sánchez cayó a un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad. Su cuerpo fue recuperado por los bomberos.
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Los bloqueos en la Panamericana Sur, liderados por mineros informales, han desencadenado una grave crisis económica y sanitaria en Arequipa. Ha afectado desde exportaciones hasta el abastecimiento de oxígeno medicinal en la ciudad.
La paralización del tránsito en la principal vía de conexión con Lima ha interrumpido el flujo de mercancías, perjudicando a sectores clave. Exportaciones de palta, lana de alpaca y productos artesanales están varadas, mientras que la industria láctea, como la de Gloria, enfrenta serias limitaciones para recabar la leche de los productores.
Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, alertó que más de 200 mil micro y pequeños empresarios están afectadas. Además, el desabastecimiento de combustibles (GLP, GNC y petróleo residual) ha obligado a varios grifos a restringir su venta, generando escasez y alza especulativa de precios.
Emergencia sanitaria en Arequipa
La situación es aún más crítica en Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí), donde los bloqueos impiden el paso de camiones cisterna. Más de 900 personas en comunidades rurales carecen de agua potable porque también el consumo se ha multiplicado en las zonas de los bloqueos, obligándolas a consumir líquido no tratado del río Ocoña.
Saúl Alire, jefe regional de Sunass, advirtió que, de no restablecerse el tránsito, Chala podría quedarse sin agua en una semana por falta de diésel para operar sus pozos.
El suministro de oxígeno medicinal también está en riesgo. Linde Perú, principal proveedor, reportó que sus cisternas están retenidas, poniendo en peligro la atención en hospitales como el Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, que ya opera con reservas mínimas.
El gobernador Rohel Sánchez señaló que, pese a haber solicitado hace un mes al Ejecutivo un «plan de intervención», no ha recibido respuesta. Aunque rechazó los bloqueos por afectar derechos ciudadanos, también reconoció la complejidad de formalizar solo a una parte de los mineros.
Mientras tanto, la FDTA y líderes empresariales exigen soluciones inmediatas ante el colapso económico y social. El secretario general Elmer Arenas denunció que los más afectados son los más pobres, mientras crece la inseguridad en zonas mineras.
Las protestas, que cumplen 12 días, han dejado 2 mil buses varados, afectando también al turismo.
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El Ministerio Público formalizó una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto delito de tortura durante las protestas sociales ocurridas el 9 de febrero de 2023 en la provincia de Aymaraes, región Apurímac. Según la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones se realizaron en la zona conocida como […]
El Ministerio Público formalizó una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto delito de tortura durante las protestas sociales ocurridas el 9 de febrero de 2023 en la provincia de Aymaraes, región Apurímac.
Según la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones se realizaron en la zona conocida como Siete Vueltas, donde las víctimas habrían sido atadas de manos por varias horas y sometidas a violencia física y psicológica.
“Existen elementos suficientes para presumir responsabilidad penal de quienes lideraban los operativos”, afirmó.
Entre los investigados figuran el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exteniente general Jorge Angulo Tejada; el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís; y otros oficiales y suboficiales de la PNP.
Este caso forma parte del conjunto de 61 investigaciones abiertas por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), relacionadas con la represión entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Hasta el momento, 42 expedientes ya se encuentran en etapa preparatoria y dos han sido presentados formalmente ante el Poder Judicial.
Las investigaciones alcanzan también a miembros del Ejecutivo. En mayo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y varios exministros del Interior y Defensa.
“Los hechos ocurrieron en distintas regiones del país, como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría usado de manera desproporcionada la fuerza contra manifestantes”, indicó un informe de la Fiscalía.
En Ayacucho, el equipo fiscal alista tres nuevas acusaciones: el caso Huanta, con dos víctimas; Wanchaq-Cusco, con 30 víctimas; y Trujillo, con 38 personas afectadas. A ello se suma la investigación ya formalizada contra 27 militares por la represión en Huamanga, los días 15 y 16 de diciembre de 2022.
Por su parte, organizaciones como la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 (Asfah) continúan haciendo seguimiento a los procesos judiciales. Recientemente, sus representantes se reunieron con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar el cumplimiento de compromisos pendientes con las víctimas.
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la población del departamento de Puno alcanzó un millón 199 mil 636 personas en el año 2025, este dato marca un hito en la historia demográfica de la región y refleja cambios en la dinámica social. El reporte oficial detalla que la población se compone por […]
El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la población del departamento de Puno alcanzó un millón 199 mil 636 personas en el año 2025, este dato marca un hito en la historia demográfica de la región y refleja cambios en la dinámica social.
El reporte oficial detalla que la población se compone por 593 mil 663 hombres y 605 mil 973 mujeres, el porcentaje femenino supera ligeramente al masculino, la diferencia muestra una tendencia que se mantiene en los últimos años.
Las cifras muestran que 304 mil 320 habitantes tienen menos de 14 años, este grupo representa el 25,4 por ciento del total, la niñez constituye un cuarto de la población y demanda atención en servicios básicos y educación.
La población joven, entre 15 y 29 años, suma 287 mil 664 personas, este segmento equivale al 24 por ciento, la juventud impulsa el desarrollo local y enfrenta retos en empleo y oportunidades de formación.
El grupo de personas entre 30 y 44 años alcanza los 267 mil 662 habitantes, este sector representa el 22,3 por ciento, la fuerza laboral activa se concentra en este rango y sostiene gran parte de la economía regional.
Un total de 231 mil 372 personas tienen entre 45 y 64 años, este grupo abarca el 19,3 por ciento de la población, la experiencia y el conocimiento de este sector contribuyen en la vida social y productiva.
Las personas de 65 años a más suman 108 mil 618, este segmento representa el 9,1 por ciento, el envejecimiento poblacional plantea desafíos en salud y protección social para los adultos mayores.
San Román encabeza la lista de provincias más pobladas con 360 mil 808 habitantes, esta cifra equivale al 30,1 por ciento del total departamental, la ciudad de Juliaca concentra la mayor parte de esta población.
La provincia de Puno ocupa el segundo lugar con 214 mil 887 habitantes, el 17,9 por ciento del total, la capital regional mantiene su importancia como centro político y económico.
Azángaro, Carabaya, Chucuito, Melgar y El Collao siguen en la lista con porcentajes que oscilan entre el 8,7 y el 5,1 por ciento, estas provincias muestran crecimiento sostenido y diversidad en su composición social.
Las provincias menos pobladas son Moho, San Antonio de Putina y Yunguyo, sus habitantes no superan el 3 por ciento del total departamental, estas zonas presentan retos en acceso a servicios y oportunidades.
Lampa, Sandia y Huancané también figuran entre las provincias con menor densidad, la dispersión poblacional influye en la planificación de políticas públicas y en la distribución de recursos.
Para el año 2025, veinte ciudades del departamento superan los diez mil habitantes, Ilave, Azángaro, Ayaviri, Yunguyo, Juli, Acora y Huancané destacan por su crecimiento urbano.
Juliaca, Puno y San Miguel sobrepasan los cincuenta mil habitantes, estas urbes lideran el proceso de urbanización y concentran servicios, comercio y actividades culturales
El crecimiento, la densidad y la distribución de la población cambiaron con la expansión física de las ciudades, el comportamiento espacial de la población se transformó en las últimas décadas.
La densidad poblacional llegó a 17,9 personas por kilómetro cuadrado en 2025, el aumento se debe al crecimiento demográfico y al avance de la urbanización, en 1940 la densidad era de solo 7,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
La esperanza de vida al nacer en Puno se estima en 74,9 años para el periodo 2025-2030, el acceso a servicios de salud y educación explica este avance, la calidad de vida mejora con políticas públicas efectivas.
Las mujeres tienen una esperanza de vida de 77,8 años, los hombres alcanzan los 71,8 años, la diferencia de seis años a favor de las mujeres se mantiene estable en los últimos informes.
El aumento de la esperanza de vida refleja logros en salud pública y en la atención a la infancia y la vejez, la región avanza en indicadores sociales y enfrenta nuevos retos para el futuro.
El INEI destaca que estos datos ayudan a planificar políticas y programas para responder a las necesidades de la población, la información permite tomar decisiones informadas y orientar recursos de manera eficiente.
El Día Mundial de la Población invita a reflexionar sobre los cambios demográficos y sus impactos en la vida cotidiana, la región de Puno muestra avances y desafíos que requieren atención permanente.
Las autoridades, los especialistas y la sociedad deben trabajar juntos para garantizar que el crecimiento poblacional se traduzca en bienestar y desarrollo para todos los habitantes.
La información oficial del INEI ofrece una radiografía actualizada de la población puneña, la mirada puesta en el futuro exige compromiso y acción para enfrentar los retos que plantea el nuevo escenario demográfico.
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El sabor del cacao peruano volvió a destacar en Europa. En París, dieciséis marcas nacionales ganaron un total de 21 medallas en un concurso internacional. La Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) organizó el certamen, centrado en chocolates elaborados desde su origen. Entre las marcas ganadoras destacó Kampaq, un emprendimiento que nació en […]
El sabor del cacao peruano volvió a destacar en Europa. En París, dieciséis marcas nacionales ganaron un total de 21 medallas en un concurso internacional. La Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) organizó el certamen, centrado en chocolates elaborados desde su origen.
Entre las marcas ganadoras destacó Kampaq, un emprendimiento que nació en Quillabamba, Cusco, con apoyo de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba. Esta marca logró dos medallas gracias a su enfoque en calidad, territorio e identidad. El trabajo detrás de estos productos involucra a cientos de familias que apuestan por el desarrollo alternativo.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) impulsa estos proyectos en zonas antes golpeadas por el narcotráfico. La premiación incluyó también a productores de Vraem, La Merced, Tarapoto, Tingo María y Puno. Cada uno ofreció propuestas únicas, con combinaciones que unieron tradición, innovación e ingredientes amazónicos. Chocolate peruano premiado internacionalmente: el resultado del desarrollo alternativo.
Los productos destacaron por su uso de cacao de alto porcentaje mezclado con copoazú, camu camu, ajonjolí o sal de Maras. Estas mezclas crearon perfiles de sabor únicos, capaces de conquistar paladares exigentes en Europa. La AVPA valoró especialmente el vínculo entre el origen del cacao y las técnicas de transformación artesanal. Devida remarcó que cada emprendimiento representa familias que construyen territorios sostenibles y libres de drogas.
El premio reconoce más que calidad: respalda una estrategia económica basada en la paz y la productividad. Gracias a iniciativas como esta, comunidades rurales transformaron sus territorios en espacios de exportación y orgullo. La producción de Kampaq y otras marcas muestra cómo el cacao puede cambiar vidas con identidad y sin violencia. Las medallas validan años de esfuerzo y aprendizaje técnico en comunidades antes olvidadas.
La Cooperativa Alto Urubamba, con sede en Quillabamba, representa un caso exitoso de articulación entre comunidad, empresa y Estado. Su marca Kampaq reflejó esa alianza en dos productos premiados con sabor y trazabilidad garantizadas. En esta edición del certamen internacional, el chocolate peruano premiado internacionalmente ocupó un lugar visible y celebrado. Más allá de París, este logro fortalece el posicionamiento del Perú como origen de chocolates con historia. El reconocimiento demuestra que el desarrollo alternativo sí funciona cuando prioriza cultura, calidad y territorio. Este modelo inspira a más regiones a producir con sentido, lejos del narcotráfico y cerca del bienestar.
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El 9 de julio se realizó el operativo “Perla Dorado 2025” en el sector Nueva Esperanza, distrito de Puerto Inca (Huánuco), como parte de las acciones contra la minería ilegal en la región. La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, el Ministerio Público y personal del Sernanp, permitió la […]
El 9 de julio se realizó el operativo “Perla Dorado 2025” en el sector Nueva Esperanza, distrito de Puerto Inca (Huánuco), como parte de las acciones contra la minería ilegal en la región. La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, el Ministerio Público y personal del Sernanp, permitió la destrucción e incautación de maquinaria empleada en actividades extractivas sin autorización.
La operación se desarrolló en una zona de acceso restringido, a la que se llegó tras una hora en vehículo y otra a pie. En el área intervenida, de aproximadamente 20 hectáreas, se identificaron actividades mineras ilegales sin inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Destrucción e incautación de maquinaria
Durante el operativo se halló una excavadora sobre orugas marca CAT modelo 325 y diversos implementos relacionados con la actividad ilegal: dos chutes portátiles metálicos, seis motores de succión, seis bombas, más de mil galones de combustible, mangueras, cables, alfombras, baterías, una motocicleta, seis pozas y dos campamentos improvisados.
Las autoridades han identificado un incremento de estas actividades en la zona, con impactos directos en la cobertura boscosa y la biodiversidad local. (Foto: Difusión)
En otro punto del área, las autoridades ubicaron una segunda excavadora hidráulica marca CAT modelo 330B. El operador abandonó la zona al notar la presencia del equipo policial. Al no presentar documentación que justifique su permanencia, se procedió con su incautación.
El Ministerio Público, amparado en el Decreto Legislativo N.º 1100, ordenó la interdicción de la maquinaria, componentes y accesorios encontrados. El valor estimado de lo destruido e incautado supera los S/ 3537,800.
Presencia de minería ilegal en expansión
La Policía alertó que personas dedicadas a la minería ilegal provenientes de regiones como Madre de Dios, Cusco y Puno estarían trasladándose hacia Puerto Inca. Las autoridades han identificado un incremento de estas actividades en la zona, con impactos directos en la cobertura boscosa y la biodiversidad local.
La Dirección de Medio Ambiente de la PNP anunció que continuará con operativos similares en la provincia de Puerto Inca, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y mitigar sus efectos ambientales en la región de Huánuco.
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El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) inició este 10 de julio una acción de desalojo de operadores de minería ilegal en la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida fue anunciada como una respuesta ante la falta de garantías y apoyo por parte del Estado peruano […]
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) inició este 10 de julio una acción de desalojo de operadores de minería ilegal en la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida fue anunciada como una respuesta ante la falta de garantías y apoyo por parte del Estado peruano para enfrentar la actividad minera ilícita en esta zona de la Amazonía.
Acción de autodefensa territorial
La Nación Wampís sostiene que la operación se realiza bajo el marco de su jurisdicción autónoma y en ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. La decisión fue comunicada formalmente al Ejecutivo el pasado 1 de julio, sin obtener, según el GTANW, una respuesta efectiva por parte del gobierno.
“Al negarse a actuar, el Estado peruano nos deja solos, pero no nos detiene. Como habitantes milenarios del territorio, haremos el trabajo que ellos se niegan a hacer para proteger la vida”, declaró Galois Flores Pizango, vicepresidente del GTANW.
El GTANW también cuestiona decisiones gubernamentales como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha sido utilizado para encubrir operaciones ilegales. (Foto: Difusión)
Inacción estatal y fortalecimiento de la minería ilegal
De acuerdo con el pronunciamiento del GTANW, actualmente operan más de 30 dragas de manera ilegal en el río Santiago. La organización indígena señala que las escasas intervenciones del Estado han sido ineficaces, lo que ha permitido el fortalecimiento de redes ilegales de minería en la zona.
El GTANW también cuestiona decisiones gubernamentales como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha sido utilizado para encubrir operaciones ilegales.
Sustento legal y exigencias al Estado
La medida se ampara en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a controlar su territorio, así como en los artículos 89 y 149 de la Constitución Política. También se menciona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente el caso «Tres Islas», como respaldo al ejercicio de funciones jurisdiccionales propias.
El GTANW ha exigido al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Marina de Guerra que acompañen la acción para salvaguardar la integridad de las comunidades y garantizar un proceso pacífico. Asimismo, solicita la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y del Ministerio Público para cumplir funciones de fiscalización.
La Nación Wampís sostiene que la operación se realiza bajo el marco de su jurisdicción autónoma y en ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. (Foto: Difusión)
Anuncio de movilización pacífica
En paralelo, el Gobierno Territorial Wampís ha convocado una movilización pacífica en la zona afectada, con el objetivo de expulsar a los operadores ilegales y evitar situaciones de violencia similares a las ocurridas en otras regiones del país afectadas por la minería ilegal.
La organización también ha hecho un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a seguir de cerca el desarrollo de esta acción, que consideran parte de su esfuerzo por proteger la biodiversidad, los derechos humanos y el territorio ancestral.
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Sicarios acribillaron brutalmente al ingeniero Jenry Rodríguez Torres, mientras participaba en la inauguración de una losa deportiva, obra promovida por el alcalde de Cascas, Dilber Pérez Rodríguez. Hecho ocurrió en el caserío Alto Recuay, en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, en La Libertad. El crimen sucedió la tarde noche del miércoles 9 […]
Sicarios acribillaron brutalmente al ingeniero Jenry Rodríguez Torres, mientras participaba en la inauguración de una losa deportiva, obra promovida por el alcalde de Cascas, Dilber Pérez Rodríguez. Hecho ocurrió en el caserío Alto Recuay, en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, en La Libertad.
El crimen sucedió la tarde noche del miércoles 9 de julio, cuando la alegría de los asistentes se convirtió en gritos de pánico y desesperación. Según testigos, dos sujetos armados aparecieron entre la multitud y sin mediar palabra, desataron una lluvia de balas sobre el funcionario, quien laboraba en la Municipalidad Distrital de Lucma y también tenía vínculos con el programa PAÍS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS).
El cuerpo del ingeniero quedó tendido en medio del campo, ante la mirada atónita de los vecinos y niños presentes. ¡Un asesinato a plena luz pública, en un acto que debía ser de celebración!
La indignación no se hizo esperar. Pobladores están enojados con las autoridades por organizar un evento supuestamente sin brindar las mínimas garantías de seguridad.
“¡Esto se pudo evitar!”, gritan los vecinos, quienes exigen justicia, presencia del Estado y una investigación profunda para dar con los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen que enluta a toda una comunidad.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
En Moquegua, el agua potable llega sin restricciones a los grifos de las viviendas más humildes, incluso en las zonas más alejadas. La gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala ha priorizado la inversión en proyectos de agua y saneamiento, ampliando la cobertura para miles de familias. Mientras tanto, en Puno, la realidad es otra: niños y ancianos recorren […]
En Moquegua, el agua potable llega sin restricciones a los grifos de las viviendas más humildes, incluso en las zonas más alejadas. La gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala ha priorizado la inversión en proyectos de agua y saneamiento, ampliando la cobertura para miles de familias.
Mientras tanto, en Puno, la realidad es otra: niños y ancianos recorren kilómetros bajo un sol inclemente cargando bidones amarillos, únicos testigos de una crisis que no cesa. Aquí, la sed de justicia no es retórica: es tangible, diaria, y tiene un responsable directo. El gobernador Richard Hancco Soncco ha destinado millones en maquinaria y estadios, mientras el acceso al agua —derecho fundamental— sigue siendo una deuda pendiente para su región.
LA COMPETITIVIDAD QUE PUNO PERDIÓ
El Índice de Competitividad Regional del Perú (INCORE) 2025 es un espejo cruel para Puno. Con un magro 4. 2 (cuatro punto dos), la región se hunde en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Loreto y Ucayali. ¿La razón principal? La brutal brecha en agua potable. Mientras Moquegua, liderada por la gobernadora Gilia Gutiérrez, ostenta el primer lugar con 7. 4 (siete punto 4) —por cuarto año consecutivo—, Puno languidece con un 71 % de su población rural sin acceso a agua segura.
El INCORE no es un papel burocrático: mide salud, educación, infraestructura. En Puno, la ausencia de agua potable envenena todo. Niños con parasitosis, mujeres que gastan horas en acarrear agua turbia, cultivos que se marchitan. Hancco ha ignorado esto. Sus prioridades son otras: doscientos millones de soles en maquinaria pesada (¿para qué, si no hay carreteras concluidas?), estadios que lucen vacíos, mientras el presupuesto para agua potable en el Gobierno Regional Puno no existe.
UNA TRAICIÓN A LOS ORÍGENES
Hancco llegó al poder prometiendo ser la voz de los olvidados, el líder que entendería las necesidades de las comunidades quechuas y aymaras porque, según decía, venía de ellas. Pero hoy, su administración es una burla a esos mismos votantes que confiaron en él. Mientras Gilia Gutiérrez en Moquegua —una región con menos presupuesto pero más voluntad política— avanza a paso firme para cerrar la brecha de agua potable, en Puno el tiempo parece haberse detenido. O peor: retrocedido.
El contraste no podría ser más cruel. En Moquegua, el gobierno regional publica fotografías de ancianos que, por primera vez en sus vidas, abren un grifo en sus hogares. En Puno, las imágenes son otras: madres lavando ropa en charcos contaminados, niños bebiendo agua turbia que les provoca diarreas crónicas.
PUNO: LA BRECHA DE AGUA POTABLE QUE NOS AVERGÜENZA
Moquegua: Un modelo de eficiencia
Los datos del Plan Regional de Saneamiento Moquegua 2021-2025 revelan un panorama ejemplar:
Cobertura urbana: 99.3% (solo 1,165 personas sin acceso)
Cobertura rural: 91.8% (brecha de 8.2%)
Brecha regional total: 2.1% (3,075 personas)
Logro clave: El 97.9% de los moqueguanos cuenta con agua gestionada de manera segura.
Puno: La emergencia olvidada
El Plan Regional de Saneamiento Puno 2021-2025 expone una realidad diametralmente opuesta: Brecha regional: 71% (la segunda más alta del país) Zonas urbanas: 15.7% sin acceso (105,980 habitantes) Zonas rurales: 74.3% en emergencia (419,043 personas) Crisis de calidad: Solo 15.8% recibe agua con cloro residual adecuado La paradoja surandina Mientras Moquegua (con menos recursos) acerca el agua al 98% de su población, Puno (con mayor presupuesto) mantiene a:
585,124 personas bebiendo agua no segura.
419,043 campesinos en condiciones similares al siglo XIX
Estos números no son estadísticas frías. Representan niños con parasitosis, mujeres acarreando bidones, ancianos bebiendo agua sucia. Mientras Moquegua avanza, ¿cuántas generaciones puneñas más seguirán esperando?
https://ibb.co/Jj843ZrV PUNO: PRIORIDAD EQUIVOCADA – MAQUINARIA VERSUS AGUA POTABLE
Una obra necesaria, pero insuficiente
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), inauguró recientemente un proyecto de agua potable y saneamiento básicoen el centro poblado de Toma, Muñani (Azángaro), beneficiando a 254 habitantescon una inversión de S/ 7.4 millones.
Mientras el gobierno nacional ejecuta estas obras urgentes, el Gobierno Regional de Puno, bajo el mando de Richard Hancco, ha destinado más de S/ 200 millones a la compra de maquinaria pesada, y construcción de estadios, en lugar de resolver el drama del agua.
¿Cuánto más podría haberse hecho? Con los S/ 200 millones malgastados en maquinarias que no cierran brechas sociales, se hubiera podido financiar: 25 proyectos de agua y saneamiento (considerando un costo promedio de S/ 8 millones por comunidad). Beneficiar a más de 6,350 personas (si cada proyecto atiende a unas 254, como en Toma). Responsabilidad compartida (pero no igualitaria)Los alcaldes: En lugar de construir canchas de grass sintéticoo remodelar plazas sin sentido (como en Ilave), deberían priorizar proyectos de agua y alcantarillado en centros poblados (expedientes técnicos para ser financiados por el gobierno regional Puno por convenio).Una contradicción inaceptable En la macrorregión sur, Puno se mantiene como la única región rezagada en la lucha contra la pobreza, particularmente en el acceso a agua potable y saneamiento básico. El problema no es la falta de recursos, sino su mala asignación: Presupuesto de Inversión Pública 2025 (PIM): Puno: S/ 900,003,475 (millones) Moquegua: S/ 244,651,898 (millones) La gran ironía A pesar de contar con casi cuatro veces más presupuesto que Moquegua, Puno: No logra cerrar su brecha de agua potale (71% en zonas rurales). Invierte en maquinaria y estadios, no en agua potable. Desperdicia oportunidades de desarrollo, mientras Moquegua avanza. ¿Dónde está el dinero? Moquegua, con menos recursos, demuestra que la clave está en la priorización:
Invierte estratégicamente en sistemas de agua potable rural.
Ejecuta eficientemente sus proyectos.
Reduce la pobreza con políticas públicas claras.
Mientras tanto, Puno sigue enterrando millones en obras que no resuelven la sed de su gente de las comunidades y centros poblados.
Richard Hancco dirá que Moquegua tiene grandes mineras
Hancco saldrá afirmando que «Moquegua tiene grandes mineras y Puno no», y por eso necesitamos 20 Minsur. Ese será su discurso, pero esa idea no es cierta.
Hancco (900,003,475) tiene un presupuesto millonario, incluso mayor que el de Moquegua, y no hace nada para ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento. La diferencia de presupuesto entre Puno y Moquegua supera los 655,351,577 millones de soles.
Hay plata como cancha, gracias al presupuesto gestionado en 2019 mediante la Ley FONCOR, y debe ejecutarse en proyectos de agua potable.
¿QUÉ TIENE QUE HACER RICHARD HANCCO?
El gobernador Richard Hancco debe valorar el legado del expresidente regional Mauricio Rodríguez, quien en julio de 2013 anunció la ejecución de 76 proyectos de saneamiento básico rural en Puno.
«La verdadera inclusión social comienza con agua potable y saneamiento básico para las comunidades de Puno. Un baño digno para una familia campesina marca un salto cualitativo en su vida, transformándola radicalmente. Con estas obras, reduciremos la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en los niños», destacó Rodríguez, entonces presidente del Gobierno Regional de Puno, durante la entrega de cheques a los 54 alcaldes beneficiados por el modelo SABA.
Inversión en agua potable en otras regiones: ¿Qué debe considerar Richard Hancco?
Moquegua (25 de junio) El Gobierno Regional de Moquegua garantizó acceso a agua potable para las comunidades de Coroise y Pacchani, mejorando la calidad de vida de familias rurales. «Seguimos trabajando por un futuro con más salud, bienestar y desarrollo», destacaron.
La Libertad (2 de junio) Más de 10 mil personas tendrán acceso a agua potable y alcantarillado gracias al mecanismo de Obras por Impuestos. «Cerramos brechas y llevamos progreso donde más se necesita», resaltó el GORE.
Lambayeque (4 de julio) Inversión histórica de 5 millones de soles en el Centro Poblado Janque-Inkawasi: Sistema de agua potable con reservorio de 20m³8 km de red de distribución y 188 conexiones domiciliarias Planta de tratamiento de aguas residuales «Ningún rincón de Lambayeque queda fuera de nuestra agenda de desarrollo», (Gobierno Regional de Lambayeque).
Cusco (13 de junio) Proyecto de 6 millones de soles para 1,295 habitantes de San Lorenzo-Ocobamba: Expediente técnico en fase final Sistema de agua y saneamiento básico priorizado «Avanzamos con responsabilidad y enfoque territorial», sostuvo la Gerencia de Vivienda.
PUNO SIGUE ESPERANDO AGUA, MIENTRAS HANCCO NO ACTÚA
Los datos no mienten: Puno es una de las regiones con mayor rezago en acceso a agua potable, mientras que otras como Moquegua, La Libertad, Lambayeque y Cusco avanzan con obras concretas. A pesar de contar con presupuesto millonario (incluso superior al de Moquegua), Richard Hancco no ha priorizado este derecho básico. Las cifras lo demuestran:
110 distritos en Puno, y 61 de ellos tienen menos del 25% de conexiones a red de agua. Solo 3 distritos superan el 75% de cobertura, pero ninguno llega al 100%. Comunidades enteras siguen consumiendo agua contaminada, aumentando enfermedades y mortalidad infantil (Defensoría del Pueblo 2022)
Hancco no necesita inventar excusas, sino aprender de otros gobernadores.Tiene los recursos, pero le falta voluntad política.
Se exige:
–Ejecución inmediata de proyectos de agua y alcantarillado en comunidades olvidadas. Reactivar el modelo SABA, como en 2013, cuando se ejecutaron 76 proyectos de saneamiento, y dejar para el nuevo gobernador expedientes tecnicos en convenio con municipalidades distritales y provinciales.
No es un favor, es su obligación.El agua no puede seguir siendo un privilegio en Puno.
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