(A la veinteañera promoción 2004 de la Facultad de Derecho de la UCSM)
Lo peor del complejísimo impase minero que ha estallado con violencia mortal en el Perú de nuestros días, sobre todo a propósito de la nueva ampliación del plazo para formalizarse en el Reinfo, es la creencia, tan tercamente arraigada en el Perú, que el Estado es la solución y no el problema. Y que la ancestralidad, la informalidad y la ilegalidad minera son cosas diferentes cuando, como en este caso, no solo andan bien juntas y revueltas sino que entre ellas hay una relación de género a especie (toda ilegalidad minera es informalidad) y que si se pudiera distinguirlas en la práctica sería posible formalizarlas con un Estado eficiente y un gobierno inteligente y honrado.
En otra palabras, que el problema del contrabando, del narcotráfico, del asesinato, de la trata de personas, del robo, de la extorsión, de la desoladora deforestación, de la corrupción, de la horripilante contaminación ambiental (el inerradicable mercurio envenena y mata lentamente a la población aledaña y la que está más allá, una vez que se asienta en los profundos cauces de los ríos selváticos) de la salvaje violencia general, es la informalidad minera… con o sin violencia. ¿O acaso sólo hay informalidad minera? ¿No es informal el setenta por ciento de la economía peruana, por ejemplo? Es uno de los factores que impide que se desarrolle una verdadera economía de libre competencia, sin intervencionismo estatal, es decir, una economía de mercado, una economía capitalista, una economía moderna.
La causa de la informalidad no está en la voluntad de los desincentivados informales (ellos son sus víctimas) sino en el Estado-gobierno (en éste y todos los gobiernos, antes y después del excepcional gobierno de Valentín Paniagua) elefantiásico, ineficiente, ineficaz, hiper burocrático, ignorante, corrupto y pre moderno. Sin embargo, todos los actores, expertos, especialistas u “opinólogos” (como los llamaba el resentido Ollanta Humala, en cuyo gobierno empezó la infinita formalización de la pequeña minería) han repetido, casi en coro, que hay que separar el grano de la paja, o sea los informales de los ancestrales y a éstos de los ilegales.
¿Pero quiénes o cuáles son los mineros ancestrales? ¿Cuáles son sus rasgos particulares? ¿Cuáles son las diferencias con los mineros informales no ancestrales? ¿Y cómo distinguir a estos de los ilegales cuando ocupan terrenos de concesionarios auríferos, sin contrato, y todos están igualmente inscritos en el Reinfo, alguno de ellos más de 70 veces? Y esa diferenciación no solo es imposible -salvo para el profeta Moisés, o el mago Merlín- sino cuasi irrelevante si tenemos en cuenta que de los miles de mineros inscritos en el Reinfo, solo el dos por ciento ha continuado con los trámites de formalización.
Lo reconocen hasta los representantes del Minem, además de representantes de Perú Libre y Renovación -los novísimos enemigos íntimos que se han aconchabado para prolongar hasta las calendas griegas el plazo de formalización de la minería informal que, en la práctica, es indistinguible de la minería ilegal, como aquella de la llamada minería ancestral. Es claro que a unos no les da la gana de formalizarse porque no les conviene y porque no tienen ningún incentivo para ello. El resto no puede -suponiendo que quiere- porque algunas de las abundantes condiciones burocráticas que el Estado les impone son de imposible cumplimiento, como el contrato entre los explotadores mineros directos con los concesionarios, que es crucial.
Y el que no esté de acuerdo con estas hipótesis, que nos diga cómo distinguirlos y cuáles son los criterios para hacerlo, clara y convincentemente. Y sin evadir la pregunta mediante respuestas huecas puramente retóricas, como el inmmamable congresista Salhuana. No se celebran contratos porque el Estado los promueve o los ordena, sino por expresión libre de los contratantes. Y para que esto se dé tienen que haber intereses legítimos recíprocos. Si no hay voluntad de contratar no hay contrato. Y justamente, en este caso no hay interés ni voluntad de celebrarlos. No les da la gana porque con el Reinfo tienen patente de corzo o -literalmente- permiso para matar, como Bond -James Bond. ¿Puede haber mayor desincentivación para la formalización?
Adios Estado de derecho. No creo que haya un caso semejante en la jurisprudencia penal internacional: un poder legislativo que autoriza la impunidad para miles de personas, los informales inscritos en el Reinfo -léase autorización plena para cometer delitos. ¡Ni siquiera pueden ser investigados¡ ¡Ese es nuestro Estado peruano¡ Y de paso una salvaje violación del principio de igualdad ante la Ley. No hay, no debe haber, delitos para unos sí y para otros no, en un Estado de derecho. Pero no solo es el Estado peruano de los izquierdosos Dina y Pedrito, que por contraste hacen ver a Humala, Alan o Toledo como grandes estadistas, sino todos los estados. Por su propio carácter, es decir, por su propia “naturaleza”.
Decir que el Estado es el organismo político que tiene el monopolio de la violencia no es señalar una característica secundaria o aleatoria, sino su seña de identidad esencial. Y ahora las masas se han apoderado de él en el Perú. ¿En qué momento se apoderaron del poder político peruano y gobiernan directamente?. Es un proceso que tal vez empieza con la dictadura de Velasco. Dictadura con doctrina, con rollo, con “narrativa”, a diferencia de las dictaduras anteriores: es un combo de ideología colectivista y resentimiento. Con Pedro Castillo esas masas toman el poder. No el proletariado, ni el campesinado, ni la burguesía, ni la pequeña ni la grande, sino la masa, el hombre masa. La profecía de Ortega y Gasset en versión chotana.
Demasiados peruanos ignoran o han olvidado que el Estado es el organismo político que puede usar la violencia legítimamente y que para eso está. Aunque también la utilice ilegítimamente. Para lo único que podría servir –sino no nos gobernaran frívolos analfabetos o retrasados morales o mentales- es para garantizar la seguridad interna y externa. Y un poder judicial independiente y mínimamente eficiente, como el que no tenemos. Y salud y educación, solo en la hipótesis negada que estos sean de calidad y no los calamitosos y vergonzosos servicios que tenemos. Las personas privadas, jurídicas o naturales, siempre lo harán mejor. Como dijo Hernando de Soto en una entrevista: “Nadie lava un auto alquilado”.
Sin embargo, también en este terreno, el de la informalidad, el Perú es un mendigo sentado en un libro de oro. El Otro Sendero, de Hernando de Soto, que es probablemente el libro más importante que se ha escrito respecto del problema de la informalidad en el mundo, consistentemente complementado con El Misterio del Capital, que parece que muchos peruanos o no han leído o no lo han tomado en serio, debido probablemente a que la mentalidad estatista ha ido penetrando lenta y profundamente en el Perú, en todas las capas sociales. Tal vez desde la época de Leguía, sino antes. Especialmente con la llegada del comunismo ortodoxo a nuestras tierras, que es -como se sabe- estatismo puro y duro.
Y que no nos digan todo lo que se debe y no debe hacer para formalizar definitivamente la pequeña minería, como lo hacen varios entrevistados. A ejemplo del congresista Salhuana, sino nos dicen cómo. Son puras palabras huecas, pura demagogia (los videos no mienten).
Porque suponiendo que algún día se pueda separar la paja del grano, es decir, a los informales o artesanales de los ilegales, todos bien inscritos, juntos y revueltos en el Reinfo, que nunca cumplieron con el trámite de formalización con todas las condiciones para formalizarse de verdad, ¿cómo aplicarla de verdad? ¿quién la hará cumplir? ¿los gobiernos regionales, la policía?, ¿tienen la más mínima posibilidad de combatir la delincuencia minera cuando son parte de ella o viven aterrorizados por ella, sin personal suficiente, sin preparación ni capacidad logística, técnica o económica y cuando el Estado mismo se colude con la minería ilegal, como en Pataz y otros centros mineros informales?.
Es utópico pensar que se pueda combatir la poderosa delincuencia minera cuando las autoridades regionales y estatales son parte del problema (por decir lo menos). Y los propios policías encargados de garantizar el (des) orden cobran cupos de 80 mil soles por permitir el uso de explosivos y sustancias prohibidas como el cianuro y el mercurio, por ejemplo (según informe de RPP). O cuando algunos policías peruanos son capaces de robar a sus propios colegas heridos, como ha ocurrido hace poco. ¿Qué tan mal nacida tiene que ser esta especie sub humana para ser capaz de hacer esto?
La idea del nefasto congreso es ampliar el plazo de formalización (que no hay que confundir con la mera inscripción en el Reinfo) ad infinitum. No solo porque están coludidos con la mayoría de congresistas sino que ya están bien instalados en el congreso, directamente y sin intermediarios. Y en el poder ejecutivo, como lo ha demostrado la censura al ministro Rómulo Mucho. No a pesar sino precisamente por ser el único miembro decente, independiente y capacitado técnicamente de este gobierno. Aunque, lamentablemente, su actitud frente a la empresa estatal Petro Perú y la refinería de Talara nos hizo ver desnudo al rey. O, mejor dicho, calato al ex ministro, que es más o menos lo mismo, lo que no ha sido un gran espectáculo precisamente.
Creer en las empresas estatales a estas alturas y sobre todo una como la de marras (Petro Perú) es haberse quedado atascado en los años setenta del pasado siglo. Y no parece que el optimismo pro estatal del ex ministro sea fingido . No es su estilo. Pero, hay que reconocerlo, no ha dicho o hecho algo que contradiga su buena fe. Su propuesta, la Ley MAPE, ni siquiera se tomó en cuenta, con el pretexto de la demora. Y en premio a sus esfuerzos, que son tan innegables como su exceso de optimismo y cierta ingenuidad, lo censuraron por no seguir la línea de Dina y su Congreso. Rómulo era mucho ministro para este gobierno, valga la redundancia.
¿Hay solución? No parece, ni a corto ni a mediano plazo. A largo plazo tal vez, cuando cambie este Estado por uno que genere los incentivos para que los informales se formalicen. Y no como ahora, que hace exactamente lo contrario: incentiva claramente la informalidad con tramites largos y excesivos, costosos y burocráticos hasta el absurdo. Sin dejar de lado las coimas y la corrupción estatal en general. Para ese 70 por ciento de informales basta un simple análisis costo-beneficio: aunque riesgosa, peligrosa e inestable, la informalidad es mucho menos costosa que aceptar la complicada, interminable, corruptísima y carísima formalidad peruana.
Para eso hay que cambiar el Estado. Pero para que cambie el Estado tiene que cambiar cualitativamente la educación: hay que modernizarla. Y eso solo se puede hacer en base a valores modernos, en base a valores democrático liberales y no en base a valores tradicionales que por ahora son largamente prioritarios en la población peruana. Hay que tomar una decisión, en particular las nuevas generaciones: o mantener los valores tradicionales y que todo siga como está, o cambiarlos. Pero no los dos a la vez, que es lo que nos caracteriza a los peruanos: el sancochado político, la chanfainita axiológica, el abigarramiento ideológico. Lo que hace que, como país, no seamos na’, ni chicha ni limoná‘. Y que en más de doscientos años no podamos salir del subdesarrollo ¡joder¡
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