Además de las controversias políticas y fiscales, la visita del ministro de Interior, Juan José Santiváñez, estuvo marcada por los anuncios sobre promesas pendientes del Ejecutivo para Arequipa. El representante del gobierno de Dina Boluarte se reunió con el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez y varios alcaldes, donde se expusieron las necesidades y pedidos para la región.

Entre sus anuncios, el ministro informó que el lunes 13 se reunió con el director de la Oficina de Infraestructura para dialogar sobre el proyecto de la nueva escuela de la Policía Nacional y del laboratorio de Criminalística. En el encuentro se detalló que se tendría un 4% de saldo de obra para el área de criminalística, lo restante serviría para su implementación.

Parte de la maquinaria correspondiente para esta área ya estaría comprada, faltando solo su instalación, que se dará al momento de la entrega de la obra terminada. Santiváñez mencionó que, para antes del mes de julio, la edificación estaría terminada y lista para su entrega. Los trabajos contarán con el apoyo del Colegio de Abogados y diversas empresas arequipeñas.

Con respecto a la Escuela de la PNP en La Joya, el proyecto se encuentra frenado por el acceso al agua potable y desagüe. Al respecto, se informó que se mantienen conversaciones con el gobernador regional sobre la finalización de la obra. La autoridad regional comunicó toda la disposición por completar lo faltante y dar uso a la infraestructura que servirá para formar 1500 policías por ciclo.

Por último, el ministro del Interior recalcó que mantiene la confianza en la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad de los peruanos.

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El Ministerio Público advierte sobre seis leyes que amenazan la lucha contra el crimen y la función fiscal. “Estas normas representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y el combate contra la criminalidad”, señala la Fiscalía.

Entre estas normas que ponen en riesgo la justicia, y favorecería al crimen están mencionadas el crimen de prescripción de crímenes de lesa humanidad, la limitación de corroboración de la Colaboración Eficaz y la polémica Eliminación de la detención preliminar, que el Ejecutivo viene retrasando la promulgación de su reversión. Así también, la Fiscalía menciona al recorte de plazos para aplicar la prescripción, la conocida como Ley del crimen organizado, y la modificación sobre las leyes de carreras para aplicar sanciones sobre jueces y fiscales.

¿Cuáles son las leyes que la Fiscalía señala que afectan la lucha contra el crimen?

Ley 32107: Crímenes de Lesa Humanidad

La Ley vigente define la aplicación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En la práctica, esta ley limita la capacidad de la Fiscalía para abordar violaciones de derechos humanos que ya han sido sentenciadas.

Ley 31990: Colaboración Eficaz

Esa norma limita el tiempo para corroborar la información proporcionada por colaboradores eficaces. Obstruye la investigación de delitos complejos y graves.

Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar

Deroga la detención preliminar o la prisión preventiva para policías que utilizan sus armas de fuego causando lesiones o muerte. Restringe la capacidad de acción de los fiscales en investigaciones delicadas y va en contra del principio de igualdad ante la ley.

Ley 31751: Reducción de plazos de Prescripción

Modifica el Código Penal y el Nuevo Código de Procesal Penal. Con ello se dificulta la persecución de delitos graves debido a la reducción de los plazos de prescripción.

Ley 32108: Ley contra el Crimen Organizado

Introduce categorías adicionales para sancionar grupos delictivos. Complica la tipificación y sanción de estos grupos y afecta las investigaciones al requerir la presencia de un defensor público en los allanamientos.

Ley 32182: Sanciones para Fiscales y Jueces

Modifica las leyes de la Carrera Fiscal y Judicial. Penaliza las acciones de fiscales y jueces sin respetar sus criterios legales, buscando intimidar al sistema de justicia.

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El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, anunció avances significativos en proyectos de infraestructura judicial. Durante reuniones con el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez y el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez se definieron detalles clave para iniciar la construcción del Módulo de Justicia de Cerro Colorado.

El gobernador confirmó que la obra se financiará mediante la modalidad de «Obras por Impuestos», gracias a la inversión de la empresa privada Máxima Internacional, ganadora del proceso de licitación. El contrato se firmará la próxima semana, marcando el inicio del proyecto, cuya inversión supera los 32 millones de soles.

La nueva sede judicial contará con 19 órganos jurisdiccionales, beneficiando a más de 473 mil habitantes de los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara y Yura. Este avance permitirá un sistema judicial más accesible y reducirá la brecha de infraestructura del Poder Judicial en Arequipa.

Simultáneamente, se preparó una nueva convocatoria para asegurar financiamiento privado en la construcción del Módulo de Justicia de Islay. Además, se reactivaron gestiones para priorizar el proyecto del Archivo Central en Cayma ante el Consejo Regional de Arequipa.

Iscarra Pongo y el alcalde provincial también coordinaron obras en la sede central de la Corte Superior de Justicia. Entre estas, destaca la creación de un área administrativa y la instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad y las condiciones de trabajo, en respuesta al crecimiento de la institución.

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Jorge Montoya llegó a Arequipa junto a los ministros de Dina Boluarte para exponer y debatir en el Colegio de Abogados la propuesta sobre la pena de muerte.

Aseguró ser un defensor de la vida, pero solo de los inocentes, no de los delincuentes irrecuperables. Criticó a los organismos de Derechos Humanos y afirmó que es importante que el Perú se retire de ellos.

El video ¿Defensor de inocentes o extremista?: Jorge Montoya llega a Arequipa para exigir la pena de mu3rt3 se publicó en YouTube en este enlace

Hizo acto de presencia, se tomo la foto protocolar, aseguró que se escuchará a la población, pero sacó vuelta. Así fue la participación del ministro Arana, en el segundo debate sobre la pena de muerte, esta vez en Arequipa.

La encuesta es manipulable, señaló un participante en la audiencia en Arequipa sobre la pena de muerte. Pese a que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que se iba a escuchar la voz del pueblo, el “debate” quedó entre autoridades y representantes del Gobierno Regional de Arequipa a favor de la populista propuesta, además de figuras del Arzobispado, de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, el alcalde Víctor Hugo Rivera, y congresistas como Jorge Montoya. Cabe señalar que para el final del “debate” sobre la pena de muerte en Arequipa se iban a leer los resultados de una encuesta con votación por QR.

Cerca del mediodía, el ministro Eduardo Arana se retiró del debate y no estará hasta la votación final ni ver los resultados, pese a que dije que es la población la que debe decidir esta medida de la pena de muerte. El titular del Ministerio de Justicia señaló que tenía otra actividad pendiente, dejando en desplante al público y periodistas asistentes. El alcalde Victor Hugo Rivera también abandonó el debate. Al cierre de esta nota, el evento en el colegio de Abogados de Arequipa aún continúa. 

Ministro Arana y Jorge Montoya juntos en debate sobre la pena de muerte en Arequipa

Previo al inicio del “debate” sobre la pena de muerte en Arequipa, el ministro Eduardo Arana agradeció al congresista Jorge Montoya su presencia en el debate sobre la pena de muerte en Arequipa. El ministro de Justicias, Eduardo Arana, aseguró que: “el ejecutivo no tiene una posición a favor o en contra”.

Parece más populismo, le señaló un periodista local. “Usted lo acaba de decir, parece populismo, pero no lo es, porque si fuera así nosotros hubiésemos tenido una bandera y en esa bandera hubiésemos dicho a la población que sigan esa bandera”. El reportero le recortó enfatizando: “Así lo están haciendo, están llamando a que la sigan”.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también señaló que “cuatro opinólogos en Lima decían lo que se tenía, lo que no se tenía que hacer, y estamos rompiendo con ese esquema”.

Gobierno de Dina Boluarte insiste con populista propuesta de Pena de Muerte en medio de escándalos

En las últimas semanas, se anunció una audiencia pública sobre la pena de muerte en casos de abusos sexuales en contra de menores. La presidenta Dina Boluarte puso el tema en debate y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene realizando foros para debatir el tema en regiones del país.

Después de La Libertad, Arequipa es la siguiente región del país donde se realizará la audiencia descentralizada para debatir la pena de muerte. Esta actividad con la presencia del ministro Eduardo Arana, quien también participó del primer debate en el norte. Además,  estuvo acompañado y declarando con el congresista Jorge Montoya, de la bancada de derecha extrema “Honor y Democracia”.

El pasado 14 de diciembre de 2024, el gobierno de Dina Boluarte autorizó la creación de una comisión para debatir la instauración de la pena de muerte. La resolución señala que la comisión estará conformada por 16 funcionarios al menos. Los gastos de la comisión de la pena de muerte estarán financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia.

La norma está suscrita por el titular de esta cartera: Eduardo Arana. Esta comisión de la pena de muerte sesionará en distintas regiones. La primera fue La libertad, en cuyo debate estuvieron César Acuña y el titular del MINJUS, el 27 de diciembre de 2024. Ahora Arequipa está en la mira del ministro Eduardo Arana para “debatir” sobre la pena de muerte. No pudo elegir mejor compañía que el congresista Jorge Montoya.

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El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseguró que promoverán debates sobre la pena de muerte en regiones, hasta el mes de marzo.

Además, declaró que máximo en el primer semestre de este año, el Gobierno ya tomará una decisión sobre esta iniciativa.

El titular de Justicia se encuentra en Arequipa, para participar en la Audiencia Descentralizada: Debate sobre la aplicación de la pena de muerte.

El video Ministro de Justicia dice que el Gobierno tomará una decisión sobre la pena de mu*rte a mitad de año se publicó en YouTube en este enlace

En Tambo Julcan, ubicado en el distrito San Antonio en Puno, quince artesanas participan en talleres de capacitación productiva organizados por el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Estas actividades buscan fortalecer sus habilidades en tejido a mano, integrando nuevas técnicas de diseño y acabado que modernizan sus productos tradicionales. Las participantes elaboran guantes, chalinas, chullos y otros textiles, combinando su experiencia ancestral con conocimientos adquiridos a través del proyecto Artesanías del gobierno regional de Puno. “El desarrollo productivo de artesanas forma parte de las acciones que se gestionan desde los Tambos. Además, de acercar estas capacitaciones a zonas tan alejadas en la región, permite también revalorizar el rol de la mujer a través de diversos emprendimientos que contribuyan a mejorar su calidad de vida”, afirmó Willy Borda, coordinador del Programa PAIS en Puno.

Fomento al emprendimiento 

Además de perfeccionar su arte textil, las artesanas reciben formación empresarial para gestionar costos de producción, establecer precios competitivos y manejar sus recursos. Este enfoque integral busca prepararlas para ingresar a mercados más amplios, tanto a nivel regional como nacional. Con el apoyo del gestor del Tambo Julcan, las participantes podrán registrarse en el Registro Nacional del Artesano (RNA), lo que les permitirá exponer sus productos en ferias y aumentar su visibilidad. Los talleres se dictan en castellano y quechua, garantizando que todas las artesanas puedan participar plenamente y fomentar un ambiente inclusivo. Esta metodología facilita el aprendizaje y refuerza la confianza de las participantes en sus capacidades.

Iniciativas paralelas en Caracoto 

En el distrito de Caracoto, provincia de San Román, también se desarrollan proyectos del Programa PAIS. En el Tambo Suchis, se han instalado parcelas demostrativas para promover pastos cultivados destinados a la alimentación de ganado. Con apoyo de la empresa privada, 150 agricultores de la zona han recibido semillas de alfalfa y pasto ovillo, lo que busca incrementar la producción agropecuaria y mejorar los ingresos locales.

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Carlos Alberto Vásquez Ávalos, conocido como ‘Chino Verde’, salió libre tras estar detenido desde el 9 de enero durante un operativo en el distrito de El Porvenir. A pesar de contar con antecedentes por delitos graves como robo agravado, asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado, un fiscal decidió ordenar su liberación al considerar que no hay pruebas suficientes para su acusación.

Vásquez Ávalos, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”, estuvo detenido por su presunta implicación en actos delictivos. Sin embargo, Denys Paul Rivas Rodríguez, fiscal adjunto de El Porvenir, argumentó que no se podía probar la autoría de los disparos que se le atribuían, ni la existencia de informes policiales que respaldaran su intervención.

Asimismo, el fiscal también señaló que se carecía de pruebas sobre la existencia de un delito que justificara su detención. No obstante, es el argumento final que lo llevó a la polémica decisión de dejar en libertad al presunto criminal a días de ser capturado en la provincia de Trujillo.

Ministerio del Interior se pronunció

Esta decisión ha generado controversia en los ciudadanos de Trujillo y del todo el país, dada la gravedad de los cargos en su contra y su posible vinculación con otros actos que atentan contra la vida. Es así, que el Ministerio de Interior emitió un comunicado expresando un rotundo rechazo a la medida tomada.

“Desde el Mininter lamentamos la decisión del fiscal Denys Rivas Rodríguez, quien ordenó la liberación del Carlos Vásquez Ávalos, alias ‘Chino Verde’… Expresamos nuestra preocupación por esta decisión…”, dice parte del documento virtual.

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A dos meses de que la empresa de microbuses Ramiro Prialé suspendió definitivamente sus operaciones debido a las amenazas de los extorsionadores, otra línea de transporte fue blanco de la insania criminal en Trujillo.

Esta vez, los extorsionadores estallaron una potente carga explosiva en la empresa de micros El Cortijo, que hizo un forado en una de las oficinas de administración, mientras la detonación destrozó lunas de las unidades, de las ventanas de los vecinos y se escuchó en todo el distrito Alto Trujillo y El Porvenir. 

TERROR EN EL ALTO TRUJILLO

El ataque se produjo al dar la 1 a.m. de este martes en el local de la empresa El Cortijo ubicada en la cuadra 29 de la avenida Jaime Blanco, en el Alto Trujillo, distrito vecino a El Porvenir, y uno de los más peligrosos de Trujillo.

La descarga de explosivos que detonaron los delincuentes fue tan potente que hizo un forado en una de las oficinas administrativas, destrozó las lunas de una decena de unidades de transporte y reventó las lunas de una docena de viviendas de la zona.

Tras el ataque, los agentes policiales desplegaron un operativo y lograron detener a los pocos minutos a tres sospechosos del atentado extorsivo.

CAEN SOSPECHOSOS

Los detenidos estaban en la manzana 27 de una vivienda en el sector Víctor Raúl en El Porvenir. Fueron identificados como: Guillermo Alexandro Loyola Mercedes (22) años alias “Chano el transportador”, Ricardo Emerson Veneros Monzón (19) alias “Chuy” y Edwin Alejandro Herrera Sánchez (37) alias “Chimpa”. Son acusados de pertenecer a la organización criminal “Los pulpos- nueva generación”.

BURLAN CONTROLES MIGRATORIOS

En el caso de “Chano”, la policía informó que está investigado en dos homicidios y que de acuerdo a su récord migratorio está en Chile desde el 2 de diciembre pasado. Sin embargo, explica la Policía, regresó a Trujillo por tierra para burlar los controles y seguir haciendo de las suyas.

Los tres detenidos fueron hallados con nueve cartuchos de dinamita, más de tres metros de fulminante, una carta con amenazas y tres teléfonos celulares. También se les incautó una motocicleta de placa T2 4707 y una camioneta marca Mazda de placa ATC 089.

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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santiago, en Cusco, obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Maycol Molleda Gutiérrez, de 32 años, por el delito de violación sexual de una menor de 13 años. El caso, liderado por la fiscal Marisol Ccarhuarupay Mendoza, destacó la gravedad de los hechos, que iniciaron con el contacto entre el agresor y la víctima a través de redes sociales.

Molleda utilizó su posición como adulto y las vulnerabilidades de la menor para manipularla. Aprovechó la carencia económica y la indefensión de la niña, ganándose su confianza mediante engaños. El 4 de noviembre de 2021, alrededor de las 3:00 pm, contactó a la víctima en estado de ebriedad y la convenció para que lo acompañara a un hospedaje en la comunidad de Ccachona, distrito de Santiago, con la excusa de ver una película. .

La investigación y el proceso judicial

En el hospedaje, Molleda recurrió a amenazas y violencia física para agredir sexualmente a la menor, quien intentó resistirse. Tras el ataque, el agresor pidió a un taxista que llevara a la menor a su hogar. Al notar que lloraba y estaba en estado de shock, el conductor decidió trasladarla a la comisaría, donde la niña denunció la agresión. La Fiscalía inició una investigación exhaustiva que permitió capturar a Molleda. Durante el juicio oral, se presentaron pruebas contundentes que llevaron al Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Especializado en Delitos Derivados de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Cusco a dictar la sentencia. El tribunal no solo impuso la cadena perpetua, sino que también ordenó el pago de 10,000 soles como reparación civil a favor de la víctima.

Cadena perpetua por violación en Cusco: justicia para la víctima

La Fiscalía en Cusco tiene el deber de proteger a las víctimas de violencia sexual. La fiscal Marisol Ccarhuarupay Mendoza jugó un papel clave al sustentar la acusación y garantizar que la justicia prevaleciera. La sentencia de cadena perpetua por violación, además de ser un castigo ejemplar, envía un mensaje contundente contra la violencia sexual en la región.

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La reciente revelación de que el Gobierno Regional de Puno, bajo la administración de Richard Hancco, destinó más de 11 millones de soles a la adquisición de bebidas y productos alimenticios para consumo humano en 2024, es un golpe devastador para la imagen de una gestión que se autodenominó «exitosa».

Puno, una de las regiones con mayor pobreza en el Perú, con un alarmante 41% de pobreza total y un 10.8% de pobreza extrema según INEI, no puede permitirse lujos de esta magnitud. Mientras la región carece de infraestructura básica en salud, educación y agricultura, el gobierno de Hancco decidió desviar millones de soles en algo tan innecesario como la compra de bebidas.

¿Cómo justificar este derroche en un contexto donde los ciudadanos luchan diariamente por acceder a servicios básicos, donde las escuelas se caen a pedazos y los campos de cultivo carecen de riego adecuado? Es inaceptable que en lugar de invertir en soluciones concretas que impacten la vida de los puneños, se haya priorizado el consumo de productos que no contribuyen al bienestar colectivo.

Este gasto que se puede apreciar en Consulta Amigable, no es solo una falta de prioridades por parte del gobierno de Richard Hancco, es una demostración de desconexión con la realidad de la región. Los recursos destinados a estas compras podrían haber sido mejor utilizados en sectores clave como la salud, la educación, o la infraestructura agropecuaria, áreas que necesitan atención urgente. Sin embargo, parece que lo único que se buscó fue una ejecución presupuestal rápida y, al parecer, innecesaria.

Es más, el Gobierno Regional de Puno también incurrió en la compra de maquinaria por un total de 116 millones de soles, una cifra considerable que ha levantado sospechas de corrupción y que, según denuncias, no ha generado los resultados esperados. Esta compra de maquinaria, lejos de ser una inversión productiva, parece ser parte de una estrategia para inflar el gasto público, sin tomar en cuenta el impacto real en el desarrollo de la región.

La falta de transparencia y las decisiones tomadas en este contexto demuestran una clara prioridad por la apariencia de gestión exitosa, más que por una verdadera planificación que beneficie a la región. Los puneños necesitan respuestas y explicaciones claras sobre el uso de su dinero, especialmente cuando las necesidades son tan apremiantes.

El gasto de 11 millones de soles en bebidas es una burla a la población. En una región tan empobrecida, se debería priorizar la inversión en áreas que, de verdad, puedan transformar la vida de sus habitantes. Es hora de que la administración de Hancco rinda cuentas por este derroche, y que la región de Puno empiece a ver cómo se invierten sus recursos, no en lujos innecesarios, sino en soluciones duraderas y efectivas para quienes más lo necesitan.

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No fue la primera vez que el psicólogo Pedro Miguel Solano Ayala, perito forense del Instituto de Medicina Legal de Huancayo, realizó tocamientos indebidos a una mujer víctima de violencia. De hecho, el día que fue detenido en flagrancia, en su centro de trabajo, era la segunda vez que utilizaba su cargo para pedir favores sexuales a su víctima, sustentó la Fiscalía durante la audiencia de prisión preventiva realizada este martes 14 de enero.

El fiscal afirmó que la mujer, quien sufrió un acto de violencia de su pareja, acudió al Instituto de Medicina Legal, ubicado en Hualhuas, para una evaluación psicológica por un perito forense.

¿Tienes tatuajes?

Aproximadamente a las diez de la mañana del 23 de diciembre de 2024, la mujer se acercó por primera vez para su evaluación psicológica. La atendió el psicólogo Pedro Miguel Solano Ayala. De acuerdo con el relato incluido en el pedido fiscal de prisión preventiva, el perito le preguntó si tenía cicatrices en sus manos. Ella respondió que no. Él le pide que se quite la casaca. Luego, pregunta si tiene tatuajes. Ella dice que sí, en la pierna. El psicólogo quiere ver y le pide que se baje el buzo. Ella se siente mal, pero lo hace.

El perito le pregunta si alguna vez fue operada. La mujer le dice que sí, hace 24 años, de la vesícula. El médico también quiere ver y le levanta la chompa a la mujer para ver la cicatriz. El perito insiste y pregunta si tiene tatuajes en otro lugar del cuerpo. Ella le dice que no. Pero el perito metió sus manos y revisó los pechos de la mujer. Luego, la llevó a una sala contigua, donde la besó y le tocó los glúteos, sustentó el fiscal Alejo Huamán Damas en la audiencia.

Un detalle es que antes de cometer estos tocamientos, el perito se asegura de que la mujer deje su celular y su bolso en una mesa. Al ver que su víctima se sentía mal, le dice que se tranquilice y le otorga una nueva cita para el 8 de enero del 2025, a las 4:30 de la tarde.

“Te voy a ayudar”

En esta segunda cita, el psicólogo Solano, quien lleva diez años como perito forense en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, repite su forma de actuar. Le dice a la víctima que los documentos son favorables a ella. Le pregunta de nuevo si tiene tatuajes en el cuerpo. Ella le recuerda que ya le revisó en la anterior ocasión.

Entonces, el psicólogo Pedro Miguel Solano Ayala le dice que deje su celular y su cartera, y la lleva de nuevo a la sala contigua, le recuerda que los documentos son favorables a ella, que la está ayudando, y le toca los pechos y la cintura. En esa situación es que la mujer, presa del pánico, pidió ir al baño y con otro celular que llevaba llamó a la Fiscalía.

Momentos después, el perito fue detenido en flagrancia y ahora será internado en el penal de Huancayo por un plazo de seis meses por el delito de cohecho pasivo específico, mientras duren las investigaciones.  

Otra denuncia

El fiscal Alejo Huamán incluyó la existencia de una denuncia que da cuenta de otra víctima del psicólogo, bajo el mismo modus operandi.

Ocurrió en octubre y noviembre pasado. Una estudiante de 24 años que fue víctima de violación sexual y acudió a su examen psicológico con el perito Solano y denuncia que le hicieron tocamientos indebidos en las sesiones.

“Ahora levántate el polo para ver si tienes piercing y es ahí cuando me levanto el polo hasta la boca del estómago y me dice bájate el pantalón”, relató en su denuncia la usuaria. Luego, la joven volvió para concluir con sus exámenes y cuenta que el psicólogo le dijo: “”qué voy a poner, no creo que estés afectada. No te creo lo que te haya pasado, no esté llorando, no sé qué voy a poner en mi informe; si tú no colaboras, qué voy a poner”.

Familiares, colegas y amigos hicieron vigilias desde el domingo a favor del psicólogo y aseguran que se trata de un buen profesional. También trabajaba como docente en tres universidades de Huancayo, entre ellas la UNCP.

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El Consejo Regional de Arequipa (CRA) llevó a cabo la elección de las 15 comisiones ordinarias de trabajo para el periodo 2025, en una sesión ordinaria marcada por tensiones entre oficialismo y oposición. Aunque se intentó alcanzar un consenso, los consejeros de oposición denunciaron una supuesta falta de transparencia y democracia en el proceso, liderado por los legisladores oficialistas afines al gobernador Rohel Sánchez.

La propuesta presentada por Aaron Maldonado, vocero del oficialismo en este caso, fue aprobada por mayoría, lo que permitió que las principales comisiones, como Salud e Infraestructura, quedaran bajo el control de los oficialistas.

Los consejeros Fernando Cornejo y César Huamantuma manifestaron su inconformidad ante lo que consideraron una distribución arbitraria de las comisiones. Según Cornejo, el oficialismo no respetó la voluntad de los legisladores opositores, quienes no tuvieron oportunidad de elegir libremente en qué comisiones participar.

Asimismo, se espera que la concentración de las comisiones más importantes en manos del oficialismo no limite la labor fiscalizadora del Consejo Regional de Arequipa.

Comisiones de trabajo en el Consejo Regional

El Pleno del CRA aprobó por mayoría las 15 comisiones de trabajo para este año. A continuación, la lista de las comisiones y quiénes las integran:

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En declaraciones previas al evento en el Colegio de Abogados de la Ciudad Blanca, el ministro Eduardo Arana agradeció al congresista Jorge Montoya su presencia en el debate sobre la pena de muerte en Arequipa. El ministro de Justicias, Eduardo Arana, aseguró que: “el ejecutivo no tiene una posición a favor o en contra”.

«Parece más populismo», le señaló un periodista local. “Usted lo acaba de decir, parece populismo, pero no lo es, porque si fuera así nosotros hubiésemos tenido una bandera y en esa bandera hubiésemos dicho a la población que sigan esa bandera”, señaló el ministro Eduardo Arana. El reportero le recortó enfatizando: “Así lo están haciendo, están llamando a que la sigan”.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también señaló que “cuatro opinólogos en Lima decían lo que se tenía, lo que no se tenía que hacer, y estamos rompiendo con ese esquema”.

Gobierno de Dina Boluarte insiste con populista propuesta de Pena de Muerte en medio de escándalos

En las últimas semanas, se anunció una audiencia pública sobre la pena de muerte en casos de abusos sexuales en contra de menores. La presidenta Dina Boluarte puso el tema en debate y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene realizando foros para debatir el tema en regiones del país.

Después de La Libertad, Arequipa es la siguiente región del país donde se realizará la audiencia descentralizada para debatir la pena de muerte. Esta actividad con la presencia del ministro Eduardo Arana, quien también participó del primer debate en el norte. Además, estuvo acompañado y declarando con el congresista Jorge Montoya, de la bancada de derecha extrema “Honor y Democracia”.

El pasado 14 de diciembre de 2024, el gobierno de Dina Boluarte autorizó la creación de una comisión para debatir la instauración de la pena de muerte. La resolución señala que la comisión estará conformada por 16 funcionarios al menos. Los gastos de la comisión de la pena de muerte estarán financiados con el presupuesto institucional del Ministerio de Justicia.

La norma está suscrita por el titular de esta cartera: Eduardo Arana. Esta comisión de la pena de muerte sesionará en distintas regiones. La primera fue La libertad, en cuyo debate estuvieron César Acuña y el titular del MINJUS, el 27 de diciembre de 2024. Ahora Arequipa está en la mira del ministro Eduardo Arana para “debatir” sobre la pena de muerte. No pudo elegir mejor compañía que el congresista Jorge Montoya.

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El ministro Juan José Santiváñez se encuentra en Arequipa cumpliendo con actividades oficiales del sector Interior. Desde la ciudad blanca, anunció que no proporcionará los accesos de su cuenta iCloud al Ministerio Público en el marco de las investigaciones por el caso denominado ‘La Encerrona’, donde habría ordenado reglajes contra el periodista Marco Sifuentes.

En conferencia de prensa en IX Macro Región Policial Arequipa, el titular de la cartera del Interior señaló que se trata de un pedido ilegal. Alegó que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que prohíbe ese tipo de solicitudes. Asimismo, anunció que sus abogados ya iniciaron acciones para negar el requerimiento fiscal. “Yo no voy a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de ninguno de mis derechos”, enfatizó el ministro.

Para reforzar su argumento, Santiváñez señaló que el acceso a la cuenta iCloud de un dispositivo de iPhone proporciona accesos no solo a mensajes; sino también a fotografías, videos, audios, cuentas bancarias y todo tipo de documentos que hayan pasado por el dispositivo celular. En ese sentido, respondió con ironía al pedido de la Fiscalía.

“Accedes a toda tu información, a toda la información de tu vida. Entonces, si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y que me pregunte”.

Ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Como se recuerda, el Ministerio Público pidió al ministro del Interior poner a disposición su teléfono celular, un iPhone 15 Pro. Sin embargo, Santiváñez entregó su dispositivo reseteado de fábrica y sin el chip de datos. En respuesta, el fiscal Hernán Mendoza Salvador dio un plazo de 48 horas para que el investigado entregue los accesos a su cuenta de iCloud. De lo contrario, podría ser objeto de una investigación por obstrucción a la justicia.

Por último, Juan José Santiváñez anunció que iniciará acciones en contra del Ministerio Público.

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«ANORMALES» | El afiche de una obra de teatro de la PUCP tocó las fibras más sensibles de la ciudadanía en la capital, culminando en plantones con rezos, la cancelación tanto de la obra como del festival en el que se iba a presentar, y la intervención del gobierno de Dina Boluarte. «María Maricón» buscaba narrar la vida de un joven homosexual y sus experiencias al haber crecido en una familia católica y conservadora. El estudiante universitario que creó la obra aseguró que su intención no era ofender a ninguna religión, sino simplemente contar su historia de vida.

#dinaboluarte #peru #noticiasperu #pucp #mariamaricon #teatro #limaperu #catolicos #rafaellópezaliaga

El video «María maricón»: La polémica que acabó con un festival entero y rezos en latín en la PUCP se publicó en YouTube en este enlace

Por Rosario Cardeña

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El 15 de enero del 2022 ocurrió uno de los peores desastres ecológicos de los últimos tiempos en Perú. Aproximadamente 12 mil barriles de petróleo se derramaron en las cercanías de una estación perteneciente a la Refinería La Pampilla de Repsol. Tres años después del evento, pescadores y otros aseguran que aún no han recibido indemnización. Realizaron actos de protesta y entregaron un arreglo floral al mar para exigir a Repsol y al Gobierno tomar medidas para recuperar el ecosistema afectado.

#repsol #desastrenatural #desastreambiental #ventanilla #callao #petróleo #derrame #ecosistemas #animales #costaperuana #marperuano

El video A 3 años del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, los afectados aún esperan reparación se publicó en YouTube en este enlace

Tras el fallo del Poder Judicial que representó un pequeño triunfo para Keiko Fujimori y los demás investigados en el caso Cócteles, el fujimorismo no tardó en arremeter contra el fiscal José Domingo Pérez. Lo acusaron de ser inepto y de haber derrochado recursos del Estado en un caso que, según ellos, carece de lógica y fundamento legal. Incluso, retomaron su discurso más personal, sugiriendo nuevamente que el fiscal debería someterse a una terapia psicológica para superar una supuesta obsesión contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular.

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El video SE BURLAN | Fujimorismo no perdona a José Domingo Pérez y arremeten duro contra él se publicó en YouTube en este enlace

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) instó al gobernador Rohel Sánchez a revelar los nombres de las personas que estarían usando su identidad para obtener beneficios económicos de contratistas y proveedores. La solicitud surge luego de que Sánchez denunciara públicamente, a través de los canales oficiales del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que se estarían realizando cobros indebidos en su nombre para direccionar procesos de contratación y acelerar trámites administrativos.

El consejero regional César Huamantuma criticó la falta de precisión en las denuncias realizadas por Sánchez. «El gobernador sale diciendo de que se están tomando su nombre, pero sin señalar a nadie o decir qué área, echándole la culpa a los demás, nunca reconociendo de que para que haya corrupción tiene que haber el que corrompe y el corrupto», declaró.

El martes pasado, Sánchez utilizó los canales oficiales del GRA para advertir que personas inescrupulosas estarían solicitando dádivas a cambio de direccionar procesos de selección de bienes, servicios y ejecución de obras públicas. Según el gobernador, estos individuos se hacen pasar como cercanos a él y a su entorno familiar. Sánchez negó tajantemente cualquier vínculo con dichas personas.

Exigen transparencia al gobernador de Arequipa

Por su parte, el consejero Miguel Ángel Linares también cuestionó la falta de detalles en las declaraciones del gobernador. «Este tipo de denuncias tan generales y genéricas no ameritan credibilidad. Si es verdad, que diga los nombres. Si hay un delito, debo denunciar nombres, personas, en qué circunstancias, en qué actos, en qué organizaciones. Si es una licitación o en el área de logística; se trata de ser claros y transparentes», afirmó.

Huamantuma anunció que solicitará la presencia del jefe de la Oficina de Integridad del GRA para que informe sobre las acusaciones de Sánchez y cualquier otra denuncia vinculada a su gestión. Mientras tanto, el pedido de transparencia y acción concreta sigue siendo una demanda de las autoridades del legislativo regional.

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