Ante el temor de nuevos retrasos, el Frente de Defensa de la margen derecha solicita una audiencia pública para transparentar la obra del hospital.
Los pobladores de la margen derecha de Cerro Colorado han decidido que las palabras del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ya no bastan para calmar el hambre de salud pública en la zona. Esta mañana, una importante cantidad de vecinos ocupó los exteriores de la obra paralizada del Hospital Maritza Campos para lanzar una movilización de advertencia. La protesta surge tras el anuncio oficial de la gestión regional sobre un supuesto reinicio de los trabajos, una promesa que la población recibe con más dudas que esperanzas debido a los antecedentes de postergaciones. El dirigente Eliazar Chino, quien preside el Frente de Defensa de la margen derecha, lidera este plantón para asegurar que las autoridades no jueguen nuevamente con las expectativas de miles de familias.
Según las declaraciones de los manifestantes, el gobernador regional mencionó que el 13 o 14 de este mes las máquinas volverán a encenderse en el recinto hospitalario. Sin embargo, la desconfianza reina en el sector porque la autoridad regional carga con un historial de anuncios que nunca aterrizan en la realidad. Los vecinos enfatizan que la salud es la prioridad absoluta, por encima de otros proyectos de seguridad o infraestructura, ya que sin bienestar físico la comunidad no puede prosperar. Por ello, el plantón de hoy funciona como un recordatorio. Si el 14 de febrero no hay obreros trabajando, la movilización escalará hasta lograr que el compromiso se cumpla de manera efectiva y sin más excusas burocráticas.
La desconfianza ciudadana y el laberinto administrativo del GRA
Este escenario de tensión no es gratuito, pues el proyecto del Hospital Maritza Campos enfrenta trabas que parecen no tener fin. Recientemente, se reveló que la obra sufrió una nueva demora debido a la falta de filtros por parte del Gobierno Regional en el proceso de selección de la empresa encargada, un error administrativo que le cuesta tiempo valioso a los pacientes de Arequipa. Aunque el Gobierno Regional de Arequipa insiste en que el reinicio es inminente, los antecedentes de mala gestión en las licitaciones mantienen a los dirigentes en una postura de fiscalización constante. No quieren más promesas al aire, sino ver el avance físico de una infraestructura que ya debería estar al servicio de la gente.
Para formalizar este reclamo, la dirigencia de Cerro Colorado presentó el pasado jueves un oficio solicitando una audiencia presencial con las autoridades regionales. Además, exigen una audiencia pública para que la información sobre el estado real del hospital sea transparente y llegue a toda la población, no solo a un pequeño grupo de representantes. Mientras esperan que la Gerencia de Infraestructura fije una fecha para este encuentro, los vecinos realizan hoy el seguimiento de sus documentos en la sede regional.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
La corrupción en el sector público del Perú es sistémica y afecta la confianza en las instituciones y la estabilidad del país.
Según el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, el promedio global ha descendido a un preocupante 42 sobre 100, marcando la primera caída significativa en más de una década. En este contexto global adverso, la situación de Perú es especialmente alarmante. El país ha obtenido una puntuación de 30 sobre 100, lo que lo sitúa muy por debajo del promedio mundial y lo clasifica entre las naciones con «graves problemas de corrupción».
Este informe, que evalúa a 182 países, revela que la inmensa mayoría de las naciones no logra mantener la corrupción bajo control, con un 68 % de los países situándose por debajo de los 50 puntos. La calificación dada al Perú, refleja una percepción de corrupción sistémica en el sector público que afecta la confianza en las instituciones y la estabilidad del país.
Uno de los factores más críticos identificados en el informe para el caso peruano es la creciente interferencia política en las organizaciones no gubernamentales (ONG). Bajo la actual administración, se ha observado un patrón preocupante de restricciones a las libertades de expresión y asociación.
El informe cita específicamente la introducción de leyes destinadas a limitar el acceso a la financiación internacional y a disolver organizaciones que fiscalizan y critican al gobierno, como la ley sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
No hay seguridad para quienes denuncian ni para la prensa
La seguridad para quienes denuncian irregularidades también se ha visto gravemente comprometida. El IPC 2025 destaca que Perú ha sido escenario de actos violentos contra la prensa, mencionando el trágico asesinato del periodista Gastón Medina en 2025, quien fue fusilado frente a su casa mientras cubría noticias relacionadas con la corrupción.
Estos ataques generan un clima de autocensura y debilitan la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas. Además, este deterioro institucional ha provocado una respuesta masiva de la ciudadanía. Durante el año 2025, Perú fue testigo de una oleada de protestas lideradas por la Generación Z.
Los jóvenes salieron a las calles para exigir acciones concretas y responsabilidad a sus gobernantes, motivados por la percepción de que quienes ostentan el poder abusan de él para beneficio propio mientras los servicios públicos básicos y la economía nacional continúan deteriorándose.
A nivel regional, Perú se encuentra en una posición de desventaja frente a sus vecinos. Mientras países como Uruguay (73) y Chile (63) mantienen puntuaciones que los sitúan como líderes en transparencia en las Américas, Perú, con sus 30 puntos, queda rezagado detrás de Colombia (37) y Argentina (36). Esta brecha evidencia una falta de reformas legales e institucionales sostenidas que otros países de la región sí han logrado implementar.
Puntuación baja está relacionada con el equilibrio democrático
El informe de Transparencia Internacional advierte que las puntuaciones bajas están intrínsecamente ligadas a la erosión de los controles y equilibrios democráticos.
En Perú, el debilitamiento de la independencia judicial y la politización de los sistemas de justicia permiten que los funcionarios corruptos sigan abusando de su poder con impunidad, lo que reconfigura los incentivos políticos a favor de intereses privados en lugar del bien común.
La corrupción en la gestión de fondos públicos tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los peruanos, exacerbando la pobreza y la desigualdad. Cuando los recursos se desvían, la calidad de servicios esenciales como la salud y la educación disminuye drásticamente.
El informe subraya que los países con mejores puntuaciones en el IPC tienden a ofrecer una cobertura de salud mucho más accesible y eficiente para su población.
Recomendaciones del Transparency International
Ante este escenario, el organismo internacional recomienda encarecidamente garantizar la independencia de las instituciones de justicia. “Para que el sistema funcione, los nombramientos de jueces y fiscales en Perú deben estar protegidos de presiones políticas o económicas externas, asegurando que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en conexiones personales”, advierte el informe.
Asimismo, se hace un llamado urgente a proteger el espacio cívico y a los denunciantes de irregularidades. El fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en el país requiere de un marco normativo que habilite, en lugar de restringir, el trabajo de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, permitiéndoles identificar señales de alarma en la contratación pública y el gasto estatal.
El costo de no actuar podría ser económico además de social. El informe advierte que los gobiernos que no atienden las preocupaciones de integridad de su ciudadanía corren el riesgo de ahuyentar la inversión extranjera. Las empresas buscan entornos estables y transparentes, y la persistencia de altos niveles de corrupción podría costar al Perú valiosas oportunidades de desarrollo y creación de empleo.
Finalmente, Transparencia Internacional concluye que el mundo, y específicamente países en situaciones críticas como Perú, necesitan dirigentes con principios e instituciones fuertes. La recuperación de la confianza pública y el cumplimiento de la promesa de un futuro mejor para los ciudadanos dependen de un compromiso real con la integridad, la transparencia en la financiación política y el respeto irrestricto a las normas internacionales.
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Susana Gutiérrez, una de las mujeres vinculadas al presidente José Jerí, salió a deslindar cualquier duda sobre el proceso de contratación en el despacho presidencial. La trabajadora aseguró que cumple con todos los requisitos y atribuyó los cuestionamientos al machismo y al morbo que, según dijo, vienen mellando su dignidad y la de sus compañeras.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones insistió en defender la labor de Jerí. Aseguró que en varias oportunidades se ha quedado toda la noche en Palacio porque el presidente trabaja “a toda máquina” los siete días de la semana, 24 horas al día, y que por ello su equipo debe mantener el mismo ritmo. Aunque negó haber pernoctado en Palacio en las fechas señaladas, afirmó que cuentan con un cronograma de trabajo, sin precisar cuáles fueron las labores realizadas. Además, Gutiérrez se atribuyó la vocería de sus compañeras, quienes también se sienten indignadas por lo difundido en los medios. Llamó la atención su constante insistencia en defender al mandatario.
Durante la entrevista, indicó que conoce a Jerí desde hace tiempo, ya que ambos postularon al Congreso y coincidieron anteriormente en el Legislativo. Subraya que su vínculo es estrictamente profesional.
Registros oficiales del control de visitas del Palacio de Gobierno muestran que Gutiérrez ingresó el 31 de octubre por la tarde y permaneció hasta la mañana siguiente, días antes de ser nombrada funcionaria del Ejecutivo, donde actualmente percibe un sueldo que supera los 18 mil soles mensuales. Este dato avivó las críticas sobre la transparencia de las contrataciones y la cercanía política entre estas jóvenes y el presidente José Jerí, y no solo fue un caso aislado sino parte de un patrón documentado de repartos de órdenes de servicio tras reuniones nocturnas en Palacio.
Gutiérrez fue previamente reconocida por Jerí en 2023 por su “liderazgo en los jóvenes”, antes de su contratación en el despacho presidencial. Según reportes, otras mujeres también ingresaron en horarios inusuales y luego obtuvieron cargos con sueldos elevados, sin cumplir necesariamente con los perfiles técnicos que la normativa exige.
La situación provocó la apertura de una investigación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción, que busca determinar si hubo irregularidades en la contratación de jóvenes funcionarias tras sus reuniones o vínculos con el presidente antes de su incorporación al Estado, revisando expedientes, hojas de vida y registros oficiales de visitas. Por el momento, la pesquisa no incluye directamente al presidente Jerí por limitaciones legales, pero apunta a quienes resulten responsables en el Despacho Presidencial.
Frente a estas revelaciones, la Presidencia de la República defendió que todas las designaciones se realizaron conforme a la normativa y bajo criterios técnicos, negando irregularidades y señalando que cuestionar las contrataciones por el simple hecho de ser mujeres y jóvenes atentaría contra el buen nombre de las trabajadoras.
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Según Infobras, son diversos parques que se entregaron durante la gestión de López Aliaga como alcalde de Lima, a diferencia de lo que dijo el candidato a vicepresidente
En una entrevista para el programa ‘Claro y Directo’, del periodista Augusto Álvarez Rodrich, el candidato a la vicepresidencia de la república por el partido político Un Camino Diferente, Arturo Fernández, dijo lo siguiente sobre la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima:
“Porky no ha hecho ni un solo parque para los niños”.
Esta afirmación no es cierta. Diversos parques se intervinieron y entregaron durante la gestión del exalcalde, según el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras). Uno de ellos es el parque Mateo Pumacahua, en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuyo monto de inversión inicial ascendió a S/.387,000, financiado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).
Esta obra inició el 19 de febrero de 2024 e inaugurada el 8 de marzo del mismo año. Tiene juegos interactivos inspirados en instrumentos musicales peruanos.
Fuente: Resolución N°000086-2023-Invermet
Fuente: Pantallazo del video de la inauguración del parque Mateo Pumacahua, el 8 de marzo del 2024
Otra intervención fue la del parque Sector 03, en Villa El Salvador, cuya inversión fue cercana a los S/.800,000. El expediente técnico, según Infobras, fue reformulado el 6 de noviembre de 2023:
Fuente: Resolución N°000121-2023 de Invermet
Este parque del Sector 03, remodelado e inaugurado, incluye áreas verdes, lozas deportivas, y juegos para niños. Las obras iniciaron el 17 de marzo de 2024 y el espacio público fue inaugurado el 18 de julio del mismo año.
Fuente: Video promocional de la inauguración del parque sector 03
También está el parque Ignacio Cossio, del distrito de La Victoria, que según Infobras requirió una inversión superior a S/.500,000 y fue ejecutada entre el 3 de agosto de 2024 y noviembre del mismo año, cuando fue inaugurado. Tiene 6,000 metros cuadrados, dos lozas y zonas de juegos para niños y adultos.
Club Metropolitano Pascuala Rosado Cornejo, en Huaycán
Uno de los parques más importantes que se ejecutó también durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga fue el Club Metropolitano Pascuala Rosado Cornejo, en el distrito de Ate. Son seis hectáreas, con piscinas semiolímpicas, lozas deportivas, terrazas y juegos infantiles.
Fuente: Página de facebook de la Municipalidad de Lima
Esta obra fue inaugurada el 27 de enero de 2025 tras una inversión que llegó a S/.44 millones. Fue empezada en junio de 2021 y pasó por varias ampliaciones de plazo.
Fuente: Infobras, línea de tiempo de ejecución de la obra
Además, está la creación del parque central de la Asociación de Propietarios de la Ciudadela Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho que supuso una inversión de S/.2 millones.
Fuente: Municipalidad de Lima
PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Arturo Fernández para conocer sus descargos; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Conclusión
Son varios los parques que se intervinieron y ejecutaron durante la gestión del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Asimismo, hay parques que se ejecutaron desde cero, como el parque central de la Asociación de Propietarios de la Ciudadela Mariscal Cáceres. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato a la vicepresidencia de la república por el partido político Un Camino Diferente, Arturo Fernández, como falsas.
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SE REAVIVA LA TENSIÓN | Decenas de ciudadanos bolivianos pertenecientes a asociaciones y organizaciones culturales salieron a las calles para protestar por un presunto plagio por parte del Perú. Señalan que las danzas presentadas en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno, han sido apropiadas indebidamente. A la manifestación se sumaron artistas de al menos otros diez países.
Con ello se reaviva una controversia de larga data entre Perú y Bolivia sobre el origen y la representación de las danzas del altiplano. Mientras tanto, en Puno continúan las celebraciones de la Candelaria con la participación de decenas de agrupaciones que llenan las calles de fe, danza y tradición.
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Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Docente en huelga de hambre denuncia exclusión en concurso y advierte deterioro de su salud en Arequipa. El profesor Christian Perales, docente con discapacidad visual que realiza una huelga de hambre en la Plaza de Armas de Arequipa, denunció presuntas irregularidades en un concurso público para una plaza docente, señalando que el proceso no habría considerado adecuadamente a personas con discapacidad. Según indicó, hasta el momento no tuvo respuesta ni reconsideración alguna por parte de las autoridades educativas.
Durante sus intervenciones, Perales afirmó que el concurso debía priorizar a personas con discapacidad y cuestionó la designación final. “No he tenido ninguna respuesta”, señaló al referirse a las gestiones realizadas ante las entidades correspondientes. Asimismo, advirtió sobre el impacto de la protesta en su estado físico: “Ya mi salud está requebrada”, expresó, indicando que su situación se encontraba en riesgo tras varios días sin ingerir alimentos.
El mismo día, Perales sufrió una descompensación y se desmayó, siendo movilizado de urgencia en ambulancia al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Ante el hecho, sus compañeros realizaron una marcha en reclamo a su caso.
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En veinticinco años Cerro Verde pagó a la ANA apenas una fracción de sus utilidades de un año, por usar miles de litros de agua, recurso escaso en la región.
PASÓ EN EL Perú | Las utilidades de Cerro Verde baten récords mientras el cobre alcanza precios históricos, acumulando millones en ganancias que contrastan con el pago mínimo por agua. Entre 2019 y 2024 la minera ganó más de cuatro mil millones de dólares, pero el agua sigue valuada como recurso barato para su operación.
En veinticinco años Cerro Verde pagó a la ANA apenas una fracción de sus utilidades por usar miles de litros de agua en la región. Especialistas advierten que con el cambio climático y mayor demanda poblacional, mantener el agua barata pone en riesgo el futuro hídrico de Arequipa y Perú.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. | FOTO: El Búho
La consejera regional Marleny Arminta informó sobre una fiscalización realizada en hospitales de Arequipa, en la que se detectaron diversas deficiencias que podrían afectar la atención médica. La autoridad expresó especial preocupación por la situación del hospital Honorio Delgado, el cual —según indicó— enfrenta una creciente presión asistencial que podría derivar en un colapso si no se adoptan medidas correctivas.
Durante la supervisión se observaron limitaciones en infraestructura, equipamiento e insumos. Arminta señaló que la demanda en el Honorio Delgado se incrementa debido a restricciones o procesos de cambio en otros establecimientos de salud como Goyeneche e Iren Sur, lo que concentra la atención en el principal hospital regional.
Entre los hallazgos, se identificaron fallas en el área de lavandería del hospital Honorio Delgado. De seis lavadoras nuevas instaladas el año anterior, varias presentaron desperfectos recurrentes y permanecen en mantenimiento; además, cinco secadoras y dos calandras fueron calificadas como obsoletas y fuera de servicio. La falta de liquidación administrativa del proyecto original impediría su renovación.
Asimismo, personal médico reportó carencias de insumos químicos, equipamiento y materiales en áreas como laboratorio, banco de sangre y gastroenterología. Ante ello, el Consejo Regional solicitó informes detallados al Ejecutivo regional y la adopción de medidas para evitar impactos en la atención de pacientes de Arequipa y de la macroregión sur.
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Los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, denuncian abusos del INPE por la difusión de imágenes de la requisa que realizaron en sus celdas del penal de Barbadillo donde cumplen sus sentencias.
El último fin de semana, el penal de Barbadillo fue escenario de un operativo de requisa ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. La intervención tuvo como objetivo oficial fiscalizar presuntos privilegios en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra, quienes purgan prisión en dicho centro penitenciario.
Durante la inspección, las autoridades constataron que los exmandatarios contaban con diversos electrodomésticos y objetos de uso personal para cubrir necesidades básicas. Se halló que Vizcarra poseía una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la celda de Humala se encontró un horno microondas. Por su parte, a Castillo se le incautó un televisor, una radio, una bicicleta de ejercicios, una refrigeradora y una cocina implementada; en tanto, a Toledo solo se le hallaron cubiertos.
Sin embargo, el operativo ha sido duramente cuestionado por diversos sectores que lo califican como una «cortina de humo» diseñada para desviar la atención de los recientes escándalos que rodean al presidente interino, José Jerí. Estos cuestionamientos surgen en medio de polémicas por reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares en mayoría a jóvenes damas, tras visitas nocturnas al Palacio de Gobierno.
Abogado de Ollanta Humala: «La filtración de fotografías fue algo ‘indignante y tendencioso’”
La defensa de Ollanta Humala también expresó su rechazo formal ante lo que consideran una vulneración sistemática al derecho fundamental a la intimidad. El abogado Wilfredo Pedraza calificó la filtración de fotografías como «indignante y tendenciosa», acusando al gobierno de Jerí de utilizar el sistema penitenciario para distraer a la opinión pública de las denuncias que pesan sobre su gestión.
Paralelamente, el abogado de Humala, Edinson Huamán, remitió un oficio a la presidenta del INPE, Shadia Valdez, exigiendo detalles sobre quién autorizó la toma y posterior difusión de las imágenes. Huamán enfatizó que la sentencia en primera instancia contra Humala, que aún se encuentra en apelación, no restringe sus derechos fundamentales, como la protección de su imagen y vida privada garantizados por la Constitución.
Huamán Chacón en la carta oficial que remitió a la titular del INPE denunció que, “durante las dos intervenciones ejecutadas el domingo 8 de febrero se tomaron imágenes del exmandatario sin su consentimiento expreso”. Por lo que, en el mismo documento, solicita información detallada sobre la cadena de mando involucrada. Y la autorización expresa del expresidente para el uso de su imagen.
“La sentencia dictada en primera instancia contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales”, dice en la carta. Resalta que, el artículo 2, inciso 7, de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la intimidad. Mientras que el Código Penal tipifica como delito la violación y el tráfico ilegal de datos personales. Con agravantes si el agente es un funcionario público.
Martín Vizcarra: “En la tercera requisa tomaron fotos para filtrarlas a la prensa”
El expresidente Martín Vizcarra denunció públicamente que fue objeto de tres requisas en menos de 24 horas, calificando la medida de abusiva y desproporcionada. Según relató, la primera diligencia ocurrió el sábado 7 de febrero y culminó sin observaciones. Pese a esto, los funcionarios regresaron en dos ocasiones adicionales, incluyendo una intervención para tomar fotografías que fueron filtradas inmediatamente a la prensa.
Vizcarra también aprovechó para comparar su situación con las condiciones de reclusión que tuvo el fallecido Alberto Fujimori. «¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?», cuestionó. Recordó que el exdictador incluso cultivaba una huerta con herramientas y un tractor. Y sugirió que la orden de intervenir su celda responde a una directiva política «de arriba».
Ante estos hechos, Vizcarra presentó una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE. Esto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. La acción legal sostiene que la segunda requisa se llevó a cabo sin razón ni sustento, lesionando los derechos del exmandatario a sabiendas de que ya se había realizado una inspección previa horas antes.
Asimismo, el expresidente ya había denunciado restricciones en visitas luego de que sus dos hijas no pudieran verlo. El refirió que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido. Sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. «Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja, y como padre no podía hacer eso y tuvieron que irse».
Califican acciones como efectistas y manotazos de ahogado
Especialistas consultados advierten que estas acciones buscan mejorar la imagen del sistema penitenciario mediante un discurso de «mano dura» para recuperar la confianza ciudadana. El politólogo Alejandro Godoy explicó que, aunque inicialmente este tipo de medidas fueron percibidas como positivas, hoy son vistas como actos efectistas que contrastan con la falta de fiscalización previa en casos como el de Alberto Fujimori.
Por otro lado, el analista Alejandro Mejía calificó la medida como «manotazos de ahogado» por parte de un presidente cuya aprobación se ha desplomado. Mejía criticó que se intente exponer privilegios carcelarios —asunto que amerita investigación— para ocultar que el actual gobierno poco ha hecho para combatir la corrupción persistente dentro del sistema penitenciario nacional.
Para ambos analistas consultados por La República, el clima político para José Jerí es crítico, pues una encuesta de Imasen indica que su desaprobación alcanzó el 70,4 % en enero. Este incremento en el rechazo popular estaría relaciondoa con la exposición mediática de la requisa en Barbadillo. Todo hace ver que es una maniobra distractiva frente a la crisis de inseguridad ciudadana y la falta de un Plan Nacional de Seguridad.
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La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui, viene siendo cuestionada por exponer públicamente a adolescentes víctimas de abuso sexual a las que coaccionaron para continuar con sus embarazos en el albergue que fundó junto a su esposo.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidió intervenir el refugio fundado por la congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, María de los Milagros Jáuregui. Ella admitió que en ese espacio niñas víctimas de violación son obligadas a llevar a término sus embarazos. El MIMP informó que la intervención busca verificar si el albergue cumple los estándares de protección integral y atención para menores en extrema vulnerabilidad. Esto, conforme al principio del interés superior del niño.
Jáuregui y su esposo crearon el refugio “Casa del Padre”, para albergar de entre 10 y 13 años que sufrieron abuso sexual y quedaron embarazadas. La propia congresista ha declarado que en ese lugar las menores “no se arrepienten” de dar a luz. Y que “la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”, comentarios que generaron una ola de rechazo entre organizaciones de derechos humanos.
Durante un evento realizado en dicho centro, la parlamentaria presentó a las menores ante el público y participó con ellas en actividades religiosas junto a sus hijos. Las imágenes difundidas generaron reacciones críticas en redes sociales y en diversos sectores.
Especialistas y usuarios señalan que esta exposición podría constituir una forma de revictimización, al tratarse de menores en situación de alta vulnerabilidad.
En entrevistas previas, Jáuregui ha señalado que decidió involucrarse en esta labor tras ver diversos casos de adolescentes en situacion de abandono. A esto lo calificó como un “llamado divino”. No obstante, también se le cuestionó por reiterar públicamente que las jóvenes fueron víctimas de abuso sexual y por afirmar que “la principal víctima” es el bebé en gestación.
A través de sus redes sociales, la congresista de Renovación Popular sostuvo que esta información es falsa. Afirmó que su trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial. Sin embargo, sus críticos señalan que el cuestionamiento no apunta al funcionamiento del albergue, sino al uso político del espacio para reforzar su postura ideológica. Así también, defender su visión sobre el enfoque de género y cuestionar políticas públicas como el aborto terapéutico en caso de abuso sexual.
Además de las críticas políticas, organizaciones de la sociedad civil han pedido formalmente a la Fiscalía que investigue el refugio gestionado por Jáuregui. Advierten que las prácticas admitidas por la legisladora podrían poner en grave riesgo a las niñas víctimas de violación. Colectivos como Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado que la afirmación de que la “única víctima” es el feto niega la dignidad de las menores y desconoce su calidad de víctimas de violencia sexual, lo que puede agravar su sufrimiento físico, emocional y social.
Las organizaciones también han exhortado al Ministerio Público a iniciar una investigación exhaustiva y de oficio. Esto con el fin de determinar si en el albergue se están cometiendo posibles delitos como la revictimización institucional o la coerción. Y han instado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a revisar sus mecanismos de atención y derivación para garantizar que las intervenciones se rijan por el interés superior del niño y los estándares internacionales de derechos humanos.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Si bien no hubo un nombramiento oficial, tanto el exalcalde de Lima como el entonces jefe de Estado anunciaron su participación en el equipo de asesores del despacho presidencial
El 29 de enero el candidato a la presidencia del partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, fue entrevistado en el programa ‘Tu decisión 2026’, de TV Perú, y tras ser consultado sobre su período como asesor del gobierno de Pedro Castillo, respondió:
“Primera aclaración: yo no fui nombrado asesor [de Pedro Castillo]”.
Sin embargo, existen distintas declaraciones y evidencias que confirman que Ricardo Belmont sí fue asesor de Castillo.
Pedro Castillo y Ricardo Belmont anunciaron que trabajarían juntos en 2021
El 18 de octubre de 2021, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. “Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió.
El expresidente Pedro Castillo brindó agradecimientos públicos a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. Fuente: @PedroCastilloTe
Ese mismo día, el también exalcalde de Lima brindó declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno y señaló que se reunió con Castillo Terrones tras una invitación del profesor. “¿Cómo me voy a negar a colaborar con el país si fui el primero en decir que si las cosas no se explican bien, vienen los malentendidos, las adjetivaciones, y creo que hay que pensar en el Perú, en los 33 millones de peruanos, eso le dije al presidente”, mencionó.
Los periodistas le consultaron cuáles serían sus labores, a lo que respondió que iba a comentarle al presidente la necesidad de armar un equipo de “primera” con especialistas en materia constitucional y económica. Belmont también comentó que no sabía que planeaban invitarlo a ser parte del gabinete de asesores.
A los pocos días, Ricardo Belmont aseguró que el anuncio era “de palabra”
El 21 de octubre de 2021, tres días después del anuncio de Castillo, el exalcalde de Lima se pronunció ante los medios de comunicación y dijo que su resolución no iba a oficializarse.
“Estoy designado, estoy de palabra. No vengo por un sueldo ni por un puesto. Al presidente lo conozco, he hablado mucho con él, he hablado mucho con su gente y hay un respeto mutuo”, dijo.
PerúCheck se comunicó con el abogado especializado en derecho público, José Elice, quien comentó que hay quienes trabajan como asesores sin que exista un nombramiento oficial. El también exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros comentó que estas personas trabajan de forma gratuita para algunos funcionarios públicos.
“El tema de los asesores llamados ‘de palabra’ no es nuevo. Siempre hay personas que por diversas razones se acercan a las autoridades y ofrecen sus servicios de asesoría, y cuando les dicen que no los van a contratar dicen que no importa el sueldo. Y usan ese vínculo para relacionarse con otras autoridades porque se presentan como sus asesores, entonces así comienzan a trabajar en un ministerio”, explicó.
Además, Elice comentó que hay otro tipo de profesionales que buscan trabajo y comienzan de forma gratuita, pero que en el tiempo los contratan. “Cuando daba charlas y talleres para congresistas nuevos, siempre les decía que se cuiden de los asesores ad honorem porque no tienen ningún tipo de vínculo formal con la institución con la que trabajan y luego pueden meterse en problemas”, añadió.
Ricardo Belmont afirmó que ser asesor de Castillo fue “una tomada de pelo”
El 14 de enero del presente año, el candidato del Partido Cívico Obras conversó con la periodista Rosa María Palacios en el programa Sin Guión, de La República, y aseguró que Pedro Castillo le preguntó si quería ser su asesor, a lo que respondió que podía asesorarlo gratuitamente. “Fue una tomada de pelo”, indicó.
“Cuando salgo de Palacio de Gobierno había lanzado un twitter. ¿Qué hago con un twitter acá? El twitter no es una resolución, no es un nombramiento”, dijo.
PerúCheck intentó comunicarse con el candidato a la presidencia a través del área de su prensa, pero la respuesta fue que el señor Belmont no tenía disponibilidad para atender la entrevista.
Conclusión
Pese a que en 2021 el presidente Pedro Castillo anunció que Ricardo Belmont se unía a su equipo de asesores en el Despacho Presidencial, nunca se oficializó el cargo. Sin embargo, esto no implica que el exalcalde de Lima no haya asesorado por unos días al entonces jefe de Estado. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido Cívico Obras como imprecisas.
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Es el turno del candidato Alfonso López-Chau de Ahora Nación. Su avance en las encuestas es pekgrliorospo
La Contraloría General de la República (CGR) ha dispuesto a la OCI el inicio de una auditoría de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante la gestión de Alfonso López-Chau, del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025.
La disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, quien, en oficio remitido al rector de dicha universidad, Arturo Talledo Coronado, le informa que por orden de sus superiores de la Contraloría debía investigar la gestión de López-Chau Nava, según los documentos a los que accedió La República.
Esta determinación se conoce luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación contra el candidato presidencial por el partido Ahora Nación López-Chau. Por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros de su agrupación política y que son parte de su campaña.
De acuerdo con la tesis fiscal, el candidato a presidente habría usado su cargo como rector de la UNI para beneficiar a militantes y promover su candidatura. Sin embargo, Carlo Magno Salcedo, vocero del partido y uno de los presuntos beneficiados, rechazó que López-Chau ordenara contratarlo.
Esto constituiría los presuntos delitos de corrupción en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible. El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción declaró ‘compleja’ la investigación y dispuso ampliar el plazo de esta por 8 meses.
¿Por qué hechos se le investiga a López-Chau?
López-Chau Nava es investigado por tres hechos, presuntamente irregulares, cometidos cuando ejerció el cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El primero es, por presuntamente, haber beneficiado con contratos al abogado Carlo Magno Salcedo Cuadros (Secretario de Doctrina y Formación Política del Partido Ahora Nación). A Salvador Arévalo La Rosa (Secretario Nacional de Industria y Emprendimiento de Ahora Nación) y Leandro Josué Gámez Ramos (Presidente del Tribunal Electoral de Ahora Nación). Los tres son militantes activos o directivos del partido Ahora Nación.
Los tres dirigentes presuntamente beneficiados y también citados como testigos por la fiscalía, habrían suscrito diversos contratos con la UNI. Los montos ascenderían a S/ 54,000, S/ 75,000 y S/ 32,000, respectivamente, durante los años 2022 al 2024. Esto, cuando López-Chau Nava era rector de esa casa de estudios.
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Entérate además que revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Cuando César Acuña decía que Alianza Para el Progreso era una raza distinta no bromeaba. Resulta que el 20% de los candidatos del partido para estas elecciones tiene antecedentes penales. Así lo reveló el dominical Cuarto Poder, que concluyó que 53 postulantes del acuñismotienen sentencias judiciales firmes. De estos angelitos, 32 quieren convertirse en diputados, 20 en senadores y 1 en parlamentario andino.
Entre los delitos por los que fueron condenados figuran corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar. Sin embargo, no son las únicas perlas de las listas aliancistas.
Dos actuales parlamentarias señaladas por mochasueldos quieren reelección. Se trata de Magaly Ruíz y Rocío Torres, quienes enfrentan investigaciones fiscales. Y como olvidarnos de Juan José Santiváñez, alias Cachete, engreído de Dina Boluarte y tristemente célebre por su nula labor al frente del Ministerio del Interior; quien es objeto de seis investigaciones fiscales. Al final sí se convirtieron en la banda del choclito.
Revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Los trapitos sucios de José Jerí no paran de salir. Perú21 reveló los detalles de la encerrona que se metió el pipiléptico de palacio en su cumpleaños número 38, el 9 de noviembre de 2024, cuando aún era un otorongo más. El presidente más turbado de la historia peruana hizo su fiestita temática en las afueras de Lima con verdaderos invitados de peso: los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además del fujimorista Arturo Alegría y Luis Cordero Jon Tay.
Hasta ahí nada fuera de lo común, salvo un pequeñísimo detalle. En la actividad también participó la infame Isabel Cajo, extrabajadora parlamentaria y creadora de Onlyfans señalada como supuesta integrante de la red de prostitución que funcionaba dentro del Congreso. Junto a ella habrían participado otras dos distinguidas damas, una de ellas la finada Andrea Vidal, acribillada meses después de 15 disparos en un taxi.
Las señoritas se metieron a la piscina, ante la atenta y salivante mirada de los caballeros presentes. Con todas estas revelaciones, no se entiende qué más hace falta para que Fernando Rospigliosi convoque a un pleno extraordinario. Si suena a violín, se toca como violín y parece violín; que no nos vengan a decir que es una guitarra. La incapacidad moral se cae de madura.
Keiko Fujimori rechaza la difusión de imágenes de requisas a expresidentes encarcelados promovidas como “logro” del gobierno de José Jerí
José Jerí está más desesperado que nunca por subir, aunque sea un puntito, en respaldo popular, tras la avalancha de escándalos por su debilidad con sus “amigas”, que después de juergas con él parecen encontrar con sorprendente facilidad jugosos contratos en el Estado.
Y como sus famosas requisas en penales no convencen a nadie, decidió ir hasta el penal que, probablemente será su futura casa: Barbadillo.
Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron despertados de madrugada y, aún en calzoncillos, pasaron por una requisa inopinada. ¿El gran hallazgo? Nada ilegal. Solo algunos electrodomésticos como refrigeradora, microondas, televisor y una máquina para hacer ejercicios.
Pero la primicia, curiosamente, la tuvo solo El Comercio, que tituló en letras gigantes que los expresidentes vivían en una “cárcel de oro”. Si bien se puede cuestionar si estos aparatos ingresaron con autorización del Consejo Técnico Penitenciario ya que deben ser de uso colectivo y no personal, lo de Alberto Fujimori fue diez veces peor: teléfono privado, comodidades exclusivas y hasta jardín propio.
Este burdo intento de Jerí por ganar simpatía terminó siendo tan evidente que hasta su principal aliada decidió marcar distancia. Keiko Fujimori saludó diplomáticamente la requisa, pero rechazó la difusión de imágenes de expresidentes recluidos, al considerar que vulnera su privacidad y dignidad, sin importar de quién se trate.
Demasiado notorio el intento de fingir “mano dura” y “lucha contra la delincuencia” cuando acumula investigaciones, denuncias y un país donde las muertes por extorsión siguen creciendo más rápido que su desprestigio … incluso más que en el gobierno de Dina.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Alianza para el Progreso tiene el 20% de sus candidatos con antecedentes penales
Revelan que José Jerí festejó su cumpleaños con trabajadoras parlamentarias señaladas como parte de red de prostitución en el Congreso
Keiko Fujimori rechaza la difusión de imágenes de requisas a expresidentes encarcelados promovidas como “logro” del gobierno de José Jerí
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– Escándalo en ONG de congresista evangélica
– José Jerí y su encerrona con trabajadoras del Congreso
– Investigan la franja electoral
– Conexión regional: Recuerdan a sus muertos en Challhuanca y puente se cae en Amazonas
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El exgobernador Elmer Cáceres Llica viene disfrutando de su libertad participando en diversas actividades artísticas. Esta vez fue visto en la festividad de la Virgen de la Candelaria, donde bailó caporales junto a otros danzantes.
A inicios de año también participó en actividades culturales con pobladores de Chumbivilcas. Estas apariciones públicas han llamado la atención en redes sociales.
Llica permaneció en prisión durante cuatro años tras ser acusado de presuntamente liderar una organización criminal en el caso “Los Hijos del Cóndor”. Además, enfrentó una condena por la adquisición irregular de butacas valorizadas en más de 20 mil soles cuando fue alcalde de Caylloma.
El exgobernador ha señalado que ahora busca dedicar más tiempo a su familia y que no tiene intención de regresar a la política.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Dos socios de la inmobiliaria Continental fueron dados de alta tras permanecer hospitalizados por las graves lesiones que sufrieron durante un violento ataque registrado la noche del sábado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza luego de ser agredidos al interior del local.
Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando un grupo de sujetos ingresó de manera irregular a las instalaciones de la inmobiliaria, ubicadas en la avenida Dolores. Los atacantes habrían roto el cerco eléctrico y accedido al inmueble a través de una vivienda colindante, sorprendiendo a los socios que se encontraban en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Jhon Ederson León Rosales y Jhowaldo Cabrera Casio, ambos socios de la empresa. León Rosales sufrió la agresión más grave, ya que los atacantes lo golpearon con un extintor y luego cayó desde el segundo piso del inmueble. El impacto le causó lesiones de consideración. Pese a ello, recibió el alta en las últimas horas y dejó el hospital en silla de ruedas, con visibles heridas en el rostro.
Tras la alerta de transeúntes y vecinos, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y auxiliaron a los heridos. La División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa asumió el caso en coordinación con el Ministerio Público. Ambas entidades investigan los hechos por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y robo agravado.
Durante el operativo, la Policía detuvo a varios presuntos implicados. Las diligencias se extendieron hasta la madrugada con el recojo de evidencias y la toma de declaraciones. Las autoridades no descartan que existan más responsabilidades vinculadas a este violento episodio, ocurrido en medio de un conflicto interno en la empresa.
Fiscalía evalúa robo agravado en caso de inmobiliaria en Arequipa
La abogada de los socios agraviados, Solange Quispe, informó que el Ministerio Público viene evaluando el caso bajo la tipificación de robo agravado, prevista en los artículos 188 y 189 del Código Penal. Precisó que este delito podría acarrear penas de entre 20 y 30 años de prisión, debido a las lesiones graves causadas a las víctimas.
La letrada indicó que la defensa de los detenidos habría intentado justificar el ingreso violento al inmueble bajo el argumento de una supuesta defensa posesoria. Sin embargo, aclaró que esta figura legal no ampara actos de violencia extrema ni el despojo de bienes. Añadió que los socios afectados tenían posesión efectiva del inmueble, donde incluso residían.
Quispe detalló que la inmobiliaria está conformada por seis socios y que el conflicto se originó tras el abandono del cargo de gerente general por parte de Álvaro Gil, quien dejó de asistir a la empresa a inicios de febrero. Ante esta situación, los socios le cursaron una carta notarial para iniciar su remoción, procedimiento que aún se encuentra dentro del plazo legal.
Asimismo, negó que exista una compra-venta válida de acciones, como habría sostenido la defensa de Gil, y advirtió sobre una posible falsificación de documentos. Entre los bienes presuntamente sustraídos durante el ataque figuran celulares, dinero en efectivo, laptops, una motocicleta dañada y el sistema de grabación de cámaras de seguridad. El perjuicio económico preliminar superaría los S/ 5.000.
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La crecida de una quebrada arrasó un puente en construcción en la localidad de Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, provincia de Bongará, región Amazonas. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron el aumento del caudal, que arrastró la estructura en cuestión de segundos y causó sorpresa entre los pobladores.
El hecho generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron a las autoridades responsables de la obra y advirtieron sobre la pérdida de la inversión pública en un proyecto considerado clave para la conectividad de la zona.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La Constitución y la Ley Marco del Empleo Público detallan que ningún empleado del sector público puede recibir del Estado “más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso”
El domingo 1 de febrero, el candidato a la presidencia de Avanza País, José Williams, brindó una entrevista al programa Punto Final, transmitido por Latina, en la que fue cuestionado por la periodista Mónica Delta por recibir el sueldo de congresista y su pensión como exmiembro del Ejército.
La conductora le preguntó: ¿Cualquier funcionario público puede recibir pensión y sueldo del Estado? A lo que el exmilitar respondió: “todos los reciben, menos nosotros”.
PerúCheck revisó las normas legales y encontró que existe la Constitución y otras normas prohíben la percepción de doble ingreso del Estado, por lo que los funcionarios públicos no pueden percibir dos remuneraciones.
¿Qué dicen las leyes peruanas?
La Constitución política, norma máxima del Estado, tiene un capítulo destinado a la regulación de la función pública. En uno de sus artículos se detalla que un funcionario del sector público no puede percibir doble ingreso.
Artículo 40.-
La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley.
Pero esta no es la única norma que especifica dicha prohibición. La Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, tiene como finalidad establecer las normas correspondientes para tener una administración pública más “moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada”. Ésta busca determinar cuáles son los principios que rigen al empleo en el sector público y crear condiciones para las entidades del Estado.
En esta ley también se detalla la relación entre el Estado y el empleado, y en el primer capítulo se especifica que los empleados públicos no pueden percibir del Estado más de una remuneración.
Artículo 3.- Prohibición de doble percepción de ingresos
Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas.
En este documento, además, se detalla que el funcionario público es todo aquel que “desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas”.
¿Los congresistas que fueron policías o militares, como José Williams, reciben doble ingreso del Estado?
En reiteradas ocasiones los congresistas han mencionado que no reciben dinero del Estado, sino la pensión a la que tienen derecho. No obstante, su pensión no se calcula como la de un ciudadano cualquiera.
La abogada laboralista Lucy Marmanillo explicó a PerúCheck que la regla general es que ningún funcionario público puede recibir dos ingresos, entre ellos pensión y remuneración, de parte del Estado. Sin embargo, en el caso de policías y militares sí hay un debate porque el Estado contribuye con una parte de su pensión.
“Cuando hablamos de que una persona tiene una pensión y aparte percibe una remuneración de parte del Estado, debemos evaluar a qué régimen pertenece esta pensión. No es lo mismo recibir una pensión de la AFP, que el monto responde a un fondo [privado] que hemos ido acumulado en el tiempo, a recibir una pensión que sí es financiada por el Estado, como pasa con los militares y policías”, dijo.
Lo que sucede es que los militares policiales reciben una pensión conformada por un porcentaje de fondos acumulados por ellos mismos y otra parte asumida por el Estado. Así lo informó la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso.
“La tasa de aporte vigente es 19% (6% a cargo del Estado y 13% a cargo del efectivomilitar policial), y se fijó en correspondencia al diseño actual del régimen previsional, donde las pensiones se otorgan en base a una tasa de reemplazo de 55%”, indica el documento.
Una muestra de ello es la noticia que publicó Agencia Andina el 12 de diciembre de 2025, en la que dio a conocer que, a través del Decreto Supremo Nº 294-2025-EF, se autorizó la transferencia de más de S/88 millones a favor del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
El objetivo de este presupuesto era “financiar las transferencias financieras que dichos pliegos deben efectuar a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), para ser destinadas exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la citada entidad.
Entonces, ¿qué se le cuestionó a José Williams?
Hasta el año 2022, el personal militar y policial que recibía pensiones del Estado no podía percibir doble ingreso de parte del sector público, debido a que aún estaba vigente la Ley N° 19846, la cual determinaba los derechos de los pensionistas de las fuerzas del orden. En éste se definía que sólo era posible que un exmilitar o expolicía percibiera doble remuneración del Estado si se trataba de servicios de docencia.
Artículo 6.-
El servidor o sus deudos sólo podrán percibir simultáneamente dos sueldos o dos pensiones o un sueldo y una pensión del estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública.
Sin embargo, en el año 2021, poco después de que se instale el nuevo Congreso, la parlamentaria María del Carmen Alva, entonces de la bancada de Acción Popular, presentó la iniciativa legislativa N° 00319/2021-CR que modifica la autorización para la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Ley N° 30539.
De acuerdo al documento, el objetivo era que se haga válido el siguiente texto:
«Autorícese a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las Instituciones Públicas y las Empresas del Estado la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios laborales en todas las áreas de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Empresas Públicas, quienes pueden percibir simultáneamente pensión y remuneración del Estado.»
El Congreso también pidió una excepción para que policías y militares puedan percibir ingresos de parte del Estado sin considerar un tope máximo, como lo pedía el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº038-2006:
“Ningún funcionario o servidor público que preste servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre”.
Con estas especificaciones, el 28 de abril de 2022, la iniciativa legislativa fue aprobada. Desde entonces, se le cuestiona a los congresistas que fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú la percepción de doble ingreso del Estado, pese a estar prohibido.
Conclusión
José Williams, candidato presidencial de Avanza País, indicó que todos los funcionarios públicos pueden percibir doble ingreso del Estado. Pero la Constitución y la Ley Marco del Empleo Público señalan que está prohibido que los funcionarios públicos reciban doble ingreso de parte del Estado. Por este motivo, PerúCheck califica las declaraciones del candidato de Avanza País, José Williams, como falsas.
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La Policía Nacional desarticuló una red criminal, denominada “Los Invisibles de la Extorsión”, dedicada a la extorsión que operaba desde el interior del penal de Socabaya, en Arequipa. El operativo se ejecutó el sábado 8 de febrero, alrededor de las 16:00 horas, tras una investigación iniciada por la denuncia de un empresario que recibía amenazas a cambio de dinero.
De acuerdo con la información policial, la banda utilizaba llamadas y mensajes de WhatsApp con números de prefijo extranjero para intimidar a sus víctimas. En uno de los casos, los delincuentes exigieron el pago de S/ 50 mil y enviaron imágenes de la vivienda del agraviado y de armas de fuego como método de presión.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la Divincri Arequipa, quienes lograron identificar a los integrantes de la organización y ejecutar allanamientos tanto en el penal como en un inmueble del distrito de Tiabaya.
Extorsiones se organizaban desde prisión en Arequipa
La organización criminal coordinaba sus acciones desde los pabellones A3 y A4 del penal de Socabaya. Operaban bajo una modalidad conocida como “escopetazo”. Desde el interior del centro penitenciario se realizaban las amenazas, mientras que en el exterior se ejecutaban labores de marcaje y cobro del dinero.
Entre los detenidos figura Carlos Andrés Segura Góngora, alias “Negro Colombiano”, señalado como cabecilla de la banda. También fueron intervenidos Luis Mauricio García Huamán, alias “Ñañito”, y Luis Alberto Obando Montoya, alias “Luchito”. Ambos son internos del penal y presuntos encargados de coordinar el flujo del dinero producto de las extorsiones.
Asimismo, fue detenida en flagrancia Juana Rosa Obando Montoya. Según la investigación, sería la responsable de recibir los depósitos y facilitar su ingreso al penal. Además, se identificó a un sujeto conocido como “Coyote”. Este último habría cumplido funciones de marcaje y reglaje de las víctimas y se encuentra en proceso de identificación.
Durante los allanamientos, la Policía incautó seis teléfonos celulares, tarjetas bancarias y chips telefónicos. También se hallaron vouchers de depósito, agendas con anotaciones de montos y cuentas bancarias, además de dinero en efectivo. Las autoridades informaron que las diligencias continúan para determinar si existen más víctimas y establecer responsabilidades penales adicionales.
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Fuente: Resolución N°000086-2023-Invermet
El expresidente Pedro Castillo brindó agradecimientos públicos a Ricardo Belmont por sumarse a su equipo de asesores. Fuente: 
