El saldo de obra del Hospital Maritza Campos retrocede a foja cero debido a errores técnicos detectados en la adjudicación del proyecto. | IMAGEN: GORE Arequipa
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) decidió declarar la nulidad de la buena pro para la ejecución del saldo de obra del Hospital Maritza Campos, ubicado en el distrito de Cerro Colorado. Esta determinación, que devuelve el proceso de selección a una etapa anterior, surge tras la identificación de diversas fallas técnicas y deficiencias en los filtros de evaluación de la entidad regional.
La administración actual admitió que los mecanismos de control fallaron al momento de calificar a las empresas postulantes, lo que compromete una vez más el cronograma de un proyecto vital para el sector salud en el Cono Norte de la provincia.
Diversos informes técnicos revelaron que el comité de selección no aplicó los criterios de rigurosidad necesarios durante las etapas previas de la licitación. Esta situación expone la vulnerabilidad de los sistemas de contratación que utiliza el Gobierno Regional de Arequipa, pues los errores detectados impiden que el proceso continúe de manera transparente y legal.
Al declarar la nulidad, las autoridades regionales buscan evitar futuras complicaciones contractuales o paralizaciones legales, aunque esto implique un nuevo retraso en la entrega de la infraestructura médica a los ciudadanos.
La caída del proceso genera una evidente preocupación entre los beneficiarios de la obra, quienes esperan la culminación de este nosocomio desde hace varios años. Los representantes de la entidad regional señalaron que el reinicio de la licitación busca garantizar que la empresa ganadora cuente con la capacidad técnica y financiera real para concluir los trabajos pendientes.
No obstante, la repetición de estas falencias administrativas pone en tela de juicio la eficiencia de los funcionarios encargados de conducir los proyectos de inversión pública de mayor envergadura en la región.
Obstáculos históricos y desafíos presupuestales para la salud
El camino para terminar el Hospital Maritza Campos ha estado marcado por la incertidumbre y el manejo ineficiente de los recursos públicos. Estimaciones técnicas previas indican que la culminación de este establecimiento requiere una inversión de 150 millones de soles, un monto que el Gobierno Regional de Arequipa debe gestionar con extrema precisión para evitar mayores perjuicios económicos.
Este proyecto, junto al hospital de Camaná, forma parte de un paquete de obras paralizadas que ya han generado un perjuicio de 49 millones de soles al Estado peruano debido a gestiones anteriores deficientes y arbitrajes prolongados.
A principios de este año, la administración regional anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar el acompañamiento técnico y el financiamiento necesario para destrabar estas infraestructuras. A pesar de este respaldo del Gobierno Central, la incapacidad de la gestión regional para concretar procesos de licitación libres de errores técnicos ralentiza el avance esperado.
La población de Cerro Colorado y las provincias aledañas continuarán dependiendo de establecimientos de salud colapsados mientras el Gobierno Regional de Arequipa no logre profesionalizar sus comités de selección y fortalecer sus filtros internos para evitar que las licitaciones sigan fracasando por vicios administrativos evitables.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
El candidato y congresista, José Luna, dijo que el presupuesto del Congreso se duplicó en cinco años y los números lo confirman.
De S/.879 millones en 2022 a S/.1,768 millones en 2026, según datos del MEF y las leyes de presupuesto.
¿En qué se fue el dinero? Más personal, más bienes y servicios y más gastos antes incluso de que entre en vigencia la bicameralidad.
En este video verificamos las declaraciones y se comprueba gracias a Perucheck el aumento millonario del Congreso. https://perucheck.pe/articles/verificadas/2026/01/30/presupuestodelcongresosiseduplicoen5anos-2995320
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
En un video publicado en su página oficial, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, se refirió a las tachas presentadas en contra de su candidatura y señaló que el Jurado Electoral de Elecciones (JNE) se estaría contradiciendo al aceptar estas tachas luego de haber admitido su lista:
“Otra vez quieren desaparecernos. El Jurado Electoral Especial ha cometido un gran atropello contra nuestros derechos y no solamente contra los míos, sino también contra los tuyos. […] Es increíble que este mismo organismo que admitió formalmente nuestra lista ahora se contradiga totalmente aceptando las tachas».
PerúCheck se contactó con el abogado especialista en materia electoral, Óscar Mattuti, y manifestó que no existe ninguna contradicción, pues las tachas se presentaron dentro del proceso regular:
“Cuando uno admite la lista, la está admitiendo justamente para el siguiente paso: el proceso de tachas. Es decir, el primer filtro ya se efectuó, pero después se habilita el siguiente filtro que involucra a toda la población, que es justamente el proceso de tachas”, señaló el especialista.
Para Mattuti las declaraciones del candidato se deben a desconocimiento del reglamento: “lo regular es que luego de la admisión y publicación se proceda al proceso de tachas; no hay ninguna arbitrariedad al respecto”, indicó.
Por otro lado, para la presidenta titular del Jurado Electoral Especial de Cusco, Fany Andrade, tampoco existe ninguna contradicción. Andrade explicó a PerúCheck el procedimiento habitual:
“Admitida la lista, inicia el periodo de tachas; es otro periodo. Concluido, si [la tacha] no fuera fundada, la lista es inscrita, pero aún queda la posibilidad de la exclusión. Esa exclusión se da hasta un día antes de las elecciones”, señaló.
Conclusión
El Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establece los plazos para las tachas, que pueden darse hasta tres días calendario posteriores a la publicación de la lista, que fue lo que ocurrió durante el proceso de tachas presentadas contra el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra. Por tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.
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La gráfica viralizada en Facebook, que le da el primer lugar en intención de voto a Roberto Sánchez, carece de respaldo institucional, ficha técnica y valor científico.
Una imagen difundida desde el 26 de enero en Facebook revelaría los supuestos resultados de una encuesta presidencial, a nivel nacional, en la que el candidato de Juntos Por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, lideraría las preferencias con el 17% de intención de voto, seguido por Ronald Atencio (7%) y Rafael López Aliaga (4%).
La publicación obtuvo más de 11,000 reacciones, 3,900 comentarios y cerca de 1,000 compartidos. No obstante, ni en el gráfico ni en la descripción aparece el nombre de la encuestadora encargada del estudio ni se presenta una ficha técnica que transparente su metodología, elementos que dotan de validez a los sondeos.
Sin registro ni rigor metodológico
De acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 27369, “toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
En esa línea, el artículo 10 del reglamento sobre encuestas electorales, que es “de obligatorio cumplimiento para las encuestadoras electorales, medios de comunicación y ciudadanía en general” (art. 3), ordena que “las únicas facultadas a elaborar las encuestas electorales sobre intención de voto (presencial y/o teléfono) y simulacro de votación para su difusión, con motivo de un proceso electoral” son las encuestadoras debidamente inscritas en el Registro Electoral de Elecciones (REE).
Sin embargo, la publicación de la página de Facebook Juntos con el Pueblo, que muestra afinidad a la candidatura de Roberto Sánchez, menciona únicamente una supuesta muestra representativa de 50,000 ciudadanos, pero omite datos obligatorios por ley como el nombre de la encuestadora, la ficha técnica que contiene, el margen de error, el nivel de confianza, la fecha de campo y la financiación del estudio.
“En elecciones aparecen encuestas es falsa”
En conversación con PerúCheck, el politólogo de la Universidad Católica del Perú PUCP, Fernando Tuesta, advirtió que en épocas electorales “siempre aparecen encuestas falsas”. “Hay empresas que surgen sólo en épocas de elecciones, y son de dudoso profesionalismo”, agregó.
El especialista aseguró que las encuestas más confiables son de empresas que, normalmente, se mantienen más activas, como Ipsos, Datum y el Instituto de Estudios Peruanos.
Además, destacó el factor económico: “Una encuesta cuesta caro. Si es a nivel nacional, está alrededor de unos US$13,000 ¿Quién paga esto? Debe haber una empresa que financie. En el caso de las encuestadoras de renombre, son los medios [de comunicación] con los que tienen convenios quienes asumen el costo”, apuntó.
Por su parte, la especialista en derecho electoral, Ana Neyra, explicó que “al no existir una fuente clara de dónde proviene la encuesta, puede tratarse de información falsa, que busca influenciar o perjudicar a ciertas fuerzas políticas o candidatos, pero sin que reflejen realmente cuáles son las preferencias actuales de la ciudadanía”.
“La recomendación es no dejarse engañar. Si quieren evaluar los resultados de las encuestas, revisen encuestas de encuestadoras registradas, pero sobre todo que tengan un prestigio por su experiencia y buenos resultados en elecciones previas”, puntualizó.
Roberto Sánchez: “No trabajamos con encuestas”
Consultado por PerúCheck, el candidato Roberto Sánchez negó todo vínculo con la página de Facebook que simpatiza con su partido político y aseveró: “Nosotros no trabajamos con encuestas sino con el pueblo y su propia representación y sentimiento”.
El último 1 de febrero, la misma página de Facebook volvió a difundir una imagen con resultados de una supuesta encuesta presidencial, realizada en la zona sur y oriente del país. En esta, el candidato de Juntos Por el Perú ocupa el primer lugar con 23% en intención de voto. A pocas horas de la publicación, el post superó las 1,500 interacciones.
Conclusión
La supuesta encuesta presidencial, publicada y viralizada en Facebook, que coloca en el primer lugar al candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez, con 17% en intención de voto, carece de autoría y ficha técnica exigidas por el Reglamento del Registro de Encuestas Electorales. Por lo tanto, PerúCheck califica esta información como falsa.
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Los congresistas de Arequipa incrementaron su patrimonio de forma exponencial durante su periodo parlamentario, mientras el país enfrentaba crisis institucional, impunidad y violencia creciente. Departamentos, camionetas nuevas y cuentas llenas contrastan con un Congreso de Perú señalado por blindajes, leyes polémicas y decisiones que perjudican gravemente la economía nacional.
En varios casos, sus bienes se multiplicaron miles de veces gracias a sueldos altos y beneficios congresales, alejados de la realidad ciudadana peruana. Este reportaje revela cómo el poder político se convirtió en negocio rentable para legisladores cuestionados, mientras el Estado pierde millones y la población queda desprotegida.
Desde la Amazonía, la ATFFS de Tingo María implementó un centro de custodia temporal para atender fauna silvestre rescatada del tráfico ilegal, accidentes o pérdida de hábitat. Este espacio funciona como cuarentena veterinaria inmediata, estabilizando animales vulnerables y evaluando su posible reinserción en la naturaleza, bajo monitoreo constante especializado y técnico.
Actualmente, el centro alberga un achuni, una tortuga y una chozna rescatada en estado crítico, con una grave lesión ocular y pronóstico reservado. La entidad advierte que la degradación de bosques obliga especies a acercarse a zonas urbanas, y llama a proteger ecosistemas evitando captura ilegal.
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El candidato a la vicepresidencia, Arturo Fernández Bazán, centró su intervención en comentarios sobre distintos candidatos y partidos políticos, sin exponer propuestas concretas. Su protagonismo llegó al punto que la candidata presidencial, Rosario Fernández, no habló.
En lugar de una presentación de propuestas o de los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados por Arequipa, Arturo Fernández Bazán, candidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente, centró su intervención en un relato personal. Durante su exposición abordó su trayectoria política, experiencias profesionales y denuncias sobre presuntas persecuciones judiciales y actos de corrupción que, según afirmó, marcaron su paso por la función pública.
Durante varios minutos, desarrolló reflexiones sobre la situación del país y realizó comparaciones con otros contextos internacionales, con énfasis en Argentina, Alemania y China. En ese espacio, no se detallaron medidas específicas que el partido plantea para Arequipa.
Finalmente, Fernández también hizo referencias directas a otros partidos políticos y a figuras del escenario nacional, a quienes responsabilizó del estancamiento de proyectos, la corrupción y la crisis institucional, utilizando calificativos críticos durante su exposición.
Trayectoria personal
Fernández sostuvo que su candidatura enfrenta cuestionamientos y estigmatizaciones. Atribuyó estas críticas a sus posiciones políticas y afirmó que no se identifica con etiquetas ideológicas tradicionales, al considerar que estas terminan convergiendo en prácticas vinculadas a la corrupción.
También mencionó su experiencia como médico y su paso por cargos municipales. Asimismo, hizo referencia a procesos judiciales en su contra, entre ellos una denuncia por violación, que, según su versión, forman parte de una persecución política.
En esa misma línea, comparó la realidad peruana con la de otros países de América Latina y Europa. Señaló que en esos contextos existe una mayor prioridad por el bienestar ciudadano y afirmó que su objetivo es trasladar al país prácticas vinculadas al orden, la organización y la innovación.
Propuestas “no habidas” para Arequipa
Durante el espacio de preguntas, se evidenció la ausencia de un planteamiento concreto sobre los principales problemas de Arequipa. Las consultas se orientaron a conocer qué propone Un Camino Diferente en sectores como salud, obras públicas, empleo y lucha contra la corrupción, así como la viabilidad de sus planteamientos.
Ante ello, Fernández respondió de manera general que su propuesta apunta a una reestructuración del Estado, el fortalecimiento de los servicios públicos y un combate frontal contra la corrupción. En materia de salud, mencionó la necesidad de reorganizar el sistema hospitalario y optimizar la infraestructura existente, más que construir nuevos establecimientos.
También se refirió a la importancia de destrabar proyectos de gran envergadura y sancionar a funcionarios y empresas involucradas en actos irregulares. Sin embargo, las respuestas mantuvieron un enfoque amplio, sin detallar acciones específicas, plazos ni fuentes de financiamiento.
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Presidencia de José Jerí da marcha atrás y elimina comunicado donde amenazaba con denunciar a medios que cuestionaban contrataciones de damas
José Luna vs Rafael Lopez Aliaga: anuncia demanda para que deje de “hostigar” a periodistas
Hernando De Soto aclara por qué aparece mencionado en correos desclasificados de Jeffrey Epstein y su red de explotación sexual
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Hoy en Pico a pico: – ¡AMPAY A JERÍ! Más amiguitas en Palacio y más reuniones con chinos – Candidatos comienzan a pelearse entre sí – Los arrepentidos: Dina Boluarte y Fernando Rospigliosi – Conexión regional: Cerro Verde se lleva el agua de Arequipa y huaicos arrasan el interior
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El presidente interino José Jerí debe haber estado muy preocupado para aprobar un comunicado amenazando a la prensa por la información sobre las contrataciones de sus amigas, para luego, eliminar esa advertencia y sacar otro documento oficial.
Algo preocupa tanto a la Presidencia de la República sobre las revelaciones periodísticas respecto a las contrataciones de las allegadas a José Jerí, tras visitarlo en Palacio, que a las pocas horas de publicar un comunicado amenazando a la prensa, sacó otro omitiendo esa advertencia que iba contra la libertad de expresión.
En tanto, el Ministerio Publico inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” respecto a la presunta contratación irregular de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí en la sede del Ejecutivo.
Roxana Espinoza Páucar es la fiscal provincial que tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación preliminar abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Y las diligencias las realizará, de forma conjunta, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.
Si durante el desarrollo de esta investigación preliminar se determina una posible responsabilidad penal del presidente José Jerí, el caso será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Porque solo él puede llevar a cabo diligencias contra el jefe de Estado.
¿Qué decían los comunicados de Presidencia?
En el primer documento decía que la presidencia tomaría posibles acciones legales contra la prensa por el reportaje en el que se vincula a José Jerí con mujeres contratadas en el Estado. Luego de que lo visitaran en Palacio de Gobierno incluso en día feriado y hasta altas horas de la noche.
Sin embargo, pasados unos minutos y tras las críticas recibidas, el despacho Presidencial retrocedió y publicó otro comunicado. Pero éste, sin la amenaza de las acciones legales contra los medios que emitieron esa información. Pese a estar documentada con los propios registros de ingresos y salidas de la sede del Ejecutivo. Y con las planillas de las contrataciones en distintas dependencias del gobierno.
Si bien en el nuevo texto, se mantiene su rechazo al «sentido malintencionado» de la información, suprime el punto que advertía que se tomarían medidas legales contra los responsables del reportaje. Lo que fue interpretado como una amenaza a la libertad de prensa.
Pese a la rectificación, el despacho presidencial considera que no se puede «cosificar ni vulnerar el derecho al buen nombre por el hecho de ser mujeres jóvenes que trabajan en Palacio”. Cuando el reportaje televisivo reveló el beneficio que habrían tenido las allegadas al presidente Jerí. Esto, tras tener una reunión con él y luego conseguir un trabajo.
Presidencia dice que se cumplió procedimiento, pero expertos lo niegan
Desde presidencia insisten también en que las contrataciones se realizaron «siguiendo el procedimiento legal correspondiente» y que las profesionales cumplen con los requisitos establecidos. Sobre este punto discrepan algunos expertos consultados y es precisamente el que constituiría un presunto delito.
Sin embargo, para el abogado experto en contrataciones con el Estado, Christian Castillo, entrevistado en Exitosa, el presidente José Jerí pudo haber incurrido en actos ilícitos. Esto, tras el presunto favorecimiento a cinco mujeres que visitaron Palacio de Gobierno. Porque no solo habría favorecido ilícitamente a las féminas, sino que también habría presumiblemente usurpado funciones que la propia ley le prohíbe por su investidura.
De acuerdo con la revelación periodística, Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Veas Otero, Fiorela Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, a pocos días de que el jefe de Estado asuma funciones por sucesión constitucional y tras visitarlo en Palacio, obtuvieron órdenes para brindar servicios profesionales en diversas entidades públicas desde octubre y noviembre del 2025.
El perito dijo que Jerí Oré podría ser pasible de dos acusaciones en el Ministerio Público. Porque -según se observa- habría intercedido de forma irregular para que las féminas obtengan órdenes de servicio a su favor.
Puso como ejemplo el caso de Cristina Beraún Rojas, quien logró un primer sueldo de 6 300 soles y, luego pasó a ganar 11 000 soles. Lo que “demuestra claramente que hay un tráfico de influencias y por no decir una negociación incompatible. Y si la señorita no está capacitada para el ejercicio del cargo ya estaríamos hablando de una pérdida para el Estado. Y ya no sería negociación incompatible sino colusión agravada con una pena de hasta 15 años», declaró.
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El planteamiento del candidato solo podría ocurrir si el presidente sometido al proceso de vacancia renuncia a presentarse para exponer su defensa o la realiza en un tiempo menor al que lo faculta la ley.
Durante una entrevista televisiva, Ronald Atencio, candidato presidencial por la alianza electoral Venceremos, criticó el accionar del actual Congreso de la República. Y, como parte de sus argumentos, señaló expresamente lo siguiente: “Han hecho un Senado todopoderoso que nadie puede disolver, pero que puede vacar a un presidente en media hora«. Sin embargo, tras revisar los reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, la red AmaLlulla concluye que esta versión es engañosa.
En realidad, la vacancia presidencial cuenta con etapas de debate, sustentación de la vacancia, ejercicio de defensa y votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las cuales se dan trámite ―en algunos casos― con horas y periodos establecidos.
En principio, en marzo de 2024, el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 31988 de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República, la cual contaba con la aprobación del Parlamento. Esta ley indica que, a partir de las Elecciones Generales 2026, el Congreso de la República estará conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados, la vacancia presidencial ocurre por las siguientes causales:
-Muerte del presidente de la república.
-Permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
-Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo establecido.
-Destitución por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. (Traición a la Patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución; impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral»).
Procedimiento en la Cámara de Diputados
Ahora bien, para que un presidente sea vacado, el proceso debe iniciarse y pasar previamente por la Cámara de Diputados para su aprobación; luego, se remite al Senado para su trámite final.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, la vacancia por permanente incapacidad moral empieza con la formulación de una moción de orden del día firmada por no menos del 30% del número legal de diputados, precisando los fundamentos de hecho y documentos que lo acrediten.
“Tiene preferencia en el debate y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia de este se remite, a más tardar el día hábil siguiente, al presidente de la República”, se lee en el reglamento de la Cámara de Diputados.
Luego, el presidente de la Cámara de Diputados cita a una sesión, dentro de los tres días siguientes, a fin de que la moción sea sustentada por cualquiera de los diputados firmantes. La votación de la admisión se realiza inmediatamente después. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de diputados hábiles.
El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda el día y hora de debate y votación del pedido de vacancia. La sesión no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo.
Esto hace imposible que el proceso de vacancia se realice en media hora, como sugirió el candidato Ronald Atencio. Pero esto es solo en la Cámara de Diputados, pues el proceso es todavía más extenso.
Para que sustente la moción de vacancia, el presidente de la Cámara de Diputados otorga el uso de la palabra al presidente de la república para sus descargos, quien “puede hacerlo personalmente o asistido por un abogado por hasta sesenta minutos. Su inasistencia no interrumpe el procedimiento”.
El acuerdo que propone la vacancia de la presidencia de la república por incapacidad moral, requiere “una votación calificada no menor de los dos tercios del número legal de miembros de la Cámara de Diputados”.
En esta instancia, la Cámara designa a tres diputados para sustentar la propuesta de resolución de vacancia ante el Senado. El mismo día, dicho documento es remitido al presidente de la república y del Senado, con el fin de que continúe el trámite.
Procedimiento en la Cámara de Senadores
En el Senado, el procedimiento de vacancia presidencial por muerte, permanente incapacidad moral o física, renuncia o por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, es el siguiente:
-Recibida la propuesta de resolución de vacancia presidencial y el expediente que lo sustenta por parte de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado establece día, hora y reglas para el debate y la votación de dicho pedido. Esto, previo acuerdo de la Junta de Portavoces.
-Luego, se cita a los diputados designados para sustentar la propuesta y, según corresponda, al presidente de la República.
-En la sesión convocada, el presidente del Senado cede hasta 60 minutos a los diputados designados por la Cámara de Diputados para que sustenten la propuesta de resolución de vacancia.
-Seguidamente, el presidente de la república expone sus descargos, hasta por otros 60 minutos. “La inasistencia del presidente de la República o de su abogado no interrumpe el procedimiento”.
-Por último, el presidente del Senado abre el rol de oradores, conforme a las reglas establecidas por la Junta de Portavoces. Tras el debate, empieza la votación.
De lo anterior se desprende que la afirmación de Atencio es engañosa. Si bien el reglamento del Senado no contempla los mismos plazos que el de la Cámara de Diputados, el planteamiento del candidato solo podría ocurrir si el presidente sometido al proceso de vacancia renuncia a presentarse para exponer su defensa o la realiza en un tiempo menor al que lo faculta la ley.
De lo contrario, si se cumplen exactamente los tiempos establecidos, solo en el ámbito del Senado, el proceso de vacancia presidencial dura por lo menos dos horas, entre las intervenciones de los diputados y los descargos del mandatario en funciones.
Por destitución
Otro camino para la vacancia ocurre a través de una acusación constitucional, que también empieza en la Cámara de Diputados y pasa luego al Senado. Si en ese proceso sedetermina responsabilidad del presidente de la república en alguna de las causales previstas, la vacancia procede de manera inmediata.
Cabe precisar que este es el procedimiento de acusación constitucional es más extenso, e incluye plazos establecidos. Por ejemplo, cuando el Senado recibe el expediente de la Cámara de Diputados, la junta de portavoces acuerda el día del debate y votación. Entonces, la Oficialía Mayor cita a las partes para la sustentación. Entre la citación y la fecha prevista debe haber por lo menos tres días hábiles.
«El tiempo [mencionado por Ronald Atencio], no es tan exacto, porque el procedimiento de vacancia o el procedimiento de acusación constitucional y antejuicio, que son las dos formas como se puede procesar a un presidente, llevan plazos, tiempos, y justamente, lo que se trata es del respeto al debido procedimiento», explicó a Ama Llulla el constitucionalista Jorge Jáuregui, docente de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Con el fin de obtener precisiones, la red AmaLlulla intentó contactar a Ronald Atencio. Aunque no se obtuvo una respuesta directa, su equipo de prensa remitió un mensaje vía WhatsApp con el título: “Ronald Atencio ratifica su crítica al actual Congreso y al modelo de Senado que ha creado”.
La comunicación del equipo de Atencio indica que el candidato “describe de manera figurada lo que el actual Congreso y los partidos que lo controlan han creado: un Senado todopoderoso donde nadie los puede disolver, pero ellos sí pueden prescindir del presidente con una votación no menor a los dos tercios del número legal de esta cámara, es decir, 40 votos. Esto, luego de los procedimientos previos establecidos, como la votación en la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, en la declaración materia de esta verificación, Atencio no mencionó el procedimiento previo en la Cámara de Diputados.
En función de lo expuesto, la red AmaLlulla concluye que es engañosa la versión de Ronald Atencio acerca de que el Senado puede vacar a un presidente de la república en media hora.
Este chequeo fue realizado por Pachamama, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.
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El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, enfrenta una lluvia de críticas tras ser visto en inmediaciones de las actividades proselitistas de César Acuña en la Ciudad Blanca, en el marco de la campaña presidencial rumbo a las Elecciones 2026. Al ser cuestionado por un periodista de Exitosa, Rivera se limitó a ignorarlo y evitó responder cualquier pregunta.
A su llegada, el candidato de Alianza Para el Progreso (APP) fue ataviado con indumentarias que contenían logos representativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Para aumentar las críticas a estos eventos proselitistas, también se registró la presencia de otros funcionarios públicos, como lo son el gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, Augusto Arce; y el director del Hospital Municipal y candidato al Senado por el partido de Acuña, Gustavo Rondón.
Estos hechos, sumados a recientes denuncias contra la municipalidad por repintar parques y otras obras con los colores de APP, refuerzan los cuestionamientos de vulneración a la ley de neutralidad electoral de parte del edil arequipeño.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Arequipa anunció la realización de la Feria Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – edición verano, que se desarrollará del 12 al 15 de febrero de 2026 en el malecón Ratti de Mollendo, provincia de Islay. La actividad se llevará a cabo en el horario de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. y estará dirigida a la población interesada en acceder a vivienda formal y conocer alternativas de construcción.
El evento contará con la participación de 14 empresas, las cuales presentarán 16 proyectos relacionados con vivienda nueva, habilitaciones urbanas y viviendas de verano. Además, estará presente el Fondo Mivivienda, que brindará información sobre los programas y bonos disponibles para la adquisición de inmuebles.
Acceso a información y formalidad
Según lo informado, la feria también busca acercar a la ciudadanía servicios de orientación vinculados a la formalidad en vivienda, el saneamiento físico-legal y la publicidad registral. Para ello, se prevé la participación de entidades públicas que ofrecerán asesoría directa a los asistentes, con énfasis en los procedimientos necesarios para acceder a proyectos habitacionales formales en la región.
La Gerencia Regional de Vivienda señaló que esta actividad apunta a fortalecer el acceso a información clara y confiable sobre el mercado inmobiliario, especialmente en la provincia de Islay, y a promover prácticas responsables en el sector construcción.
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El gobernador Zósimo Cárdenas Muje encaró a los cinco congresistas representantes de la región Junín por su nula intervención o acompañamiento en la gestión de la nueva carretera Central de cuatro carriles, cuyo presupuesto para este año se redujo significativamente: de aproximadamente S/1 200 millones que se necesitaba, el gobierno solo destinó S/ 190 millones. Con […]
El gobernador Zósimo Cárdenas Muje encaró a los cinco congresistas representantes de la región Junín por su nula intervención o acompañamiento en la gestión de la nueva carretera Central de cuatro carriles, cuyo presupuesto para este año se redujo significativamente: de aproximadamente S/1 200 millones que se necesitaba, el gobierno solo destinó S/ 190 millones.
Con ese presupuesto, se debieron iniciar las dos primeras obras de la autopista del centro; el túnel Pariachi en Ate y un tramo de uan avenida circunvalación en Yauli, La Oroya
«¿Cuál es la participación de los congresistas en la nueva carretera central? Nula. Absolutamente», dijo Cárdenas. «Tenemos dos congresistas en la mesa directiva. Waldemar Cerrón e Ilich López, estando en la mesa directiva, nos han quitado el presupuesto. Traidores, hay que declarar personas no grata», sostuvo la autoridad regional.
Un presupuesto «irrisorio»
La controversia estalló tras conocerse que, mientras la PMO Francia solicitó 1,250 millones de soles para iniciar las obras físicas en 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo asignó 190 millones de soles. Para los representantes de la sociedad civil, esta cifra es un insulto a las necesidades de la macroregión centro.
«Sus 190 millones no alcanzan ni para el té. Mejor no nos des nada», expresó Raúl Ariste, representante de la CGTP, quien calificó a los cinco congresistas de Junín como «enemigos de la región» por no haber peleado por un presupuesto real y efectivo durante el debate parlamentario. Por su parte, el equipo técnico advirtió que este monto apenas cubriría gastos administrativos, dejando en el aire la construcción del túnel Pariachi y la variante de Yauli, obras clave del proyecto.
Fechas clave: 16 de febrero y 5 de marzo
A pesar del panorama sombrío, la Comisión Multisectorial logró arrancar compromisos tras una reunión «acalorada» con la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes, Aldo Prieto. Por primera vez en 16 años, el Ejecutivo firmó un acta con plazos perentorios:
16 de febrero: Fecha límite para que Provías Nacional presente una demanda adicional de presupuesto que corrija el déficit actual.
5 de marzo: Plazo máximo para que el MEF plantee una solución integral de financiamiento para la totalidad de la obra, valorizada en más de 24 mil millones de soles.
Primer semestre de 2026: El Gobierno se comprometió a colocar la primera piedra entre abril y junio de este año.
Zósimo Cárdenas no descartó que detrás del desfinanciamiento existan intereses políticos y empresariales para beneficiar a capitales extranjeros.«Hemos visto al Ejecutivo cercanamente a las empresas chinas. ¿Cómo no vamos a tener suspicacia?», cuestionó, vinculando el intento de cambiar la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia por otras modalidades que favorecerían a grupos de poder, como la Asoción Público Privada.
El gobernador también criticó la prioridad del gasto estatal, comparando la falta de fondos para la carretera con los 6,500 millones de dólares destinados a Petroperú o los 3,500 millones para la compra de aviones.«No estamos mendigando… pedimos que se gaste nuestro presupuesto, que genera recursos en nuestras regiones», dijo y recordó que las mineras de la zona central tributan millones, pero esos recursos no retornan en infraestructura vital.
La sociedad civil y las comunidades de Junín, Pasco, Huancavelica, Huánuco y Ucayali se han declarado en alerta permanente. Sus representantes señañaron que de no cumplirse el cronograma acordado, iniciarán medidas de lucha radicales y marchas hacia la capital para defender la estabilidad jurídica para la construcción de al nueva carretera Central de cuatro carriles.
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El gobierno ha presentado el reciente Decreto Legislativo 1695 como un golpe de timón en la lucha contra la minería ilegal, una economía ilícita que se ha expandido peligrosamente por el territorio nacional. La norma, aprobada gracias a las facultades delegadas por el Congreso, endurece el régimen penal y reconoce explícitamente a esta actividad como […]
El gobierno ha presentado el reciente Decreto Legislativo 1695 como un golpe de timón en la lucha contra la minería ilegal, una economía ilícita que se ha expandido peligrosamente por el territorio nacional. La norma, aprobada gracias a las facultades delegadas por el Congreso, endurece el régimen penal y reconoce explícitamente a esta actividad como una forma de crimen organizado. Sin embargo, para diversos especialistas reunidos por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el endurecimiento de penas es insuficiente si el Estado no recupera el control del territorio ni asigna recursos reales para la investigación.
Cerrando las «zonas grises»
César Ipenza, experto en derecho ambiental, reconoció que el decreto acierta al atacar eslabones de la cadena que antes operaban en la impunidad. La norma amplía el tipo penal para sancionar no solo la extracción, sino también actividades conexas como el financiamiento, el transporte, el beneficio (procesamiento) y el tráfico ilícito de recursos minerales.
Uno de los principales cambios se da en el artículo 307-A, que regula el delito de minería ilegal. A partir de la modificación, esta actividad será sancionada con penas de cinco a ocho años de prisión y entre 100 y 600 días-multa cuando se realice sin autorización, fuera del proceso de formalización o cuando cause, o pueda causar, daño ambiental.
«Estos cambios normativos dotan al Estado de mayores herramientas para investigar y sancionar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad, cubriendo actividades que antes quedaban en zonas grises», explicó Ipenza, refiriéndose a los vacíos legales que permitían a los procesadores y transportistas evadir la justicia.
El riesgo del populismo penal
No obstante, la severidad de la ley podría ser inútil sin inteligencia operativa. Julio Guzmán, Procurador Público Especializado en Materia Ambiental, advirtió que el sistema de justicia opera a ciegas por la falta de un modelo de trazabilidad.
«Necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y ubiquen las rutas por donde transitan», señaló Guzmán. El procurador fue enfático al señalar que recurrir a lo penal para resolver lo que el derecho administrativo no ha solucionado en años, el control de la extracción y fiscalización, puede derivar en un «populismo penal» que, paradójicamente, dispare los niveles de corrupción por la falta de información clara.
La severidad de la ley podría ser inútil sin inteligencia operativa. (Foto: Difusión)
Jueces sin presupuesto
La aplicación de la norma enfrenta otro muro: la precariedad institucional. El juez supremo Juan Carlos Checkley advirtió que el decreto legislativo no ha venido acompañado de un incremento presupuestal. La minería ilegal es un delito «pluriofensivo», vinculado al lavado de activos, evasión tributaria y trata de personas, lo que hace que las investigaciones sean costosas y complejas.
«Es vital fortalecer los conocimientos de los operadores. Es necesario que policías y fiscales sean capacitados respecto a la Ley General de Minería, no solo en lo penal, para investigar eficientemente», sostuvo el magistrado, alertando que sin fondos, la norma corre el riesgo de quedar en el plano declarativo.
La trampa de la formalización
Finalmente, el debate aterrizó en el problema de fondo: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fiorella Chinchay, especialista de la UNODC, señaló que la ambigüedad jurídica generada por las constantes prórrogas del proceso de formalización es utilizada para bloquear la acción penal. «Hay un registro de formalización de nunca acabar», sentenció.
La conclusión del panel fue que el fortalecimiento del «brazo penal» es un paso, pero como resumió Iris Olivera de DAR, sin control territorial real y sin cerrar las brechas de impunidad administrativa, la nueva ley podría ser solo una respuesta punitiva sin impacto institucional real.
CONFEMIN pide derogar el Decreto Legislativo 1695
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) emitió un pronunciamiento en el que solicita la derogación de la norma al considerar que impacta a la cadena de la pequeña minería y al proceso de formalización. Asimismo, señala demoras administrativas en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), atribuye responsabilidades al ministro Luis Enrique Bravo De La Cruz por expedientes pendientes y pide la pronta reglamentación de la Ley N.° 32537. Cabe recordar que CONFEMIN ha sido, a lo largo de los años, uno de los principales gremios que ha impulsado la ampliación del REINFO, pese a los resultados limitados del proceso de formalización minera.
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El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica de alto riesgo por la posible importación y transmisión de sarampión y polio en el país, ante el aumento de casos en países vecinos y la confirmación de un caso importado en Lima. Frente a esta situación, el especialista y director de Inteligencia Sanitaria, de la […]
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica de alto riesgo por la posible importación y transmisión de sarampión y polio en el país, ante el aumento de casos en países vecinos y la confirmación de un caso importado en Lima.
Frente a esta situación, el especialista y director de Inteligencia Sanitaria, de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura Roger Machacuay, señaló que la entidad ya activó acciones de vigilancia, prevención y control para evitar la propagación de estas enfermedades en la región.
Estrategia de prevención
Indicó que, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, la estrategia de prevención se ejecuta de manera articulada, principalmente en los puntos de ingreso al país, donde se puede identificar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con estas enfermedades.
“El primer contacto son los aeropuertos. Ahí podemos detectar oportunamente a pacientes que llegan del extranjero con síntomas respiratorios o lesiones maculopapulares […] se notifica y se activa la vigilancia epidemiológica”, explicó.
Como parte de las acciones tomadas, el especialista aseguró que vienen articulando esfuerzos con otros sectores del Estado para reforzar la vigilancia y la promoción de la vacunación, especialmente en la población infantil,
“Este es un trabajo en conjunto con el sector Educación. Los niños son los más vulnerables, por eso trabajamos promoción de la salud, educación e inmunizaciones […] al incrementar la vigilancia podemos detectar oportunamente los casos e intervenir”, señaló Machacuay.
Importancia de la vacunación
El funcionario recordó que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible y que contar con el esquema de vacunación completo reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves, tanto en niños como en adultos.
En relación a la cobertura regional, Machacuay detalló que Piura alcanza un 90 % de vacunación en la primera dosis de la vacuna SPR, mientras que la segunda dosis llega al 80 %, cifras que aún evidencian brechas en la concientización de la población.
“Seguimos con el mismo problema: la población todavía no está 100 % concientizada de que un niño vacunado está protegido”, advirtió.
Finalmente, Machacuay reiteró a la población a acudir a los establecimientos de salud ante cualquier síntoma sospechoso y a completar los esquemas de vacunación, tanto para sarampión como para polio. “Si identifican síntomas, deben acudir de inmediato a cualquier establecimiento de salud. La notificación se hace en menos de 24 horas y se activa el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal”, puntualizó.
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Una parte de la infraestructura de la histórica institución educativa 9 de diciembre, situado a solo una cuadra y media de la Plaza Mayor de Huamanga, colapsó el martes 27 de enero debido a su deterioro por más de 120 años de antigüedad y las lluvias recientes. La sección afectada, que albergaba la cocina del programa […]
Una parte de la infraestructura de la histórica institución educativa9 de diciembre, situado a solo una cuadra y media de la Plaza Mayor de Huamanga, colapsó el martes 27 de enero debido a su deterioro por más de 120 años de antigüedad y las lluvias recientes. La sección afectada, que albergaba la cocina del programa Wasi Mikuna y la biblioteca, sufrió daños en mobiliario, material educativo y equipos como refrigeradoras, aunque no se reportaron heridos.
El director de la institución, Abraham Pocco Fernández, mencionó que tras el incidente se coordinó con autoridades regionales y locales para remover los escombros y garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, alertó que la falta de recursos logísticos, como volquetes de transporte, dificulta la remoción completa y mantiene en riesgo a la comunidad escolar y a los transeúntes que circulan por el Jr. Bellido.
La institución atiende a 1,200 alumnas en niveles de inicial, primaria y secundaria. Además de los daños recientes, enfrenta la necesidad de ampliar su infraestructura. Actualmente se encuentra estancado el proyecto de construcción de un nuevo local en un terreno de la Beneficencia Pública, mientras se completan los procesos de tasación y compra-venta.
“Es urgente acelerar los procesos para garantizar aulas seguras y funcionales. Mientras tanto, dependemos de aulas prefabricadas gestionadas por la DREA y la UGEL para atender la demanda estudiantil”, explicó Pocco Fernández.
El colapso del colegio refleja una problemática que afecta a gran parte de las escuelas históricas del país. Según cifras del Ministerio de Educación, más del 20 % de las instituciones educativas públicas presentan problemas estructurales por antigüedad o impacto de lluvias, especialmente en zonas altoandinas e históricas, poniendo en riesgo la seguridad de miles de estudiantes.
El director hizo un llamado a las autoridades a cumplir los compromisos asumidos, retirar los escombros de manera urgente y avanzar con la restauración y construcción de nuevas aulas, para garantizar que el colegio 9 de diciembre pueda continuar sus labores educativas con seguridad antes del inicio del año escolar.
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La paciencia se agotó en la provincia de Sandia. Transportistas y pasajeros anunciaron un paro para el próximo 4 de marzo como medida de protesta frente al abandono y deficiente mantenimiento de la carretera nacional PE-34, en el tramo Sandia – Huancané – frontera con Bolivia, cuya conservación está a cargo de la empresa Mota-Engil. […]
La paciencia se agotó en la provincia de Sandia. Transportistas y pasajeros anunciaron un paro para el próximo 4 de marzo como medida de protesta frente al abandono y deficiente mantenimiento de la carretera nacional PE-34, en el tramo Sandia – Huancané – frontera con Bolivia, cuya conservación está a cargo de la empresa Mota-Engil.
La decisión surge tras una grave emergencia registrada en los últimos días, cuando derrumbes de lodo y piedras en sectores críticos como Quiquira, Yanacocha, San José y Yanahuaya dejaron varados a más de 250 vehículos durante dos días y dos noches, sin que la empresa concesionaria interviniera de manera oportuna.
Buses interprovinciales, camiones de carga, cisternas, minivanes, combis, camionetas y autos particulares permanecieron detenidos en la vía, exponiendo a cientos de pasajeros a condiciones extremas, sin asistencia técnica ni apoyo logístico. Frente a la inacción de Mota-Engil, los propios afectados se vieron obligados a organizar colectas económicas, reuniendo más de 1,700 soles para alquilar maquinaria pesada particular y limpiar los derrumbes.
Según denunciaron los transportistas, mientras pasajeros y conductores financiaban los trabajos de emergencia, personal de la empresa solo observaba, argumentando que contaban con una sola maquinaria, la cual se encontraba ocupada en otro punto de la ruta. Esta explicación fue considerada inaceptable por los usuarios, quienes calificaron la situación como un incumplimiento flagrante del contrato de mantenimiento vial.
Indignación por ausencia de autoridades
La falta de respuesta no solo alcanzó a la empresa responsable. Los afectados también denunciaron la ausencia de las autoridades provinciales de Sandia, que no acudieron a la zona pese a la magnitud del problema y al impacto directo en la economía local y el tránsito fronterizo.
Recién después de 72 horas, el tránsito vehicular pudo restablecerse, gracias a la intervención financiada por los propios pasajeros, un hecho que ha profundizado el malestar ciudadano y la sensación de abandono estatal.
Paro confirmado y advertencia de nuevas medidas
El deterioro permanente de la vía PE-34 ha incrementado de manera alarmante los tiempos de viaje, superando las 24 horas en la ruta Putina Punco – Juliaca, afectando el transporte de pasajeros, el comercio y la economía de toda la zona sur de la región.
Ante este escenario, los transportistas ratificaron el paro programado para el 4 de marzo, exigiendo la intervención inmediata del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el cumplimiento estricto del contrato por parte de Mota-Engil. Advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, las medidas de protesta podrían radicalizarse.
De acuerdo con información preliminar de último minuto, la vía habría sido habilitada nuevamente, aunque de manera provisional, lo que no garantiza la transitabilidad segura ante nuevas lluvias o deslizamientos.
La protesta en Sandia vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las carreteras del sur andino, la falta de supervisión efectiva del Estado y la urgencia de respuestas estructurales para evitar que los ciudadanos sigan pagando —con su dinero y su seguridad— la ineficiencia de empresas y autoridades.
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Los humedales, que cubren apenas 6% del planeta, sostienen alimentos, agua y subsistencia de más de 1000 millones de personas, mientras mujeres andinas de Puno aplican conocimientos tradicionales para restaurar y proteger estos ecosistemas frente a agroindustria, construcción y crisis climática. Estos ecosistemas frágiles albergan el 40% de especies de plantas y animales, además los […]
Los humedales, que cubren apenas 6% del planeta, sostienen alimentos, agua y subsistencia de más de 1000 millones de personas, mientras mujeres andinas de Puno aplican conocimientos tradicionales para restaurar y proteger estos ecosistemas frente a agroindustria, construcción y crisis climática.
Estos ecosistemas frágiles albergan el 40% de especies de plantas y animales, además los humedales almacenan más carbono que muchos bosques tropicales, sin embargo decisiones globales aún los relegan, lo que incrementa su deterioro y la vulnerabilidad de comunidades altoandinas.
“Los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques”, advierten entidades internacionales, mientras Naciones Unidas calcula que se ha perdido el 35% de humedales naturales en el mundo, escenario que agrava la inseguridad hídrica y alimentaria en regiones como Puno.
Mujeres de Puno y el llamado del Titicaca
En la región Puno, mujeres lideresas de diversas provincias se organizaron para proteger el humedal del Lago Titicaca, reconocido desde abril de 2025 como sujeto de derechos, articulando luchas locales con marcos jurídicos regionales e internacionales de protección ambiental.
La Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca combina rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales, con el objetivo de enfrentar la contaminación por metales pesados y aguas residuales que amenaza la vida del lago y las comunidades ribereñas.
Para estas mujeres de Puno el lago no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo, “el lago nos avisa, nos comunica”, explica Soraya Poma, quien dirige la red y detalla cómo los cambios en el color y en las piedras orientan sus calendarios agrícolas.
Saberes ancestrales y rituales frente a la crisis climática
En lengua aymara, las mujeres describen señales como “una cosa verde en las piedras” durante la primera semana de septiembre, si aparece, la primera siembra “va a estar bien”, mientras un lago oscuro anticipa lluvias, guiando decisiones campesinas ante la variabilidad climática.
En épocas de sequía la comunidad de Suancata, en la provincia de Chucuito Juli, realiza un ritual que incluye la rana gigante del Titicaca como invocadora de lluvias y fertilidad, además ofrecen hojas de coca, reforzando el reconocimiento espiritual del lago dentro del orden natural.
Este vínculo cultural sostiene una defensa activa frente a la contaminación, por ello las mujeres impulsan denuncias, campañas de sensibilización durante festividades como la Virgen de la Candelaria y jornadas comunitarias de recolección de basura en riberas, además fortalecen un monitoreo binacional con comunidades bolivianas.
Titicaca sujeto de derechos y desafíos pendientes
Tras años de trabajo y resistencia ante la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una ordenanza que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, articulando conocimientos comunitarios con argumentos jurídicos, aunque las lideresas consideran que el avance todavía resulta insuficiente.
“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón”, recuerda Poma, quien también denuncia las discriminaciones sufridas durante el proceso, porque algunas autoridades cuestionan o desprecian su relación espiritual y práctica con el lago pese a la centralidad del humedal para la región.
Aunque el decreto es histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa, el reto inmediato es reglamentar e implementar medidas que se traduzcan en acciones concretas de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas que dañan el humedal y las economías locales.
“El lago está pidiendo auxilio”, afirma Poma, quien reconoce como desafío la coordinación de unas 60 mujeres distribuidas en comunidades alejadas, pero también ve esperanza en su organización, sus rituales y su capacidad de vigilancia para defender el humedal altoandino.
“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, concluye la dirigenta, mientras el Día Mundial de los Humedales recuerda a Puno y al país que la defensa del Titicaca es una responsabilidad urgente y compartida.
Un informe de Gonzalo Ortuño López – Mongabay Latam
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La policía de la Comisaría PNP Wanchaq detuvo al ciudadano venezolano Josman Jaimes por el presunto delito de homicidio culposo tras una tragedia laboral en Wanchaq Cusco. El sujeto de treinta y ocho años ejercía como residente de obra para la empresa constructora URPI durante el momento del fatídico incidente. Los efectivos policiales capturaron al […]
La policía de la Comisaría PNP Wanchaq detuvo al ciudadano venezolano Josman Jaimes por el presunto delito de homicidio culposo tras una tragedia laboral en Wanchaq Cusco. El sujeto de treinta y ocho años ejercía como residente de obra para la empresa constructora URPI durante el momento del fatídico incidente. Los efectivos policiales capturaron al implicado a la una de la mañana del tres de febrero de dos mil veintiséis en el distrito cusqueño.
Los hechos empezaron el dos de febrero de dos mil veintiséis dentro del edificio residencial URPI ubicado en la céntrica avenida Huáscar de Wanchaq. Tres trabajadores cayeron desde un elevador mientras realizaban diversas labores de albañilería en la estructura de la mencionada construcción civil en Cusco. El personal de auxilio evacuó y trasladó de emergencia a los heridos hacia las instalaciones de la Clínica Pardo para su atención médica.
Lamentablemente, el ciudadano Prudencio Majerhua Vargas de treinta y dos años falleció durante el trayecto hacia el centro de salud privado por sus heridas. Las autoridades confirmaron el deceso de Noe Pariguana Quispe de veintisiete años a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos del mismo lunes. Además, el joven Julio Villanueva Quintana de veintinueve años perdió la vida durante la madrugada de este martes tres de febrero del año presente.
Investigación sobre la tragedia laboral en Wanchaq Cusco
El personal policial procedió al aislamiento inmediato del lugar del accidente con la participación de efectivos especializados del Departamento de Investigación Criminal del Cusco. Asimismo, los agentes de la Unidad de Emergencias Cusco resguardaron la zona del edificio residencial URPI para facilitar las diligencias de ley correspondientes. El Ministerio Público coordina actualmente las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades legales del detenido Josman Jaimes por este grave suceso laboral.
La empresa constructora URPI enfrenta ahora un proceso legal riguroso tras el fallecimiento de sus tres trabajadores de albañilería en la obra de Wanchaq. El detenido permanece bajo custodia policial mientras los peritos analizan las causas mecánicas del fallo del elevador donde se encontraban los hoy occisos obreros. Todos los datos recopilados por la Policía Nacional del Perú forman parte del expediente que el fiscal de turno evalúa con absoluta rigurosidad jurídica.
Este suceso conmociona a la población cusqueña debido a la pérdida de tres vidas jóvenes en un proyecto inmobiliario de la transitada avenida Huáscar. Los agentes del orden mantienen la vigilancia en el sitio del siniestro para evitar la alteración de cualquier evidencia relevante para el caso penal. Finalmente, las autoridades esperan los resultados de las necropsias legales para confirmar las causas biológicas exactas de los tres fallecimientos ocurridos tras el accidente.
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La Fiscalía logró una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida contra Arturo Díaz A. por tala ilegal e introducción de especies exóticas dentro del Parque Nacional de Cutervo, en área natural protegida, en un caso que afecta directamente los recursos naturales del Estado. En adelanto de fallo, el Ministerio Público, […]
La Fiscalía logró una condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida contra Arturo Díaz A. por tala ilegal e introducción de especies exóticas dentro del Parque Nacional de Cutervo, en área natural protegida, en un caso que afecta directamente los recursos naturales del Estado.
En adelanto de fallo, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Chiclayo, demostró que el sentenciado, los días 19 de febrero y 31 de marzo de 2016, taló árboles de la especie Juanjil (Miconia sp.) y sembró pasto mono, una especie exótica, en un área aproximada de un cuarto de hectárea dentro del parque nacional, actuando con pleno conocimiento de que la zona intervenida se encontraba bajo protección estatal.
En tanto, la sentencia se sustentó en pruebas objetivas presentadas por la Fiscalía y declaró a Díaz A. responsable del delito contra los bosques y formaciones boscosas, en agravio del Estado, imponiéndole además el pago de S/ 6,000.00 por concepto de reparación civil, reafirmando la responsabilidad penal por los daños ocasionados al patrimonio ambiental del país.
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Fuente: Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026
