Este jueves a las 17:00 horas, la jueza Kety Neyra Calderón emitirá sentencia por el sonado caso de corrupción del 2015, que alcanza al candidato al Gobierno Regional, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, por colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Antón, donde dirigía las licitaciones.

En octubre de ese año fue jefe de Infraestructura y además presidió el Comité de Selección a cargo del ‘faenón’ en la construcción de pistas y veredas por S/ 2 millones 707 mil 261 favoreciendo al Consorcio Innova.

Años atrás se divulgaron audios que revelan al entonces alcalde de San Antón, Moisés Yorocco Mamani, pactando la entrega de S/ 270 mil, como suculento diezmo por la millonaria obra.

Como se recuerda, la autoridad edil y los empresarios fueron condenados el 17 de febrero de 2023 por el juez Víctor Calisaya Coila, quien les impuso 10 años de cárcel y el pago de 700 mil de reparación. Sin embargo, absolvieron a Tonconi Quispe y al procurador del municipio, Juan Salas Argandoña Rodríguez y el servidor Elmer Reynaldo Vilcapaza.

El 6 de enero de 2025, la Sala de Apelaciones, anuló el extremo absolutorio y apartó del caso a dicho magistrado, ordenando un nuevo juicio oral, que al cabo de catorce meses recién concluyeron.

PERITO Y TESTIGO

Ayer a las 09:00 horas se oyeron los alegatos de cierre, recabándose la declaración de los tres procesados. La jueza Neyra Calderón admitió que Tonconi Quispe, presente un perito de parte y un testigo; el primero trató de desechar la acusación complementaria por colusión agravada, presentada por la fiscal anticorrución, Ángela Catacora Aguirre, quien hace pocas semanas alcanzó “tres nuevos hechos”; y el segundo intentó soslayar una llamada telefónica en la que el polémico jefe de Infraestructura se comunica con el empresario corrupto. Ambas intervenciones fueron pocos creíbles.

DESCONOCÍA LA LEY

La intervención del ahora candidato al GRP buscó debilitar la imputación de que hubo una concertación directa, ya no indirecta, con los representantes del consorcio Innova. ¿Qué tiene usted que decir en defensa suya?, preguntó la magistrada.

Tonconi cuestionó a la Fiscalía y dijo que “un experto independiente de nombre Edwin Francisco Rodríguez Ortiz” dirigió el proceso de selección. “Mi persona estaba encargado de área usuaria. Yo no tengo suficiente conocimiento de la Ley de Contrataciones No sé qué parte, no entiendo al Ministerio Público, que está haciendo constar este hecho nuevo”, dijo.

NO SE ACUERDA…

Al ser interrogado, que el 27 de noviembre de 2015 se comunicó con el empresario de nombre Igor, indicó “debe ser, no me recuerdo porque ya pasaron más de diez años…

Probablemente la población venía, nos ha presionado seguramente como ya hay una empresa ganadora, que la única empresa que se ha presentado, ya pues que firme el contrato. Seguramente debe ser eso, no recuerdo”, dijo.

NEGÓ SU FIRMA

Finalmente, desvirtuó que haya firmado las conformidades de obra con las que pagaron a la empresa sin que aún inicie los trabajos. “En ninguna parte existe mi firma porque según la ley de contrataciones eso se paga al mes siguiente de su ejecución. No se dé qué estará acusándome…”, añadió.

ÚLTIMA DERROTA

El último 22 de enero ese juzgado ha declarado improcedente un recurso de apelación presentado nueve días antes. Pidió que le aclaren las tres nuevas pruebas, pero esa no era la vía. Debió interponer una reposición.

La jueza convocó a la lectura de sentencia para el 29 de enero a las 17:00 horas. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, vendría una condena.

Fuente: Diario sin fronteras

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

Una reforma constitucional para que la población evalúe a medio mandato la labor de los parlamentarios y, de ser el caso, les quite la confianza, propuso el aspirante a la Cámara de Diputados por la región Puno, Orlando Hilario Ríos Cisneros.

El aspirante del partido político Primero La Gente, dijo que su candidatura ya ha sido admitida, aunque en la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, no figuran candidatos por este partido a ninguna de las cámaras legislativas.

En términos políticos, dijo que se define como alguien de centro izquierda y dijo que una de sus primeras acciones de llegar al poder será plantear una reforma para que a los dos años y medio de mandato, la población realice una especie de evaluación y decida si los congresistas deban o no de permanecer en el Parlamento.

Asimismo, propuso impulsar iniciativas legislativas a favor de los profesionales que egresen de las universidades, a fin de que se supriman los requisitos de experiencia laboral previa, para que puedan ocupar algún puesto de trabajo.

Además, señaló que propiciarán la derogatoria de todas las leyes procrimen y la implementación de otras que se adecúen a la realidad de determinadas jurisdicciones.

Ríos Cisneros, afirmó ser contador público; postuló en el año 1993 como regidor por Socabaya, en Arequipa, lugar en el que vivió hasta el año 2000, para luego regresar a Puno.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

El Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Gerencia Regional de Salud (GERESA), activó los protocolos de supervisión tras los hechos reportados en la sala de partos del Hospital III Goyeneche. Las autoridades regionales confirmaron la creación de una comisión investigadora que busca esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido el 24 de enero de 2026. Según la información oficial, los sucesos habrían puesto en peligro la integridad de una madre y su hijo recién nacido durante el proceso de alumbramiento. La entidad regional remarcó su rechazo ante cualquier omisión que vulnere la seguridad de los pacientes y prometió sanciones rigurosas para quienes resulten responsables tras las indagaciones.

De manera paralela, el Ministerio Público tomó acciones directas frente a este caso. El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, liderado por la fiscal Rocio Monroy Pacheco, dispuso el inicio de una investigación preliminar por un plazo de 60 días. Las pesquisas apuntan a la trabajadora de salud Ana C. R., a quien las autoridades señalan por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. La denuncia sostiene que la obstetra habría incumplido los protocolos establecidos al momento de realizar el corte del cordón umbilical, lo cual afectó directamente la condición médica del neonato. Asimismo, la fiscalía incluyó en el proceso a un efectivo policial del nosocomio por una presunta omisión de funciones, al no recibir la denuncia de la madre en el momento de los hechos.

La comisión investigadora de la GERESA reúne a especialistas de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, Recursos Humanos y Asesoría Legal. Estos profesionales trabajan junto a los representantes de las estrategias de salud del niño y salud sexual para determinar las fallas administrativas. Mientras tanto, la Fiscalía encargó al personal de Homicidios de la Divincri la realización de diligencias urgentes durante los primeros 30 días del proceso penal.

Protocolos en debate y tensiones en el sector salud

El origen del conflicto en la sala de partos se vincula con una fuerte discusión verbal entre el personal médico, según revelan imágenes difundidas recientemente. La jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, detalló que el altercado surgió por discrepancias sobre el procedimiento correcto para el corte del cordón umbilical. El enfrentamiento ocurrió frente a la paciente, identificada como Natividad C.Z., quien incluso solicitó al personal que detuvieran la disputa durante su atención. Este escenario expone no solo una falta de coordinación interna, sino también una vulneración directa a los derechos de la paciente y del recién nacido en un momento crítico.

Desde el ámbito gremial, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, ofreció una perspectiva complementaria sobre las tensiones en los hospitales locales. La representante señaló que la reciente Norma Técnica de Salud N.° 214-MINSA genera fricciones entre los distintos profesionales de la salud. Según Velázquez, la normativa promueve una presencia excesiva de personal en las salas de partos, lo que deriva en hacinamiento y aumenta el riesgo de infecciones en instituciones con infraestructura antigua como el hospital Goyeneche. Además, cuestionó los cambios en los tiempos del pinzamiento del cordón umbilical, argumentando que las nuevas directrices contradicen la formación profesional de los obstetras y dificultan el contacto inmediato entre madre e hijo.

Actualmente, el Ministerio Público espera la entrega de la historia clínica y las declaraciones de los involucrados para consolidar el caso. Por su parte, la madre de familia ya recibió el alta médica, aunque la menor permanece bajo observación para descartar secuelas derivadas del procedimiento cuestionado. Las autoridades de salud reafirmaron su compromiso con la transparencia mientras las investigaciones administrativas y penales avanzan de forma simultánea para garantizar justicia a los afectados.

Con información de la Geresa y del Ministerio Público.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha encendido las alarmas en la Ciudad Blanca. Desde que las precipitaciones empezaron a golpear la región, la entidad registró una cifra preocupante: más de 400 reportes de incidencias relacionados con atoros, aniegos y colapsos totales del sistema de alcantarillado. Este escenario no representa solo un problema de infraestructura o un mal olor pasajero; constituye una amenaza directa para la salud pública de miles de arequipeños que hoy conviven con el desborde de aguas residuales en sus calles y, en los casos más graves, dentro de sus propios hogares.

Ante esta situación, el ente regulador lanzó un recordatorio contundente que los ciudadanos deben conocer bien. La empresa Sedapar tiene la responsabilidad ineludible de ejecutar labores de limpieza y desinfección de forma inmediata. No importa si el problema ocurrió en plena vía pública o si los desechos ingresaron a una propiedad privada. La empresa prestadora debe intervenir para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades infectocontagiosas. La exposición a estos residuos sin un tratamiento técnico adecuado puede derivar en crisis sanitarias locales que complican todavía más el panorama habitual de la temporada de lluvias.

Para garantizar que estos espacios recuperen su salubridad, el protocolo técnico es estricto y no admite medias tintas. Una vez que los operarios solucionan el atoro físico, el personal de Sedapar debe realizar una desinfección profunda utilizando una solución clorada HTH, conocida técnicamente como hipoclorito de calcio. Este compuesto químico actúa eliminando los microorganismos peligrosos que quedan latentes tras el retiro del agua servida. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento enfatiza que estas tareas no representan un favor opcional hacia el usuario, sino que forman parte de las obligaciones operativas esenciales para proteger a la población.

Protocolos de reporte y prevención ciudadana

Los ciudadanos juegan un papel fundamental en la gestión de estas emergencias sanitarias. Si un vecino detecta un colapso, el primer paso consiste en realizar el reporte directamente a Sedapar. Sin embargo, si la empresa no brinda una respuesta oportuna o ignora el pedido, los afectados cuentan con el respaldo del regulador nacional. El jefe de la oficina en Arequipa, Saúl Alire Benavides, explicó que los usuarios pueden comunicarse mediante la línea corta 1899 para denunciar la falta de atención. También habilitaron un número de WhatsApp 161 431 80, donde es posible enviar fotografías y videos que sirven como evidencia irrefutable de la gravedad de la situación.

La oficina regional asegura que procesa esta información de manera instantánea para presionar por una atención rápida. Según el representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ellos canalizan los datos hacia la empresa prestadora y realizan un seguimiento exhaustivo hasta que el problema queda resuelto y la zona luce completamente desinfectada. Esta vigilancia busca evitar que los reportes queden en el olvido mientras el agua contaminada sigue expuesta al aire libre, afectando la vida diaria de los vecinos.

Finalmente, existe un factor preventivo que depende exclusivamente de la conducta vecinal y que puede evitar muchos desastres. El regulador hizo un llamado urgente para que las personas eviten la práctica de levantar las tapas de los buzones de alcantarillado cuando las calles se inundan por las tormentas. Aunque parece una solución rápida para drenar el agua de lluvia, esta acción genera un daño mayor a largo plazo. Al abrir los buzones, ingresan residuos sólidos, basura y sedimentos que las redes no tienen capacidad de transportar. El resultado es una sobrecarga masiva que termina provocando los mismos colapsos y obstrucciones que los ciudadanos intentan evitar. Durante los meses críticos de enero a marzo, mantener la integridad de las redes de desagüe resulta vital para que la ciudad soporte los embates del clima sin colapsar sanitariamente.

Con información de Sunass.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

La Contraloría General de la República puso la lupa sobre la Autoridad Autónoma de Majes, la unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa. Resulta que el equipo de control encontró varias inconsistencias en los documentos para contratar la vigilancia de los terrenos del proyecto Majes Siguas II. Estamos hablando de una inversión importante que suma 2 389 834 soles para resguardar las pampas de Siguas y la zona de Pusa Pusa durante un año completo.

Los auditores revisaron los papeles entre el 14 y el 19 de enero de este 2026 y lo que vieron despierta muchas dudas sobre cómo se cuidará el patrimonio estatal. El Informe de Orientación de Oficio número 004-2026-OCI/0617-SOO deja claro que las bases administrativas no definen bien cómo funcionarán las herramientas tecnológicas ni cómo verificarán el trabajo.

Uno de los puntos que genera más ruido es el uso de drones. La Autoridad Autónoma de Majes quiere tecnología en el aire, pero olvidó anotar quiénes manejarán estos equipos. No pidieron un perfil técnico para los operadores ni establecieron cuántas veces al día deben volar los aparatos. Sin estas reglas, la empresa ganadora podría dejar el drone guardado la mayor parte del tiempo y nadie podría reclamar nada.

La vigilancia efectiva necesita parámetros claros de operatividad, no solo la presencia física del equipo. Lo mismo ocurre con los siete receptores de sistema de posicionamiento global que exige el contrato. Aunque los supervisores deben entregar reportes quincenales y mensuales, las bases no explican cómo presentarán la información de estos dispositivos para demostrar que realmente recorrieron los terrenos.

Arequipa: Enfermeras del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo anuncian posible huelga indefinida por recorte presupuestal

Falta de claridad en la formación del personal

El problema no termina con los aparatos electrónicos, sino que se extiende al entrenamiento de las personas que pondrán el pecho por la seguridad de Majes Siguas II. El documento de la Contraloría General de la Repúblicamenciona que planean realizar ocho capacitaciones para el personal de vigilancia.

Sin embargo, los encargados de redactar las bases omitieron la duración de cada jornada y el cronograma para ejecutarlas. Esto resulta vital porque en estas charlas también participará personal de la propia Autoridad Autónoma de Majes que ya cumple un horario de trabajo establecido. Si no coordinan estos tiempos con antelación, la capacitación podría quedar solo en el papel o interrumpir las labores administrativas.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando revisamos las prácticas con armas. El contrato exige que los 29 agentes de vigilancia realicen cuatro ejercicios de tiro al año. El gran riesgo aquí es la falta de un calendario específico. Al no existir un orden, la empresa contratista podría realizar todos los entrenamientos en una sola semana o incluso en un día para salir del paso.

Una práctica tan apresurada no garantiza que el personal mantenga la destreza necesaria para reaccionar ante una emergencia real en las pampas. La Contraloría General de la República advierte que esta falta de rigor impide un desempeño eficaz y eficiente de los guardias. Ahora, la administración regional tiene la responsabilidad de corregir estos vacíos antes de que el contrato avance y el dinero público termine en un servicio lleno de dudas técnicas.

Con información de la Contraloría General de la República.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

Las fuertes precipitaciones registradas el 27 de enero activaron tres alertas por inundación en comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Ene, en los distritos de Río Tambo y Pangoa. Las emergencias fueron ocasionadas por la crecida de los ríos Quempiri y Anapate, como consecuencia de las lluvias intensas en la zona alta de la cuenca.

Uno de los reportes corresponde a la comunidad nativa Pampa Alegre, en el distrito de Río Tambo, donde la crecida del río Quempiri provocó la inundación de calles y de instituciones educativas cercanas. La afectación se registró en las primeras horas de la mañana del 27 de enero, cerca de la carretera que conduce a Quimaropitari.

Viviendas y cultivos dañados en Boca Anapate

En el distrito de Pangoa, la comunidad nativa Boca Anapate también resultó afectada por la crecida del río Anapate. Según el reporte, la inundación alcanzó viviendas y áreas de cultivo ubicadas en la margen derecha del río, perjudicando a 15 familias de la zona.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de INDECI Pangoa para atender la emergencia y brindar apoyo a la población afectada, debido a los daños registrados tanto en infraestructura familiar como en medios de subsistencia.

Quempiri: alrededor de 20 familias afectadas

La tercera alerta se emitió por la crecida del río Quempiri y sus afluentes, que ocasionó inundaciones en la comunidad nativa Quempiri, también ubicada en el distrito de Río Tambo. El desborde afectó viviendas y áreas de cultivo de aproximadamente 20 familias asentadas en la margen derecha del río Ene.

En este caso, se solicitó la atención de INDECI Río Tambo, mientras la municipalidad distrital procedió con el registro de la emergencia a través del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).

Llamado a una atención inmediata

Frente a la magnitud de las afectaciones, se hizo un llamado a las municipalidades de Río Tambo y Pangoa, al Gobierno Regional de Junín y al Gobierno Nacional para sumar esfuerzos y garantizar una atención oportuna a las comunidades impactadas por las inundaciones.

Las emergencias registradas evidencian la vulnerabilidad de las comunidades de la cuenca del Ene frente a eventos climáticos extremos, en un contexto de lluvias intensas que continúan afectando diversas zonas de la Amazonía y ceja de selva del país.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’ llegó la tarde de este miércoles a Lima procedente de Asunción, Paraguay, país donde fue atrapado, luego de huir de la justicia peruana tras ser condenado a 32 años de prisión por crímenes atroces como homicidios, robo agravado, sicariato y microcomercialización de drogas. Además de ser investigado por secuestro, extorsión y organización criminal.

Completado el proceso de extradición que solicitó la Fiscalía de la Nación en junio y ratificó en septiembre de 2025, por sus crímenes, las autoridades paraguayas procedieron a su entrega inmediata al Perú. Así, este martes se inició su viaje que concluirá por la tarde cuando pase a manos de la justicia peruana.

Para su traslado viajó a Asunción una delegación peruana que cumplió con coordinar los últimos trámites como logística aérea, coordinación judicial y supervisión fiscal a fin de concretar su llegada a Perú, aproximadamente a las 18:00 horas. Además de custodiar a “El Monstruo” dada la alta atención mediática por su historial delictivo.

El Monstruo «pisó» tierra peruana en Arequipa

A Erick Moreno Hernández lo están trasladando con capucha, chaleco antibalas y grilletes en las manos y los tobillos, según las primeras imágenes que se apreciaron por los medios de comunicación de ambos países. El Monstuo es uno de los delincuentes más peligrosos y buscados en el Perú.

De acuerdo con lo que informó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, el traslado aéreo contempla escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y posteriormente en Arequipa, donde se realizarían labores de abastecimiento, revisión de la aeronave y un reconocimiento médico legal al extraditado.

El Monstruo llegó al Ala Aérea N° 3 de Arequipa, al promediar las 13:00 horas de donde luego partió rumbo a Lima cerca a las 17:00 horas. Antes pasó por un reconocimiento médico legal para confirmar su estado físico y de salud. Hubo un gran contingente militar y policial entre los que destacaron los efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Moreno partió de Arequipa al promediar las 16:00 horas y llegó a Lima como estaba previsto, alrededor de las 6:00 p.m. Será recluido provisionalmente en la Dircote, de la avenida España en el Centro de Lima. Por esta razón, el comandante Arriola inspeccionó las instalaciones previamente. Luego se definirá el centro penitenciario al que será trasladado tras enfrentar a la justicia peruana.

Principales delitos del ‘Monstruo’ como presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

Al ‘Monstruo’ se le sindica como el líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y por tanto el principal responsable de crímenes graves cometidos en Lima y otras zonas del país.

Los crímenes más resaltantes son secuestros agravados, como el de la empresaria Jackeline Salazar Flores. También, extorsión agravada y organización criminal vinculada al cobro de cupos a comerciantes y violencia contra sus víctimas.

Se le atribuye su participación en homicidios, robo agravado, sicariato y microcomercialización de drogas, por los que recibió una condena de 32 años de prisión antes de su fuga.

Tiene además, investigaciones por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, el caso entra en su fase decisiva tras completarse el proceso de extradición.

El Monstruo teme que en Perú lo van a matar

Hay que recordar que cuando fue atrapado por la policía paraguaya, el Monstruo se mostró temeroso de regresar al Perú, porque como dijo, teme por las represalias de sus enemigos. Dijo textualmente, “yo sé que llegando a Lima me van a matar”.

También se recuerda el video de poco más de seisminutos, que difundió en junio del 2025, pocos días después de los megaoperativos que desarticularon su organización criminal. En este, lanzó graves acusaciones contra miembros de la institución. En la grabación, el cabecilla aseguró que “algunos agentes que participaron en los operativos para capturarlo habrían mantenido contacto con él y recibido dinero”.

“Lo que más risa me da es que algunos policías que han participado en ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita. Y si hablara quiénes más están metidos no estarían allí”, afirmó Moreno Hernández, con el rostro cubierto y la voz distorsionada, probablemente para evitar ser reconocido.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

Tras la destitución de Delia Espinoza, la JNJ pone en la mira a la presidenta del Poder Judicial por presunta infracción muy grave

Parlamentarios que investigaron al club de la construcción chino eran integrantes de la Liga de la Amistad Peruano China

Asociación de jueces en contra de amenazas de fujimorista Fernando Rospigliosi contra magistrados que no aplican leyes de este Congreso

El video SIGUIENTE VÍCTIMA | JNJ abre proceso contra presidenta del PJ tras destituir a Delia Espinoza se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

Una imagen de una supuesta “Encuesta Presidencial – julio de 2025” viene circulando en Facebook y otras redes sociales. En ella se atribuye a Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, el primer lugar de intención de voto en provincias con un 14%, seguido por otros candidatos. La gráfica señala como responsable a una presunta Encuestadora MAC.

La imagen obtuvo más de 3,700 reacciones, 1,700 comentarios y fue compartida 501 veces. Sin embargo, PerúCheck verificó la imagen y no encontró registros de ninguna encuestadora denominada MAC que haya realizado o difundido estudios de opinión electoral en el país.

No hay registros de una encuestadora llamada MAC

De acuerdo con la Resolución N.° 0462-2017-JNE, que regula el funcionamiento del Registro Electoral de Encuestadoras, toda persona natural o jurídica que pretenda difundir encuestas electorales debe estar inscrita previamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. La norma, sustentada en el artículo 18 de la Ley N.° 27369, establece que sólo pueden difundirse encuestas realizadas por instituciones debidamente registradas y que éstas deben incluir obligatoriamente la identificación de la encuestadora y su ficha técnica completa.

Artículo 18°.- Elaboración de encuestas.

Toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para el efecto deberá acreditar su denominación y domicilio. Todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones. 

Sólo podrán publicarse encuestas cuando la persona o institución estén debidamente inscritas. El Jurado Nacional de Elecciones podrá suspender del registro antes mencionado a la persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión y que no se ajusten estrictamente a los procedimientos normados.

La supuesta encuesta recogida por este medio no presenta ficha técnica, no indica el tamaño de la muestra, la metodología empleada, el margen de error ni el nivel de representatividad del estudio. Tampoco se precisa con claridad el ámbito geográfico de la medición, más allá de una referencia genérica a “provincias”, lo que impide verificar el alcance real de los resultados difundidos.

Asimismo, PerúCheck realizó una búsqueda inversa de la imagen a través de Google Lens y no halló registros previos del logo ni antecedentes verificables de una encuestadora denominada MAC operando en el país.

Además, se revisó el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones. El nombre MAC no figura en el listado de encuestadoras vigentes, canceladas, sancionadas ni en el registro de entidades que han difundido encuestas sin estar inscritas.

La llamada ‘Encuestadora MAC’ no está registrada ante el JNE.

Calificación

La supuesta encuesta difundida en redes sociales que atribuye a Ricardo Belmont el primer lugar con 14% de intención de voto no es válida. La imagen no corresponde a ninguna encuestadora registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, carece de ficha técnica y no cumple con la normativa que regula la difusión de encuestas electorales en el Perú. Por tanto, PerúCheck califica esta información como falsa.

Source link

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El último fin de semana en Piura, dos jóvenes estudiantes fueron golpeados, amenazados y detenidos de manera arbitraria por un efectivo de la Policía Nacional, quien los habría confundido con delincuentes.

Lo más grave es que, pese a que ambos ya se encontraban reducidos, el agente amenazó con disparar a uno de ellos, quien intentaba registrar la intervención con su celular. El policía se amparó en el estado de emergencia y en las recientes leyes aprobadas por el Congreso, normas que hoy permiten el uso de la fuerza letal para la PNP.

Uno de los jóvenes acababa de cumplir 18 años y, aun estando en el suelo, se observa en el video cómo el efectivo continúa agrediéndolo físicamente, ignorando por completo la entrega de sus DNI, con los que intentaban demostrar su identidad y dejar en claro que no eran delincuentes.

Según el testimonio de los afectados, el agente los insultó y los increpó por haber intentado correr. Ellos explicaron que reaccionaron por miedo, ya que el policía se aproximó directamente con violencia y sin identificarse previamente. Tras permanecer detenidos, ambos reafirmaron que no opusieron resistencia en ningún momento, que intentaron colaborar y que fueron sistemáticamente ignorados.

Además, denunciaron que el efectivo intentó destruir el teléfono celular de uno de ellos, dispositivo que contenía la grabación donde se evidencian los abusos cometidos durante la intervención.

Los familiares exigen la destitución inmediata del agente, advirtiendo que este tipo de conductas, hoy respaldadas por un marco legal permisivo, podrían repetirse incluso contra menores de edad. La madre de uno de los jóvenes confirmó que su hijo es estudiante de un instituto tecnológico y que ninguno de los intervenidos registra antecedentes penales. Actualmente, ambos temen represalias por parte del efectivo involucrado.

El video ESCÁNDALO POLICIAL | Amparado en leyes del Congreso, policía casi dispara y abate a joven inocente se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

Luego de denunciar hostigamiento durante todo su recorrido, heridos y familiares de las víctimas fallecidas en las protestas del gobierno de Dina Boluarte fueron detenidos por la Policía al llegar a Chilca.

En videos difundidos en redes sociales se observa un desproporcionado contingente policial realizando control de identidad, además de actos de amedrentamiento con varas y escudos, pese a tratarse de un grupo reducido de personas. En medio del reclamo de los familiares, uno de los agentes incluso intentó sacar su arma de reglamento, pero retrocedió al notar que estaba siendo grabado.

Los deudos hicieron hincapié en que son resguardados como si fueran delincuentes, según denunciaron, la Policía no actúa con la misma firmeza frente a la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país.

La congresista Ruth Luque venía alertando desde hace más de un día sobre este hostigamiento. Según indicó, la PNP tendría órdenes expresas de “acompañar” a los manifestantes durante cada tramo de su recorrido. No obstante, las imágenes difundidas evidencian un trato represivo contra los heridos y familiares que buscan llegar a Lima para participar en la movilización del 28 de enero y exigir justicia por las muertes ocurridas durante las protestas.

Por su parte, Amnistía Internacional se pronunció sobre lo ocurrido, confirmó la detención de dos personas y anunció que brindará acompañamiento y asesoramiento legal a los familiares afectados.

El video COMO SI FUERAN DELINCUENTES | Fuerte operativo policial detiene a deudos que marchaban rumbo a Lima se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

El Sindicato de Enfermeras del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo realizó un plantón para denunciar el desabastecimiento de medicamentos, insumos y materiales médicos, situación que, según indicaron, se arrastra desde diciembre del año pasado y afecta directamente la atención a los pacientes.

Julissa Fernández, delegada del sindicato, explicó que la medida responde a una reducción presupuestal de aproximadamente 30 %, atribuida a la falta de transferencia oportuna de recursos desde la Gerencia Central. Indicó que esta situación se ve agravada por una deuda millonaria del Estado con el seguro social, lo que limita la capacidad operativa del hospital.

La dirigente detalló que el déficit alcanza áreas críticas como oncología, hemodiálisis y la atención de pacientes con hemofilia. Indicó que existe escasez de medicamentos básicos, filtros para diálisis y equipos indispensables, lo que obliga a muchos asegurados a adquirir por su cuenta insumos que deberían ser cubiertos por la institución.

Fernández sostuvo que esta precariedad también impacta en el personal de salud, que enfrenta jornadas extensas, desgaste físico y emocional, además de la presión de familiares de pacientes que reclaman por la falta de atención. Añadió que, si bien se ha iniciado una mesa de diálogo con la administración del hospital, el gremio no descarta una huelga indefinida si no se atienden sus demandas.

Consejo Universitario de la UCSM debatirá costos de pensiones 2026 tras protestas estudiantiles

Infraestructura comprometida por temporada de lluvias en Arequipa

La protesta también puso en evidencia las deficiencias estructurales del hospital, cuya infraestructura no se ha ampliado en décadas pese al crecimiento de la población asegurada. Las áreas de atención, según Fernández, se encuentran saturadas y operan con limitaciones constantes.

A ello se suman los daños ocasionados por las lluvias recientes, que provocaron filtraciones en distintas zonas del establecimiento y malograron equipos médicos. Estos hechos reflejan la falta de presupuesto incluso para el mantenimiento básico de las instalaciones.

Asimismo, se alertó sobre el deterioro de servicios auxiliares como la lavandería, que opera con maquinaria antigua y sin mantenimiento adecuado. Esta situación compromete las condiciones de higiene y agrava las dificultades para brindar una atención oportuna y segura a los pacientes.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El 8 de enero de 2026, el candidato a la presidencia por el partido Sí Creo, Carlos Espá, participó en una entrevista en Willax y se pronunció sobre la presencia de empresas chinas en Perú.

“Los chinos ya tienen el monopolio de la electricidad en Lima”, afirmó.

PerúCheck revisó esta afirmación y confirmó que es verdadera. Actualmente, las dos principales empresas encargadas de la distribución de electricidad en Lima Metropolitana pertenecen a conglomerados controlados por el Estado chino, tras operaciones de adquisición autorizadas por el Indecopi.

Adquisiciones de empresas chinas en el sector eléctrico

En marzo de 2020, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi autorizó, mediante la Resolución N.° 007-2020/CLC, la adquisición de Luz del Sur e Inland Energy –distribuidoras de electricidad en la capital– por parte de China Three Gorges Corporation, empresa estatal de la República Popular China.

De acuerdo a la página oficial de Luz del Sur, en la sección de Información Corporativa, se detalla que la empresa “está constituida como una Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.)” y es propiedad del grupo económico China Three Gorges Corporati. 

Luz del Sur figura en su sitio web oficial como propiedad de China Three Gorges Corporation.

Posteriormente, en 2024, la misma comisión aprobó la adquisición de Enel Distribución Perú y Enel X Perú –también distribuidoras en Lima– por China Southern Power Grid International (HK), también de propiedad estatal china. 

“La decisión adoptada condiciona a Enel Distribución para que cuando requiera abastecerse de energía de sus empresas vinculadas lo haga a través del mecanismo de licitaciones administrado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), conforme a la Ley N.°28832 o, de manera alternativa, a través de un concurso transparente y competitivo en presencia de un notario”, informó la entidad.

La sección de ‘Memorias integradas’ de la página de Enel detalla la venta de la institución a la empresa china mencionada. 

“Durante el primer semestre del año se concretó la venta de activos de generación y distribución en Perú. En mayo de 2024, Enel vendió sus participaciones en Enel Generación Perú y Compañía Energética Veracruz a la canadiense Niagara Energy por un monto de aproximadamente US$1.300 millones. Luego, en junio, la Compañía cerró la venta de sus participaciones en Enel Distribución Perú y Enel X Perú a North Lima Power Grid Holding, controlada por China Southern Power Grid International, por un monto cercano a US$3.100 millones”, informa.

Concentración en la distribución eléctrica de Lima

Como resultado de estas operaciones, la totalidad de la distribución eléctrica en Lima Metropolitana quedó bajo control de conglomerados estatales chinos. Esta situación generó pronunciamientos de distintos actores, como la Sociedad Nacional de Industrias, que advirtió sobre los riesgos de concentrar un servicio estratégico en una misma entidad.

“La concentración de la propiedad en un mercado determinado debe ser motivo de preocupación de todo ciudadano, más aún cuando se trata de un bien estratégico como la distribución eléctrica en Lima”, señaló dicha organización.

PerúCheck se comunicó con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la que informó que en todo el país existen tres empresas de distribución eléctrica privadas, de las cuáles dos son de origen chino y están en Lima, mientras que la restante está en Ica y es de origen colombiano.

Por otro lado, la economista Julia Grados, de la ONG CooperAcción, especializada en temas ambientales, mencionó que el monopolio chino de la distribución eléctrica en Lima puede traer consecuencias y riesgos significativos para la seguridad económica, la soberanía y la institucionalidad pública, principalmente por la concentración de infraestructura crítica en la capital del Perú. Por otro lado, puede generar eficiencia y estabilidad en el corto plazo debido a la capacidad financiera de las empresas chinas y su alto potencial de modernización.  

Calificación

En la actualidad, la distribución de electricidad en Lima Metropolitana está concentrada en empresas controladas por el Estado chino, como afirmó el candidato de Sí Creo, Carlos Espá. Esto es resultado de operaciones de adquisición empresarial autorizadas por el Indecopi, aunque bajo regulación y condiciones impuestas por el Estado peruano. Por estos motivos, PerúCheck califica la declaración de Espá como cierta. 

Source link

Este miércoles 28 de enero en Lima se realizará la movilización de las viudas, madres, heridos y niños huérfanos de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, que llegaron a Lima en la “Marcha del sacrificio”, así como de la Generación Z, y de un sector de transportistas.

Los familiares quechuas y aymaras recorrieron más de 140 kilómetros a pie por la Panamericana Sur para llegar a Lima, decididos a buscar justicia y que sus casos no queden en el olvido.

A lo largo de su viaje han sido reglados y hostigados por la Policía Nacional del Perú, como si fueran delincuentes y no ciudadanos que reclaman sus derechos. Sin embargo, nada logró frenar su paso y este día participarán en movilizaciones pacíficas haciendo un llamado a que se unan todos a su reclamo.

En esta jornada se recuerda el fallecimiento de Víctor Santisteban, asesinado un 28 de enero, en las manifestaciones en Lima por el régimen de Boluarte en el 2023. Su muerte se convirtió en un punto de quiebre para la protesta social en la capital, y en su memoria se realizarán vigilias previstas para esta jornada.

Generación Z y bloques estudiantiles también marcharán

A esta delegación de las regiones del país se sumará el frente juvenil que se ha visto fortalecido en las últimas semanas y que marchará en contra del actual presidente interino, José Jerí.

Uno de los voceros de este colectivo juvenil, Bryan Melgar, dijo a RPP que la fecha fue elegida como un acto de memoria hacia los “hermanos del sur” y para recordar que “el Perú no olvida”.

Participarán, la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de las Masacres 2022-2023 (ONFAVIC), los colectivos Ciudadanía Activa VES, Asociación de Mártires y víctimas del 9 de enero en Juliaca, Red Hampinakusun y delegaciones de la Macro Región Costa que avanzan desde Cañete.

De las instituciones educativas estarán gremios de alta representatividad como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM). Además, el bloque estudiantil de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP) que han expresado su respaldo con un acto cultural y el cierre de la marcha frente al Palacio de Justicia para exigir que no se archiven los expedientes fiscales. Habrá una preconcentración para marchar luego hacia el centro de Lima de forma unificada.

Otro de los representantes de la Generación Z, Yakov Solano, dijo que algunos gremios de transportistas participarán en la denominada ‘Marcha de Sacrificio’. Acto que busca exigir justicia para los deudos de las personas que murieron en las protestas contra Dina Boluarte en el 2023. Y también, denunciar el aumento de la criminalidad que afecta al país.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El candidato a diputado de Avanza País por la región Cusco Artemio Paucar señaló que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de su región no tiene presupuesto suficiente. En una entrevista brindada al dominical Ronda Política de la Compañía de Televisión Cusqueña, Paucar dijo: 

“El Ministerio de Cultura no tiene ni presupuestos […] Miren que Cusco vive de su cultura y no tenemos presupuestos”. 

Sin embargo, el portal oficial Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas refleja que para el año fiscal 2025 Cusco tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.137 millones para el sector Cultura y al final del año logró ejecutar S/.102 millones. 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas

El secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Daniel Estombelo, señaló a PerúCheck que los presupuestos sí existen: “Nosotros el año pasado como sindicato también apoyamos para traer más presupuesto. Estamos hablando de casi S/.138 millones de presupuesto que se ha asignado. Obviamente de ahí se ha invertido en proyectos de inversión y también en gastos corrientes”. 

El dirigente señaló que si el presupuesto no se percibe en proyectos del sector Cultura es “porque hubo funcionarios que no han cumplido las metas específicas” y porque durante el año 2025 “sólo se ejecutaron cuatro proyectos”. 

Elena Gonzáles, expresidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, también confirmó que el presupuesto para Cultura existe: “Sí tienen presupuestos, y en mi opinión no están ejecutando absolutamente todo o están haciendo proyectos de inversión sin mucho impacto”. 

El gerente de comercio exterior, turismo y artesanía del Gobierno Regional de Cusco, Rosendo Baca, explicó que las ejecuciones de presupuestos dependen de políticas internas. “No es un tema de presupuestos; es un tema de gestión, simplemente. No se prioriza gasto para inversión cultural en diferentes actividades”, dijo. Señaló también que existen otras fuentes de apoyo económico, como el de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco, de la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad del Cusco, y de la gerencia que Baca lidera para los artistas cusqueños. 

En comunicación con PerúCheck para obtener sus descargos, el candidato Artemio Paucar se ratificó en su posición.

Conclusión

En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el PIA de la Dirección Desconcentrada de Cusco para el sector cultura ascendió a S/.137 millones para el año fiscal 2025 y al final del año se ejecutó S/.102 millones. Según los especialistas se trata más de un manejo del presupuesto que de la falta del mismo. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Paucar como falsas. 

Source link

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima decidió suspender a Patricia Benavides como abogada, porque habría intervenido indirectamente en una investigación contra su hermana Emma Benavides, cuando ocupaba el cargo de fiscal de la Nación. La medida es por seis meses.

Con este proceder, Benavides Vargas habría incumplido principios éticos al presuntamente intervenir en la investigación a su hermana, separando a la fiscal que llevaba el caso, Bersabeth Revilla cuando era la titular del Ministerio Público.

De acuerdo con la resolución emitida por el Consejo de Ética del CAL, fue la ciudadana Martha Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, quien dio cuenta de la falta. Argumentó que cuando Benavides postuló al cargo de fiscal de la Nación declaró ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no tendría injerencia alguna en procesos donde estuviera comprometido un familiar.

Sin embargo, “una vez asumido el cargo, Benavides dispuso el cese de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional, la misma que investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y organización criminal”, dice la resolución.

El Consejo de Ética consideró esta acción de Benavides como una conducta que vulneraría diversos artículos del Código de Ética del Abogado, entre ellos, “los principios de probidad, transparencia, veracidad y buena fe, calificándola como una falta ética grave”.

CAL no consideró otras quejas contra Patricia Benavides

El Colegio de Abogados desestimó otras quejas que también presentó Martha Cuentas contra Patricia Benavides. Entre ellas, el haber aceptado una condecoración pública otorgada por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Al respecto, el colegio profesional “no acredita una relación procesal directa entre López Aliaga y Benavides”.

La otra queja fue, la presunta falta de transparencia por no exhibir sus tesis de maestría y doctorado. Para el Consejo de Ética, “no existe obligación legal de registro en la fecha en que fueron sustentadas”.

Sobre la acusación contra Benavides Vargas de liderar una organización criminal, el CAL sostiene que “no existe sentencia firme ni pruebas suficientes. Esto, aplicándose el principio de presunción de inocencia».

La resolución de sanción puede ser impugnada por Patricia Benavides dentro de los cinco días hábiles.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

Trujillo vivió una semana inédita con dinamitazos simultáneos contra negocios y un ataque explosivo a una discoteca, usando bombas activadas a distancia. La Policía advierte que estas bandas incorporan especialistas en electrónica y siguen utilizando menores de edad como ejecutores, pagando sumas mínimas por atentados.

Las investigaciones apuntan a cabecillas como Jhonsson Cruz Torres, líder de Los Pulpos, y su brazo derecho “Jolín”, aún prófugos fuera del país. La reciente captura en Bolivia de Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla, podría ser una pieza clave para desarticular la organización criminal más temida.

Además, la campaña “Guardianes del Mar” fue lanzada en la Reserva Nacional de Paracas para convocar a ciudadanos y visitantes a proteger biodiversidad marino-costera. Impulsada por el Sernanp, busca fortalecer el vínculo con el mar mediante vigilancia, turismo sostenible, educación ambiental y acciones comunitarias permanentes en zonas protegidas.

Guardaparques como Efraín Cáceres advierten que los ecosistemas naturales están siendo degradados, por lo que conservarlos es vital para la vida silvestre. Junto a los Guerreros de Paracas, realizan limpieza de playas, control del turismo y manejo de residuos, convirtiéndose en aliados clave de conservación.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: Paracas se moviliza: ciudadanos y guardaparques unidos por el mar se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

La Junta Nacional de Justicia no se detiene. Luego de la destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza, ahora el foco apunta hacia otra figura que incomoda al Congreso y, de paso, al llamado pacto político: la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

La magistrada ha sido denunciada disciplinariamente por una presunta infracción muy grave, relacionada con una posible omisión de información en sus declaraciones juradas. La denuncia fue presentada por el director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano “Equidad”, quien acusa a Tello de no haber consignado a Daniela Moreno Tello como su sobrina de primer grado de consanguinidad en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2021 al 2025.

Según el denunciante, esta omisión cobra especial relevancia debido a que la familiar habría realizado más de 17 viajes al extranjero durante ese periodo. De acuerdo con la Ley de la Carrera Judicial (Ley N.° 30916), esta conducta podría constituir una falta muy grave, pasible de una sanción severa e incluso de una eventual destitución por parte de la JNJ.

Ello, al configurarse presuntos delitos como falsedad ideológica. Por este motivo, la Junta Nacional de Justicia otorgó un plazo de cinco días para que Janet Tello presente sus descargos y explique las razones por las que no incluyó a su sobrina en los documentos oficiales.

No es la primera vez que la presidenta del Poder Judicial enfrenta un proceso ante la JNJ. En julio de 2024, ya había sido incluida, junto a otros cuatro jueces supremos, en un procedimiento iniciado en tiempo récord, por la supuesta emisión irregular de una sentencia.

Música para los oídos del pacto.

Parlamentarios que investigaron al club de la construcción chino integraban la Liga de la Amistad Peruano-China

José Jerí no es el único congresista con debilidad por el chifita. Según reveló La Encerrona, los legisladores que formaron parte de la comisión investigadora del llamado Club de la construcción chino también integraban la Liga de la Amistad Peruano-China.

Como miembros de esta liga, los otorongos participaban en viajes, encuentros protocolares y actividades diplomáticas vinculadas a China. Sin embargo, al mismo tiempo, estos mismos congresistas debían investigar presuntas irregularidades de constructoras chinas.

Un conflicto de intereses más que evidente. Entre los involucrados figuran Héctor Valer, el fujimorista César Revilla, los porkistas Diego Bazán y Luis Miguel Ciccia, así como el hoy presidente del Congreso, José Jerí.

El club de los superamigos de China llegó a reunir a 41 parlamentarios bajo la bandera del gigante asiático. Convirtiéndose, por lejos, en la liga más numerosa y codiciada del Congreso. Qué rico lobby.

Asociación de jueces rechaza amenazas del fujimorista Fernando Rospigliosi

El acoso de Fernando Rospigliosi contra magistrados ya tuvo respuesta. La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia salió a plantarle cara al presidente del Congreso.

Mediante un comunicado, el colectivo advirtió que las amenazas del parlamentario fujimorista de iniciar sanciones disciplinarias contra jueces que no apliquen las leyes del Congreso constituyen una injerencia directa e inadmisible.

Los magistrados señalaron que “estamos frente a un patrón sistemático de presión que se está llevando por delante la institucionalidad democrática, solo por intereses particulares que colisionan contra el bien común de la población”.

Para la asociación, el constante asedio de Rospigliosi contra el Poder Judicial representa un nuevo golpe a la democracia y a la separación de poderes. Un clavo más en el ataúd institucional del país. Terrible lo que está pasando con el Perú.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria de 14 años contra el expresidente Martín Vizcarra que interpuso su defensa.

La resolución fue emitida el 26 de enero de 2026, por el colegiado integrado por los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Guillén Ledesma. Concluyeron que el pedido presentado por la defensa de Vizcarra Cornejo, carece de sustento jurídico, al haberse producido la caducidad de la medida restrictiva previa, lo que hace inviable la suspensión solicitada.

Los jueces evaluaron de manera integral los argumentos expuestos por la defensa técnica y el Ministerio Público y determinaron que no se cumplen los presupuestos legales para paralizar la ejecución de la condena dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2025.

Según lo informado, el tribunal ordenó al Establecimiento Penitenciario de Barbadillo que «remita informes médicos cada quince días sobre el estado de salud del interno, con el objetivo de garantizar una adecuada atención a las dolencias que presenta». Como se sabe, a Martín Vizcarra lo operaron dos veces por un mal estado renal.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El nuevo jefe de la División de Orden y Seguridad (DIVOPUS) Jaén, coronel Jesús Pomar Pérez, inició su gestión con un operativo nocturno en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional y el Serenazgo de la Municipalidad Provincial. La intervención forma parte de las primeras acciones adoptadas tras asumir el cargo, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

El oficial informó que sostuvo reuniones con comisarios y jefes de unidades para conocer la situación del personal, las necesidades logísticas y el índice delictivo en la provincia. Precisó que se priorizará la lucha contra los delitos contra el patrimonio y el incremento de casos de violencia sexual reportados en algunos caseríos, los cuales serán abordados en coordinación con la Demuna y el Ministerio de la Mujer mediante acciones preventivas y de orientación.

Pomar Pérez señaló que su gestión buscará reducir la victimización, la percepción de inseguridad y recuperar la confianza ciudadana. Indicó que la DIVOPUS brindará información a las unidades especializadas que investigan delitos como la minería ilegal y aseguró que se adoptarán medidas disciplinarias contra efectivos que incurran en faltas.

Asimismo, hizo un llamado a la población y a las autoridades a trabajar de manera articulada y a colaborar con información que contribuya a enfrentar la delincuencia en Jaén.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::