Quienes creen que los Machuaychas y Chiñipilcos son una expresión juliaqueña que consiste en dos bandos opuestos (“carne vieja” y “carne joven”), que cada 20 de enero rivalizan sin mayor razón aparente, deberían ir a verlos de manera presencial para que caigan cuenta que esta forma de pensar pasa por una completa superficialidad de lo […]
Quienes creen que los Machuaychas y Chiñipilcos son una expresión juliaqueña que consiste en dos bandos opuestos (“carne vieja” y “carne joven”), que cada 20 de enero rivalizan sin mayor razón aparente, deberían ir a verlos de manera presencial para que caigan cuenta que esta forma de pensar pasa por una completa superficialidad de lo que realmente significa esta danza.
Para hablar de los Machuaychas y Chiñipilcos, antes que nada, debo decir que se trata de la representación de un pasado lejano, de una danza que deviene del tiempo mítico del Awqa pacha, y que, en una lógica del mundo andino, reproduce de manera exacta el principio de dualidad. Por cuanto ambos bandos (Machuaychas y Chiñipilcos) son dos mitades que comparten un mismo territorio (ciudad nueva- ciudad vieja) y Apus tutelares (huayna roque-santa cruz), y que se enfrentan ritualmente en un “tinku”, pero no para destruirse, sino para encontrarse y garantizar la fertilidad, el equilibrio y la unión comunal.
Hablar de los Machuaychas y Chiñipilcos, es un mundo lleno de sorpresas, y lo es aún más cuando se les observa en el ritual de la Qashwa de San Sebastián. Ahí es donde se les ve en su real dimensión, y, además, se sabe con certeza que toda su esencia pertenece a un momento decisivo del calendario agrícola, que es el Huchuy pocoy. Un periodo ancestral que señala el momento preciso en que los productos empiezan a madurar. Y que por mandato ancestral es cuando debe surgir el conflicto ritual entre los Machuaychas y Chiñipilcos, para reordenar el mundo y unir a la comunidad.
Es así como debe entenderse esta danza, como un conflicto para hacer florecer la vida, como una expresión que escenifica la vida y la estructura de un ayllu ancestral (Hanan -Urin). Donde los Machuaychas encarnan lo ancestral, lo antiguo que permanece; y los Chiñipilcos lo nuevo, lo pequeño, el rebrote multicolor, la continuidad de la vida. En otras palabras, esta danza no alude a dos bandos irreconciliables, sino a dos mitades de un mismo ayllu, a una organización dual ancestral, donde se materializan aun viejos principios como el ayni y la reciprocidad, que cada año siguen organizando y armonizando la vida social en Juliaca.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyecta índice de radiación ultravioleta de 18 puntos para once provincias de Puno este jueves 22 de enero de 2026, mientras Sandia registra nivel 16 dentro de categoría extremadamente alta, según boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Puno que alerta a la población sobre […]
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyecta índice de radiación ultravioleta de 18 puntos para once provincias de Puno este jueves 22 de enero de 2026, mientras Sandia registra nivel 16 dentro de categoría extremadamente alta, según boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Puno que alerta a la población sobre riesgos inmediatos para la salud.
El pronóstico del Módulo de Monitoreo y Análisis del COER Puno indica que las provincias de Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo alcanzan índice UV 18 en escala extremadamente alta, mientras Sandia registra 16 puntos; mediciones se realizan en condiciones de cielo despejado durante mediodía solar, periodo de máxima intensidad radiante.
«Los valores iguales o mayores a 11 se clasifican como extremadamente alta, este umbral evidencia una mayor intensidad de la radiación solar con consecuencias directas sobre la salud pública», señala el SENAMHI según clasificación oficial; la región andina peruana alcanza niveles entre 12 y 18 considerados riesgo extremo por exposición prolongada.
Riesgos severos para salud pública
La región sierra del Perú registra históricamente los índices UV más elevados del país con valores entre 12 y 18 puntos durante temporada de verano, mientras la costa fluctúa entre 8 y 14 según monitoreo nacional del SENAMHI; Puno se ubica entre departamentos con mayor radiación solar por altitud superior a 3,800 metros sobre nivel del mar que reduce filtración atmosférica natural.
El impacto social y económico de la radiación UV extremadamente alta afecta principalmente a población rural dedicada a agricultura, ganadería y comercio informal expuesta diariamente al sol sin protección adecuada; enfermedades como cáncer cutáneo, quemaduras severas, envejecimiento prematuro y cataratas oculares incrementan costos en salud pública mientras disminuyen productividad laboral en sectores vulnerables sin acceso a implementos protectores.
Las autoridades recomiendan reducir exposición directa entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m., aplicar protector solar SPF 30+ cada dos horas, usar sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa manga larga; mantener hidratación constante, buscar sombra durante horas centrales y monitorear diariamente pronósticos en plataforma digital del SENAMHI para prevenir daños acumulativos por radiación ultravioleta extrema.
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La coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición de la Red de Servicios de Salud de La Convención (Cusco), licenciada Gladys Céspedes Camacho, alertó recientemente que enfrentan una crisis nutricional sin precedentes actualmente. Los elevados casos de anemia en Megantoni sobrepasan el promedio nacional y convierten esta problemática en un grave asunto de […]
La coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición de la Red de Servicios de Salud de La Convención (Cusco), licenciada Gladys Céspedes Camacho, alertó recientemente que enfrentan una crisis nutricional sin precedentes actualmente.
Los elevados casos de anemia en Megantoni sobrepasan el promedio nacional y convierten esta problemática en un grave asunto de salud pública regional. Por consiguiente, la funcionaria exige una intervención inmediata en los establecimientos de salud locales.
Dentro de la provincia de La Convención, el distrito de Megantoni concentra el mayor porcentaje de menores afectados por esta enfermedad. Efectivamente, la funcionaria indicó que la Red de Servicios de Salud de La Convención administra un total de setenta y seis establecimientos en toda la zona. Debido a que las cifras en el Bajo Urubamba resultan sumamente preocupantes, las autoridades sanitarias buscan estrategias para combatir la desnutrición.
El impacto de los casos de anemia en Megantoni
Asimismo, la especialista Gladys Céspedes explicó que la principal brecha para reducir esta enfermedad radica en la grave inseguridad alimentaria persistente. Además, las limitaciones económicas de las familias impiden la adquisición necesaria de productos de origen animal ricos en hierro para los niños. La licenciada exhortó a fortalecer urgentemente el trabajo articulado entre los gobiernos locales y el Ministerio de Salud nacional hoy.
Las intervenciones ejecutadas durante los últimos diez años no lograron reducir significativamente los índices de esta condición de salud actual. Igualmente, el sistema sanitario tiene el reto pendiente de disminuir los casos de anemia en un dos por ciento cada año consecutivo. La falta de resultados concretos genera una profunda preocupación en la comunidad médica que atiende a la población.
Finalmente, la funcionaria puntualizó que la educación nutricional es vital para que los padres identifiquen correctamente los alimentos con mayor aporte ferroso. En consecuencia, el personal de salud intensificará las visitas domiciliarias para monitorear el desarrollo físico y cognitivo de todos los infantes afectados. La lucha contra los casos de anemia requiere un compromiso financiero y social para proteger el futuro de Megantoni tierra del gas de Camisea.
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Fernando Olivera, candidato presidencial por el Frente de la Esperanza, reafirmó su compromiso de lucha frontal contra lo que denomina un sistema de corrupción institucionalizado que oprime al país desde sus inicios republicanos. Durante una entrevista con la red de medios regionales, el líder de la escoba aseguró que su actividad política no nace de un simple discurso coyuntural, sino de una vida entregada a enfrentar a las mafias que han capturado el poder.
El aspirante a la presidencia anunció que, de ganar los comicios, presentará el mismo 28 de julio la denominada Ley Patriota, un paquete de reformas constitucionales y legales diseñadas para refundar las instituciones peruanas. En caso de encontrar resistencia en el Congreso de la República, Olivera advirtió que convocará a un referéndum nacional para el 7 de octubre, bajo la premisa de que en una democracia el pueblo debe mandar por encima de las trabas legislativas.
El plan de gobierno de Olivera prioriza la atención inmediata de las brechas sociales mediante el uso de facultades presidenciales. El candidato planea emitir decretos de urgencia para financiar programas que eliminen la anemia y la desnutrición infantil, además de enfrentar la inseguridad alimentaria que afecta a millones de ciudadanos en la sierra y las zonas periféricas de Lima.
Entre sus propuestas económicas destaca la creación de un impuesto para las empresas que explotan recursos naturales, cuyo monto se destinará exclusivamente al fondo de pensiones de jubilados y cesantes que hoy perciben ingresos insuficientes. Asimismo, el candidato propone la eliminación de los servicios de tercerización laboral, argumentando que estos mecanismos representan una explotación legalizada de los trabajadores peruanos.
Reformas estructurales y seguridad ciudadana
En el ámbito de la justicia y la ética pública, la Ley Patriota contempla la eliminación de privilegios para las altas autoridades, suprimiendo la inmunidad y el antejuicio político. Olivera impulsa la aplicación de mecanismos de democracia directa, tales como la rendición de cuentas y la revocatoria del cargo, la cual alcanzaría incluso al presidente de la República y a los congresistas que incumplan sus promesas electorales.
Para combatir la criminalidad, el candidato presentó a su equipo técnico, destacando la presencia de Cesar Ortiz Anderson, experto en seguridad ciudadana, y el general Víctor Canales, con quienes planea una reforma radical de las fuerzas del orden basada en la inteligencia y el uso de tecnología avanzada.
La propuesta productiva del Frente de la Esperanza también incluye la industrialización de recursos estratégicos. Olivera planteó utilizar el gas de Camisea para producir urea en plantas como la de Cachimayo, lo que permitiría abastecer al agro nacional y reducir costos para los pequeños agricultores.
Además, defendió el potencial de la pesca de consumo humano como una herramienta para generar medio millón de puestos de trabajo y combatir el hambre, criticando duramente la presencia de flotas extranjeras que depredan el mar peruano. El candidato enfatizó que su gestión no dependerá de poderes económicos, defendiendo la austeridad en el gasto público y la eliminación de entes que considera decorativos, como el Parlamento Andino.
Durante el interrogatorio sobre su declaración jurada de hoja de vida, Olivera explicó que sus ingresos del año 2024 figuran en cero porque trabaja de forma independiente y vive de su patrimonio personal. Detalló que cuenta con un bono de reconocimiento del fondo de pensiones que asciende a 160 mil soles y que ha recurrido a hipotecas sobre sus propiedades para financiar sus actividades, rechazando cualquier cuestionamiento sobre su transparencia financiera.
Finalmente, ante los cuestionamientos por antecedentes de candidatos de su lista en regiones como Loreto, el líder político aseguró que analizará cada caso, aunque defendió la apertura de su frente a profesionales honestos que no necesariamente tengan militancia partidaria previa.
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En entrevista con la Red de Medios Regionales, el líder de Perú Acción propone limpiar de corrupción las instituciones del Estado y reformar el Parlamento.
El candidato a la presidencia por el partido Perú Acción, Francisco Diez Canseco, inició su participación en la Red de Medios Regionales del Perú marcando una distancia clara de las etiquetas políticas tradicionales. Para el aspirante presidencial, los conceptos de izquierda y derecha resultan términos obsoletos en el mundo globalizado actual.
Diez Canseco se define como un liberal social que mantiene proximidad con la derecha en el manejo económico y con la izquierda democrática en temas sociales, aunque rechaza tajantemente al socialismo marxista por considerarlo un sistema fracasado que conduce a la dictadura. Bajo su visión, el actual panorama político peruano carece de una verdadera izquierda democrática, pues considera que el APRA dejó ese espacio para convertirse en un partido populista.
Respecto a la crisis social que vivió el país tras la caída de Pedro Castillo, el candidato enfatizó la necesidad de investigar a fondo las responsabilidades por los 50 fallecidos durante las protestas. Diez Canseco calificó como inaceptable el uso de la violencia que deriva en muertes, pero también exigió que caiga todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a policías y soldados. Esta postura de firmeza legal se alinea con su propuesta estrella: la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública.
Este organismo de control externo, integrado por personas de trayectoria intachable y elegidas mediante referéndum popular, tendría la tarea de realizar una limpieza profunda en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, instituciones que el candidato percibe como capturadas por la corrupción y organizaciones criminales. El modelo que plantea se inspira en sistemas anticorrupción de Singapur y Hong Kong para garantizar una depuración efectiva del aparato estatal.
Reformas parlamentarias y el desafío electoral de 2026
En el ámbito legislativo, Francisco Diez Canseco propone lo que denomina una revolución parlamentaria para transformar la gestión del Congreso. Su plan incluye la eliminación de los sueldos fijos de los congresistas, sustituyéndolos por dietas que se paguen únicamente por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y comisiones.
Además, plantea suprimir la denominada «semana de representación», eliminar la figura de los siete asesores por despacho y prohibir el transfuguismo que atomiza las bancadas actuales. El candidato sostiene que realizó su labor parlamentaria previa solo con una secretaria y que la burocracia actual es innecesaria para un trabajo eficiente.
Sobre la situación actual de su partido, Diez Canseco reconoció que enfrentan retos administrativos ante el Jurado Nacional de Elecciones, especialmente tras declararse improcedentes algunas candidaturas en Lambayeque, situación que se encuentra en proceso de apelación. Criticó duramente lo que llamó una burocracia electoral que impone controles absurdos sobre el funcionamiento de los comités partidarios, lo que a su juicio no ha servido para evitar que el Congreso actual esté poblado de personas corruptas.
Pese a estas dificultades, el líder de Perú Acción descartó realizar alianzas con los partidos que hoy tienen representación en el Legislativo, a los que calificó como meras maquinarias electorales al servicio de intereses particulares. Su objetivo final es alcanzar la segunda vuelta electoral para implementar su programa de gobierno, manifestando su disposición a competir contra cualquier adversario, incluyendo a Keiko Fujimori, con la convicción de que su propuesta basada en la moral y la ideología permitirá una revolución pacífica en el país.
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Las decisiones que están tomando los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), respecto a los fiscales supremos que han sido separados de la institución y convocado a otros que son investigados.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) a través de un comunicado expresó su máxima preocupación por la decisión -en mayoría- de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar en el cargo al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Esto, con el argumento de “no haber satisfecho” los rubros necesarios para obtener su ratificación, como la idoneidad e integridad.
Asimismo, hacen notar que en la Junta de Fiscales Supremos se han repuesto a dos (2) fiscales supremos mediante medidas judiciales. Ambos “son investigados por presuntamente integrar una organización criminal”. Pero, sin embargo, siguen ejerciendo funciones y ostentando cargos al interior del Ministerio Público.
También advierten que en el contexto de debilitamiento institucional que se está viviendo en el país y que “afecta a diversas entidades públicas vinculadas a la administración de justicia, el retiro o la no ratificación de fiscales supremos podría interpretarse como una respuesta de carácter político, profundizando el deterioro moral y la desconfianza ciudadana en el país”, cuestionan.
Además, desde el Colegio de Abogados de Lima exhortan a que, “la separación de fiscales supremos no conlleve la incorporación de nuevos miembros allegados a partidos o intereses políticos de turno”.
Abogado César Nakazaki en desacuerdo con salida de Sánchez
El abogado César Nakasaki, en una de sus redes publicó un mensaje, mostrando su desacuerdo con la no ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez por parte de la JNJ.
“No estoy de acuerdo con decisión de la JNJ. Pablo Sánchez Velarde no solamente fue Fiscal de la Nación, sino que es un fiscal de carrera. En la balanza sus activos son mayores que sus pasivos”.
“A tan pocos meses para jubilación, JNJ por mayoría no fue justa con fiscal de mayor preparación académica que conocí en el Ministerio Público, paradójicamente, inmensamente superior a los ex magistrados que integran la JNJ, que como el Ministerio Público, debe ser objeto de una profunda ingeniería”, refiere.
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El Ministerio Público investiga el uso del Campo Ferial de Cerro Juli tras una denuncia presentada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). Se advierte posibles irregularidades en la administración del recinto y beneficios privados sin retorno económico para la región. El caso involucra al Gobierno Regional de Arequipa, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y a una empresa privada vinculada a la organización de la Feria Arequipa 2025.
La denuncia se presentó el 19 de enero por la CCIA, presidida por Carlos Fernández, luego de detectar presuntas irregularidades durante la realización del evento ferial. El gremio empresarial señaló que su nombre e imagen institucional se utilizaron sin autorización ni participación directa en la organización de la feria.
El conflicto se originó tras la decisión del gobernador regional Rohel Sánchez de no renovar la concesión con la Asociación Empresarial Cerro Juli, medida anunciada como parte de una nueva estrategia de gestión orientada a generar mayores beneficios económicos. Sin embargo, tras la transferencia del predio del Midagri al Gobierno Regional, el proceso administrativo quedó inconcluso, sin concretarse el traslado del campo ferial al Fondo de Desarrollo Regional (FDR).
Indefinición administrativa y cuestionamientos a la gestión del recinto
En medio de la falta de definición sobre la administración del Campo Ferial de Cerro Juli, el recinto se siguió utilizando. La CCIA denunció que la empresa Bespouk Entertainment S.A.C., gerenciada por Diego Ballón Pareja, habría obtenido el control del espacio sin concurso público ni licitación. Esto a pesar de ser constituida dos meses antes del evento y sin acreditar experiencia en la organización de actividades de gran magnitud.
Según la denuncia, la empresa explotó el recinto ferial mediante alquiler de stands, conciertos y otras actividades comerciales, con información extraoficial que señala utilidades superiores a los tres millones de soles. Además, Bespouk Entertainment S.A.C. se dió de baja de oficio en la Sunat tras culminar el evento. Paralelamente, el Consejo Regional de Arequipa conformó una comisión investigadora presidida por el consejero César Huamantuma, quien informó que se han detectado presuntas irregularidades y que, hasta el momento, el campo ferial no ha generado beneficios económicos para el Gobierno Regional.
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Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chiguata fueron denunciados por presuntamente consumir bebidas alcohólicas dentro de oficinas públicas. El hecho fue reportado ante la Policía Nacional del Perú tras la intervención de una regidora del distrito.
La regidora Geraldine Benavente señaló que alrededor de las 5:00 p. m. encontró a trabajadores municipales consumiendo licor y escuchando música a alto volumen en el área de Archivo. Mencionó como involucradas a la gerente municipal Gladys Ramírez Valdivia, la secretaria de gerencia Sandra González Patiño y la encargada de Tributación Rocío Pinto Valdivia.
Las imágenes difundidas muestran botellas de bebidas alcohólicas y a los funcionarios dentro de las instalaciones municipales. Este hecho motivó la intervención de la regidora y la comunicación del caso a la Policía para las diligencias correspondientes.
Respuesta de la alcaldía y proceso de investigación
La alcaldesa de Chiguata, Gladys Ticona, calificó el hecho como una acción indebida que afecta la reputación de la comuna. Señaló que, para ella, los trabajadores involucrados ya no laboran en la municipalidad, aunque no precisó si las destituciones fueron formalizadas mediante resoluciones.“Para mí esas personas ya prácticamente desde ayer no laboran en la municipalidad. Lo que corresponde en las investigaciones, los procesos que tengan que realizarse, se realizarán”, declaró a Iletrados Noticias. Añadió que la municipalidad permitirá las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
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La Policía Nacional del Perú detuvo a tres ciudadanos por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad durante un operativo contra el transporte informal, realizado en coordinación con inspectores de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
La intervención se efectuó a las 18:15 horas en la intersección de la avenida Vidaurrazaga con la calle Siglo XX, como parte de las acciones de fiscalización dirigidas a erradicar el servicio informal de transporte, conocido como “loncheras”.
Durante el operativo, la Policía intervino a un joven de 23 años que se negó a colaborar con el control de tránsito. El personal policial intervino el vehículo marca Chery, color plata claro, con placa VOS-379, cdonde identificaron al conductor como José Luis Cahuapaza Ticona.
Intervención policial y traslado de detenidos
Según el acta policial, el conductor cerró las puertas y ventanas del vehículo para evadir el control y se negó a entregar la documentación obligatoria, pese a haber proporcionado su DNI. Por ello, lo detuvieron por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.
En la intervención se sumaron de Gloria Cuba Aguirre y Lino Toribio Mendoza, quienes intentaron obstaculizar la acción policial de manera violenta, por lo que también fueron detenidos. Seguidamente trsaladaron los tres detenidos a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.
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Afirman que no hay mérito para formularles “denuncia constitucional” por los diferentes presuntos delitos que se les atribuía. También libran a Jorge del Castillo y Humberto Abanto
El despacho de la Fiscalía de la Nación archivó definitivamente las investigaciones que se les seguía a Patricia Benavides, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a otros incursos en varios presuntos delitos.
La Fiscalía de la Nación archivó las investigaciones que se les seguía a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Determinaron que “no existe mérito para formular denuncia constitucional en su contra por diversos presuntos delitos”.
Conforme a lo que se lee en la disposición del 20 de enero de 2026, “el despacho fiscal resolvió no proceder con la denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo César Galindo Sandoval”.
También desestiman una denuncia constitucional contra los investigados Liz Patricia Benavides Vargas, Jorge del Castillo Gálvez y José Humberto Abanto Verástegui”.
Como se informó, la investigación en contra de los integrantes de la JNJ y Patricia Benavides estaba relacionada con la presunta “comisión de delitos contra la administración de justicia, como avocamiento ilegal de proceso en trámite, y delitos contra la administración pública”. Entre estos delitos estaban los de usurpación de función pública y abuso de autoridad, vinculados al trámite y emisión de una resolución de junio del 2025.
También rechazan las denuncias que presentó Delia Espinoza
El despacho de la Fiscalía también resolvió no continuar con las investigaciones por presunta falsedad ideológica atribuidas a María Teresa Cabrera Vega, así como por el presunto delito de acoso agravado contra los magistrados Gino Ríos y Cabrera Vega, y por una imputación de usurpación de funciones contra Patricia Benavides relacionada con su permanencia en instalaciones del Ministerio Público en junio de 2025.
Además, en el mismo pronunciamiento, el despacho fiscal declaró el rechazo liminar (descarte de forma inmediata) de las denuncias que presentaron Delia Espinoza Valenzuela y Juan Walter Sifuentes Bustillos, quienes imputaban a Benavides y a miembros de la JNJ la presunta comisión de diversos delitos, como usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
La Fiscalía dispuso finalmente, el archivo definitivo de la carpeta fiscal acumulada y ordenó notificar la decisión a las partes procesales, además de autorizar la entrega de copias digitalizadas solicitadas por la defensa de uno de los investigados.
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El subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, René Ortiz Zegarra informó que evalúa la incorporación de unidades de categoría M2 como vehículos alimentadores del Sistema Integrado de Transporte (SIT), en el marco de una reunión sostenida con representantes de las empresas concesionarias. La medida se sustenta en una resolución gerencial emitida en diciembre de 2025 y en una ordenanza municipal vigente desde 2016.
Según lo expuesto, las unidades M2 —con capacidad de 16 asientos— podrían atender sectores donde los buses de mayor tamaño no pueden ingresar debido a la expansión urbana y a las limitaciones de la infraestructura vial. Las autoridades indicaron que estas unidades deberán cumplir requisitos técnicos y legales, como SOAT y expediente técnico, además de presentar informes sobre las rutas que cubrirán.
El subgerente señaló que el objetivo de la propuesta es ampliar la cobertura del servicio, mejorar la seguridad del usuario y fortalecer la formalidad del sistema de transporte. Asimismo, precisó que el plazo para la presentación de expedientes técnicos continúa abierto y que el proceso se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas.
En relación con el transporte informal, la municipalidad confirmó la existencia de una denuncia vinculada a intervenciones realizadas en la vía pública. El funcionario indicó que el caso debe investigarse en las instancias correspondientes y recordó que existe una directiva municipal que regula los procedimientos de intervención a vehículos informales durante los operativos de fiscalización.
Informalidad, fiscalización y limitaciones del sistema
Hace semanas, Ortega señaló que la gestión municipal busca el ordenamiento del transporte urbano, aunque reconoció que no existían soluciones inmediatas frente al problema de la informalidad. Sus declaraciones se produjeron tras un operativo realizado el 12 de enero, luego de una agresión contra un conductor del SIT, que permitió intervenir diez vehículos informales en los sectores de Puente Grau y San Lázaro.
El funcionario también indicó que la municipalidad planeaba reforzar el equipo de fiscalización con la contratación de 50 inspectores bajo la modalidad CAS y admitió que los transportistas informales captan más pasajeros debido a la rapidez de su servicio y a las limitaciones del sistema formal. En ese contexto, señaló que permitir el uso de unidades M2 como rutas alimentadoras constituye una medida para atender sectores desatendidos, aunque con restricciones de circulación en el Centro Histórico.
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PASÓ EN EL Perú | Viajes que antes tomaban 14 horas hoy se extienden hasta 25. Derrumbes, baches y tramos abandonados están cambiando la rutina de transportistas, afectando el turismo y encareciendo los productos que llegan a Ayacucho.
Lo que ocurre en la vía Libertadores revela una crisis vial que amenaza la economía regional y deja en evidencia la falta de respuesta de las autoridades.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Delia Espinoza se enfrentó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que evalúa su destitución como fiscal suprema. La exfiscal de la Nación mantuvo una postura firme frente a los magistrados que la sancionaron por no haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo y que ahora impulsan su separación definitiva por el mismo […]
Delia Espinoza se enfrentó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que evalúa su destitución como fiscal suprema. La exfiscal de la Nación mantuvo una postura firme frente a los magistrados que la sancionaron por no haber repuesto a Patricia Benavides en el cargo y que ahora impulsan su separación definitiva por el mismo motivo.
Durante la audiencia, Espinoza cuestionó duramente el proceso disciplinario, señalando que se trata de una persecución que busca generar impunidad. Afirmó que retirarla del cargo permitiría favorecer a intereses que, según dijo, ya empiezan a evidenciarse dentro del sistema de justicia.
Los momentos más tensos se produjeron durante el intercambio con la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien realizó cuestionadas preguntas. Entre ellas, consultó sobre de donde habría salido el dinero de las velas utilizadas durante la vigilia realizada en el Ministerio Público para impedir el retorno de Benavides, e incluso le preguntó qué religión profesa.
Ante la insistencia de Cabrera por que explique las razones de no obedecer a la JNJ la exfiscal le pidió un poco de “comprensión lectora”, lo que generó más controversia en la sesión.
Espinoza acudió personalmente a la sede de la JNJ para exponer sus descargos y reiteró que no se negó a cumplir una resolución, sino que actuó conforme a criterios jurídicos y constitucionales. Insistió en que el intento de destitución responde a una represalia directa por su negativa a restituir a Benavides mientras existían cuestionamientos legales pendientes.
Asimismo, no descartó acudir a instancias internacionales en caso se concrete su salida, argumentando que se estaría vulnerando su derecho al debido proceso y la independencia del Ministerio Público.
La JNJ informó que el caso será resuelto en los próximos días, en una decisión que podría marcar un nuevo punto de quiebre institucional en el sistema de justicia peruano.
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El desborde de aguas fecales afectó casi dos hectáreas de cultivos de la familia Alemán en Pastos de Canchismayo y habría generado pérdidas de hasta 22 mil soles, además de riesgos para distritos vecinos
El colapso de un buzón de desagüe en el distrito de Characato, en Arequipa, provocó el desborde de aguas fecales que inundaron parcelas agrícolas de la familia Alemán. El hecho causó severos daños materiales y generó un riesgo sanitario que se extiende a otras áreas del predio, donde se habían sembrado distintos cultivos. El incidente ocurrió tras las intensas lluvias registradas en los últimos días y volvió a evidenciar un problema recurrente.
Aldo Alemán Chacón indicó que el colapso se originó por el reducido diámetro de la tubería del alcantarillado. Esta situación impide un flujo adecuado del agua y genera constantes rebalses. Como consecuencia, el agua contaminada también salió hacia la vía pública y alcanzó una acequia de regadío que abastece sectores de Characato, Sabandía y Socabaya.
La afectación directa alcanzó al menos cinco topos, equivalentes a casi dos hectáreas de cultivos, entre zapallo, zanahoria y maíz morado. Según explicó Alemán Chacón, el contacto con las aguas fecales alteró el pH del suelo. Esto provocó la quema de las plantas y dejó inutilizable gran parte de la producción agrícola.
Las pérdidas económicas totales fueron estimadas entre 15 mil y 22 mil soles. A esta situación se suma la presencia de ratas, ya que el agua contaminada continúa circulando por los canales de regadío, lo que incrementa el riesgo sanitario en la zona.
Sin respuesta por parte de autoridades de Arequipa
La madre del agricultor, Gladis Chacón Alemán, señaló que el colapso del buzón no la sorprendió. Indicó que la familia presentó tres oficios preventivos ante la Municipalidad de Characato solicitando el mantenimiento y arreglo del sistema de desagües y alcantarillado. Dos documentos fueron ingresados el 16 de enero y uno adicional el 19 de enero, sin que se adoptaran medidas oportunas.
Asimismo, informó que el 21 de enero acudió personalmente a la municipalidad para advertir sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, recibió como respuesta que debía regresar este viernes, debido a la alta carga de trabajo en la comuna. La familia indicó que, en ocasiones anteriores, el desborde llegó a inundar completamente la propiedad, al punto de requerir la intervención de los bomberos para auxiliar a un familiar.
Colapso de muros agrava vulnerabilidad
Los propietarios denunciaron que una constructora habría depositado grandes cantidades de tierra en un terreno colindante al Fundo. Esta acción generó un desnivel de hasta dos metros respecto a su propiedad, situación que se agravó con las lluvias y provocó el colapso de muros perimétricos
Con las lluvias, esta acumulación de tierra se compactó y provocó el colapso de muros perimétricos del predio de la familia Alemán, dejando su vivienda completamente expuesta. Según indicaron, esta situación incrementa el riesgo de robos, ya que cualquier persona puede ingresar al terreno sin restricciones.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa consiguió una sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión efectiva contra tres personas de nacionalidad venezolana por el delito de explotación sexual en agravio de seis mujeres extranjeras.
Los sentenciados son Yorber Daniel Peña Montero, José Miguel Pérez García y Carmen Yesenia Cahuana Castro, identificados como coautores del delito contra la dignidad humana. El fallo también ordenó el pago de una reparación civil de S/ 15 mil a favor de cada víctima, lo que suma S/ 90 mil.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó 65 medios probatorios que permitieron acreditar el modo de operación de la red y la responsabilidad penal de los acusados. La Fiscalía expuso que los procesados sometían a las víctimas mediante amenazas y engaños.
Las seis mujeres fueron rescatadas el 31 de agosto de 2023 durante un operativo policial en un local nocturno del distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí. Desde esa fecha, los sentenciados permanecen recluidos en un penal.
Control para la explotación sexual en Arequipa
De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados captaban a mujeres venezolanas de forma directa o mediante otras víctimas, usando redes sociales para ofrecer falsos empleos en Perú con supuestas altas ganancias económicas.
Durante el viaje, las víctimas recibían alimentación, alojamiento y pasajes, gastos que luego los acusados convertían en una deuda económica. Al llegar al país, asignaban a cada mujer a un supuesto integrante de la organización, a quien denominaban “padre”.
La deuda, que en la mayoría de casos ascendía a S/ 15 mil, debía pagarse mediante explotación sexual en locales nocturnos o en la vía pública. Los acusados vigilaban a las víctimas, las sancionaban si intentaban huir y retenían el dinero obtenido, mientras alegaban pertenecer al “Tren de Aragua – Los Hijos de Dios” para intimidarlas.
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La Red de Medios Regionales del Perú conversa con los candidatos a la presidencia Francisco Diez-Canseco de Perú Acción; y Fernando Olivera del Frente de la Esperanza.
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Mientras José Jerí continúa pidiendo perdón, Fuerza Popular ha decidido hacer lo que mejor sabe hacer: cerrar filas, apretar los dientes y llamar “madurez política” a mirar para otro lado cuando la corrupción toca a los suyos.
Pese a los videos, las reuniones clandestinas y los serios cuestionamientos por presunta negociación incompatible, el partido naranja anunció que no se sumará a la censura contra el presidente del Congreso. Porque cuando el escándalo es ajeno, se llama corrupción; pero cuando es propio o del aliado, se convierte mágicamente en “exageración”.
En un comunicado digno de antología, Fuerza Popular pidió “orden y no caos”, como si el desorden no hubiera empezado precisamente cuando el titular del Parlamento se reunía a escondidas con empresarios chinos.
Según su versión, el verdadero problema no sería el caso Jerí, sino un supuesto “coro desestabilizador” integrado por caviares, comunistas y ahora una nueva categoría política: los “pseudo moralistas de derecha”, en clara alusión al partido de Rafael López Aliaga, que también viene exigiendo la censura.
Eso sí, para no quedar tan evidentes, añadieron que “tomarán medidas” si aparecen más escándalos. Una frase que el país ya aprendió a traducir sin diccionario: lo blindamos hoy, mañana vemos.
Pero la paciencia tiene un límite…
Caso Chifagate: explicaciones de José Jerí no convencieron al Congreso y la Generación Z prepara marcha contra el presidente
El intento de José Jerí por calmar las aguas no salió como lo había planeado. Su comparecencia ante el Congreso dejó en evidencia que el presidente del Parlamento no cuenta con explicaciones claras sobre sus reuniones con empresarios chinos.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, el acciopopulista Elvis Vergara, calificó los argumentos de Jerí como insuficientes y anunció que solicitará facultades para conformar una comisión investigadora que profundice en el denominado caso Chifagate.
A este escenario se suma la presentación de hasta cuatro pedidos de censura en su contra, para disgusto del alcahuetísimo Fernando Rospigliosi, quien nuevamente salió a defenderlo.
Si bien Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú estarían apostando por blindar a “Pajerí”, la balanza podría voltearse en cualquier momento. En el Congreso, la lealtad suele durar lo mismo que un comunicado.
Pero el golpe más duro podría no venir del hemiciclo, sino de la calle. Diversos colectivos bajo la bandera de la Generación Z han convocado a una marcha nacional para el 28 de enero en rechazo al presidente del Congreso. Algunos grupos se movilizarán desde regiones hacia Lima, mientras que otros protestarán en sus propias ciudades.
Si la convocatoria resulta contundente, podría meterle miedo a los alcahuetes de Jerí y dejarlo sin respaldo político suficiente.
Martín Vizcarra culpa al Gobierno por haber perdido su riñón izquierdo tras demoras en su atención médica
Martín Vizcarra estaría atravesando uno de los momentos más duros desde que ingresó al penal de Barbadillo. Porque una cosa es entrar a prisión y otra muy distinta es salir del hospital con un órgano menos.
En medio de constantes traslados médicos, el expresidente terminó siendo operado de emergencia por cálculos en el riñón y el uréter. Según su denuncia, la demora en recibir atención oportuna habría provocado la pérdida definitiva de su riñón izquierdo.
Vizcarra publicó en redes sociales una imagen desde la camilla, esposado conforme al protocolo, pero con un mensaje directo. Señaló al Gobierno y al INPE por haber ignorado sus constantes dolores desde el pasado 3 de enero. Al parecer, el sufrimiento no calificó como urgente hasta que ya fue demasiado tarde.
El comunicado médico de la clínica detalla que los cálculos derivaron en una estenosis ureteral severa y una hidronefrosis avanzada. En términos simples, el riñón dejó de funcionar.
Como si el cuadro no fuera suficiente, el expresidente deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica en los próximos días.
Su hermano, el candidato Mario Vizcarra, ha iniciado vigilias y denuncias públicas, asegurando que el INPE estaría incurriendo en trato inhumano. Según su versión, Martín Vizcarra fue trasladado al hospital recién 18 días después de presentar dolores intensos y actualmente permanece esposado durante todo el día, bajo custodia de al menos seis agentes armados.
Pese a la gravedad del cuadro clínico, Vizcarra cerró su mensaje afirmando que ni la cárcel, ni la enfermedad, ni la pérdida de un órgano lograrán doblegarlo.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El fiscal supremo Pablo Sánchez no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que eligió el Congreso. Para los miembros de ese organismo, no pasó la evaluación por temas cuasi administativos cuando su labor fue decisiva en la lucha contra la corrupción de Fujimori-Montesinos, lava Jato y Cuellos Blancos.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) votó en mayoría por la no ratificación del fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Consideran que “no ha satisfecho de manera integral los criterios necesarios para su ratificación, tales como la idoneidad e integridad”. Le faltaba cuatro meses para jubilarse.
Sin embargo, este órgano no mostró ejemplos ni argumentos, que corroboraran sus criterios de evaluación. Solo sostienen que Sánchez Velarde registra “irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad”.
Según dicen en su acta sobre el ahora exfiscal supremo, “mantiene antecedentes disciplinarios en la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional. Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte (120) días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves».
Y afirman que -luego de dar cuenta de la separación de Pablo Sánchez- “la JNJ asegura que existe un compromiso de garantizar procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales con respecto a jueces y fiscales a fin de fortalecer el sistema de justicia del país”.
Costa: Retiro de Sánchez es “una venganza del pacto mafioso”
El excongresista Gino Costa afirmó que “sin duda [es] una venganza largamente madurada por el Pacto mafioso. Pues -dice- fue protagonista decisivo en los tres más grandes procesos anticorrupción del Perú contemporáneo: Fujimori-Montesinos, Lava Jato y Cuellos Blancos”.
Más aún, advierte que, “su anunciada caída ocurre poco después de la suspensión de Delia Espinoza y cuando retornan al Ministerio Público los fiscales Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce y Víctor Raúl Rodríguez, todos destituidos por sus vínculos con la corrupción”. Con lo que “queda el Pacto corrupto bajo control de la institución a cargo de la persecución del crimen”.
Como se informó meses antes, y era de conocimiento público, el fiscal supremo Pablo Sánchez estaba a meses de jubilarse ya que, este 26 de junio cumple 70 años. Sin embargo, la “Junta Nacional de Justicia” no tuvo ninguna consideración al respecto.
Trayectoria de Pablo Sánchez
El exfiscal supremo Pablo Sánchez investigó el robo de fondos que realizó Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos al país, cuando se desempeñó como coordinador de los Fiscales Anticorrupción por la deuda. Eso al inicio de su carrera fiscal.
Cuando es designado fiscal supremo por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y luego, al asumir como fiscal de la Nación, impulsó junto a otros fiscales la creación del equipo especial Lava Jato. Lo que permitió abrir procesos penales contra altos funcionarios, expresidentes y grandes empresas vinculadas a corrupción, y que fue reconocida por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Dejó la fiscalía de la Nación en 2018. Luego lo designan jefe de la Primera Fiscalía Suprema Penal y asume la conducción de investigaciones como el caso CNM Audios y posteriormente el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ejerció un par de veces más como titular del Ministerio Público en 2023, tras los escándalos de corrupción que afectaron a la gestión de Patricia Benavides. Y nuevamente, antes de que asuma Tomás Gálvez, por la salida de la suspendida fiscal Delia Espinoza.
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Fuerza Popular blinda a José Jerí pese a escándalos y pide “madurez política” para no incomodarlo
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La extorsión en Trujillo ya no opera en las sombras ni en horarios marginales. A plena luz del día y de forma coordinada, delincuentes ejecutaron ataques casi simultáneos con explosivos contra dos locales de la licorería Tabaco y Ron, ubicados en la avenida Fátima y en la intersección de las avenidas Larco con Huamán, en […]
La extorsión en Trujillo ya no opera en las sombras ni en horarios marginales. A plena luz del día y de forma coordinada, delincuentes ejecutaron ataques casi simultáneos con explosivos contra dos locales de la licorería Tabaco y Ron, ubicados en la avenida Fátima y en la intersección de las avenidas Larco con Huamán, en el distrito de Víctor Larco Herrera. El saldo fue de dos personas heridas y severos daños materiales, en una ciudad donde el estado de emergencia no ha logrado contener la violencia criminal.
Dos atentados destrozaron locales de conocida licorería
Los atentados se registraron alrededor de las 5:00 p. m., en un horario de intenso tránsito peatonal y vehicular. En el local de la avenida Fátima, trabajadores del establecimiento resultaron heridos tras la detonación y fueron trasladados a un centro de salud. La explosión destruyó el portón metálico y parte de la fachada, generando pánico entre vecinos y comerciantes que presenciaron el ataque en tiempo real.
Esta ciudadana sufrió lesiones tras explosión.
Extorsionador fingió ser cliente
Las cámaras de videovigilancia revelan la mecánica del atentado y confirman su planificación. Un sujeto, haciéndose pasar por cliente, ingresó al local de la avenida Fátima, realizó algunas preguntas y dejó una bolsa de papel en la reja de ingreso. Segundos después, el artefacto detonó. Casi en paralelo, otro explosivo estalló en la sede de Larco con Huamán, lo que refuerza la tesis de atentados coordinados dirigidos contra una misma cadena comercial.
Este es el delincuente que fingiendo ser cliente dejó explosivo en uno de los locales de licorería Tabaco y Ron.
Explosivo para tercer local fue desactivado
La escalada no terminó ahí. En la avenida América Oeste, frente a otro local de la misma licorería Tabaco y Ron, la Policía halló un tercer artefacto explosivo que, por fortuna, fue desactivado antes de detonar. Este hallazgo confirma que el ataque fue múltiple y que los extorsionadores tenían como objetivo golpear de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.
Ataques en pleno estado de emergencia
Todo ocurre pocos días después de que el Gobierno prorrogara el estado de emergencia en Trujillo, una medida que, a la luz de los hechos, parece no disuadir a la delincuencia organizada. Aunque la Policía Nacional informó sobre la detención del sujeto que dejó el explosivo en la avenida Fátima, el mensaje criminal es contundente: la extorsión actúa con coordinación, impunidad y sin respeto por las medidas excepcionales.
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