En Arequipa, las intensas lluvias registradas la tarde del miércoles 15 de enero provocaron deslizamientos que afectaron la vía de acceso al distrito de Tisco, en la provincia de Caylloma, generando la restricción del tránsito vehicular en la zona, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
El Gobierno Regional precisó que los deslizamientos ocasionaron daños en la infraestructura de transporte, lo que obligó a limitar el paso de vehículos mientras se evalúa el estado de la vía. Ante esta situación, pobladores del sector realizaron labores de limpieza con herramientas manuales para habilitar de manera temporal el tránsito.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas, aunque recomendaron a los conductores transitar con precaución debido a las condiciones del terreno.
El COER informó que se mantiene el monitoreo permanente de la emergencia, mientras que el equipo técnico del distrito continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a fin de determinar las acciones necesarias para la atención de la zona afectada.
Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios por la vía de acceso a Tisco, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular.
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Cuestionaron que el Gobierno solo dialogue con dirigentes que no representan a la mayoría, mientras ellos, los verdaderos afectados, siguen siendo asesinados por extorsionadores.
El paro de transportistas ha dejado en evidencia los escasos resultados del gobierno de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana. Su forma de “escuchar” el reclamo de viudas, choferes y dueños de combis parece responder a una supuesta política de acercamiento a la gente, pero sin resultados concretos.
Así lo demostraron varios conductores de combi, quienes no dudaron en encarar al presidente frente a todos los medios de comunicación. Cuestionaron que el Gobierno solo dialogue con dirigentes que no representan a la mayoría, mientras ellos, los verdaderos afectados, siguen siendo asesinados por extorsionadores.
Con indignación, uno de ellos aseguró que más de 36 mil choferes de combi han migrado a otros países por miedo a morir de esa manera. Incluso confesó que él mismo ya tenía todo listo para irse. Pese a ello, el presidente se limitó a decir que su equipo tomará sus datos y programará más reuniones para “escuchar” sus demandas.
«Ya no hay plata para pagar. Yo soy uno de ellos que se prepara para irme a España porque aquí no hay seguridad», dijo.
Sus declaraciones no convencen. Especialistas advierten que, desde que José Jerí asumió el gobierno, las cifras de homicidios diarios se han incrementado, incluso por encima de las registradas durante el gobierno de Dina Boluarte.
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En todas las áreas protegidas del perú, la pesca industrial queda totalmente prohibida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó que la pesca industrial no puede realizarse en las Áreas Naturales Protegidas del Perú, al declarar infundada la demanda que presentó la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Con este fallo se cierra un prolongado proceso judicial y refuerza el marco legal de protección ambiental.
La petición que la SNP presentó contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) fue desestimada, dado que la Corte Suprema ratificó la sentencia emitida el 30 de mayo de 2024 por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que rechazó la acción popular interpuesta por la SNP contra una directiva de dicho servicio nacional.
Esa norma prohíbe que se extraigan a mayor escala los recursos hidrobiológicos —marinos o continentales— en todas las Áreas Naturales Protegidas del país, sin distinción de categoría. Esto, por cuanto cumplen una función clave para la biodiversidad, la pesca artesanal y la seguridad alimentaria. “La decisión judicial busca asegurar que estos ecosistemas sigan siendo reservas naturales para las futuras generaciones”.
Como se informó, los empresarios agremiados en la SNP sostenían que la ley permitía actividades extractivas en zonas de uso directo y que la directiva restringía indebidamente ese derecho. También argumentaban que la norma no se había publicado correctamente y que contradecía disposiciones ambientales posteriores, como el decreto que autorizó pesca a gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
Como se recuerda, la Segunda Sala Constitucional de Lima rechazó la demanda el 30 de mayo de 2024, y la SNP apeló. Pero la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirmó ese fallo, cerrando definitivamente el proceso.
Lo que concluye el tribunal en su fallo es que:
La prohibición de pesca industrial en áreas protegidas existe desde 2001, en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
La directiva del Sernanp no crea una nueva prohibición, sino que reafirma una norma ya vigente.
La ley prioriza el uso de recursos por poblaciones locales y bajo planes de manejo, no la extracción a gran escala.
La conservación del medio ambiente prevalece sobre los intereses económicos, según la Constitución.
Además, los jueces señalaron que la publicación de la directiva fue válida y que no se vulneró el principio de seguridad jurídica.
Corte declara infundada petición de la SNP
En su decisión, la Corte consideró que la SNP interpretó de manera incorrecta la Ley de Áreas Naturales Protegidas. “Aunque la norma permite actividades económicas en algunas zonas, estas deben ser sostenibles, reguladas y orientadas principalmente a las comunidades locales, no a la pesca industrial”.
Además, descartó que el caso de la Dorsal de Nasca pueda usarse como precedente general, al tratarse de una situación específica.
Así, la Corte Suprema termina cualquier intento legal de permitir la pesca industrial dentro de parques, reservas y otras áreas protegidas del país. La sentencia es definitiva e inimpugnable.
Asimismo, en este fallo considerado histórico, la Corte refuerza el rol del Sernanp como autoridad encargada de proteger estos espacios y confirma que las Áreas Naturales Protegidas deben mantenerse como zonas de conservación, investigación y uso sostenible, no como espacios de explotación a gran escala.
La justicia peruana prioriza la protección ambiental frente a los intereses de la pesca industrial, en un contexto de creciente presión sobre los recursos marinos del país, sentenciaron.
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Municipalidad de Arequipa señaló que unidad de la Empresa Paucarpata no tiene autorización para realizar transporte urbano.
Al menos siete vehículos colisionaron en la calle Puente Grau, en el Cercado de Arequipa. Un vehículo que brinda servició al distrito de Paucarpata embistió a las otras seis unidades que circulaban por la vía. Según explicaron algunos de los damnificados, el bus viajaba a excesiva velocidad y en un momento se le vaciaron los frenos. La violencia de la colisión ocasionó riesgo de incendio al haber pérdida de combustible en algunos de los automóviles involucrados.
De acuerdo con los primeros reportes se registraron 10 personas con heridas leves. En tanto, el conductor del bus de la Empresa Paucarpata S.A. fue trasladado a la Comisaría de Santa Martha. Según testimonios de los choferes afectados, el detenido se mostraba agresivo y profirió agresiones verbales contra otros conductores.
Hasta la zona llegaron ambulancias de la Compañía de Bomberos para auxiliar a las personas afectadas por la colisión. Una de las unidades embestidas fue una motocicleta. Su chofer se encontraba conduciendo el vehículo cuando se percató del siniestro y pudo alejarse de la ruta de impacto. Además de la motocicleta, el bus colisionó a otra unidad de transporte público, tres vehículos particulares y una minivan.
Uno de los conductores relató que la mayoría de las unidades involucradas se encontraban detenidas por la congestión vehicular en la zona, producto de las obras en la avenida Juan de la Torre. En un primer momento escucharon la colisión inicial con el otro bus impactado, para luego ir embistiendo a los demás automóviles afectados.
En tanto, otro de los perjudicados dijo que recibió amenazas de parte del chofer presuntamente responsable. Señaló que el accidente fue muy rápido por la gran velocidad a la que iba el bus de Paucarpata. Asimismo, exigió que el conductor responsable sea sometido a los exámenes toxicológicos y de alcoholemia correspondientes.
Bus que ocasionó accidente no tenía autorización para hacer transporte público
Tras el siniestro, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) negó que el bus que protagonizó el accidente esté acreditado en el Sistema Integrado de Transportes (SIT). Mediante un comunicado, la comuna señaló que la unidad de placa A1C-759, de la Empresa Paucarpata S.A., no cuenta con autorización para realizar el servicio de transporte público.
En ese sentido, la comuna señaló que el vehículo hace uso ilegal de los logos y emblemas del SIT. Señalaron que se trata de una afectación grave al marco legal en que se desenvuelve el transporte urbano. Anunciaron que interpondrán las denuncias correspondientes para sancionar a los responsables de vulnerar la normativa. Asimismo, anunciaron que continuarán con las acciones de fiscalización a las unidades de transporte público.
De otro lado, algunos de los damnificados expresaron su rechazo a las obras que la Municipalidad de Arequipa viene realizando en la avenida Juan de la Torre. Producto de esos trabajos, los vehículos que bajaban por la vía ahora deben ingresar por las calles Peral, Ayacucho y Puente Grau. Estas circunstancias provocan intensa congestión vehicular en las vías antes mencionadas.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
Las precipitaciones constantes que azotaron la provincia de Arequipa durante el último miércoles generaron una serie de emergencias que pusieron a prueba la infraestructura urbana y la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Uno de los puntos de mayor tensión ocurrió en el distrito de Socabaya, donde una obra de construcción de portales de bienvenida se convirtió en un cuello de botella para miles de ciudadanos que intentaban desplazarse hacia sus centros de trabajo.
Funcionarios de la municipalidad distrital pidieron disculpas a la población y admitieron que la intensidad y continuidad de las lluvias superaron los pronósticos iniciales de precipitaciones moderadas que manejaba el contratista.
La funcionaria explicó que el plan de contingencia original contemplaba un desvío de máximo diez días; sin embargo, el temporal obligó a replantear la estrategia de trabajo para evitar un perjuicio mayor. Ante el reclamo de los vecinos, quienes señalaron el peligro de transitar bajo andamios mientras los obreros desmontan estructuras, la municipalidad dispuso la apertura de un carril habilitado para vehículos menores y transporte público.
Para mitigar la congestión, los vehículos pesados ahora deben utilizar rutas alternas por el sector de Sabandía. Pese al malestar de los residentes, quienes calificaron la gestión del alcalde como ineficiente ante la temporada de lluvias, la gerencia confirmó que la obra no se paralizará y esperan culminar los trabajos la próxima semana.
Emergencias y rescates en el resto de la provincia
La situación climática no solo afectó a Socabaya, sino que extendió su impacto a más de diez distritos de la provincia, los cuales se encuentran en una situación de riesgo elevado. En el distrito de Alto Selva Alegre, las autoridades informaron que las lluvias dañaron infraestructuras en una obra que actualmente se encuentra abandonada, lo que incrementa la vulnerabilidad de las viviendas colindantes. Por otro lado, la saturación de las vías en zonas como el Cercado y José Luis Bustamante y Rivero complicó el flujo peatonal y vehicular tras dos días de actividad pluvial ininterrumpida.
El reporte de daños más crítico incluyó el rescate de dos hombres que quedaron atrapados en medio de una torrentera, una situación que obligó a una intervención rápida de los cuerpos de auxilio para evitar una tragedia. Los especialistas mantienen la alerta en las zonas cercanas a las faldas volcánicas, donde el riesgo de flujos de lodo y escombros aumenta con cada tormenta. Mientras la población de Socabaya camina entre el barro y las estructuras metálicas para alcanzar sus medios de transporte, la ciudad de Arequipa enfrenta el reto de gestionar una temporada de lluvias que, según los últimos registros, muestra una persistencia mayor a la que las autoridades locales previeron originalmente.
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Lo que inicialmente se proyectó como el motor agroindustrial del sur del país, se ha transformado en una compleja red de conflictos legales, técnicos y políticos.
El proyecto Majes Siguas II representa, sin duda, el mayor desafío de infraestructura en la historia reciente de Arequipa. Lo que inicialmente se proyectó como el motor agroindustrial del sur del país, capaz de generar miles de empleos y divisas millonarias, se ha transformado en una compleja red de conflictos legales, técnicos y políticos que superan la década de estancamiento.
A lo largo de los años, el proyecto ha pasado por diversas administraciones regionales que, a pesar de las promesas, no lograron reactivar las obras. La segunda etapa de este megaproyecto agrícola ha enfrentado obstáculos desde su concepción, marcando una brecha de oportunidad económica que afecta directamente al desarrollo regional.
Una década de parálisis y desencuentros territoriales
La historia crítica de Majes Siguas II comenzó a intensificarse entre 2008 y 2010. En aquel periodo, surgieron disputas territoriales con la región Cusco, específicamente con la provincia de Espinar, por el uso de los recursos hídricos. Aunque la concesión se otorgó al consorcio Cobra en 2010, las acciones legales interpuestas por las comunidades vecinas frenaron el avance de la represa de Angostura.
En 2014, se realizó un acto simbólico de inicio de obras que no prosperó. En noviembre del 2017, parecía que todo estaba nuevamente enrumbado, ya que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski y Yamila Osorio anunciaron la construcción del Túnel Trasandino para el trasvase de aguas del río Apurímac y su posterior represamiento en Angostura.
Pero ante la sorpresa de todos y con la sofisticada maquinaria ya en el campamento del proyecto, en diciembre de 2017 la concesionaria Angostura Siguas paralizó las obras. Adujeron que se debía actualizar el sistema de riego, ya que el aprobado en 2010 era obsoleto para la nueva tecnología. Propuso entonces la suscripción de una nueva adenda para el cambio tecnológico que implicaba una actualización de costos por 100 millones de dólares adicionales.
El traspaso al Gobierno Central y el escenario actual
Tras el fracaso de los intentos regionales por destrabar el contrato, Rohel Sánchez asume el Gobierno Regional, con la esperanza de ser la primera autoridad regional en lograr destrabar el proyecto. Lamentablemente, también fracasó, y consciente que el problema lo desbordaba, decide que el Ejecutivo asuma su administración.
En julio de 2024, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) transfirió formalmente la titularidad del proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta decisión se tomó ante la incapacidad técnica y financiera de la región para enfrentar el arbitraje internacional solicitado por la concesionaria ante el CIADI.
A finales de 2024 e inicios de 2025, el panorama se ha centrado en dos frentes críticos que el Midagri intenta gestionar de manera paralela para evitar que el retraso se prolongue más allá de lo proyectado inicialmente. Todo esto, con el entorpecimiento de las gestiones, tras la vacancia de Dina Boluarte.
Gestión del Arbitraje Internacional: El Estado peruano enfrenta una demanda millonaria por parte del consorcio Cobra. El proceso legal es actualmente la principal barrera para iniciar cualquier obra física en la zona de la segunda etapa.
Mantenimiento de la Etapa I: Una de las prioridades establecidas por el Ejecutivo nacional es la reparación urgente del túnel 9 y el canal de aducción de la primera etapa, cuya infraestructura presenta graves daños estructurales que ponen en riesgo el riego de las hectáreas ya existentes enArequipa.
El Gobierno Central ha manifestado su intención de ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Estado a Estado (G2G). Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha sido enfático en que la reactivación real no será inmediata. Según las estimaciones oficiales y de especialistas, los procesos de licitación y resolución de controversias podrían extenderse varios años más.
Este sería el escenario más optimista:
Fase 1: El arbitraje internacional (2024-2028): Tras la caducidad del contrato con la empresa Cobra, el proceso en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) tiene una duración estimada de 4 años. Durante este tiempo, la seguridad jurídica para nuevas inversiones es limitada.
Fase 2: Reparación de Majes I (2025-2029): Es la prioridad inmediata. Se deben reparar el Túnel 9 y el Canal de aducción, que presentan un riesgo inminente de colapso. Estas obras, bajo la modalidad de Estado a Estado, tomarán al menos 5 años para asegurar que el agua llegue a las futuras tierras de Siguas.
Fase 3: Construcción de la etapa II (2031-2035): Una vez resuelto el litigio y estabilizada la infraestructura actual, la construcción de la Represa de Angostura y el sistema de derivación requiere un periodo de ejecución física de 4 años.
Mientras tanto, la región Arequipa continúa esperando que el desierto se transforme finalmente en el polo exportador que se prometió hace más de 13 años.
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Las lluvias intensas en Cusco han puesto en riesgo el turismo y la economía local, con alertas por deslizamientos, rutas colapsadas y posibles restricciones en destinos clave como Choquequirao.
PASÓ EN EL Perú | El proyecto Conserva Aves impulsa la conservación de la biodiversidad y el aviturismo en Carpish, Huánuco, promoviendo el turismo sostenible y generando oportunidades para las comunidades locales.
Las lluvias intensas en Cusco han puesto en riesgo el turismo y la economía local, con alertas por deslizamientos, rutas colapsadas y posibles restricciones en destinos clave como Choquequirao.
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Presidente José Jerí anunció que tendrá reglamento de nueva ley contra extorsiones, a más tardar, el lunes
José Jerí ningunea a profesores al rechazar comparaciones con Pedro Castillo por su reunión nocturna con empresario chino Johnny Yang
IDL logra que el PJ declare inadmisible la polémica ley “antiong” aprobada por el Congreso: ONG sí podrá demandar al Estado
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PICO A PICO | La suspensión por seis meses del fiscal José Domingo Pérez, dispuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, parece ser un paso previo a su eventual salida definitiva de la institución. ¿Por qué lo quieren sacar? Pérez es considerado un adversario político de Keiko Fujimori, a quien investigó junto a su partido, Fuerza Popular. La pregunta queda abierta: ¿se trata de una sanción administrativa legítima o de un intento por remover a un fiscal incómodo?
Mira el programa completo https://www.youtube.com/watch?v=L7Bh2tGXRPQ
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El presidente Jerí, en un arrebato de prontitud gubernamental, anunció que la reglamentación de la Ley 32490 contra el crimen organizado estará lista, «como máximo», este fin de semana, para que entre en vigor el lunes. Así, en cuestión de horas, el país contará con un Grupo Interinstitucional de élite (GIES), cuyos miembros pasarán pruebas de polígrafo semestrales, y con inteligencia financiera para rastrear los “cupos” extorsivos.
Además, la ley contempla un Fondo estatal de riesgo para proteger económicamente a las empresas, inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos, y la incautación de bienes y cuentas usadas para recibir el dinero de las extorsiones. Paralelamente, y como joya de la corona operativa, el MTC detalló la regulación contra las motos con dos ocupantes, modalidad favorita de los sicarios: la primera infracción será «muy grave» con multa y pérdida de puntos; la segunda tendrá una sanción tan ejemplar que te dejará sin brevete para siempre.
La estrategia es clara: si no puedes con el sicario, acaba con su moto.
José Jerí ningunea a profesores al rechazar comparaciones con Pedro Castillo por su reunión nocturna con empresario chino
Las escapaditas de José Jerí siguen trayendo cola. El engreído de Milagros Leiva tuvo que dar la cara por su escapadita nocturna al chifa del empresario chino Jhonny Yang. Sin embargo, al coqueto de palacio se le borró la sonrisa por las evidentes comparaciones con las reuniones del expresidente y ‘prosor’ Pedro Castillo en la icónica Casa de Sarratea. En medio de sus excusas, al presidente Stradivarius se le escapó un tufillo de clasismo al ningunear a los profesores.
Si bien el flamante monigote del pacto reconoció que fue un error su encuentro nocturno, le restó importancia al hecho que Jhonny Yang estuviera fuertemente vinculado a Nicanor Boluarte, aunque su subconsciente lo traicionó y terminó aceptando que es un dinámico. DINA-mico. Parece que esta máquina ya le dieron su aceitada.
IDL logra que el PJ declare inadmisible la polémica ley “antiong” aprobada por el Congreso: ONG sí podrá demandar al Estado
En un giro que, por momentos, hace creer que el derecho todavía respira, el Poder Judicial declaró fundada la demanda de acción de amparo presentada por elInstituto de Defensa Legal (IDL) contra el Congreso por la aplicación de la controvertidaley APCI, también conocida como ley “antiong”.
Esta norma, aprobada con entusiasmo parlamentario, ha sometido a las ONG a la fiscalización y castigo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, imponiendo sanciones de hasta 500 UIT por algo tan peligroso como brindar defensa legal a ciudadanos que decidan demandar al Estado. Un crimen imperdonable, al parecer.
La resolución judicial es clara: IDL no deberá pedir permiso a la APCI y podrá seguir defendiendo a personas sin recursos que necesiten acudir a la justicia frente a abusos estatales. Según la sala, la ley genera un grave impacto contra derechos fundamentales invocados en la demanda, como el derecho a la defensa. Detalles menores para el Congreso, evidentemente.
¿Y quién casi entra en combustión espontánea? Exacto: Fernando Rospigliosi. Fiel a su estilo, el congresista reaccionó reafirmando su amenaza contra el Poder Judicial y sugiriendo que ahora sí es momento de “barrer” con quienes trabajan allí, porque cuando la ley no obedece al Congreso, el problema es la ley… o los jueces.
Por ahora, el marcador queda así: un pequeño triunfo para el derecho y una enorme rabieta política
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
– Encaran a Jerí en el paro, mientras fujimorismo festeja – Fujimorismo festeja en grande, pero nuevas investigaciones solo ratifican el caso Cocteles – Declaran inaplicable ley AntiONG, Rospigliosi estalla – Milagros Leiva al descubierto – Trump y su ley de la selva: Estados Unidos en caos
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La temporada de lluvias en el sur y centro del país no solo viene afectando a familias y conductores, sino también a los animales. Los más vulnerables son los animales callejeros, que soportan el frío extremo y deben sortear inundaciones para sobrevivir. En Arequipa, un usuario captó a un perro atrapado en una torrentera, en serio riesgo de ser arrastrado por la fuerza del agua. Por suerte, una mujer logró rescatarlo a tiempo. En tanto, en Ayacucho se ha reportado la muerte de alpacas a causa de las granizadas y las bajas temperaturas.
Estos hechos evidencian una emergencia silenciosa que también golpea a la fauna y pone en urgencia la necesidad de acciones de protección y auxilio.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Organizaciones y testimonios han señalado que la violencia en Juliaca fue parte de un proceso de represión más amplio por parte de las fuerzas del orden.
La periodista Milagros Leiva fue desmentida en vivo por seguir usando fake news para justificar la represión en Juliaca. La falsa narrativa sobre lo ocurrido el 9 de enero aún persiste en algunos sectores, como la idea de que el suboficial Luis Soncco fue quemado vivo por una turba o de que los manifestantes atacaron primero con explosivos para tomar el aeropuerto.
Según informes oficiales, Soncco no fue quemado vivo por manifestantes. La necropsia y la investigación pericial confirmaron que el suboficial fue asesinado por un disparo de bala y falleció por traumatismo encéfalo craneano, y un expolicía retirado fue posteriormente condenado a 35 años de prisión por su asesinato, lo que refuta la versión simplista y sensacionalista que algunos difundieron.
Además, organizaciones y testimonios han señalado que la violencia en Juliaca fue parte de un proceso de represión más amplio por parte de las fuerzas del orden. Human Rights Watch indicó que la mayoría de las víctimas murieron por heridas causadas por balas disparadas por la policía, y que el uso de fuerza letal fue determinante en el saldo mortal de esa jornada.
Sobre la afirmación de supuestos ataques iniciales de manifestantes, el expolicía Jhon Yataco denunció la presencia de infiltrados “terna” durante las protestas, lo que demostraría la manipulación para deslegitimar las movilizaciones populares. Esto coincide con el rechazo que expresan familiares y colectivos de memoria, que sostienen que la violencia no comenzó con los manifestantes desarmados, sino con la respuesta desproporcionada del aparato de seguridad.
Pese a estos hechos, ciertos comunicadores y sectores políticos aún reproducen relatos que contradicen datos forenses y judiciales, lo que contribuye a la desinformación.
Tras más de ocho horas de precipitaciones continuas, se reportó un huaico que bloqueó la Panamericana Sur a la altura del sector Puerto Viejo, en el distrito de Chala
Las lluvias recién han llegado a Arequipa y ya vienen causando estragos. Tras más de ocho horas de precipitaciones continuas, se reportó un huaico que bloqueó la Panamericana Sur a la altura del sector Puerto Viejo, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí. En tanto, en la Ciudad Blanca se registraron aniegos y daños en diversas vías, además de cortes de fluido eléctrico que afectaron a familias de distritos como Cerro Colorado. De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, Arequipa soportará lluvias constantes hasta el viernes.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La obra, cuyo costo de inversión aprobado y actualizado asciende a S/ 4 millones 859 mil 356, tiene como objetivo mejorar la captación y conducción de aguas residuales
El proyecto de mejoramiento y ampliación del colector primario de alcantarillado Arrayanes, destinado a optimizar el sistema de saneamiento en Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca y el Cercado de Arequipa, presenta retrasos en la elaboración de su expediente técnico, según un informe de la Contraloría General de la República.
La obra, cuyo costo de inversión aprobado y actualizado asciende a S/ 4 millones 859 mil 356, tiene como objetivo mejorar la captación y conducción de aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada. De concretarse, permitiría beneficiar de manera directa a 175 mil 814 habitantes, reduciendo riesgos sanitarios y mejorando la infraestructura de alcantarillado en zonas clave de la ciudad.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que las demoras en la etapa técnica podrían afectar la continuidad del proyecto y retrasar su futura ejecución. La alerta fue emitida tras una evaluación realizada entre el 16 y el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que se identificaron problemas en el cumplimiento de los plazos contractuales.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/0263-SVC, Sedapar y el supervisor del proyecto no detectaron a tiempo el incumplimiento del plazo para la entrega del segundo entregable. Esta omisión derivó en la suspensión del plazo sin el sustento técnico correspondiente.
El contrato de consultoría se firmó el 3 de julio de 2025 por un monto de S/ 181 mil 530, con un plazo de ejecución de 120 días calendario. Según los términos de referencia, el segundo entregable debía presentarse el 13 de octubre de 2025. Sin embargo, ese día recién se aprobó el primer avance.
Además, la consultora, el supervisor y funcionarios de Sedapar acordaron suspender la ejecución del servicio debido a la falta de permisos municipales. Estos permisos eran necesarios para llevar a cabo pruebas de calicatas y trabajos de campo en áreas públicas. La Contraloría comunicó el informe al presidente del directorio de la empresa para que adopte acciones preventivas y correctivas.
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El derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 frente a las costas de Ventanilla, provocado por la empresa Repsol, se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos del litoral peruano, tras el vertido de aproximadamente 11,900 barriles de crudo. El incidente ocasionó graves daños al ecosistema marino, la muerte de numerosas especies y […]
El derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 frente a las costas de Ventanilla, provocado por la empresa Repsol, se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos del litoral peruano, tras el vertido de aproximadamente 11,900 barriles de crudo. El incidente ocasionó graves daños al ecosistema marino, la muerte de numerosas especies y un fuerte impacto económico y social en los pescadores artesanales de la zona.
En ese momento, las autoridades estimaron que la limpieza de las playas afectadas podría tomar alrededor de tres semanas; sin embargo, hoy, a cuatro años del desastre, los pescadores y especialistas sostienen que el daño ambiental no solo continúa, sino que no ha sido adecuadamente remediado.
De acuerdo con los afectados, ninguno de los Planes de Rehabilitación presentados por Repsol La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA) ha sido aprobado por el Estado, debido a múltiples observaciones técnicas formuladas por diversas entidades. En consecuencia, hasta la fecha no se ejecuta ningún plan oficial de remediación que permita resolver de manera integral la contaminación derivada del derrame.
Evidencia científica en visita de campo
A mediados de diciembre de 2025, una comisión conformada por pescadores afectados, el biólogo marino Stefan Astermuller y el equipo técnico de CooperAcción realizó una visita de campo a la playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, con el objetivo de constatar la presencia de restos de petróleo en la zona.
Los pescadores demandan al Estado peruano y a la empresa responsable transparencia sobre el estado actual de los planes de remediación y un cronograma claro de ejecución. (Foto: CooperAcción)
Durante la inspección se aplicaron dos metodologías científicas utilizadas a nivel internacional: la búsqueda de “bolas de alquitrán”, correspondientes a hidrocarburos envejecidos, y la excavación de zanjas de hasta 70 centímetros de profundidad para identificar posibles capas de petróleo en el sedimento.
Tras la constatación visual, Astermuller señaló que las labores de limpieza realizadas habrían sido superficiales. Indicó que existen capas oscuras entre los 20 y 70 centímetros de profundidad que podrían corresponder a petróleo acumulado, además del hallazgo de una torta de alquitrán de aproximadamente 30 centímetros, mezclada con arena y restos vegetales, como evidencia de la persistencia de la contaminación.
Reclamos de los pescadores y observaciones pendientes
Los pescadores artesanales reiteraron su preocupación por la falta de avances reales en la remediación. Mercedes Yovera, dirigente de los afectados, señaló que la recopilación de muestras permitirá sustentar una demanda constitucional contra la empresa y cuestionó la ausencia de un rol más activo del Estado en la defensa del ambiente y de los medios de vida de las comunidades costeras.
En la misma línea, el pescador Alfredo Máximo de Garay afirmó que, pese a que se les hizo firmar documentos señalando que las playas estaban aptas para la pesca, la contaminación persiste. Alexander Ventura, por su parte, exigió la ejecución efectiva de planes de remediación que incluyan limpieza real de las playas, recuperación de los puntos de pesca y repoblamiento de las especies marinas afectadas.
Durante la inspección se aplicaron dos metodologías científicas utilizadas a nivel internacional: la búsqueda de “bolas de alquitrán”, correspondientes a hidrocarburos envejecidos, y la excavación de zanjas de hasta 70 centímetros de profundidad para identificar posibles capas de petróleo en el sedimento. (Foto: CooperAcción)
Según un informe de sistematización elaborado por CooperAcción, hasta el año 2025 se mantienen 606 observaciones técnicas sin levantar a los Planes de Rehabilitación presentados por RELAPASAA. Estas observaciones han sido formuladas por entidades como Serfor, Produce, Dicapi, Sernanp y Digesa, y abarcan zonas afectadas como Huacho, Chancay, Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla.
Ante este escenario, los pescadores demandan al Estado peruano y a la empresa responsable transparencia sobre el estado actual de los planes de remediación y un cronograma claro de ejecución, que permita garantizar la recuperación ambiental y el retorno seguro a sus actividades pesqueras, gravemente afectadas desde el derrame de 2022.
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El colapso total del puente del anexo de Palca dejó aisladas a cinco comunidades del distrito de Sancos, provincia de Lucanas, en medio de una temporada de lluvias intensas que ya provocó emergencias similares en varias zonas del sur del país. El alcalde distrital, Eder Allcca Medina, informó que la estructura cayó aproximadamente a las […]
El colapso total del puente del anexo de Palca dejó aisladas a cinco comunidades del distrito de Sancos, provincia de Lucanas, en medio de una temporada de lluvias intensas que ya provocó emergencias similares en varias zonas del sur del país. El alcalde distrital, Eder Allcca Medina, informó que la estructura cayó aproximadamente a las once de la noche del martes, impidiendo el tránsito de personas, vehículos y el traslado de alimentos y medicinas. Las comunidades afectadas son Palca, Chicalli, San Luis Bajo, Calapampa y Condorarma, cuyos pobladores ahora dependen de rutas alternas peligrosas o simplemente quedaron incomunicados. El alcalde señaló que intentó comunicarse sin éxito con la vicegobernadora regional, Tania Vila Sosa, para alertar sobre la emergencia y solicitar apoyo inmediato. También exigió la intervención del Gobierno Regional de Ayacucho y del Ejecutivo, al advertir que las lluvias continuarán y que no se debe esperar la pérdida de vidas para recién actuar.
Allcca Medina pidió el envío urgente de víveres, carpas y donaciones para las familias aisladas, y denunció que esta situación se repite todos los años durante la temporada de lluvias. Recordó que existe un convenio entre la comunidad campesina de Sancos y la empresa minera Sotrami S.A. para la construcción de un puente carrozable que beneficie a las cinco comunidades. Según dicho acuerdo, la obra debía ejecutarse en abril e inaugurarse en agosto; sin embargo, pese a un compromiso posterior de culminarla en cuatro meses, hasta ahora no fue entregada, a pesar de haber pasado más de un año. El alcalde anunció que viaja a Lima para reunirse con el presidente de la República y el ministro de Energía y Minas, con el fin de conocer la situación de las empresas con concesiones mineras en el distrito.
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La Municipalidad Provincial de Puno destinará más de 320 mil soles para la Festividad Virgen de la Candelaria 2026; ello involucra acciones en limpieza, seguridad, ordenamiento, transporte y otros. El presidente de la Comisión por Fiestas de la Candelaria, Yonell De La Cruz, precisó que se han establecido acciones conjuntas con la Federación Regional de […]
La Municipalidad Provincial de Puno destinará más de 320 mil soles para la Festividad Virgen de la Candelaria 2026; ello involucra acciones en limpieza, seguridad, ordenamiento, transporte y otros.
El presidente de la Comisión por Fiestas de la Candelaria, Yonell De La Cruz, precisó que se han establecido acciones conjuntas con la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno (Frfcp) para garantizar la seguridad de danzarines y público asistente.
“Hemos redoblado el presupuesto. Aumentaremos personal en serenazgo, limpieza pública y actividades económicas; además de establecer puntos estratégicos para la venta de comida y otros”, dijo.
Precisó que los comerciantes deberán ubicarse en cuatro puntos estratégicos: al frente de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; en la intersección de jirón Lampa con avenida Simón Bolívar; entre jirón Titicaca y Bolivar; y finalmente entre Banchero Rossi y Bolívar.
Respecto al transporte, precisó que se ha habilitado el pasaje Los Uros, para que las unidades que ingresen hacia San José, pasen por allí y empalmen con la trocha carrozable al frente de la UNA; mientras que para su regreso deberán circular por la avenida Floral.
Asimismo, para los baños públicos, dijo que la municipalidad adquirirá 90 baterías químicas, cada una por 105 soles, pero en total se tendrán alrededor de 130 baños químicos durante todo el trayecto de Jorge Basadre hasta Banchero Rossi.
Por su parte, el presidente de la Frfcp, Alexander Quispe Huaracha, dijo que el pasacalle de los conjuntos al salir del estadio durante los días de concurso, deberá ser correlativo; “no permitiremos que dejen espacios entre conjuntos. El pasacalle debe ser fluido, sino serán sancionados”, advirtió.
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La actual crisis en las carreteras de La Convención motiva a los pobladores de diversas zonas rurales a exigir soluciones inmediatas ante el fuerte impacto de las lluvias. Por esta razón, el ciudadano Elvis Chorobeki Maine, perteneciente a la comunidad nativa Yokiri en Quellouno, manifestó su gran preocupación por los desastres naturales. Los constantes deslizamientos […]
La actual crisis en las carreteras de La Convención motiva a los pobladores de diversas zonas rurales a exigir soluciones inmediatas ante el fuerte impacto de las lluvias. Por esta razón, el ciudadano Elvis Chorobeki Maine, perteneciente a la comunidad nativa Yokiri en Quellouno, manifestó su gran preocupación por los desastres naturales. Los constantes deslizamientos y huaycos en la región afectan la conservación del medio ambiente, según detalló el dirigente indígena con mucha claridad y firmeza.
Además, los habitantes demandan mejoras urgentes en las vías de comunicación porque el estado de las carreteras impide el traslado de productos agrícolas locales. Por ejemplo, Regino Miranda de la comunidad nativa Monte Carmelo en Echarati, calificó como pésima la situación actual de las rutas de acceso terrestre. Los residentes de Megantoni enfrentan serias dificultades para viajar hacia la capital provincial con el objetivo de vender todas sus cosechas de temporada.
La población muestra conformidad con los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos si los marcos legales se cumplen estrictamente hoy. Elvis Chorobeki agregó que las obras financiadas con recursos del canon suelen presentar ampliaciones innecesarias o paralizaciones que perjudican a los contribuyentes de Cusco. Los mecanismos de información deben mejorar considerablemente para que la transparencia sea una realidad palpable durante las próximas gestiones municipales y también provinciales.
Soluciones para la crisis por intensas lluvias en La Convención
Asimismo, Timoteo Díaz de la comunidad nativa de Miaria en Megantoni, exhortó a los futuros gobernantes a priorizar siempre el bienestar de las comunidades. Por consiguiente, los ciudadanos convencianos piden fortalecer la articulación con el sector privado para impulsar el desarrollo económico de toda la zona de selva. Las nuevas autoridades tienen la responsabilidad de atender los efectos climáticos mientras garantizan una ejecución presupuestal eficiente en beneficio de los sectores vulnerables.
El proceso electoral representa una oportunidad crítica para que los votantes elijan líderes comprometidos con la rendición de cuentas y la gestión operativa. Los pobladores rurales esperan que la comunicación fluida entre el Estado y las empresas privadas genere proyectos sostenibles que duren muchísimos años de vida. La crisis por intensas lluvias en La Convención solo terminará cuando las promesas de campaña se transformen en carreteras seguras y servicios básicos de alta calidad.
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Arequipa cuenta con 12 centros especializados para tratar la depresión.
La Red de Salud Arequipa Caylloma inició una serie de campañas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud mental y la lucha contra la depresión. Esta iniciativa surge en un contexto donde el 13 de enero se conmemora el día mundial de la lucha contra esta enfermedad, la cual escaló hasta convertirse en un problema de salud pública de gran relevancia. Actualmente, la región transita todavía por una etapa de post-pandemia, factor que impulsó la implementación de diversas medidas para mitigar los efectos psicológicos en la ciudadanía. Según los especialistas, la depresión es una condición que puede afectar a cualquier persona, sin distinción, manifestándose a través de señales que el entorno cercano debe aprender a reconocer para brindar un apoyo oportuno.
Identificar los síntomas principales resulta fundamental para una intervención eficaz. Los pacientes suelen presentar una tristeza excesiva y llanto frecuente, además de alteraciones en el apetito, que pueden derivar tanto en un aumento como en una disminución notable del mismo. Asimismo, los cambios en los patrones de sueño y las variaciones drásticas en el comportamiento diario sirven como indicadores de alerta. Por ejemplo, es común observar que las personas afectadas comienzan a desatender sus responsabilidades o actividades cotidianas que antes disfrutaban. La desmotivación se manifiesta cuando el individuo pierde las ganas de trabajar o estudiar, deja de participar en rutinas familiares como el desayuno o abandona la práctica de deportes. Durante el último año, la Red de Salud atendió casos que abarcan un amplio rango generacional, desde jóvenes de 16 años hasta adultos mayores de 84 años.
Capacidad de respuesta y zonas de mayor incidencia en la región
Los factores que desencadenan este cuadro clínico son diversos, aunque predominan los problemas familiares y las dificultades de carácter económico. Ante esta realidad, los familiares desempeñan un rol preventivo crucial al observar si existe un cambio de comportamiento significativo. El aislamiento, la falta de deseo de socializar, el llanto recurrente y la alteración del sueño son señales claras de que algo no marcha bien en el entorno de un compañero de trabajo, un hermano o un padre. La vigilancia constante entre los miembros de la familia permite identificar la problemática antes de que el cuadro se agrave, facilitando el acceso a los servicios profesionales de salud mental.
Arequipa se mantiene históricamente como una de las regiones con mayores índices de esta enfermedad, lo que obligó a ejecutar políticas de atención específicas. Desde el año 2015, las autoridades implementaron centros de salud mental comunitario, diseñados para atender casos que van de moderados a severos. En la actualidad, la Red de Salud Arequipa Caylloma dispone de 12 centros especializados distribuidos estratégicamente. Según la normativa vigente, cada uno de estos establecimientos debe brindar cobertura a una población de aproximadamente 100,000 habitantes. Si bien Arequipa cuenta con cerca de un millón 200 mil personas, lo que sugiere una infraestructura aparentemente adecuada, los representantes de salud reconocen que todavía persiste una brecha de servicios que debe cerrarse para garantizar una atención universal.
Los registros estadísticos permiten identificar áreas geográficas donde la incidencia de este trastorno es más marcada. Los distritos que reportaron una mayor cantidad de casos de depresión incluyen a Hunter, Paucarpata y José Luis Bustamante de Rivero. A esta lista se suman las zonas de Cerro Colorado y Chiguata, donde la concentración de pacientes evidencia la necesidad de fortalecer los programas de prevención local. La existencia de estos focos geográficos orienta a las autoridades para dirigir los recursos y las campañas de salud mental hacia los sectores que presentan una mayor vulnerabilidad emocional dentro de la provincia.
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