Mientras millones de personas sufren los efectos directos e indirectos de la pandemia, esta sirve como oportunidad para desbaratar los mitos que sostienen una forma de organización obscena por sus niveles desigualdad y destrucción. Hasta hace unos meses, era impensable que medios favorables al modelo económico imperante como el Financial Times reclamen una mayor intervención estatal en la economía, la adopción de “reformas radicales” y revertir las políticas financieras que hemos vivido en las últimas décadas.
Concebir y defender un sistema de salud pública como algo “solo para pobres”, naturalizar el recorte de su presupuesto y se mutilen los derechos laborales de su personal, así como celebrar la existencia de un abusivo sistema paralelo desde el sector privado, ha demostrado ser una receta para el fracaso. Toda inversión por el bien común y la reducción de brechas sociales ha probado ser esencial y las decisiones que se tomen en adelante deben orientarse a garantizar nuestra existencia, para sobrevivir esta pandemia o la siguiente. Ya se está hablando de una nueva concepción de ciudadanía universal donde solo podemos estar seguros si es que todos lo están. Mientras tanto, hay intereses económicos y antidemocráticos que detectan una nueva oportunidad para expandirse.
Mientras leía “La era del 11 de septiembre ha terminado”, respecto a la política y los discursos oficiales norteamericanos, intentaba dibujar sus paralelos con la realidad peruana. Nuestros gobernantes se enfrentan a un nuevo antagonista, al que es inútil ponerle apodos (“el perro del hortelano”, “los caviares”), al que no puedes silenciarlo con balas (Bagua), al que no puedes satanizar con comerciales y prensa servil (el pueblo del Valle de Tambo), al que no puedes corromper ni volverlo tránsfuga (Vladivideos, Kenjivideos), sobre el que no puedes cambiar la conversación echándole la culpa a otros (“son los venezolanos”) y que no puedes ignorar la ciencia y los hechos para enfrentarlo sin que tus acciones marquen tu futuro político (todos los gobernantes ante el cambio climático y el fenómeno del niño).
El consenso científico es que el desarrollo de una nueva vacuna es un proceso lento, siendo muy optimistas, hablamos de al menos 18 meses, eso sin contar la producción y distribución masiva. Se están explorando tratamientos de todo tipo, algunos con medicamentos diseñados para otras enfermedades. Mientras tanto, recurrimos a la estrategia del martillo (distanciamiento social) y la danza (eventuales y controladas vueltas a la normalidad) cuyo ritmo y éxito depende de muchos factores.
Esto nos lleva a la emergencia de medidas audaces a favor de las personas trabajadoras. Según como evolucione la pandemia, estamos llegando a un escenario donde, si perteneces a la clase trabajadora, no habrá diferencia si eres carpintera o artesana, si tienes un restaurante o una escuela de danza, si eres taxista o vendedor de flores. Todas y todos necesitaremos un apoyo estatal, aunque no sea necesariamente el mismo. Algunos pueden ser capacitados y reinsertados laboralmente para teletrabajar en el mediano plazo pero muchos no tendrán esa posibilidad.
El gobierno peruano, consciente de su precario sistema de salud, ha tomado decisiones acertadas (con algunos errores y tibiezas según el caso) y las está comunicando de una manera encomiable.
Lamentablemente, el rol del Ministerio de Cultura ha dejado mucho que desear. En las primeras tres semanas de la crisis, dicha institución calló en todos los idiomas. Seguramente el desempeño de la Ministra de Cultura, Sonia Guillén, haya sido afectado pues, junto a sus otros colegas, se le encargó el rol de “articuladora del Ejecutivo”. Por ejemplo, Perú 21 reportó el 10 de marzo que la Ministra estuvo en Ayacucho para verificar los protocolos para atención de casos de coronavirus, incluso prestó atención a una población afectada por un huaico. Este servicio a la patria en medio de la crisis es irreprochable, sin duda, pero por algo el Ministerio de Cultura es una institución cuya mirada y acción debe ir más allá de las posibilidades de quien la dirija.
En la anterior columna se reconocieron las distintas maneras que la sociedad civil activó en los primeros días de la emergencia y que fueron más allá de brindar espectáculos en línea, con un espíritu colaborativo y aprovechando su gran potencia: su diversidad. Se podría decir que la sociedad civil ha reaccionado de una manera dispar tanto en metodologías como en velocidad, pero esa demostración de voluntad política para construir, ese liderazgo, ha sido muchas veces más útil y significativo, que el ejercido por su máximo ente rector, el mismo que ya cuenta con una década de constituído (o de empezarse a constituir).
La misma evaluación podría efectuarse para sus corresponsables en las distintas regiones y ciudades del país. Apenas se han lanzado algunos conciertos, talleres y conversatorios en línea o compartido otros contenidos digitales pero siguen ausentes los anuncio de primeras medidas concretas para conocer, proteger y reactivar a futuro las vidas y actividades de las y los trabajadores de la cultura en sus jurisdicciones (y que estas acciones sean justas y fiscalizadas).
Luego de casi un mes de silencio, el Ministerio de Cultura, junto a la Municipalidad de Lima, lanzaron una encuesta nacional cuya fecha límite para recibir respuestas será el 12 de abril: bit.ly/EncuestaCulturalCOVID19 Esa encuesta tuvo que ser rectificada pues recibió varios comentarios luego de su primera publicación.
El silencio inicial y la forma del lanzamiento de ese primer estudio sobre los impactos del COVID-19 en el sector cultural demuestran que la política de caja negra es una de las prácticas que deben desaparecer y no volver después de la pandemia. Seguramente se están haciendo muchas cosas a puerta cerrada, pero trabajar de esa manera, sin anunciar una ruta, por más general que sea, nos lleva a la especulación sobre lo que se hace o no; limita la calidad de los aportes ciudadanos, deslegitima las medidas por no escuchar a sus principales involucrados y lleva a tomar decisiones apresuradas a quienes requieren de su apoyo.
En el debate público sobre el apoyo al sector cultural en contexto de crisis, predominan los comentarios con una visión reduccionista de lo cultural (cosa de artistas y farándula) y que lo subordinan a una visión economicista (industrias culturales). También encontramos acusaciones poco informadas o conspiranoicas como las que acusan automáticamente a cualquier colectividad organizada de buscar un bono para sí misma y nada más.
Es preocupante que, cuando esa conversación se traslada a los grandes medios de comunicación, se omita a la laboriosidad cultural que no encaja en análisis económicos desfasados, como la que encontramos en la Cultura Viva Comunitaria, en las luchas por la memoria y en el combate contra toda forma de violencia y desigualdad. Estas son evidencias del largo y empinado camino que le queda al sector para posicionarse ante la sociedad como lo que es, una gran fuente de posibilidades para cambiar al mundo.
Se puede aprender del Ministerio de Educación, que al anunciar sus medidas antes de estar listas, dio tranquilidad a millones de familias pues dicho horizonte sirve como un refuerzo psicológico para soportar y respetar la cuarentena. Esa voluntad de comunicación propició el interés y la solidaridad pública para que estas medidas sean efectivas (véase la polémica por el poco apoyo de la TV privada a #YoAprendoEnCasa). Desde el primer día de clases a distancia, las y los escolares, no solo están conscientes de las fechas y horarios, no solo están acumulando conocimientos; están reuniendo fuerzas e imaginando futuros.
Es hora que el Gobierno Peruano, a través de su Ministerio de Cultura, aprenda estas lecciones y aproveche la oportunidad para rectificar otros vacíos y errores de su primera década. Esa opacidad ya ha sido observada a lo largo de los varios intentos de construir una Política Nacional de Cultura. Sobre esto, la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales ha manifestado que “una política pública que no tiene en cuenta a la sociedad civil en su diseño, elaboración, implementación y evaluación no es sostenible ni legítima”. Es hora de abandonar la política de la caja negra, la que solo se puede revisar después del desastre.
Diego de la Cruz Salas, gestor cultural con experiencia en iniciativas de gobierno abierto de la cultura.
Descargo: el autor de esta columna ha mencionado a la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales (APOC), de la cual fue Coordinador Nacional de su Secretaría Técnica entre agosto de 2017 y noviembre de 2019. Esta columna no se atribuye representación alguna de dicha alianza.
