La percepción de una parte importante de la población es que el 2020 fue un año perdido. Entre contagios, cuarentenas y restricciones, las vidas de millones de personas alrededor del mundo se vieron afectadas por la pandemia. Buena parte de los planes y metas fijadas para el último curso tuvieron que posponerse. No solo para personas naturales, también lo padecieron, tanto entidades públicas como particulares y las autoridades.
En Arequipa, el sopor en que nos sumió la pandemia estuvo acompañado de una sensación de deriva. En parte, por la incertidumbre que supuso el confinamiento y la agudización de la crisis sanitaria, y por la ausencia de liderazgos sólidos en los peores momentos del estado de emergencia.
Sin ninguna autoridad regional o local decidida a tomar el timón de la coordinación de acciones, Arequipa se guio por la normativa nacional y la buena voluntad de un Comando Covid que fue aprendiendo sobre la marcha el como enfrentar una pandemia.
Desgobierno regional
En julio, el diagnóstico de la pandemia en Arequipa era crítico. Los principales hospitales y clínicas privadas de la región estaban saturados de pacientes contagiados, con colas interminables de personas en busca de atención y con síntomas de la enfermedad. Acceder a una cama de hospitalización tomaba días y ni que decir de las camas UCI.
Con el sistema sanitario regional bajo asedio, el clamor popular exigía que el gobierno nacional se haga cargo del sector Salud. Tanto gremios médicos, empresariales como cívicos coincidían en la necesidad de que el Ministerio de Salud gestione la pandemia. Sus pedidos fueron atendidos el 22 de julio, tres días después que Martín Vizcarra y la ministra Pilar Mazzetti visitaran el hospital Honorio Delgado.
La disposición dejó sin piso al gobernador Elmer Cáceres Llica, que el mismo día del anuncio aseguró que la intervención se producía a pedido del Gobierno Regional de Arequipa y que solo sería “de acompañamiento”. En esa ocasión, l autoridad regional aseguró que estaba demostrado que su gestión de la pandemia fue buena y que enseñarían “como manejar la pandemia” al resto del país.
Más allá de sus afirmaciones, los cuestionamientos a la administración de la Salud en la región son varios. Fuera de la instalación de plantas de oxígeno en el Honorio Delgado, el personal médico del referido nosocomio reclama por mejoras en equipamiento y retrasos en el mejoramiento de ambientes. Varias de las intervenciones realizadas al hospital aún siguen sin completarse, y son un riesgo potencial en caso se produzca la temida segunda ola con los trabajos en curso.
Respecto a inversiones, el primer año de Elmer Cáceres Llica como gobernador regional se cerró con dos grandes pendientes: el proyecto Majes Siguas II y la autopista Arequipa – La Joya. Dos megaobras entrampadas, que arrastraban pasivos complicados de gestiones previas.
Al cierre del 2020, ambas inversiones han visto avances mínimos. La esperanza de la agroexportación regional parece encaminada al destrabe, aunque no exenta de polémicas. La adenda 13, resistida por varios especialistas y consejeros regionales, parece destinada a aprobarse. Después de la espantada de la concesionaria, que amenazó con buscar la caducidad del contrato, Autodema y el Ejecutivo Regional se pusieron manos a la obra y obtuvieron alcanzaron un texto consensuado para la adenda. El preacuerdo no está exento de polémica por los beneficios que supone para constructora de la obra, la empresa española Cobra. Una serie de candados que les aseguran pagos por si va bien o mal el proyecto. Además de plazos ventajosos para el cierre financiero.
A grandes rasgos, la ejecución de inversiones tampoco fue bien en el año que nos deja. Arequipa tuvo el sexto peor registro de avance porcentual entre los gobiernos regionales del país, con un 44.5%. Solo por delante de Tumbes, Ica, Cajamarca, Callao y Áncash.
El accionar del gobernador tampoco ayudó a mejorar su año. Como máxima autoridad de la región, tuvo varios exabruptos que se hicieron mediáticos. El más reciente, relacionado a una resolución judicial que ordenaba su destitución del cargo. Dictamen al que cuestionó atacando con insultos al juez del caso, y por los que tuvo que disculparse públicamente. A ese episodio se sumaron sus continuas confrontaciones al expresidente Vizcarra y ministros. Además de algunas expresiones preocupantes, como su pedido de aprobar el uso del dióxido de cloro y abandonar las mascarillas.
Chatito discreto
A diferencia del año de Elmer Cáceres Llica, el 2020 de Omar Candia fue mucho más discreto. Quizás demasiado. Aunque sus responsabilidades como alcalde provincial de Arequipa lo situaban sin injerencia directa en el sistema sanitario, tuvo algunos desencuentros con el Comando Covid cuando este era liderado por el médico Gustavo Rondón Fudinaga.
La gestión del transporte público durante la pandemia fue el principal escollo entre ambos. En septiembre, la autoridad provincial emitió una ordenanza que permitía el uso del 100% del aforo en los buses del SIT. La disposición no se consultó con el Comando Covid, que, con Rondón a la cabeza, solicitó su derogación. En respuesta, Candia arguyó que la disposición fue propiciada por el mismo comando, al solicitar el pase de la región a la fase 3 de la reactivación económica y por consiguiente permitía el uso de todos los asientos de las unidades de transporte.
El episodio terminó de fracturar la poca unidad percibida entre ambas instancias. En varias ocasiones Rondón dio cuenta de la poca coordinación que mantenía la Municipalidad Provincial con el comando. Días después del impase, el 30 de septiembre, el médico anunció su renuncia al cargo.
La movilidad urbana tuvo el mayor énfasis durante este año. Se continuó con la implementación del Sistema Integrado de Transportes, aunque entre críticas por el reingreso de buses al corazón del Centro Histórico de Arequipa.
Aún sin completarse los trabajos iniciados en 2018, la MPA dio luz verde al uso del eje Jerusalén – San Juan de Dios por parte de las unidades del SIT. La disposición encendió las alarmas por el temor al impacto que la circulación de buses pueda traer a la zona monumental del Cercado. Empero, la mayor resistencia acabó llegando desde los comerciantes de la zona.
El mismo día de la inauguración del corredor exclusivo para transporte público, los comerciantes de San Juan de Dios realizaron plantones y protestas en la vía. Ellos denunciaban incumplimientos de parte del alcalde Omar Candia, que se habría comprometido a permitir el paso de taxis y vehículos para el transporte de sus mercancías. La resistencia de los vendedores, sumada a la baja rentabilidad de la ruta, acabó con la salida de varias empresas de transportes del eje vial y convirtiendo a Jerusalén – San Juan de Dios en casi una vía peatonal.
Otro anuncio de la autoridad relacionado al transporte fue acerca de los estudios de perfil del tranvía eléctrico. Se completó la primera parte de los mismos con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo. El coste preliminar por 16 kilómetros de tranvía se estimó en 600 millones de dólares. Se trata de un proyecto a largo plazo, dado que en el mejor de los casos las obras empezarían en el 2022.
En el último mes del año, la situación judicial de Omar Candia volvió a tomar relevancia. El 18 de diciembre inicio la audiencia de apelación contra la sentencia de seis años de cárcel en contra del alcalde, por la compra irregular de cámaras de seguridad cuando estaba al frente de Alto Selva Alegre.
La defensa de la autoridad municipal intenta la anulación de la pena, mientras que la Fiscalía solicita que esta se amplíe a nueve años de prisión efectiva. Si la Sala de Extinción de Dominio respalda la sentencia de primera instancia, Omar Candia deberá abandonar la Alcaldía de Arequipa e ingresar a prisión. Según adelantó el colegiado, se tendría una sentencia a inicios del 2021.
Otorongos desunidos
En la bancada arequipeña, cada uno tiró por su lado. Lejos de mantener esfuerzos comunes por la región, la descoordinación y diferencias se hicieron notar en varios momentos del año legislativo.
Más allá de algunos contados puntos de coincidencia, como en la ley a favor del hospital Goyeneche, no hubo coincidencias entre los seis parlamentarios que representan a Arequipa.
Así, las agendas de sus bancadas, y hasta particulares, pesaron más durante el 2020. Entre ellos, la figura más mediática fue la de Edgar Alarcón, de Unión Por el Perú (UPP). El excontralor de la República se constituyó en uno de los actores determinantes en los intentos de vacancia de Martín Vizcarra.
En el primero, fue responsable de presentar los audios de la exsecretaria presidencial Karem Roca y Richard Swing. Si bien el intento no cuajo, sirvió para derrumbar el entorno cercano de Vizcarra en Palacio de Gobierno. En el segundo, aunque jugó un papel menos gravitante, apoyó abiertamente los cuestionamientos. Una vacancia que sumió al país en una crisis política cuyas consecuencias seguimos padeciendo.
La confrontación entre Vizcarra y Alarcón no terminó con la destitución del moqueguano. Desde la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el congresista dirigió las investigaciones en su contra. Como resultado, el grupo de trabajo aprobó un informe final que recomienda inhabilitar 10 años al expresidente para el ejercicio de cargo público. Una conclusión que choca abiertamente con la intención del investigado de postular al Congreso por Somos Perú.
Así pues, las autoridades legislativas, lejos de mejorar su imagen con relación al Parlamento que fue cerrado con el apoyo popular, siguen deteriorando su imagen.
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