Las Bambas: conflicto sin fin

"El conflicto de Las Bambas data de hace más de 10 años. Las comunidades denuncian que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por lo que ellos han vuelto a ocupar los terrenos"

Columnista invitada

El conflicto de Las Bambas data de hace más de 10 años. Las comunidades denuncian que la minera MMG-Las Bambas ha incumplido una serie de compromisos, por lo que ellos han vuelto a ocupar los terrenos que vendieron. Una cláusula de confidencialidad entre la empresa y comunidades no permite clarificar el cumplimiento de los acuerdos. Mientras el gobierno en medio de haber declarado en Estado de Emergencia por 30 días a la zona, ha llamado a dos comunidades de Fuerabamba y Huancuire, que pertenecen a los distritos de Challhuahuacho y a la empresa cuprífera MMG, a una nueva mesa de diálogo para el próximo 7 de mayo.

El corredor minero del sur

El 2015 las comunidades del Distrito de Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, Región Apurímac, protestaron en contra de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental que cambió el diseño inicial de un mineroducto para el traslado del mineral por el subsuelo, por una carretera cercana a terrenos comunales. Así nacía el llamado corredor minero del sur.

Se constituyó una mesa de diálogo, se conformó grupos de trabajo, tiempo después, los conflictos continuaron. Luego, se han constituido nuevas mesas o espacios de diálogo, tras nuevas crisis, que en varias ocasiones han tenido lamentables saldos de pérdidas de vidas humanas.

En teoría, cada parte, debería ponerse a trabajar para el cumplimiento de los compromisos firmados. 
Sin embargo, después de un tiempo, vuelve a activarse el conflicto que parecía superado, hace crisis y se conforma un nuevo espacio de diálogo, los acuerdos incumplidos, son ahora la causa de nuevos conflictos sociales.

¿Quién controla el cumplimiento de los compromisos que asume el Estado y las empresas mineras con la población? La respuesta es, nadie. 

Incumplimientos en Las Bambas

Y no es que no haya espacios de trabajo de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Estado, que sí los hay, lo que falta es que exista un mandato para que las entidades encargadas del cumplimiento de los compromisos, se sientan obligadas a cumplirnos y que al mismo tiempo haya vías para su exigibilidad por parte de los interesados.

Las cláusulas de confidencialidad

Mención aparte merecen los compromisos asumidos por las empresas (varios tienen una cláusula de confidencialidad) que nadie vigila, nadie hace seguimiento y su cumplimiento, obedece únicamente a cuánto está dispuesta la empresa a cumplir lo pactado y a cuánta capacidad de presión tienen las poblaciones, es decir, todo está diseñado (o dejado al azar) para que los conflictos sociales, se mantengan latentes en el tiempo.

Los acuerdos no son vinculantes

Los acuerdos que asumen las partes en las mesas de diálogo son inexigibles legalmente, no hay ruta cierta para que los interesados viabilicen su cumplimiento. 
Ahí hay un enorme vacío normativo. La legislación no garantiza que los acuerdos se cumplan en el plazo acordado o sean exigibles con procedimientos que no impliquen nuevas acciones de fuerza. Es necesario generar herramientas para que los compromisos asumidos en las mesas de diálogo sean exigibles por las partes y el Estado; en salvaguarda de la paz social y la gobernanza.

La víspera del 29 de abril, la Minera Las Bambas desalojó a comuneros del sector de Takiruta que se encontraban en parte de sus terrenos. Para ello, la empresa minera ha invocado el artículo 920 del Código Civil que contempla la figura de la Defensa Posesoria Extrajudicial. En esa acción, han intervenido 700 miembros de la Policía Nacional del Perú.

Pero lo que ha causado preocupación es el vídeo publicado por el periodista cusqueño Víctor Salcedo y que ha corrido en las redes sociales. Se ve una veintena de hombres vestidos con chalecos de “policía” en el pecho, denunciando que habrían sido llevados “con engaños” por la minera; y que ellos no sabían que debían desalojar a la población que se encontraba en el lugar.

El Ejecutivo ha emitido un comunicado señalando que la declaratoria del estado de emergencia en la zona, no tiene nada que ver con la acción de desalojo realizada por la empresa minera; pero no se ha pronunciado sobre la presencia de civiles en la zona cumpliendo funciones reservadas para la policía.
Dejar hacer y dejar pasar, no es lo aconsejable cuando se está llamando a un nuevo diálogo entre las partes para este 7 de mayo en Las Bambas.

*Yorka Gamarra Boluarte es abogada, periodista, especialista en conflictividad social

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