Una de las obras más cuestionadas contra el encarcelado exgobernador Elmer Cáceres Llica es la plaza cívica en la asociación Jardín del Colca. Esta obra ejecutada en el distrito de Yura, le causó al Gobierno Regional de Arequipa un perjuicio de 5 millones 077 mil 667 soles.
La Contraloría General de la República emitió su informe sobre la auditoria a toda la obra, inaugurada por Cáceres Llica a inicios de septiembre del 2021.
El proyecto contemplaba el revestimiento de piedra laja, con esculturas artísticas de fibra de vidrio con motivos del valle del Colca (danzas, momia Juanita, cóndores). Además, se colocó un obelisco, así como una pileta ornamental, entre otros acabados
El costo inicial de esta plaza era de S/ 2 millones 897 mil 333 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios. La comuna de Yura elaboró el estudio de preinversión y el expediente técnico. Pero no se incluyó el Certificado de Restos Arqueológicos (CIRA), un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entre otros, que vuelven inviable la obra desde un inicio.
A pesar de esto, los documentos deficientes fueron aprobados y pagados por el municipio de Yura. El GRA tampoco observó la documentación e inició los trabajos bajo administración directa.
Direccionamiento en obra de Yura (Arequipa)
La Contraloría detectó el direccionamiento en la adquisición de piedra laja a un solo proveedor que tenía relación con el exalcalde de Yura. Además, se aprobaron modificaciones físico-financieras hasta por S/ 2 millones 321 mil 033 sin sustento alguno. Así, el costo de la obra terminó duplicándose a S/ 5 millones 077 mil 667.
Otro detalle de la irregularidad de la obra es que los terrenos que ocupa esta asociación no cuentan con saneamiento físico-legal. Igualmente, el 80% de la posesión se ubica en zonas de riesgo y fuera de la expansión urbana.
Ambas entidades contravinieron la normativa de los sistemas administrativos del Estado al priorizar la formulación y ejecución de un proyecto de inversión sin necesidad pública, puesto que no cumplía la finalidad de cerrar brechas de saneamiento u otros servicios básicos y benefició a intereses particulares de una Asociación, modificando presupuestos en el GRA para habilitar recursos con cargo a la anulación de otras partidas de inversiones necesarias y urgentes en salud, educación, ambiente, transportes y otros.
Informe final de la Contraloría General de la República.
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 22 exautoridades, exfuncionarios y exservidores de la actual gestión del GRA (2019-2022) y de la Municipalidad Distrital de Yura.
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