La captura de la organización “Los traficantes de la Pampa” ha devuelto cierta tranquilidad al distrito de La Joya, después de registrar, por años, diversos conflictos por la ocupación ilegal de terrenos.
Con la detención del exalcalde Gilmar Luna Boyer, el dirigente Juan Valencia Postigo y otros integrantes de la red criminal, la atención volvió a centrarse en el problema de las invasiones en Arequipa.
“Arequipa ha tenido un crecimiento bastante desordenado debido a que hay mucha demanda de terrenos y este mercado (…) ha sido aprovechado por una serie de asociaciones que tenían supuestamente fines de vivienda, pero que finalmente lo que buscaban era lucrar con la venta de terrenos del Estado”, argumentó en su momento la fiscal de crimen organizado, Alejandra Cárdenas, hablando de la detención de la supuesta mafia.
Y es que las pampas de La Joya, que contienen más de mil hectáreas de tierra eriaza, han despertado el interés de numerosas asociaciones de vivienda. Su ubicación estratégica frente a la Panamericana Sur y la irrigación San Camilo la convirtieron en una zona especialmente deseada.
Asimismo, se encuentra dentro de La Joya, un distrito arequipeño que lleva resaltado en su nombre las cualidades de sus tierras agrícolas y que ha experimentado un importante desarrollo económico en los últimos años.
El sueño hecho pesadilla
La Federación de Asociaciones Productivas Agropecuarias San Camilo – La Joya (FAPA), que reúne a unos 15 mil agricultores, ha sostenido por mucho tiempo conflictos con la asociación Aspproducto – Lucha contra la pobreza, liderada por el dirigente Juan Valencia Postigo.
El presidente de la FAPA, Eleazar Abarca, manifestó a El Búho, que los problemas surgían debido a que el dirigente promovía invasiones en la asociación Virgen de Chapi Ex Aspproducto, la cual está afiliada a la FAPA. Y eso lo hacía porque Valencia Postigo se atribuyó ser uno de los fundadores del proyecto de creación de casas huertas para fines agropecuarios en las pampas de La Joya.
“Cuando salió el señor Pablo Paredes (Cornejo) como alcalde de La Joya (1996-1998 y 1999 -2022), a él (Juan Valencia Postigo) se lo llevó como asesor. Pablo Paredes sacó una ordenanza municipal para dar esos terrenos para casa granja a la gente pobre, para que tenga un sustento. Se creó la Asociación Lucha contra la pobreza, pero cuando se instaló, él dejó a un lado al burgomaestre y se apoderó del proyecto”, indicó Abarca.
Los terrenos pertenecen al Ministerio de Agricultura. El municipio de La Joya hizo gestiones para que las tierras sean cedidas al proyecto luego que fracasara el convenio con la Asociación de Proyectos de Irrigaciones Privadas de La Joya (ASPRIDI), dijo el presidente de la FAPA.
Sin embargo, Valencia Postigo crea la FAPA para tomar posesión de las extensas pampas en el año 2000. Posteriormente, varios de los asociados, entre ellos Eleazar Abacar, se apartaron y dejaron solo a Valencia Postigo, al no estar de acuerdo con su manejo.
“Yo renuncié porque vi cosas que no me gustaron, a la semana se vinieron todos y él se quedó solo. Hicimos una reorganización y le dimos personería jurídica a la FAPA en el 2012, que hasta ese momento no tenía. Nuestro interés es la formalización para fines agropecuarios no para vivienda”, expresó.
La FAPA continúo el proceso de la formalización con el Ministerio de Agricultura, dijo Abarca. A raíz de las gestiones, consiguieron que una parte de las tierras sean traspasadas al Gobierno Regional de Arequipa y que éste se encargue del proceso de titulación. Mientras que la asociación Asproducto, de Juan Valencia Postigo, siguió otros caminos, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la investigación, el dirigente Juan Valencia Postigo y su asociación se apropiaron indebidamente de tierras del Estado con la colaboración de funcionarios y autoridades. Entre ellos se encuentra el exalcalde del centro poblado de San Camilo, Santos Zambrano Ramos. La exautoridad le adjudicó las tierras mediante una escritura imperfecta. De esta manera, el dirigente se adueñó de más de 700 hectáreas de las pampas de La Joya. Y, comenzó a lucrar con la venta de terrenos. Mientras que, paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició un procedimiento contencioso para revertir esos terrenos al Estado.
Violencia en las pampas
Además de la venta de lotes, el dirigente obtenía beneficios con los desalojos violentos que ordenaba, señaló el Ministerio Público. Una de las agraviadas fue Rosa Rampas, pobladora en la asociación Asproducto, quien se acercó desesperada hasta la Prefectura de Arequipa, pidiendo garantías para su vida. Lo hizo un día 27 de agosto de 2020, cuando todavía se cumplían una serie de restricciones por estado de emergencia impuesto por el Gobierno, debido a la pandemia de la covid-19. Ella brindó testimonio de los abusos que sufría por parte de Juan Valencia Postigo y su gente ante los medios de comunicación.
“Unos malos dirigentes me están queriendo sacar porque vendieron mi terreno a otra persona. Constantemente soy intimidada, soy objeto de amenazas por parte de estas personas (…) Me persiguieron más de 10 personas al mando de Maritza Callachet Quiroz, a quien yo le he identificado, por orden de Juan Valencia Postigo”, señaló muy mortificada.
La pobladora acusó al dirigente y a la mujer que había dirigido el ataque y robo hacia ella y su lote. “Me han perseguido para robarme. Han roto la puerta, han violentado la chapa de mi vivienda, me han sustraído todas mis pertenencias (…) He tenido que correr pidiendo auxilio”.
Rosa contó que llamó a una radio local para pedir ayuda. Gracias a ello, la policía apareció dos horas después de haber sufrido el ataque y robo. Presentó la denuncia en la comisaría de San Camilo, pero debido a la cuarentena, las investigaciones no tenían resultados.
Rosa Rampas dijo tener posesión de su lote desde hace 20 años. Y, en el mes de febrero se enteró que el dirigente lo vendió a otra persona por 4 mil soles. A pesar que ella tenía posesión del predio. Agregó que otros vecinos también sufrían de los mismos abusos, pero que por temor no denunciaban, pues el dirigente y sus colaboradores eran personas muy agresivas y violentas.
Así como el caso de la pobladora, existen otros muchos. Durante la audiencia en la que se debate los 36 meses de prisión preventiva para el dirigente, el exalcalde y otros 10 detenidos, la Fiscalía ha puesto sobre la mesa el historial de denuncias que lleva acumulado el dirigente.
Por ejemplo, un testigo protegido declaró que en el 2022 el dirigente le vendió dos lotes a 4 mil 500 soles cada uno. Él levantó dos casas prefabricadas e invirtió en ellos unos 20 mil soles, pero luego el dirigente los ofertó en Puno y Desagüadero.
Otra agraviada narró que pagó a Juan Valencia Postigo unos 11 mil soles, en el 2016, por un terreno que tenía tres dueños anteriores y ella iba ser la cuarta propietaria. Le pidió la devolución de su dinero, pero el dirigente se negaba y le daba diferentes excusas.
Asimismo, socios de Los Montoneros, otra asociación fundada por Valencia Postigo, lo acusaron también de estafa. El dirigente se había comprometido a darles tierras en Aspproducto, después de haber sido desalojados de otros lotes que compraron al dirigente. Para ello, despojaba a los socios de Aspproducto de sus tierras con la excusa de que no estaban en posesión, debían dinero a la asociación. O porque no tenían los permisos para hacer construcciones. Cualquier motivo era suficiente para desalojarlos.
También acusaron al dirigente de obligarlos a salir en marchas de protesta contra el actual gobierno. De lo contrario, eran multados con hasta 70 soles por inasistencia.
Colaboradores políticos
Juan Valencia Postigo coordinó con Gilmar Luna Boyer para dar continuidad a la estafa y tráfico de tierras. Para la Fiscalía, el exalcalde de la Joya ejerció un importante rol dentro de la presunta organización criminal.
El municipio distrital de La Joya emitió ordenanzas (N°08-2019) para que los pobladores únicamente puedan hacer trámites con la firma del dirigente. Asimismo, canalizaba la distribución de agua a través de una lista que entregaba el dirigente a la autoridad.
Durante la gestión de Luna Boyer, el municipio reconoció legalmente a Aspproducto como cooperativa, antes de haber culminado el trámite. Y también ordenó la visación de los planos para que Aspproducto realice el trámite para la adquisición definitiva de los terrenos.
El apoyo del exalcalde sería retribuido con dinero y votos en la campaña política que hizo para la alcaldía provincial de Arequipa, en el 2022.
Entre las pruebas que ha recabado la fiscalía para dar peso a su solicitud de prisión preventiva están las declaraciones de hasta 14 testigos protegidos. También las denuncias por desalojo que formularon decenas de socios en contra de la organización criminal.
El actual alcalde de La Joya, Christian Cuadros, indicó que en su anterior periodo (2015-2018) rechazó los pedidos del dirigente para la entrega de constancias de posesión. Añadió que Valencia Postigo pretendió presionarlo con plantones y movilizaciones en el municipio, pero sus solicitudes fueron denegadas.
“Nunca hubo un acercamiento. La primera vez que conversé con él, (su conversación) era de una forma matonesca, atrevida” dijo el alcalde refiriéndose al comportamiento del dirigente.
La representante de la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Begazo, indicó a El Búho que desde el 2016 han realizado al menos unos 50 desalojos en La Joya. Reconoció que, en este distrito, Cerro Colorado y Yura, se han ejecutado numerosos procesos de recuperación extrajudicial de tierras del Estado. Esto, en aplicación de la Ley 30230.
Begazo recalcó que las tierras únicamente pueden ser adquiridas mediante subasta pública y que debe respetarse el procedimiento y no invadir. Luego de eso, recién buscar formalizarse.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
