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Resolución de prisión preventiva contra Betssy Chávez y exministros Huerta y Sánchez se leerá el 26 de abril

Cerca de cuatro horas, el juez supremo Juan Checkley Soria escuchó a la representante de la Fiscalía, abogados defensores e inculpados.

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El 26 de abril a las 3 de la tarde, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria leerá la resolución que determine si se acepta la prisión preventiva por 18 meses que solicita el Ministerio Público para Betssy Chávez extitular de la Presidencia de Consejo de Ministros y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior) por el caso del golpe de Estado que perpetró el ex jefe de Estado Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022.

De acuerdo a la prognosis fiscal, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, podría recibir una condena de 23 años y 4 meses de prisión. En el caso que se le sigue por el presunto delito de rebelión. Esto, en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

La fiscal suprema adjunta, Galinka Mesa, explicó que también podría recibir una sentencia de 9 años, 11 meses y 30 días de cárcel. Si se le halla culpable del delito de conspiración.

Cerca de cuatro horas, el juez supremo Juan Checkley Soria escuchó a la representante de la Fiscalía, abogados defensores e inculpados.

¿Qué dice la tesis fiscal?

El Ministerio Público tiene como tesis que Betssy Chávez acordó junto con el expresidente Pedro Castillo y el exasesor Aníbal Torres, los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, “disolver el Congreso de la República. Así como reorganizar el sistema de justicia e instaurar un estado de excepción en el Perú”. Y que el acuerdo se materializó con el mensaje a la nación que leyó Pedro Castillo. “Vulnerándose así el orden constitucional y la autonomía de los entes estatales”.

La fiscal Galinka Mesa dijo que en el caso de la también exministra de Cultura existe peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, porque, no cuenta con arraigo domiciliario ni arraigo familiar ni laboral tras haber sido suspendida en sus funciones de congresista de la República.

Los abogados de Chávez Chino y el de los exministros Huerta Olivas y Sánchez Palomino coincidieron al momento de presentar sus alegatos en que la fiscalía había omitido algunos actos que demostraban su colaboración con la justicia e incluso que había mentido en algunos de los actuados como en la entrega de las notificaciones. También cuestionaron la valoración de la fiscalía sobre lo que considera como arraigo familiar y laboral, y expresaron que hubo discriminación.

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