Joaquín Ramírez Gamarra, actual alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, presentó un recurso de apelación para anular la decisión judicial de incautación que lo desposeyó de 256 bienes inmuebles.
El recurso de apelación cuestiona la legalidad de la resolución del Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Señala que “el juez no ha motivado la necesidad de la medida de incautación y desposesión de los bienes”.
Y que, además, desde marzo del 2021 existe una prohibición judicial inscrita en Registros Públicos para transferir la propiedad de los bienes. «Por lo que no es necesaria una medida más grave», señala el documento al que accedió La República.
“No se han individualizado los elementos de convicción que sustentan la necesidad de una incautación y que demuestren un peligro inminente de que los bienes vayan a desaparecer”, dice en la apelación.
Asimismo, dice que la medida se ejecutó cuando la orden judicial ya se encontraba vencida, pues el juez le dio dos semanas –a partir del 14 de marzo- al fiscal especializado en lavado de activos Wilson Salazar. Esto, para ejecutar la resolución judicial y proceder a incautar los bienes o esta vencería. Arguye José Luis Castillo Alva, abogado de Ramírez Gamarra que, para evitar la caducidad, el fiscal habría pedido una aclaración, que fue resuelta, según dice, cuando la decisión ya había finalizado.
El recurso de apelación, lo revisará el juez que concedió la medida de incautación y desposesión de los bienes. “Si el escrito cumple con las formalidades legales, el expediente subirá a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión”. Si la resolución se confirma, la incautación continuará. En caso contrario, los bienes retornan al dominio de Joaquín Ramírez.
Ramírez hizo millonarios contratos con ingresos de la UAP
Durante las incautaciones hechas a los múltiples bienes del excongresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, se encontraron copias de los millonarios contratos que hizo con su tío, el exrector y exgerente general de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado.
De acuerdo a estos documentos, en la gestión de Fidel Ramírez como rector de la UAP, Joaquín Ramírez le vendió, alquiló sus inmuebles por 30 años. Y también construyó otros a la universidad a través de sus 11 compañías por más de 183 millones de soles.
La principal de estas empresas es Lima Ingeniería & Construcción y recibió S/ 67,7 millones. Le siguen Constructora e Inmobiliaria Habitaria unos S/ 38,4 millones, Integral Technologies, S/ 32,6 millones. Y Capricornio Import, S/ 22,2 millones, de acuerdo con cálculos de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
“Los documentos prueban que, Fidel Ramírez mantuvo bajo control la universidad. Dispuso de los fondos de esta entidad para contratar preferentemente a empresas que manejaba su sobrino Joaquín Ramírez”, precisa un informe de La República.
Joaquín Ramírez recibía el 15% de los ingresos mensuales de la UAP
Con Lima Ingeniería y Construcción, la empresa preferida de Joaquín Ramírez y que fundó con un capital de S/5.100, suscribió “convenios de cooperación educativa” con Alas Peruanas obteniendo pingües ganancias.
Ramírez Gamarra declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que era propietario de las acciones de 9 empresas por más de S/13,2 millones. Esto, cuando candidateó a la alcaldía provincial de Cajamarca en 2022. Todas estaban —y siguen estando— bajo investigación por parte de la Fiscalía Especial en Lavado de Activos. Entre ellas, Lima Ingeniería y Construcción, “pieza clave” en la investigación al ex secretario general de Fuerza Popular.
“Aunque la constituyó el 28 de febrero de 2003 con un simple capital de 5.100 soles, se convirtió en el principal contratista de la Universidad Alas Peruanas (UAP). Esto, durante la gestión de su tío Fidel Ramírez Prado como rector y gerente general del centro de estudios”, precisa el informe.
Los “convenios de cooperación educativa”
Joaquín Ramírez, le vendía o alquilaba inmuebles a la UAP. También construía o refaccionaba los establecimientos universitarios a través de sus empresas. Pero otra de las frecuentes modalidades que Fidel Ramírez aplicó para favorecer a la empresa de su sobrino fueron los llamados “convenios de cooperación educativa”.
Con estos acuerdos -que firmaban Fidel Ramírez y Joaquín Ramírez-, el rector y gerente de la UAP pudo instalar una serie de filiales en todo el país, como en Cajamarca y Tumbes. El “convenio” consistía en que Joaquín Ramírez le cedía a su tío Fidel Ramírez un inmueble de su propiedad acondicionado como infraestructura educativa. A cambio le daba el 15% del total de los ingresos brutos mensuales que obtenía la UAP. Y por 30 años.
Hay un inmueble ubicado en El Bebedero, Tumbes, de propiedad de Lima Ingeniería y Construcción, que desde el 2007 estaba “cedido” a la UAP hasta el año 2037. Y otro en el Fundo Vista Alegre, Cajamarca, vigente hasta 2038. Según la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Lima Ingeniería y Construcción, entre 2003 y 2016 facturó a la UAP más de S/67,7 millones, durante la gestión de su tío.
Una información que resulta muy interesante según, Jorge Aspauza Razuri es que el abogado que firmaba los contratos entre Joaquín Ramírez Gamarra y su tío rector de Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado sería Willy Ramírez Chávarry, el mismo que aparece como presidente del jurado que le puso «Summa Cum Laude» a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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