Durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año, contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, dos jóvenes murieron por proyectiles de armas de fuego en la ciudad de Chao, de la provincia de Virú en la región La Libertad. Ambos eran trabajadores de empresas agroexportadoras.
Las dos víctimas son Segundo Nixon Sánchez Huaynacari de 23 años, natural de Loreto, quien murió el pasado 20 de enero. Y Carlos Huamán Cabrera de 26 años, natural de Amazonas, quien murió el 14 de diciembre de 2022.
Huamán Cabrera murió por “laceración pulmonar derecha por proyectil de arma de fuego”, lo cual desmentía la versión policial de que habría muerto porque le cayó un objeto contundente en la cabeza (piedra).
En tanto, Sánchez Huaynacari murió por “traumatismo abdominal abierto y herida perforante por PAF”, de acuerdo al certificado de necropsia emitido por la División Médico Legal II La Libertad.
Ambas muertes las investiga la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú por los presuntos delitos de homicidio simple y/o calificado.
Sobre la muerte de Nixon Sánchez Huaynacari, al general PNP Augusto Ríos Tiravanti, director de la III Macrorregión Policial de La Libertad, y al comisario de Virú, Juan Konga Carreño, los denunciaron como presuntos autores mediatos del delito de homicidio calificado.
“Nosotros estamos como testigos”, afirma general PNP Augusto Ríos Tiravanti
Mientras que al jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, Javier Méndez Yupanqui, lo denunciaron como presunto autor del delito de encubrimiento personal.
Para este 2 de mayo, la fiscal a cargo del caso Mirela Coronel Molero dispuso recoger la declaración de los tres oficiales PNP, pero esta diligencia se postergó.
“Hemos reprogramado la diligencia para una posterior fecha”, dijo el general PNP, Augusto Ríos Tiravanti.
“Nosotros estamos como testigos (sic). Vamos a declarar en base a lo que pregunte la Fiscalía. Estamos esperando que la Fiscalía determine cuándo es la fecha próxima de toma de declaración testimonial”, señaló a la prensa.
Investigación fue declarada compleja y carpetas aún no pasan a Lima
A esta investigación la declararon compleja, según OjoPúblico. Entonces, la Fiscalía dispuso que la fecha de vencimiento del caso será el 7 de noviembre de 2023.
“La investigación fue declarada compleja porque implica la individualización de efectivos policiales que participaron en el control de las manifestaciones. También se deberá recabar abundante información en Trujillo, tanto de entidades públicas como medios de comunicación. Así como se recabe un gran número de declaraciones, tanto testimoniales como de los investigados ya identificados y los que faltan identificar”, precisa la Fiscalía.
De acuerdo al portal OjoPúblico, las carpetas fiscales sobre estas dos muertes aún no se derivan a Lima, a pesar de que, el 3 de abril, la Fiscalía de la Nación anunció que todas las carpetas serían enviadas a un equipo especial de fiscales en derechos humanos.
Informe de Noticias Trujillo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú
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