El proyecto del Puerto Corío, en la región, aún espera una aprobación para hacerse realidad. El camino aún es largo, pese a la intención de hacerlo realidad por parte del gobierno regional de Arequipa (GRA). Según manifestó el gerente general del GRA, Leónidas Zavala, la aprobación se tiene que dar por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Debido a la magnitud del proyecto que incluye, además de un puerto, una ferroviaria, una ciudad, plantas industriales y petroquímicas, sería de alcance nacional y no tan solo regional. La iniciativa se debe dar por parte del APN que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El proyecto demandaría un costo de más de 2 mil millones de dólares.
Desde el gobierno regional mencionaron que la APN ya viene evaluando una iniciativa privada para construir el puerto marítimo, el que debería concluir en las próximas semanas. La primera semana de agosto llegará a Arequipa un equipo técnico de la APN para realizar una visita de campo y reunirse con el GORE Arequipa.
Como se sabe, son más de 17 años desde que se habla de este proyecto que se encuentra aún en idea. Tiene el objetivo de aumentar la exportación de material minero y agrícola, así como las importaciones, al ser un puerto de gran calado. Además, las embarcaciones grandes ya no llegarían a los puertos de Lima, sino directamente a Arequipa.
Convenio entre el gobierno regional de Arequipa y el APN
La gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Norma Mamani, manifestó que el convenio entre el GRA y el APN debe ser revisado. Actualmente se encuentran en plenas coordinaciones para su reformulación.
En julio del 2022, el GRA y la APN firmaron un convenio para que la entidad regional haga un informe sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, la gestión de Rohel Sánchez, en un oficio emitido en abril, pidió la resolución de dicho convenio. Esto, porque se establecía que el gobierno de Arequipa no cuenta con profesionales calificados y el proyecto debería pasar a ser parte del gobierno central.
“Cuando hablamos de competencias desde el punto de vista del sector público, hablamos de lo que está facultado un organismo, no de competencias profesionales. Creo que ahí no hemos sabido comunicar, porque era un documento interno y no público” justificó el gerente general del GRA, Leónidas Zavala.
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