Este martes 18 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal.
“La CIDH observa que, en el desempeño de sus funciones, el Juez Salas Arenas viene siendo objeto, de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, doxing, hostigamiento y amenazas de muerte”, dice en su comunicado.
Asimismo, recuerda que Salas Arenas es juez titular de la Corte Suprema y que desde julio 2021, tras las elecciones presidenciales, hubo campañas de noticias falsas y acusaciones contra las autoridades electorales por lo que es beneficiario de medidas cautelares por parte de la CIDH. “Debido al grave y urgente riesgo que enfrentaba”.
La comisión consideró que las medidas implementadas por el Estado peruano “no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, que los derechos de Salas Arenas”.
Medidas del Estado peruano no son suficientes
En tales circunstancias, «se encuentran en una situación de riesgo extremo y está expuesto a ser objeto de inminentes actos que materialicen la violación de sus derechos. Se encuentran en riesgo las personas integrantes de su núcleo familiar, en tanto pueden ser objeto de represalias por su vinculación familiar», advierten.
La CIDH le está pidiendo a la Corte que requiera al Estado peruano adopte las medidas adecuadas para proteger eficazmente los derechos a la vida e integridad personal de Salas Arenas, y de los integrantes de su núcleo familiar debidamente identificados. Y adopte las medidas necesarias para abordar el patrón de causas generadoras del riesgo del presidente del JNE.
“Las medidas provisionales son emitidas por la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen un carácter obligatorio para los Estados. Por lo que las decisiones contenidas en ellas exigen a los estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos. Y/o proteger la vida de personas que están en riesgo”, sentenció.
Congresista de Acción Popular propone que Perú salga de la Corte IDH
El congresista acciopopulista, Wilson Soto, presentó un proyecto que plantea invocar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, declare de “interés nacional” que el Perú se salga de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derecho Humanos.
Según refirió, esta iniciativa no vulnera ningún dispositivo normativo que se encuentra en la Constitución Política del Perú. Y busca de fondo que se pueda implementar la pena de muerte ante la ola de delincuencia que hay en Lima y diferentes regiones.
“Nuestra permanencia bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país. Esto, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población. Hablamos de la extorsión, el sicariato, asesinato, violación de menores, entre otros”, agrega.
Firman el proyecto otros congresistas de Acción Popular como Luis Aragón, Raúl Doroteo, Hilda Portero y José Arriola. También, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi, todos investigados o con denuncias.
En junio, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, también presentó un proyecto parecido. Tiene como fin “salvaguardar la soberanía e independencia” del país en concordancia con el artículo 43 de la Carta Magna.
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