Este 25 de agosto la comunidad originaria de Chuicuni, ubicada en el sector Juan Velasco Alvarado, distrito de Challhuahuacho, corre el riesgo de ser despojada de sus tierras ancestrales por una disposición emitida por el Juzgado Penal Liquidador de Tambobamba, en la región Apurímac.
La comunidad es acusada del delito de usurpación de tierras, pese a que el Estado reconoce el área como ancestral. Y a que ya existe una sentencia previa, según el código penal, en la que se contempla la restitución del bien inmueble supuestamente invadido.
La sentencia habilitó al Estado, a través del Ministerio de Educación, a autorizó a la comunidad de más de 400 hectáreas a construir un colegio de nivel inicial y primaria que hoy recibe a más de 60 alumnos por año. Ante ello, se exige la intervención inmediata de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Cotabambas. A fin de evitar que los niños y niñas de la comunidad queden sin acceso a su derecho a la educación.
“No sabemos cómo se va a ejecutar el desalojo porque no hay georreferenciación específica sobre el territorio que será restituido, no hay una especificación técnica que delimite el área, en el acta no está especificada del punto 1 al punto 2 con coordenadas tales, eso no hay”, explicó el abogado de la comunidad, Alexander Anglas.
El denunciante de las supuestas acciones de invasión es Héctor Cruz Mendoza, quien proviene de una familia de exhacendados. Según lo declarado por José Luis Yucra Gutiérrez, presidente de la comunidad, la familia Cruz reconocía a la comunidad como originaria desde hace décadas en Apurímac. Por tal motivo, desconocen las razones que motivaron dicha denuncia.
En junio del año pasado se inició un conflicto socioambiental entre la comunidad de Chuicuni y la empresa minera Las Bambas S.A. Las familias campesinas señalan que Las Bambas no cumple con compromisos asumidos y solicita formar parte del área de influencia directa de Las Bambas. Lee el pronunciamiento completo de la comunidad aquí.
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