La Contraloría identificó a 133 funcionarios públicos de la región Arequipa con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil, PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador) y administrativa. Estas cifras forman parte de los resultados del control gubernamental entre enero a septiembre de 2023.
La entidad informó que estas presuntas responsabilidades están sujetas al inicio de procesos administrativos o judiciales para determinar las sanciones correspondientes.
Aquellos funcionarios y servidores que registran presuntas responsabilidades, provienen de diferentes instituciones públicas. Entre ellas se encuentran las municipalidades distritales de Yura, Cayma, Yarabamba, Majes, Paucarpata, Uchumayo, La Joya, Yanahuara, Cerro Colorado y Socabaya.
Así también, los municipios provinciales de Camaná, Arequipa, Caravelí, Islay y La Unión. Asimismo, del Gobierno Regional de Arequipa y sus gerencias de Educación y Salud. También está la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la Ugel Sur.
Además, se encontró presuntas responsabilidades a funcionarios de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal). Por último, se detectó también a funcionarios de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Hugo Ponce, gerente regional de Control de Arequipa, informó que, de las 133 responsabilidades encontradas, 43 tendrían responsabilidad penal y 67 responsabilidad civil. Asimismo, 24 enfrentarían procesos administrativos sancionadores de la Contraloría debido a que se hallaron responsabilidades graves y muy graves. Finalmente, 70 tendrían responsabilidad administrativa de las entidades.
“El total de funcionarios involucrados son 133, muchos de ellos con más de una responsabilidad. Esta información nos muestra cómo ha sido el comportamiento de nuestras autoridades y funcionarios públicos, durante el presente periodo de tiempo”
Hugo Ponce, gerente regional de Control de Arequipa
Perjuicio económico en Arequipa
El gerente de Control Arequipa advirtió que, hasta septiembre de 2023, el Estado habría sufrido un perjuicio económico por el monto aproximado de 20 millones de soles. El cálculo corresponde a los daños por hechos irregulares en la ejecución de obras de saneamiento, edificación, carreteras y otras, señaló el funcionario.
La entidad emitió un total de 1 mil 559 informes de control hasta el 29 de septiembre de 2023. Entre ellos está el informe (Control Específico N° 025-2023-2-5334-SCE) que identificó inconsistencias en el expediente técnico de la carretera Chala – Mollehuaca, provincia de Caravelí. Este hecho, según el control, generó un perjuicio de S/ 915 mil al Gobierno Regional de Arequipa.
Otro informe (Control Especifico N° 006-2023-2-1302-SCE) al Municipio Distrital de Cayma, detalla que los funcionarios incrementaron costos al servicio de mantenimiento del pavimento de la avenida Ramón Castilla. “Sin contar con sustento, otorgaron la buena pro a postor que no cumplió con requisito de calificación y otras irregularidades en el mantenimiento”, refiere el control. Este hecho ocasionó un perjuicio por encima de los S/ 521 mil.
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