El jueves 30 de noviembre, tras la presentación de la propuesta por parte de los alcaldes de la provincia de Arequipa ante el Congreso de la República y el Ejecutivo, se aprobó utilizar hasta el 20% del presupuesto del canon y sobrecanon minero para seguridad ciudadana durante el año 2024. Esta medida permitirá que los gobiernos locales y regionales enfrenten el crecimiento de la delincuencia en el país.
La decisión la tomó el pleno del Congreso al aprobar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, con un monto total de S/ 240 mil 806 millones. Esta ley tiene como objetivo priorizar sectores como educación, salud, agua y saneamiento, transporte, prevención de desastres naturales, y seguridad ciudadana.
En cuanto al presupuesto del canon, se destinará específicamente al mantenimiento de infraestructura y acciones en materia de seguridad ciudadana a cargo de las entidades locales.
Disposición del canon para seguridad ciudadana
Según el Texto Sustitutorio, los recursos autorizados no podrán ser usados para gastos corrientes, como el pago de remuneraciones, ingresos, bonificaciones, beneficios y dietas. Tampoco para asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas, pensiones y conceptos de cualquier naturaleza destinados a gasto de personal.
Al respecto, Germán Torres, alcalde del distrito de Miraflores (Arequipa), explicó que esta medida no será impedimento para la contratación de más personal de serenos.
“¿En qué nos favorece si ya no podemos contratar personal? Sí podemos, porque lo que las municipalidades gastábamos antes en gasto corriente y operatividad, ahora podemos trasladar todo ese gasto para contratar serenos”
Germán Torres, alcalde del distrito de Miraflores
En ese sentido, señala Torres, el presupuesto del canon permitirá a las autoridades de Arequipa y otras regiones adquirir combustible para patrulleros y comprar cámaras. Así también, uniformes y equipos de protección, realizar capacitaciones a los serenos, entre otras acciones.
Por otro lado, la disposición aprobada demanda a las entidades municipales y regionales elaborar un informe trimestral sobre las acciones realizadas con este presupuesto. Este será publicado en la sede digital de cada entidad. Además, se remitirá una copia a la Contraloría General de la República y al Congreso en los 15 días hábiles posteriores a la culminación de cada trimestre.
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